La entrada ¿Señal de despedida? Basterra aprobó dos nuevos programas para la agricultura familiar, sobre semillas y comercialización se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Luego de varias semanas de muy escasa actividad normativa en la cartera agropecuaria, estas novedades referidas a un área del Minagri fuertemente politizada, donde predominan funcionarios del Movimiento Evita, dio pie a las especulaciones: ¿Dejará su cargo el ministro luego de las elecciones? Desde hace semanas que en los corrillos políticos se especula con esa posibilidad.
Por un lado Basterra firmó la Resolución 174/2021, que dispuso la creación del programa “Semillar” o Programa de Semillas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El mismo funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura Familiar que conduce Miguel Gómez y no bajo el paraguas de Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo técnico que depende también del Ministerio.
Según marca la resolución firmada por Basterra, que no agrega demasiado detalle sobre el funcionamiento operativo del Semillar, dicho programa tendrá como objetivo “propiciar y fortalecer sistemas de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento de semillas en el territorio nacional”.
Solo justifica la resolución oficial que “existe preocupación internacional sobre la pérdida de los recursos fitogenéticos asociados a la alimentación” y expone que “la conservación in-situ de variedades mejora la capacidad de adaptación y resiliencia necesarias”, ya que “en nuestro país dicha pérdida ha provocado la reducción de las capacidades del sector de la agricultura familiar para su desarrollo y del consecuente abastecimiento local de alimentos”.
La otra norma publicada por Basterra en el Boletín Oficial ses todavía más incierta. Se trata de la Resolución 180/2021. Dispone la creación del “Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”, también en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar.
“Será objetivo del Programa robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor agregado y comercialización para todos los productores y productoras de dicho sector inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)”, explicó el segundo artículo de la normativa. También se beneficiará a las organizaciones de ese sector inscriptas en el Renafo.
Aunque no está muy claro de qué se ocuparía este nuevo programa (en el Ministerio también existen áreas específicas vinculadas a la comercialización y el agregado de valor), en las explicaciones sobre su necesidad se argumenta que “en lo que respecta a la formalización, se observa que la falta de ella junto a la de organización y formalización de los actores, genera un bajo poder de decisión y negociación para hacer frente a la comercialización de los productos”.
Se intuye entonces que la iniciativa tenderá a generar figuras formales para que los pequeños productores puedan vender sus productos en condiciones de mayor formalidad.
“Asimismo se busca abordar aspectos que afectan directamente en la comercialización de los productos de la AFCI. En este sentido, la calidad e inocuidad de los productos del sector es un aspecto clave, como así también en aspectos técnicos de proceso, como de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de pos-cosecha, almacenaje y logística”, agregan los fundamentos de la Resolución firmada por Basterra, añadiendo objetivos casi inagotables al referido programa.
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]]>La entrada Bajo presión: Al secretario de Agricultura, sus ex compañeros de ruta le piden una agenda agropecuaria que jamás interesó al kirchnerismo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Solmi, que llegó a viceministro de Agricultura en marzo pasado, de la mano del sector de la coalición oficialista que comanda Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, mantuvo este sábado pasado una reunión virtual con 20 filiales de la Federación Agraria, que solo se interrumpió cuando el flamante funcionario debió ausentarse para concurrir al velorio de Mario Meoni, fallecido en un accidente el viernes por la noche. En la reunión virtual había dirigentes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que hasta hace pocas semanas eran sus compañeros de ruta. En 2008, con los cortes en contra de las retenciones móviles, y durante todos sus años de militancia en esa entidad.
A fines de marzo, Junto al ministro Luis Basterra, Solmi ya había recibido una intensa agenda de reclamos de parte de la Filial Regional Sur de Santa Fe de FAA, incluyendo que se avanzara en algunos reclamos históricos de esa organización de pequeños y medianos productores, nacida del Grito de Alcorta en 1912, como la segmentación de políticas públicas y “el urgente debate del uso de la tierra y el arrendamiento rural como principal elemento de desaparición de chacareros y concentración de la producción”.
