El gobierno confirmó que habrá siete cortes populares cuya exportación estará prohibida por completo, a excepción de que provengan de las vacas conserva categoría D y E. Pero además se publicó otra norma que otorga un plazo mayor a las plantas de faena para que avancen con el cuarteo de la media res, como en los países más civilizados.

Conociendo a los malandras de la industria frigoríficos, se necesitarán hombres valientes para custodiar que ambas cosas se cumplan. Nuestra dupla de héroes, como en cualquier pareja de policías que patrulla las calles peligrosas de la ciudad, está integrada por un veterano y otro más novato.

El veterano es el actual vicepresidente del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el santacruceño Carlos Milicevic. El sabe bien de qué se trata todo esto de los permisos de exportación pues en 2007, cuando el gobierno de Néstor Kirchner cerró por primera vez las exportaciones de carne, era el segundo de Javier De Urquiza en Agricultura y fue quien armó los primeros ROE. Aunque luego fue marginado del gobierno de Cristina Kirchner, su experiencia despierta respeto dentro de Inteligencia Interna de la policía kirchnerista. Dicen que el ministro Julián Domínguez quería correrlo del caso, pero el teléfono sonó y ordenó que lo dejaran tranquilo cumplir con sus funciones como segundo del Senasa.

El novato tiene menos recorrido custodiando los intereses de los contribuyentes, aunque algunas batallas ya le permitieron mostrar que puede dejar sus escrúpulos de lado a la hora de defender el interés general: Luciano Zarich fue el sub-interventor de la aceitera Vicentín en el fallido intento del gobierno por expropiar esa compañía. Gracias a los servicios prestados, la comandancia lo premió en marzo del año pasado con el cargo de director nacional de Control Comercial Agropecuario. Es decir que está a cargo nada menos que de la ex ONCCA, desde donde se administraban los ROE creados por Milicevic.

Esta dupla ya mostró que está tocada por la varita mágica cuando el pasado 10 de diciembre ambos participaron como representantes del Ministerio de Agricultura en el cónclave en el que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acordó con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC un aporte extraordinario de carne barata por las fiestas de fin de año.

Estos dos policías ahora tendrán una tarea crucial: deberán controlar que los oscuros empresarios de los frigoríficos no le metan el perro al Estado y cumplan con todas las obligaciones que surgen del nuevo esquema de regulación del comercio exterior de carnes que ellos mismos ayudaron a diseñar.

Zarich debe pagar el derecho de piso y carga con la tarea más difícil, pues en la ex ONCCA se deben recibir diariamente los nuevos ROE o permisos de exportación, que ahora se llaman DJEC. El novato no solo tendrá que analizar si los frigoríficos cumplen con todas las reglas y están en condiciones de exportar los cortes que produzcan a los mercados que los compran. También deberá comunicar de cada pedido de exportación al comisionado Feletti, para que Comercio Interior también de su visto bueno.

Milicevic, que ostenta en el Senasa el poder de policía sanitaria, ahora se ocupará de hacer control comercial en los frigoríficos y pondrá allí a los veterinarios que deben controlar que no haya brucelosis o tuberculosis o BSEy mucho menos vaca loca también a verificar cosas que no le incumben, como si las medias reses que se van a exportar sean efectivamente de vacas de las categorías D y E. Eso responde a una cosa llamada “tipificación”, que en realidad está en la órbita de al ex ONCCA, donde incluso se otorgan las habilitaciones a los “tipificadores”. Pero bueno, ya se sabe, Zarich y Milicevic forman un buen equipo.

“La medida de fiscalizar los cortes o categorías que autorizan o no para exportar es una medida netamente comercial y la va a fiscalizar Senasa, cuando es la ONCCA la que habilita a los tipificadores y la Aduana la que debería controlar las cargas”, dijo un conocedor de la calle y de todas sus trampas, revelando que aquí, en este caso, será la propia policía la que se excederá un poquito en sus funciones.

En la peligrosa calle, a veces no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Los roles se confunden. Por eso también llamó la atención de los observadores que la Resolución conjunta 10 de los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo productivo, que es la que dispuso una prórroga de hasta un año para la puesta en vigencia en las plantas frigoríficas de un plan par eliminar la media res y avanzar en el cuarteo, haya asignado a la ex ONCCA de Zarich una función que, al revés de la anterior, correspondería asumir al Senasa.

En efecto, esa norma informa a las plantas de faena que deberán presentar un plan para adecuar sus instalaciones a fin de trozar la media res a… la Dirección de Control Comercial Agropecuario, siendo que se trata de una cuestión más sanitaria que comercial.

Pero ya se sabe, Zarich y Milicevic, el novato y el veterano, conforman un verdadero equipo que tiene la venia de los altos mandos,  a quien poco lo informan las formas y no le importa violar reglas para lograre los objetivos. Ellos son dos policías en apuros. Van a cumplir con su misión, no importe que a veces se excedan en sus funciones.

La entrada Dos policías en apuros: La ex ONCCA ahora controlará normas sanitarias mientras que Senasa controlará cuestiones comerciales se publicó primero en Bichos de Campo.

La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.

El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.

La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.

¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.

Los malandras quieren meter otra vez la cola: Frigoríficos atentos ante el regreso de las cooperativas de faena

Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.

Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.

Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.

Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.

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Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.

Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.

Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.

Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.

Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.

Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.

“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.

De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.

Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.

La entrada Presiones políticas y cerrojo informativo en el Ministerio de Agricultura para favorecer con una matrícula especial a una cooperativa de faena ligada con el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.

La primera etapa de esta intervención fue larga: duró entre 2006 y diciembre de 2015, cuando el gobierno de Cambiemos derogó los ROE Rojos, que eran los permisos de exportación que debían tramitar los frigoríficos exportadores de carne. Ahora, en esta nueva etapa, esos permisos cambiaron de nombre a Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Fueron creadas en abril pasado, como antesala a la intervención, y son administradas por la ex ONCCA, la dirección de Control Comercial Agropecuario que depende del Ministerio de Agricultura.

Lo dijimos: hay un rasgo común entre aquellos ROE y estas DJEC. A lo largo de todos estos años, y a pesar de que el Estado interviene en un negocio lícito definiendo quién podrá exportar carne, nunca (léase NUNCA) hasta ahora se habían conocido los nombres de las empresas que recibían los permisos oficiales. No sucedió con los ROE Rojos ni tampoco pasaba ahora con los DJEC. En el Estado decidían quién podía exportar y quién no podía hacerlo, Pero no informaba el listado de beneficiados.

Está claramente mal. Es ilegal. Ningún funcionario por más potente que sea puede adjudicar tal o cual permiso de exportación sin dar cuenta de sus actos.

