Las posiciones encontradas respecto a las necesidades de establecer normas que rijan las aplicaciones de fitosanitarios en nuestro país, nos llevan a buscar respuestas al interrogante de cómo podemos establecer acuerdos o consensos entre las partes disidentes y así lograr un marco legal que satisfaga las necesidades y el interés común: la producción de bienes y servicios, preservar la salud y promover el cuidado del medio ambiente.

Desde tiempos inmemoriales la humanidad se planteó la resolución de conflictos bajo una actitud reactiva que devinieron en enfrentamientos y distanciamientos que tuvieron un saldo poco feliz sin beneficio mutuo. Hoy por suerte somos participes de una etapa en la historia de nuestra humanidad basada en el desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica.

Estas herramientas brindan los aportes sustanciales a las distintas producciones y creaciones agro bio industriales, en un marco competitivo y sustentable juntamente.

Pero también en esta innovación generada a través del conocimiento pulsan tanto la “tecnología de insumos” como la “tecnologías de procesos”. Su conjunción permite poner en agenda percepciones y discernimientos basadas en la lógica y el rigor científico, para no caer en el temor que implica algo desconocido.

Hoy la sociedad toda debe darse un compás de espera y poder establecer un debate que otorgue los “permisos sociales” necesarios de los distintos sectores, el agro y el citadino (parafraseando a Jorge Giaccobe). Construir los fundamentos y argumentos lógicos minimizando el conflicto de intereses, es el desafío para aquellos que tengan la decisión de dictar leyes y ordenanzas que regulen la aplicación de fitosanitarios.

El enfoque que los parlamentarios conciban es medular. Esto contribuye a una regulación, fiscalización y control de las pulverizaciones de fitosanitarios, que implique una tarea o práctica agrícola enmarcada en los numerosos trabajos científicos y evaluaciones a campo que comprenden a una BPA (Buena Práctica). Es la manera de transitar en el rumbo correcto de convivencia entre lo urbano y rural.

Por el contrario, cuando las decisiones parlamentarias son estimuladas por emociones y sensaciones que el temor infundado genera, respondiendo en una forma obsecuente al mismo, se incurre en el error de legislar sin equidad. El soslayar o ignorar las recomendaciones y sugerencias de los expertos o idóneos que aporten a la temática, avienta la posibilidad de que la norma sea en la práctica inviable y de externalidades negativas.

Ing Agr Luis A Lanzavecchia (Mat Prof. CIAFBA 0016)

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