Son temas que sistemáticamente los gobiernos kirchneristas se han negado a discutir en los tramos que correspondieron a Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, mostrando un profundo desinterés por la cuestión agraria. Mauricio Macri tampoco le prestó atención a ese tipo de planteos. Y en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, de nuevo con Cristina en el centro del poder, no se puede decir que este tipo de debates hayan prosperado más allá de la retórica habitual de su militancia.
Pero allí va Jorge, presionado por los suyos para que esta vuelta sí suceda lo que tanto se anhela.
En la reunión del sábado, más filiales y dirigentes de la Federación Agraria le recordaron a Solmi que ellos mantienen en altos sus banderas, a pesar de los renuncios históricos del kirchnerismo. Lo resumió un comunicado enviado por esas mismas entidades de base, cuyo título es sugerente: “Necesitamos poner la voz del chacarero dentro de la agenda agropecuaria”.
“En un encuentro virtual realizado el sábado pasado, filiales de Federación Agraria de la Pampa Húmeda expresaron cuales son las prioridades al actual funcionario de Agricultura y quien fuera parte de la entidad”, informe ese parte de prensa. La agenda de temas que recibió Solmi no se limita a los planteos históricos sino que además abarca temas de coyuntura. El principal es que no todos los chacareros se beneficiarán con la soja de 500 dólares, ya sea por la fuerte presión fiscal o por el impacto de la sequía.
“Hay regiones donde la cosecha fue muy pobre debido al stress hídrico, y no se alcanza a cubrir los costos de producción. La Ley de Emergencia Agropecuaria es obsoleta, burocrática, no contempla a quien hace la producción, y no llega cuando el productor la necesita. Necesitamos otra herramienta que sea más ágil y que resuelva las urgencias. Las provincias no ponen las prioridades en los chacareros y el Estado está ausente ante la desaparición de productores”, se quejaron los federados.
Además le pusieron presión al secretario de Agricultura para que se cumpla con la promesa de pagar las compensaciones por las retenciones a la soja que faltan en el transcurso de mayo. “Se debe efectivizar el segundo pago de las compensaciones, hay que agilizarlo y solicitar que se incrementen los fondos destinados, los valores actuales permite que se actualicen los fondos”, indicaron los chacareros.
Luego agregaron que, no obstante ese pago pendiente, “fundamentalmente se debe seguir con un esquema que segmente la producción y compense a los actores más débiles mientras sigan las retenciones. El compromiso debe ser que esta ley que tiene vencimiento se transforme en política pública permanente”, apuntaron.
En ese sentido, Solmi recibió la inquietud por las recientes modificaciones al Impuesto a las Ganancias que impulsó Massa en el Congreso. “Creemos que los montos mínimos imponibles no contemplan la producción agropecuaria y no discriminan a los actores y la forma de producción”, dijeron. Y agregaron que “se debe categorizar y segmentar a los mismos, porque de lo contrario un chacarero que arrienda de 300 hectáreas paga el mismo porcentaje que un propietario de 1000 hectáreas”.
Los federados volvieron a levantar una bandera histórica de Federación Agraria, “Hay que poner en debate el uso de la Tierra, es necesaria una Ley de Arrendamiento que priorice el sujeto, cuide la tierra y establezca la diversificación productiva con plazos establecidos. Se debe terminar con los contratos accidentales”. Solmi ha sido siempre un defensor a ultranza de ese debate.
Respecto de las últimas medidas de Agricultura que imponen una declaración jurada a las exportaciones de carnes, el comunicado de las filiales afirma que “la preocupación de los chacareros no pasa por los decretos que ordenan la comercialización y la exportación de la carne”. Más bien, lo que reclamaron a su ex compañero de militancia en FAA fue “debatir un plan ganadero que nos incluya y fije un norte en cuanto a la cria y engorde como forma de transformar y darle valor a la producción”.
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]]>La entrada Los récord de Formosa: Colocó a dos ministros de Agricultura, pero tiene uno de los campos más postergados de la Argentina se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Y sin embargo, la propia Formosa tiene un sector agropecuario muy precarizado y bastante injusto en su conformación y en la distribución de los recursos.