Después de 15 años de oscurantismo total sobre los ROE antes y las DJEC esta es la primera vez que se conoce una extensa lista de frigoríficos y matarifes que recibieron permisos de exportación desde junio pasado, cuando el gobierno nacional volvió a mater mano en el negocio de exportación de carne vacuna. Esto ha sido posible porque, debido a la buena predisposición del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el actual director de la ex ONCCA, el contador Luciano Zarich, se vio obligado a contestar el pedido de informes que elevó Bichos de Campo en noviembre pasado.

Otro pedido de acceso a la información pública: Bichos de Campo reclamó la lista de las DJEC aprobadas para cada frigorífico

¿Qué es un pedido de acceso a la información pública? Se trata de “una solicitud de datos que están en manos del Estado o que han sido generados, obtenidos o financiados con fondos públicos nacionales” y que por lo tanto deberían ser accesibles para quien los solicite de acuerdo a lo que dispone la Ley 27.275, que se sancionó en el 2016 y entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017. Los puede pedir cualquiera, no necesariamente un medio de comunicación. Si la pregunta está bien formulada, la autoridad a cargo está obligada a responder a los 15 días.

Bichos de Campo pidió conocer el listado de DJEC firmados por Zarich para beneficio de los diferentes operadores del negocio de la carne porque esa es la única manera de controlar que el Estado cumpla con los cupos de exportación que dispuso el presidente a través de diferentes decretos. Es decir, si por ejemplo el gobierno otorgó una cuota de 1.200 toneladas mensuales por mes al frigorífico Swift de Rosario, pues esta empresa debería haber recibido DJEC por no más de ese volumen. Y así en todos los casos.

El comercio externo de carne vacuna hoy está repleto de cupos y prohibiciones. Y así promete seguir en 2022. Lo único liberado son las cuotas arancelaria (Cuota Hilton, Cuota 481, Cuota Americana y cupo para Colombia), que de todos modos también tienen un límite en volumen. Luego, en junio, el gobierno estableció un cupo mensual general del exportación entre 63 empresas equivalente al 50% de lo embarcado en 2020. A eso añadió en agosto otro cupo de 3.500 toneladas a dividir entre las plantas habilitadas para faenar bajo el rito kosher, para exportar a Israel. Más tarde se habilitaron cupos para exportar unas 5.000 toneladas mensuales de carne de vaca conserva categorías D y E, orientada usualmente para China.

Desde que comenzó a aplicar ese sistema de permisos, Zarich (foto) no publicó ni una sola línea dando cuenta de qué empresa recibían finalmente su DJEC y cuál era rechazada. Esto determinaba que fuera imposible controlar que todos esos cupos fueran distribuidos de manera correcta y que no se colaran permisos “especiales” o posiblemente digitados por los funcionarios. No es una sospecha ociosa: ya sucedió en tiempos de los ROE, cuando la discrecionalidad aplicada por Guillermo Moreno era moneda corriente en el sector.

Durante todos los años de intervención kirchnerista sobre el negocio de la carne, los ROE Rojo primero no se publicaban. Ante las protestas de otros operadores y sobre todo un pedido de informes presentado por ex diputados de la Coalición Cívica, luego se comenzaron a publicar diariamente en la página web de la ex ONCCA primero y de la UCESCI después (era el organismo que la reemplazó a partir de 2011), pero sin dar cuenta de qué empresas recibían el beneficio estatal. ¿Cómo? Y sí… Tal día se publicaba que se habían autorizado exportar 22 toneladas de carne, pero no se identificaba al frigorífico que podía hacer el negocio.

Así sucedió durante años con una total impunidad. Era muy contrastante lo que sucedía con los ROE Verde, que eran los permisos oficiales para exportar trigo, soja o maíz. En ese caso sí se informaba cada día el volumen habilitado y la empresa que los recibía. Esto fue así porque la poderosa industria agroexportadora lo reclamó a viva voz luego de un episodio de 2009 en donde apareció una empres ignota, llamada SIPEA, que recibió ROE para exportar miles de toneladas de trigo. Eran los días en que Ricardo Echegaray era el mandamás en la ex ONCCA. La firma beneficiada pertenecía a un piloto de avión santacruceño que luego apareció prestándole su aeronave a Lázaro Báez.

Para firmas como Cargill, Bunge o Dreyfus aquel sospechoso suceso fue demasiado y era imposible de explicar a sus casas matrices. Por eso reclamaron a las autoridades que se dieran a conocer las identidades de quienes recibían los permisos oficiales. Fue eso lo que permitió luego reconstruir cómo se desviaron millones de toneladas de trigo y maíz a una desconocida cámara empresaria Capeco, en la cual Moreno entronizó a su amigo, el ruralista K Ider Peretti. Ese dato -la publicación de la identidad de las empresas que recibían los permisos- permitió reconstruir por lo menos una parte de la corrupción vivida en aquella etapa, cuando los ROE Verde cambiaban de mano a cambio de algunos dólares por tonelada.

El festival de los ROE Verde: Peretti repartió al menos 7,6 millones de toneladas entre más de 100 firmas dudosas

Pero en el caso de la carne vacuna, nunca antes hasta ahora el Estado informó sobre la identidad de quienes recibían los permisos. Esto impidió conocer con claridad a quiénes fueron los ganadores de aquel largo tramo de la intervención estatal.  Y mucho menos se pudo confirmar las sospechas de corrupción que también circulaban en torno a este sector. Ni el Consorcio ABC (que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores) ni otras cámaras de la industria frigorífica hicieron nunca un reclamo enfático. Tampoco el asunto de la transparencia pareció importarles jamás a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, a pesar de que con dicha información hubieran podido denunciar con mayor fundamentos una serie de maniobras que finalmente perjudicaban a sus asociados ganaderos.

Por todo esto es que la información recabada ahora gracias a este pedido de acceso a la información pública realizado por Bichos de Campo representa la primera ocasión en la que se hacen públicos este tipo de datos, con la identidad y el número de CUIT correspondiente a cada empresa beneficiada con los nuevos DJEC. El extenso listado tiene un total de 614 páginas:

Como se verá, la información presentada por Zarich no sirve de demasiado para realizar un control riguroso de este proceso, pues este gris funcionario se ocupó de contestar la información de modo premeditadamente confuso y en un formato en el que resulta imposible ni siquiera copiar y analizar los datos en otro tipo de programas informáticos, como una sencilla planilla de Excel. Pero la información sobre las DJEC entregadas por la ex ONCCA entre el 1 de junio y el 11 de noviembre está allí. Confusa y desordenada, pero a disposición de todos.