Los resultados preliminares del último Censo Agropecuario Nacional (CNA 2018) permiten construir esta radiografía sobre el agro formoseño. En la provincia del gobernador eterno, existen 8.037 explotaciones agropecuarias, apenas el 3,2% de los 250.881 establecimientos registrados a nivel nacional. La mayoría de ellas, unas 6.500, tienen menos de 1.000 hectáreas. Y hay solo 15 empresas que tienen más de 15 mil hectáreas.
Existen por tanto en Formosa cerca de 8.000 productores. En el Censo Agropecuario 1988 (treinta años atrás de la última medición), había en la provincia 12.181 explotaciones agropecuarias. En el Censo 2002, ya con Gildo en el poder, se registraron a 9.962. Es decir que con cada censo se vienen perdiendo unos 2.000 productores. La tasa de concentración de la actividad rural ha sido en Formosa tanto o más elevada que en el resto del país.
¿Y cómo viven esos productores? ¿Qué hacen? ¿Con qué infraestructura cuentan? Bueno, los indicadores que surgieron del CNA 2018 no son muy halagüeños ni para la gestión nacional, que ya tuvo dos ministros formoseños (en realidad, Basterra es nacido en el Chaco pero se proyectó políticamente en esa provincia), y mucho menos para la gestión provincial, que está en manos de Insfrán desde 1995.
En Formosa, para empezar, en Formosa casi no hay soja, salvo unas pocas hectáreas. Cuando en 2016 -bajo la gestión de Buryaile- se pagaron las compensaciones a los fletes para los productores del Plan Belgrano solo una firma grande de esa provincia las cobró por sus ventas del poroto. Este año, Basterra logró pagar algunas devoluciones de retenciones a los pequeños productores sojeros y según la poca información oficial disponible no había beneficiados en su provincia.
En las 4,7 millones de hectáreas que ocupan las explotaciones agropecuarias formoseñas solo hay 277 mil que son agrícolas. Allí los cultivos predominantes son los cereales y las hortalizas. Solo una cuarta parte de los 8 mil productores llevan a cabo alguna actividad agrícola.
Hay, en cambio, 5.820 productores que llevan adelanta alguna actividad ganadera, en especial la cría de bovinos. Formosa, según el censo oficial, tenía un stock de aproximadamente 1,25 millones de cabezas bovinas, la mayor parte vacas, además de unos 60 mil ovinos, unos 100 mil caprinos, 80 mil porcinos y unos 50 mil caballos.
La inmensa mayoría de los productores formoseños desarrollan su actividad en condiciones muy precarias. Solamente 2.115 explotaciones rurales tienen algún tipo de gestión administrativa. Menos del 10% del total tiene acceso a un computadora.
Menos todavía, solo 633 explotaciones de las 8 mil existentes, cuentan con acceso a internet.
Solo 589 productores tienen crédito bancario.
Apenas 215 explotaciones contrataron algún tipo de seguro.
Una ínfima cantidad de 59 empresas operaron en los mercados de futuro.
Solo 1 de cada 4 productores reconoció recibir asesoramiento de terceros, en especial desde instituciones provinciales.
Más del 10% de las explotaciones formoseñas (900 en total) declararon haber sufrido hechos de inseguridad en los últimos tiempos.
El asociativismo es casi desconocido en Formosa, donde solo 118 productores dijeron pertenecer a cooperativas, otros 405 reconocieron estar afiliados a asociaciones gremiales y solo 135 explotaciones se declararon vinculadas con organizaciones técnicas. Recordamos que hay que comparar siempre contra un total de 8.000.
En este escenario, la penetración de los gobiernos (en especial el conducido por el propio Gildo) es mayor aquí que en otras provincias, ya que 1.113 establecimientos rurales dijeron haber recibido apoyo de programas públicos y 1.047 incluso admitieron haber cobrado subsidios de algún tipo. La inmensa mayoría de la Provincia y muy pocos desde la órbita nacional.
De las más de 4,5 millones de hectáreas ocupadas por actividades productivas, una porción importante (3,2 millones) pertenece a productores que manejan sus propios campos. Los arrendamientos no son cosa frecuente en esas tierras. Sí lo es que el Estado tiene una gran cantidad de campos que son ocupados por diversos tipos de producciones, en especial por comunidades. Existen casi 620 mil hectáreas de tierras fiscales ocupadas con permisos.
En medio de esta precariedad, de las 8 mil explotaciones agropecuarias solamente 23 tienen algún acceso a equipos o sistemas de riego y casi la mitad no está ni siquiera conectada a la red eléctrica.
La mayoría de los productores formoseños no cuenta con maquinaria propia. Había en 2018, según el CNA del Indec, solo 2.056 tractores en la provincia, de los cuales el 75% tenía más de 15 años de edad.
El parque de maquinaria formoseño se completaba con 88 cosechadoras (la mayoría también muy viejas) y 400 sembradoras.
Se estimaba que solo 29.256 personas habitaban en las zonas rurales de la provincia, donde había un total de 1.500 viviendas deshabitadas, o taperas. Había residentes en la mayor parte de las explotaciones declaradas (6.776 sobre un total de 8 mil).
La mayor parte del agro formoseño realiza actividades de subsistencia y por eso los empleados rurales declarados en dichas explotaciones son menos que los productores que habitaban en su propio campo: se detectaron solo 2.900 trabajadores habitando en el medio rural contra 5.800 productores que moraban en el campo.
La participación de Formosa dentro de la estadística nacional es mayor en un ítem vergonzante del censo agropecuario: los productores analfabetos eran 447, lo que representa cerca del 6% del total.
Allí también está Formosa cerca del récord, pero no tanto como el lujo que se pudo dar al colocar dos ministros nacionales de Agricultura en menos de un lustro. Ese es un blasón que muy pocas provincias pueden ostentar, aunque queda claro que ninguno de ellos haya sido profeta en su propia tierra.
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]]>La entrada La noticia es que, a pesar de sus esfuerzos, el kirchnerismo no logró dividir al Consejo Agroindustrial de las entidades rurales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La noticia aparente, según el comunicado oficial, es que se siguen buscando alternativas y que todavía no hay una receta acordada entre el gobierno y las 32 entidades que han mostrado interés en participar de esa mesa. ad hoc Todas ellas forman parte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), al que el gobierno ha elegido como único interlocutor, tratando de dejar fuera de la discusión a las entidades tradicionales de la Mesa de Enlace, que recelosas incluso protagonizaron una muy tibia protesta ante la medida.
“Vos no tenés Kickers, vos no entrás”, decía una vieja publicidad de televisión que anticipaba la discriminación cotidiana que todavía se vive en la Argentina en muchos planos. Incluso en el institucional.
El segundo título que podría surgir del comunicado oficial es que, luego de tres reuniones, no se ha logrado todavía un acuerdo y que la alternativa promovida por el propio gobierno para “desacoplar” los precios internos y externos del maíz, un extraño fideicomiso del cual no se han sabido detalles, no cuenta con el respaldo del sector privado.
De hecho, recién en el anteúltimo párrafo del comunicado se dice que uno de los puntos abordados “fue la búsqueda de consensos para avanzar en el diseño de herramientas destinadas a igualar condiciones de compra y de consumo, entre las que se encuentra la posibilidad de construir un fideicomiso y otras alternativas”, como para no darlo del todo fallecido.
Los principales voceros del CAA ya habían anticipado su rechazo a un fideicomiso propuesto por Agricultura y lo mismo habían hecho los dirigentes de la Mesa de Enlace, temerosos de que ese mecanismo termine convalidando una nueva exacción de recursos de los productores para subsidiar a sectores que consumen maíz internamente. Además, claro, de las retenciones.
Desde nuestra mirada periodística, de todos modos, la verdadera noticia es que el gobierno ha fracasado hasta aquí en su visible estrategia de separar al CAA de la Mesa de Enlace. En sus declaraciones públicas, el ministro Luis Basterra ha tratado permanentemente de hacerlo, diciendo incluso que en el Consejo han encontrado una vocación de diálogo que no existen en las entidades gremiales. A los ruralistas los ha acusado más o menos de ser “opositores”, negando que bien o mal son representantes de los productores.