Bichos de Campo pedirá ahora a las autoridades de Agricultura una ampliación de esta información con datos obvios que Zarich parece haber omitido a propósito, con el fin de evitar el control social sobre sus actos como funcionario. Por ejemplo, no identificó de qué tipo de carga se trata cada DJEC otorgado: si se trata de Cuota Hilton o de carne de vaca conserva para China. O si acaso lo que se exporta son solo menudencias, que están a salvo de los cupos oficiales. Solo de ese modo -con la información completa- se podría confirmar que el Estado está otorgando los cupos de exportación del modo que ha establecido. Solo de ese modo se podría además descartar actos de corrupción.

La idea de este ejercicio periodístico, de todos modos, no es esa. Más bien, lo que tratamos de mostrar es el valor que tiene la información pública cuando está disponible para todos. El objetivo final es que las autoridades del Ministerio de Agricultura obliguen el escurridizo Zarich a publicar en la web oficial todos los días los listados de DJEC otorgados por su oficina. Y que cualquiera pueda acceder a esa información sin tanto rodeo ni desgaste.

Un poco de control social en medio de tanto oscurantismo no viene mal. Es una bocanada de aire fresco para la democracia. Solo hay que animarse a reclamar y a ejercer nuestro derechos ciudadanos.

La entrada Por primera vez desde que Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne en 2006, el Estado tuvo que mostrar los nombres de quiénes reciben los permisos de exportación se publicó primero en Bichos de Campo.

Bichos de Campo, como medio especializado en política agropecuaria, ya ha hecho uso en dos ocasiones de este derecho frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, en ambos casos con resultado favorable más allá de que no siempre la información obtenida haya incluido todos los detalles que se requerían. En la primera ocasión se reclamó la lista de supuestos “exportadores sin planta” que habían sido suspendidos del RUCA y que eran utilizados por el gobierno para justificar nuevas intervenciones sobre el negocio de la exportación de carnes. Ante un segundo pedido, la gestión del ex ministro Luis Basterra nos envió el listado de causas judiciales abiertas que todavía reclaman judicialmente por viejas deudas por compensaciones de la ex ONCCA y que publicamos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Este viernes, este medio realizó un nuevo pedido de acceso a la información pública: se intenta conocer en este caso el listado de todas las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes) tramitadas por los frigoríficos ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y la Secretaría de Comercio Interior para poder exportar carne vacuna.

Se realiza este pedido en el entendimiento elemental de que si el Estado formula e implementa un sistema de autorización o denegación de las exportaciones de carne, entonces debe dar a conocer quiénes son las empresas que han recibido los permisos de embarque y en qué cantidades, de modo tal que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios de dichas políticas. Se trata de controlar al controlador, como en cualquier sociedad civilizada.

Este es el pedido de acceso a la información pública:

A nuestro criterio, este pedido se justifica especialmente por los antecedentes que existen en la materia: entre 2007 y 2015 el Estado implementó un sistema muy semejante al de las actuales DJEC, que se denominaba Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y que no solo involucraba a la carne vacuna (ROE Rojo) sino a todos los granos y sus subproductos (ROE Verde) y a todos los productos lácteos (ROE Blanco). La gestión del sistema estuvo, según el lapso de la historia, a manos de la ex ONCCA o de la derogada UCESCI, que dependía de Comercio Exterior.

En aquel largo periodo histórico hubo múltiples sospechas de corrupción y favoritismos en el sistema de asignación de los ROE a las diversas empresas de cada rubro, los que derivaron en la eliminación de esa herramienta a partir del recambio de gobierno en diciembre de 2015.

Muchas de esas investigaciones periodísticas y hasta judiciales fueron posibles porque existía la posibilidad de ejercer cierto control social de aquellos permisos: al menos por unas horas, el Ministerio de Agricultura publicaba en su página web institucional los nombres y los volúmenes autorizados a cada una de las empresas agrícolas. Con dicha acumulación de información, las Bolsas de Cereales podrían luego construir las cifras acumulativas de tonelajes de granos y subproductos que iban a exportarse.

Lo mismo sucede ahora con las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) de granos que funciona al amparo de la Ley 21.453. Todos los días la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio publica la identidad de las cerealeras o aceiteras que presentaron esas DJVE para exportar productos agrícolas.

En el caso de las exportaciones de carne, todo siempre ha sido mucho más oscuro. En tiempos en que la ex ONCCA o la UCESCI distribuían los ROE Rojo entre los frigoríficos, diariamente se hacía pública la información sobre los volúmenes y productos que recibían la autorización para salir del país. Pero nunca las autoridades dieron a conocer la identidad de las empresas beneficiarias de esos permisos, creando un manto permanente de sospecha sobre cómo se repartían los ROE Rojos.

El caso sería  ahora más grave, porque la DNNCA, a cargo del contador Luciano Zarich, no publica nada de nada sobre las nuevas DJEC: ni los productos a exportar, ni los volúmenes solicitados y mucho menos la identidad de las empresas exportadoras que obtienen estos permisos.

Las DJEC fueron creadas mediante la Resolución Conjunta 3/2001, del 19 de abril pasado, por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. “Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, definía esa norma. La autoridad de aplicación de dicho régimen sería la DNNCA, que reglamentó el procedimiento para que los frigoríficos que quisieran exportar carne bovina pudieran presentar sus DJEC mediante la Disposición 59/2001.

Tanto ese organismos como la Secretaría de Comercio Interior, a partir de allí, deben aprobar en nombre del Estado Nacional cada uno de los embarques. Es decir, hay un doble control sobre las presentaciones previos al que finalmente, como en cualquier país normal, debe realizar la autoridad aduanera.

Posteriormente, a partir de mayo de 2021, el Gobierno nacional estableció diferentes regímenes de cupos de exportación de carne vacuna para las plantas frigoríficas, que de todos modos -a pesar de tener un tonelaje asignado por dichos cuotas de exportación- debieron seguir tramitando las DJEC que les correspondieran frente a la DNCCA.

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot: Los ROE ahora se denominan DJEC e incluyen a todos los tipos de carnes

En la actualidad existe un sistema de cupos generales por frigorífico equivalentes al 50% de lo exportado en 2020, más otra cuota para cortes kosher para Israel, más otro sistema de cupos para exportar carne de vaca conserva de las categoría D y F. Además hay cupos que no son sometidos a un reparto de parte del Estado por tratarse de acuerdos con otras naciones, como la cuota de 20 mil toneladas para Estados Unidos, o las cuotas Hilton y 481 para la Unión Europea.

Pero el gobierno, ni a través de la DNCCA ni mediante la Secretaría de Comercio Interior, dan a publicidad datos sobre las DJEC presentadas. Y no se sabe entonces quiénes son los receptores de las Declaraciones Juradas DJEC, con lo cual resulta de imposible controlar que esas cuotas de exportación finalmente se estén distribuyendo como corresponde. Esto implica una clara vulneración de las normas más elementales de la transparencia  que debe mostrar el sector público en todos sus actos.

Por eso fue que Bichos de Campo solicitó  al Ministerio de Agricultura que de a conocer el listado de las DJEC acumuladas y las empresas beneficiadas hasta por lo menos fines de octubre, mediante el mecanismo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esperamos que además de facilitar esa información, que compartiremos con nuestros lectores, a futuro esa dependencia revierta su decisión original de ocultar dichos datos para comenzar a publicarlos con regularidad, como debe ser y como sucede con otros regímenes de control del Estado.

Veremos qué pasa. En algunos días lo sabremos.

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De profesión contador, el nuevo titular de la ex ONCCA debería ponerse a revisar los números de la faena de bovinos en 2020. Y es que del modo más que curioso, se le han escapado más de 200 mil cabezas de la estadística pública. Desaparecieron.

Hasta hace pocas semanas, la DNCCA informaba en todos sus documentos y planillas públicas que la Argentina había faenado 14.231.789 bovinos en frigoríficos y mataderos que son fiscalizados por ese organismo y por el Senasa. Pero hace algunos días, llamativamente alteró ese dato estadístico y ahora las cabezas faenadas son al parecer solo 14.008.210. La diferencia es es 223.579 bovinos.

¿Qué sucedió? Realmente es muy extraño y no ha habido explicación. En 14 millones de cabezas, las 220 mil cabezas no representa demasiado, apenas un 1,6% del total. Pero la fuga estadística de estos vacunos comienza a ser más relevante cuando se sabe que en 2021 se está registrando una caída visible de los números de faena, cercana al 8% respecto de los primeros ocho meses del año pasado. Allí la base de comparación es importante: la caída de la actividad en los frigoríficos resultaría ser mayor a la que se reconoce oficialmente si se toman las 14,231.789 cabezas faenadas originalmente.

Corrección de las cifras o manipulación, el episodio bien vale una explicación oficial, pues diferentes institutos y entidades vinculadas con el negocio de la carne siguen recogiendo la estadística anterior que había difundido la ex ONCCA para elaborar sus propios análisis.

El Consorcio ABC, que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores, está tomando como válida la cifra de faena de 14,231 millones de cabezas. Y lo mismo sucede con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que menciona incluso en sus propias series 14,232 millones de cabezas faenadas el año pasado.

¿Dónde habrán ido a parar esas 200 mil  vacunos que todos daban por faenados hasta hace unas semanas y que ahora desaparecieron de la estadística llevada a cabo por Zarich y compañía? Vale aclarar que ese organismo debería mantener un control puntilloso de los animales que son sacrificados, pues no solo los frigoríficos le presenta regularmente planillas y remitos con sus ingresos y egresos sino que la ex ONCCA tiene acceso a cámaras y cajas negras que -a distancia- le permiten controlar en vivo y directo cada animal que pasa por la playa de faena.

Para agregar más confusión al tema, desde el área Ganadera del Ministerio de Agricultura se exhibe otra estadística completamente diferente a la que venía manejando la ex ONCCA. Habla de una faena que ni siquiera habría llegado a las tan mentadas 14 millones de cabezas.

La pregunta para las autoridades resulta pertinente: ¿Cómo se puede esperar que se definan políticas ganaderas sólidas si el Estado ni siquiera tiene la capacidad de llevar una estadística confiable y si de buenas a primeras le desaparecen 223 mil cabezas?

La entrada El día que a Luciano Zarich le desaparecieron más de 200 mil cabezas: Curiosos faltantes en los números oficiales de faena se publicó primero en Bichos de Campo.

Por haber pasado algunos meses en 2020 las oficinas de Vicentin en Reconquista, cuando el gobierno nacional todavía soñaba con expropiarla, Zarich debería conocer la importancia que tiene para esa empresa la planta aceitera de San Lorenzo, su mayor activo. En rigor, el trabajo allí a fazón para otras compañías es el que ha permitido hasta ahora que la crisis de Vicentín no se convirtiera en una tragedia social, con cientos de trabajadores despedidos.

Zarich, entonces, debería saber que tan crucial resulta para la supervivencia de Vicentin el disponer de las instalaciones de esa planta. Y sin embargo, el nuevo director de control comercial agropecuario del Ministerio de Agricultura desoye desde hace rato las súplicas de esa empresa para que se resuelva qué hacer con unas 43 mil toneladas de soja y maíz que están interdictadas desde enero de 2021 por decisión de la propia ex ONCCA. Para tener dimensión de los volúmenes, esa cantidad de granos alcanzaría para llenas las bodegas de un barco.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

Ya se dijo: en la historia reciente de la ex ONCCA hubo dos gestiones muy diferentes. Frente a la crisis financiera de Vicentín, la de Marcelo Rossi el 13 de enero envió una inspección a San Lorenzo, porque en ese momento se sospechaba de maniobras dudosas por parte de la firma Díaz & Forti, que había alquilado la planta y había sido suspendida del RUCA (Registro de Operadores de la Cadena Agroaslimentaria) luego de que el Banco Central denunciara que debía liquidaciones por cerca de 400 millones de dólares.

Fue ese operativo realizado por el personal del Ministerio de Agricultura el que detectó que en el lugar había 15.150.787 kilos de trigo pan y de 28.705.270 kilos de soja depositadas en la planta, y que supuestamente pertenecían a la suspendida Díaz & Forti. Aunque en el caso de las casi 29 mil toneladas de soja (a los valores actuales representan más de 900 millones de pesos) Vicentín informó que esos granos habían sido cedidos por Diaz y Forti a favor de la empresa Extrugreen SA dos días antes, el 11 de enero.

Ante la duda, el personal de la ex ONCCA decidió interdictar la mercadería hasta que las cosas pudieran ser aclaradas. Y bien que así lo hizo, porque hasta una pequeña invertigación de Bichos de Campo alcanzaba para confirmar en aquel momento que la mencionada Extrugreen no era más que una empresa controlada del mismo grupo Díaz & Forti. Una pantalla.

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Así las cosas, estas casi 43 mil toneladas de trigo y soja quedaron almacenadas en los silos de la aceitera de San Lorenzo a la espera de una definición que nunca llegó. Al menos no hasta ahora. La empresa Díaz & Forti se presentó en concurso preventivo a principios de frebrero y el junio pasado el Banco Central volvió a reclamar nuevas liquidaciones pendientes por 70 millones de dólares de la mencionada Extrugreen SA, que llegó a operar unos pocas semanas.

En marzo, hay que ubicarse, se produjo el recambio de autoridades en la ex ONCCA. Para ese momento el gobierno de Alberto Fernández se aprestaba a intervenir el mercado de la carne (esto sucedió en mayo) y necesitaba de ese organismo para trabar las exportaciones por vía de los renacidos ROE o permisos de exportación (ahora se llamarían Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes). Como Rossi se oponía de plano a meter mano en el mercado y lo mismo sucedía con el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, el ministro Luis Basterra dispuso sus reemplazos por Zarich y por el ex dirigente agrario Jorge Solmi, respectivamente.

Como se dijo, a pesar de haber pasado por la intervención de Vicentin y no ignorar el asunto, el flamante director de Control Comercio Agropecuario nunca resolvió el expediente de las 43 mil toenladas interdictadas en la planta de San Lorenzo por el personal de ese organismo.

Esta indefinición motivó que el 13 de julio pasado, la empresa Vicentin SAIC le reclamara por carta documento una definición. Todavía no se sabe de quién son los granos, pero algo es seguro: Vicentin sigue siendo dueña de las instalaciones y las necesita.

Desde entonces, al menos una vez por semana, las autoridades de la concursada Vicentin hacen el mismo pedido a la ex ONCCA: que resuelva qué hacer con dichos granos, que se están malogrando con el paso del tiempo y que ocupan silos que la empresa necesita para ceder a otras cerealeras que han comenzado a trabajar allí a fazón (como Viterra, ACA o Molinos Agro) y le permiten seguir respirando mientras se tramita el concurso de acreedores.

“Solicitamos a la autoridad ministerial que autorice el traslado de estos granos a otro acopio a elección de la eventual sociedad propietaria (no se sabe si será Díaz & Forti o Extrugreen SA), previa  cancelación de los cargos por  almacenaje, fumigación, ectcétera…  y con cargo de acondicionamiento y flete a cargo de los despositantes”, reclamó Vicentín en la carta documento dirigida a Zarich, quien debería saber que esta cuenta se engrosa día a día mientras él no resuelve nada.

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La respuesta que obtuvo Vicentin en todos sus reclamos administrativos (que en cualquier momento se transforman en judiciales y nos van a salir un ojo de la cara a todos nosotros, los boludos) ha sido siempre que se remita al área de legales del Ministerio de Agricultura. Es lo que hizo Vicentín el 4 de agosto pasado, aunque tampoco obtuvo respuesta.

Se nota que Basterra está ocupado en promover la agroecología, que Solmi gasta sus horas en redactar el nuevo Plan Ganadero y que a Zarich no le queda tiempo, tan ocupado como está en bloquear las exportaciones de carne.

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La entrada Movete chiquita movete: Hace nueve meses la ex ONCCA tiene retenidas más de 40 mil toneladas de soja y trigo malográndose en los silos de Vicentín se publicó primero en Bichos de Campo.

Luego se prohíben todos los embarques de carne durante cierto lapso de tiempo: aquella vez de 2006 fue Néstor Kirchner y hoy es Alberto Fernández quien toma esa decisión.

Más tarde se establece una negociación con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC , para rehabilitar los embarques bajo un sistema de cupos: La resolución se dictó hoy y el 54% de esos volúmenes administrados quedan en manos de 10 empresas.

Pero faltaba un condimento, para repetir por completo la historia…

Esta tarde, en una reunión virtual convocada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para explicar a los operadores del negocio de la exportación de carne cómo quedarían las cosas, el secretario de la Federación Gremial de la Carne, Alberto “Beto” Fantini, golpeó la mesa “virtual” denunciando que el gobierno está deteniendo entre 5.000 y 7.000 toneladas de carne que ya tenía su respectivo permiso de exportación y estaba por subir al buque carguero que todos los viernes pasa por Buenos Aires.

Eso nos faltaba. La “Gran Guillermo Moreno”. Que alguien muy poco comedido diera la orden de que se bajara la carne de los barcos. Esto fue lo que sucedió en 2008, cuando el ex secretario de Comercio de Néstor y Cristina hizo la señal de que había que “cortarle el cuello” a quien se pusiera enfrente de la orden presidencial de cerrar por completo las exportaciones. Fue durante un acto kirchnerista en la Plaza de Mayo. Comenzaba a calentarse el aire en el conflicto con el campo por la Resolución 125.

El que lo recriminaba a Moreno en aquel momento era Martín Lousteau, ex ministro de Economía, quien esa misma tarde había recibido los reproches de los frigoríficos porque alguien del gobierno había dado la orden de bajar los contenedores cargados de carne que ya habían sido habilitados y estaban cargados en los barcos. El Lousteau de entonces nos recuerda al Kulfas de ahora, que pone la cara frente al sector aunque entienda poco del negocio específico, tratando de actuar con algo de racionalidad cuando son otros los que dan las órdenes y redactan las resoluciones.

Es lo que sucedió en las últimas horas, según denunció Fantini (preocupado por las fuentes de trabajo en los frigoríficos exportadores) y confirmaron a Bichos de Campo fuentes de la industria frigorífica exportadora. “Están mandando para atrás contenedores que ya estaban en el puerto para cargar, con todos los papeles aduaneros en regla”, describió una fuente, que sin embargo no pudo confirmar los elevados volúmenes establecidos por el sindicalista.

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Como en aquella ocasión de 2008, nadie se hacía cargo de haber dado la orden y mucho menos había un comunicado de prensa.

El rechazo de los contenedores era la política aplicada por la Aduana desde que el miércoles temprano se conoció el decreto 408/2021, que estableció la creación de un nuevo sistema de cupos para la exportación de carne que apunta a reducir a la mitad, al menos hasta fin de agosto, los envíos de 2020.

Y eso a pesar de que el artículo 4° de ese decreto firmado por Alberto y los ministros Kulfas y Luis Basterra decía clarito que las medidas restrictivas que allí de decidían “alcanzan a toda la mercadería que, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no se encontrare cargada en un medio de transporte que hubiere partido con destino al extranjero”. La interpretación de esa letra puede llegar a ser fatal: si no estaban ya navegando los océanos, jodete.

Los frigoríficos, con estos envíos, trataban de regularizar en parte la situación de incumplimiento con sus clientes en el exterior antes de la entrada en vigencia de los cupos por empresa, que fueron oficializados este viernes por una resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y Producción. La redacción de esa normativa, según pudo saber este medio, corrió por cuenta del vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic (quien en 2008 también ocupaba un alto cargo en el gobierno de Cristina), y el flamante titular de la ex ONCCA. En rigor, Kulfas le pidió a Luciano Zarich que se ocupara esta tarde de explicar a los actores de la carne cómo funcionaría el nuevo sistema de cupos.

Fue en esa reunión que estalló la bronca de Fantini y se conoció el regreso de “la Gran Moreno”. Era lo único que nos faltaba. Si todo sigue como fue entonces, ahora lo que viene son largos años de comercio administrado mediante los ROE, de modo siempre sospechoso.

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Los contenedores modelo 2021 no solo fueron  demorados en el puerto. Según las fuentes, algunos fueron enviados de vuelta al mercado interno cuando la Aduana confirmaba que llevaban alguno de los siete cortes vacunos prohibidos por el nuevo decreto: asado, tapa de asado, vacío, matambre, cuadrada, paleta y falda. Eso sucedió en muchos de los casos.

Los nuevos Morenos del gobierno, al parecer, se enardecieron cuando conocieron los últimos datos del INDEC, que daban cuenta que a pesar del cierre total de las exportaciones de carne decidio por Alberto a partir del 20 de mayo pasado, el volumen de carne embarcado el mes pasad había sido incluso superior al del mes de abril. En efecto, en mayo las exportaciones de carne bovinas fueron de 55 mil toneladas peso producto, un 10% más que el mes anterior, aunque casi 7% menos que en mayo de 2020.

La entrada Lo único que nos faltaba era volver a la Gran Moreno: Pero sí… Están bajando la carne de los barcos se publicó primero en Bichos de Campo.

Eso fue hoy, 31 de mayo.

Hace dos meses, el 29 de marzo, el flamante director de la ex ONCCA, el contador Luciano Zarich, había informado en otro comunicado oficial que se habían suspendido del RUCA “a 15 exportadoras de carne por evadir controles del Estado”. Textual. Ese era el título del comunicado que hasta fue replicado por la agencia internacional Reuters. Pero Agricultura, en esa ocasión, no aportó los nombres de las empresas supuestamente infractoras.

Parecía que estaban controlando. Pero solo parecía. A los pocos días, con la excusa de esos supuestos 15 infractores, el gobierno implementó nuevos controles a la exportación de carnes, que finalmente cerraría con esas herramientas. Inventó nuevos requisitos para los exportadores sin planta. Y luego generó las DJEC, un salvoconducto especial para exportar carne que obligaba a todos los exportadores a atravesar una cuádruple ventanilla. Ahora no solo deberían tener el aval de la Aduana y el certificado sanitario del Senasa, sino también permisos de la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior.

Era lo mismo que los viejos y temibles ROE, con otro nombre.

En Bichos de Campo sospechamos que aquellos de las suspensiones era todo una pantomima montada por Zarich para justificar las nuevas herramientas de intervención de mercados. Por eso, luego de mucho preguntar sin obtener respuesta, el 25 de abril presentamos un pedido de acceso a la información pública, para conocer la identidad de las 15 empresas sancionadas.

El Estado tiene quince días de plazo para contestar a ese tipo de informes: la respuesta oficial firmada por el propio Zarich se conoció a mitad de mayo, dos días antes de que ese cierre de exportaciones mediante las DJEC se hiciera efectivo.

La ex ONCCA envió a este medio esos 15 nombres sin mayor detalle de sus culpas. Pero resultó que no todos era “exportadores de carne” ni todos estaban “suspendidos” del RUCA. Varios incluso ya habían sido rehabilitados.

Entre las 15 empresas que ocultó inicialmente Zarich figuraban Arturo Roca (productor), Fabiana Iris Goijman (monotributista), Protan SRL (una alimenticia), ATG Foods (una procesadora de carnes), Pamp Alimentos (comercial), FG Importadora (exportadora de granos), JAL SRL (un acopio de Salta) y Paraná de San Pedro Representacion SRL (transportista y agrícola). Todas estas sociedades nunca habían figurado en el RUCA como exportadores de carne, y entonces mal podían haber sido suspendidas.

Por otro lado, había una serie de matarifes que ya habían sido rehabilitados, pues se confirmó que no estaban en infracción. Se trataba de La Mestiza (que faenaba en Frigorífico HV y Visom); las 3 M (Faenadores Unidos SRL); Dotzel Beef (Deltacar y Frigorífico Gral Las Heras); Mocho Pampa (Friar y Mattievich); Grain Fed (Deltacar y Las Heras); y Impex Express SRL (Deltacar, Visom y Frigolar).

De aquel listado original, en definitiva, solo quedaba una empresa sospechosa: Huachana SRL, perteneciente a unos hermanos santiagueños. A esta empresa, según información extraoficial conseguida en ese momento, se le habían decomisado además unas 30 toneladas de carne.

Es decir que de las 15, solo 1 empresa parecía haber cometido alguna falta grave.

Pasaron los días, ahora con las exportaciones de carne cerradas por decisión del presidente Alberto Fernández. A la semana parecía que iba a haber un arreglo para que los frigoríficos exportadores pudieran reanudar su trabajo a cambio de más cantidad de cortes baratos para la población pero algo sucedió y todo se dio marcha atrás el jueves pasado. El presidente lucía furioso con el sector al anunciar que mantendría las exportaciones cerradas.

Luego de eso, la Aduana anunció el domingo multas y denuncias contra 19 plantas frigoríficas a las que acusaba de haber declarado exportaciones de carne con hueso a China en una posición arancelaria diferente a la que correspondía y que tributaba menos retenciones. El perjuicio ascendía a 5,8 millones de dólares.

Para no ser menos, este lunes el contador Zarich volvió a la carga con un nuevo comunicado que debió corregir con una fe de erratas. La primera versión decía que “Agricultura inhabilitó la operación de otras 6 empresas exportadoras y decomisó 220 mil kilos de carne vacuna”. La segunda, un rato después, imprimía mayor espectacularidad al asunto: “Agricultura inhibió la operación de 12 empresas exportadoras e interdictó más de 220 mil kilos de carne vacuna”.

La corrección del título colaboró a crear mayor confusión de la que ya había quedado con las primeras 15 suspensiones. Si se sumaron otras 6 inhabilitadas, ¿cuántas había antes? Se supone que había seis. Pero, ¿cómo llegan ahora a sumar 12 si de la primera tanda de suspensiones solo quedaba una empresa sospechosa, la mencionada Huachana SRL?

El comunicado oficial corregido -que ya había sido anticipado a algunos diarios el viernes pasado- no tiene desperdicio y parece un tele cohete dirigido a generar todavía mayor desinformación.

“Ya son 12 las empresas suspendidas o dadas de baja”, informa por un lado.

“Otras 5 firmas se encuentran intimadas para presentar requisitos faltantes”, completa. La suma debería dar 17 empresas sospechadas.

¿Quiénes son? De nuevo lo mismo, no las identifica. Solo menciona a tres. Una de ellas figurita repetida: Huachana SRL.

Del conjunto de las inhabilitadas (que ahora se supone que son 12) solo dice que “comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representa el 21% del volumen exportado por firmas que no tiene plantas de procesamiento propio”. Frente a semejante volumen de negocios, parece poca cosa el decomiso anunciado de 220 mil kilos de carne vacuna. Convertidos en toneladas, son solamente 220. Unos diez contenedores.

¿Y qué casos blanquea ahora Zarich?

•  El de una empresa que no había sido identificada en la primera denuncia. Se llama Alpha Estudio Aduanero, a la cual se le interdictaron en dos operativos unas 130 toneladas de carne que en realidad pertenecían a otra empresas llamada Agrop Negocios. “Cabe destacar que esta última operaba en el mercado con domicilio falso y comprobada insolvencia de sus titulares”, se explicó.
• Una segunda firma mencionada , a la que se le secuestraron 60 toneladas de carne congelada, resultó ser Mocho Pampa, “la cual se encuentra suspendida por haberse detectado maniobras de triangulación”. En realidad, esa firma -que sí figuraba en el listado de 15 suspendidos de fines de marzo- recién fue dada de baja del RUCA el último viernes. Bichos de Campo consultó el RUCA ese día y todavía figuraba como vigente.

•  Y la tercera firma mencionada es finalmente la ya popular Huachana SRL, a la que se le habían decomisado las 30 toneladas de carne mencionadas. En este caso, la ex ONCCA recién ahora blanqueó que “ha sido denunciada penalmente por no haber ingresado divisa por 8 millones de dólares, según el informe del Banco Central”.

En fin, de las 15 empresas suspendidas en aquella primera ocasión, al parecer solo 2 denuncias quedaron en pie: la de Mocho Pampa y la de Huachana.

Ahora se anuncian 12 suspensiones, pero solo se dan a conocer tres nombres: el de Mocho Pampa (que recién fue suspendido el viernes), el de Huachana y el de tándem entre Alpha Estudio Aduanero y Agrop Negocios, firmas que no figuraron nunca en el RUCA.

Nos faltan 9 casos, por ahora ocultos premeditadamente por las autoridades de la ex ONCCA, una vez más. ¿Será que acaso habrá que presentar otro pedido de acceso a la información pública?

Mientras sea gratis…

La entrada A ver… vamos de nuevo: Agricultura dice ahora que suspendió a doce empresas exportadoras de carne, pero solo identificó a tres se publicó primero en Bichos de Campo.

Todo empieza el 29 de marzo con un comunicado del Ministerio de Agricultura que todos los medios repiten sin expresar dudas (sí, el problema también es del periodismo). Se anuncia la suspensión de "15 exportadores de carne por evadir controles estatales". No se los identifica. pic.twitter.com/GfbkJqUtli

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Cuando finalmente a Zarich no le quedó más remedio, respondió con una lista de 15 firmas sin aclarar la infracción cometida por cada una. Pudimos confirmar que 8 no tenían vínculo con el negocio ganadero. Nos quedaban entonces 7 peligrosos sospechosos. https://t.co/KaLExtVkKH

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

No hubo un comunicado aclarando ni pidiendo disculpas. Hasta que ayer "fuentes oficiales" que no se identifican informan a mi colega Alejandro Rebossio, para @elDiarioAR, "Quiénes son los empresarios acusados de irregularidades en la exportación de carne".https://t.co/hoOKvUCUoK

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Vamos a la nota. Uno de los supuestos casos es el de la mencionada Huachana. Se dice que exportó 2.500 toneladas de carne y que no liquidó US 50 millones. No me cierran los números como para que la acusen de subfacturar, pues en ese caso exportó cada tonelada a ¡20 mil dólares! pic.twitter.com/LNlViHveks

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La anterior firma no figuraba entre las 15 que identificó Zarich en el pedido de información. Pero sí la tercera: Grain FED SAS, a la que se la acusa de tener domicilios falsos. En ese caso se dice que exportó 600 toneladas. pic.twitter.com/hyLZz9NQHl

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La siguiente empresas sospechada de subfacturar sus ventas de carne tampoco estaba en la lista que me envió Zarich: se trata de Alpha Estudio Aduanero SRL, que vendió al exterior este año 540 toneladas. Su pecado, parece, es vivir "a una cuadra de la villa 1-11-14". pic.twitter.com/jABcIDHhqz

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Pese a la gravedad de los ilícitos denunciados, este mediodía esa empresa seguía habilitada en el RUCA que maneja Zarich. No solo como matarife, sino como "exportadora de carnes". pic.twitter.com/sUiPxOd0g0

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Lo más triste es que Alberto, Cafiero y Kulfas menean todo el tiempo el asunto de la subfacturación para justificar el cierre de las exportaciones de carne.
El Estado convertido en denunciador serial, pero que no aporta ninguna prueba concreta cuándo se les pida la información.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Por favor, apenas pido un poquito de vergüenza ajena. Sujeten a ese tal Zarich antes de que empiece a hacer cagadas más grandes. Ya las hizo en 2014, cuando había una espantosa corrupción montada alrededor de los ROE Verde, y él ni se daba cuenta…https://t.co/F3N5vtZzHS

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

También El Cronista recibió la información de la fuente oficial no identificada.
Mientras tanto, los periodistas agropecuarios seguimos esperando del ministro Basterra una conferencia de prensa para poder preguntar. https://t.co/qjtFNLTYGg

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La entrada Una crónica en tuits: Con la excusa de una subfacturación en 5.760 toneladas de carne, el Gobierno interrumpe un negocio de 900.000 toneladas se publicó primero en Bichos de Campo.

El sistema -que a fin de mes se extenderá a las otras carnes- se denomina Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), pero en el sector privado todos recuerdan a los “ROE Rojos”, el mecanismo que utilizaron los gobiernos kirchneristas entre 2006 y 2015 para administrar las exportaciones y que provocaron en su primer tramo -hasta 2010- la liquidación ganadera más brutal que se recuerde en la historia argentina. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray trababan las exportaciones y eso deprimía los precios ganaderos de modo artificial. Sin negocio visible, los ganaderos se desprendían de sus vacas. Y el stock vacuno se redujo así en 10 millones de animales, el 20% del total.

Eso es historia vieja. Lo nuevo es que hoy comienzan a regir las DJEC, que a muchos les recuerdan a los ROE que tanto daño le provocaron a la cadena de ganados y carnes. Ante cada pedido de embarque, la Aduana remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) y el nuevo director de este organismo, Luciano Zarich, a su vez pedirá permiso a Paula Español, la titular de Comercio Interior. Si todo está bien y nadie tiene objeciones, en tres días hábiles debería salir aprobado el permiso de embarque.

El modelo emula con exactitud a los viejos ROE: Moreno y Echegaray (quien estuvo a  cargo de la ex ONCCA hasta 2009, pero luego se la llevó a la AFIP) tenían una doble botonera con la que autorizaban o desechaban los envíos de carne al extranjero. Un agravante era que nunca se sabían quiénes eran las empresas beneficiarias, sumando enormes sospechas de discrecionalidad y hasta corrupción. En el nuevo esquema, el Ministerio de Agricultura no ha dicho todavía cómo comunicará al respecto sobre aprobaciones y rechazos de las novedosas DJEC.

La transparencia no ha sido precisamente una virtud desde la puesta en marcha de este proceso para  profundizar los controles. Todo comenzó a pergeñarse desde fines de marzo, cuando el Ministerio de Agricultura anunció que “se han detectado operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)” y que, por lo tanto, habían sido suspendidas “las actividades de 15 empresas exportadoras”. Difícil suspender de un registro a quien no estaba inscripto en él. Pero bueno…

Tras montar la sospecha sobre esas supuestas 15 empresas, el organismo jamás informó la identidad de los infractores. Los actores privados consultados también decían desconocer esa lista. Por eso Bichos de Campo hizo uso del derecho ciudadano para el acceso a la información pública y pidió conocer el listado de las 15 firmas sancionadas, qué infracción se les imputada y el estado de situación de cada caso.

Vale recordar que Zarich, quien participó de la fallida experiencia de expropiación de Vicentin, argumentó en varias ocasiones que las maniobras de “triangulación” y “subfacturación” atribuidas a esas empresas eran la razón no solo de la creación de las DJEC, sino también de la resolución 60 del Ministerio de Agricultura, que estableció nuevos requisitos para los exportadores sin planta de carnes, lácteos y granos. En un comunicado difundio esta semana, el nuevo titular de la ex ONCCA insistió: “El nuevo sistema para la presentación de las declaraciones juradas permitirá transparentar el mercado exportador evitando irregularidades que atentan contra el ingreso de divisas y el normal desarrollo de la actividad”.

Finalmente, a última hora de ayer viernes Agricultura contestó parcialmente al pedido de acceso de la información: identificó las supuestas empresas infractoras, pero no dijo nada sobre la infracción que se les imputaba ni el estado de esos expedientes. Solo tenemos el listado, que es el siguiente:

Un primer chequeo de esa información permite saber que, de los 15 operadores que supuestamente “fueron suspendidos del RUCA”, había ocho que nunca figuraron en ese registro. Se trata de firmas o de personas que no parecen tener en todos los casos vínculo estrecho con el negocio de la carne y que, por lo tanto, mal podrían haber sido grandes exportadores del producto como para inquietar a las autoridades. Se trata de Arturo Roca (productor), Fabiana Iris Goijman (monotributista), Protan SRL (una alimenticia), ATG Foods (una procesadora de carnes), Pamp Alimentos (comercial), FG Importadora (exportadora de granos), JAL SRL (un acopio de Salta) y Paraná de San Pedro Representacion SRL (transportista y agrícola).

Pero en el listado también hay una serie de matarifes abastecedores de carne con antecedentes concretos en el negocio y que, lejos de ser suspendidos por las presuntas irregularidades atribuidas por Zarich, hoy siguen operando y tienen sus matrículas habilitadas para faenar bovinos como usuarios en plantas de terceros, que aquí pondremos entre paréntesis. Se trata de los casos de La Mestiza (Frigorífico HV y Visom); las 3 M (Faenadores Unidos SRL); Dotzel Beef (Deltacar y Frigorífico Gral Las Heras); Mocho Pampa (Friar y Mattievich); Grain Fed (Deltacar y Las Heras); y mpex Express SRL (Deltacar, Visom y Frigolar).

Todos ellos, repetimos, están habilitados para seguir operando, lo que permite suponer que o no fueron suspendidos o no cometieron las infracciones que se les imputaban. “Sin perjuicio de la continuación de las investigaciones en curso, algunas de las empresas del listado se encuentran levantada la respectiva suspensión preventiva”, admite el propio Zarich en la respuesta a Bichos de Campo.

Hay un caso especial, que es el de la empresa santiagueña Huachana SRL, que no figuraba en el registro pero, según información extraoficial, sería la responsable de las 40 toneladas de carne que, siempre de acuerdo con  la información de la ex ONCCA, habían sido decomisadas por las irregularidades denunciadas y que no habrían sido reclamadas por sus dueños. Esa carne estaría todavía en el frigorífico Friar, de Reconquista, donde se habrían faenado los animales. Era el frigorífico que pertenecía al grupo Vicentin.

Queda más que claro, a la luz de esta respuesta oficial, que todo el andamiaje argumental en que se basó el gobierno para reimplantar estos nuevos “ROE Rojo” ha sido producto de una sobreactuación o una simulación para crear el clima de que existe una gran corriente de evasión o elusión de los controles, que no habría sido tal.

Es lo mismo que sucede con el presunto contrabando de soja hacia países vecinos: la irregularidad se informa desde los organismos pertinentes y se sobreactúa en los medios oficialistas, cuando en realidad las cargas secuestradas representan menos de 0,05% de la cosecha. Mientras tanto, el kirchnerismo más duro instala públicamente la necesidad de estatizar la Hidrovía, pues todo allí, aseguran, sería un gran descontrol…

Luciano Zarich prometió a los frigoríficos que los nuevos permisos no serán como los ROE, aunque debería tranquilizar a los productores

Si hubo subfacturación de las exportaciones de carne, tal como denunció Zarich, el organismo encargado de combatir ese delito debería ser la Aduana, que depende de la AFIP. El 16 de abril, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, ese organismo intimó a varios frigoríficos exportadores conocidos y a algunos matarifes para que corrigieran sus valores de exportación en ciertas cargas destinadas a China, pues no coincidían con los precios de referencia que había impuesto la propia Aduana para evitar la subfacturación. La semana pasada, el organismo actualizó esos valores, demostrando que está atento a lo que sucede en el mercado.

Aquella notificación fue remitida a los frigoríficos Azul Natural Beef, Black Bamboo, Ecocarnes, Compañía Bernal, COTO, Friar, Frigolar, Frigorífico Forres-Beltrán, Frigorífico Alberdi, Frigorífico General Pico, Marfrig Argentina, Login Food (Frigorifico Maneca), Procesadora Ganadera Entrerriana (PGE), Rafaela Alimentos, Santa Giulia y SA Importadora y Exportadora (La Anónima). En la medida también estaban comprendidos los matarifes Argus Meats, Mocho Pampa Premium y NCG Trade, además de dos firmas que no contaban con antecedentes en el rubro: Mmagno SRL y Agrop Negocios SAS.

Solo una de todas esas empresas controladas por la Aduana, Mocho Pampa Premiun, figura en el listado de empresas sancionadas -y luego autorizadas- por Zarich. y a la que accedió Bichos de Campo,

Mientras tanto, los ROE o DJEC están desde hoy de nuevo entre nosotros. No se sabe aún cómo se informará el listado de quiénes los reciban y quiénes no. Ni qué requisitos deberán atravesar los empresarios para obtener el triple permiso del Estado Nacional para poder concretar una venta al exterior.

La entrada Mal olor: Comenzaron a regir los nuevos ROE y se conocen los 15 “peligrosos” exportadores que el gobierno utilizó como excusa para estos renovados controles se publicó primero en Bichos de Campo.