¿Y por qué decimos que no han podido dividir el gran frente agroindustrial que, por h o por b, se opuso con éxito al cierre de las exportaciones de maíz?
El propio comunicado oficial informa que la nueva reunión de la Mesa del Maíz contó con la participación del presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y la del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker. Esos dos dirigentes, que una semana atrás estaban de paro comercial contra el gobierno, ahora estaban sentados en la mesa de negociación, buscando soluciones al problema planteado por las autoridades.
Los ruralistas, que integran el CAA desde su fundación a mediados de 2020 junto a Coninagro (la única entidad que se autoexcluyó fue la Sociedad Rural Argentina), se sumaron así al plantel estable del Consejo que viene discutiendo con el gobierno: el coordinador de la Mesa de la Carne, Dardo Chiesa; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; y el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA CEC), Gustavo Idigoras. También estuvo, por los consumidores de maíz, el gerente de Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi.
Otro dato que surge del comunicado es que la búsqueda de una salida consensuada frente a la suba de los precios externos del maíz (una buena noticia que la política local transforma en una mala noticia), es que ya el Ministerio de Agricultura no tiene margen para “cortarse solo”, como sucedió con el sorpresivo cierre de las exportaciones de maíz y la posterior imposición de un cupo diario de 30 mil toneladas. Ahora en las negociaciones los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán, envían siempre a sus delegados.
“Las partes acordaron continuar trabajando a través de los respectivos equipos técnicos y acordaron volver a reunirse durante la semana próxima”, cierra el comunicado.
Qué bueno. Estamos todos, sin fisuras ni divisiones artificiales, hablando como gente grande que finalmente intenta entenderse y resolver lo mejor para el conjunto.
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]]>La entrada Una película de terror y suspenso: Hubo una propuesta para poder reabrir la exportación de maíz, pero el gobierno cavila se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, se reunía con representantes del Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), quienes le ofertaron una fórmula diferente para enfrentar la escasez de maíz este verano, acordada entre todos los eslabones de ese negocio. Basterra concurrió con esa oferta a la Casa Rosada porque necesitaba respaldo político para dar marcha atrás y negociar así con la Mesa de Enlace que desistieran de hacer este paro. Suspenso. La definición no llegaba.
A las ocho de la noche, con el sol cayendo, esta película combinaba terror y suspenso. No se podía anticipar el final.
Agricultura, que paralizó los negocios con maíz para exportación con una simple decisión administrativa (el cierre del registro de DJVE), decidió blanquear esta jugada porque ahora se ve urgida de desactivar una nueva escalada de la protesta rural.
Lo hizo a través de un comunicado: “El sector productivo le presentó al Ministro el compromiso de garantizar el abastecimiento interno de maíz, continuar sosteniendo precios accesibles para la población y conformar una mesa de trabajo permanente con la participación de todos los sectores interesados”, resumió.
Era cierto. Con el cuchillo amenazante sobre sus cabezas, el miércoles ya había habido dos reuniones entre privados, en el marco de las cadenas de trigos y maíz, con la intención de desbaratar los humores intervencionistas de algunos funcionarios que se comenzaron a excitar luego de un discurso que pronunció Cristina Kirchner a mediados de diciembre en La Plata, y en el que ordenó a su tropa de zombies comenzar a “alinear” algunos precios. Estas reuniones técnicas servirían también para darle insumos a otros conjunto de funcionarios que no está del todo de acuerdo en este tipo de intervenciones drásticas y que prefieren canalizar todo a través de acuerdos con el sector privado.
Aunque no lo dicen publicamente, Basterra y sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, militan en ese bando más moderado. Por eso se habilitó esta ventana para la negociación con el CAA, el entramado de 55 entidades agroalimentarias con las que vienen negociando políticas de más largo aliento que las del tipo “12 horas para matar o morir”.
“El Ministerio de Agricultura avanzó hoy en un entendimiento con los representantes del Consejo Agroindustrial, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno del maíz para los sectores nacionales que requieren del cereal como insumo para producir y sostener niveles de precios accesibles para las y los argentinos en todo el territorio nacional”, sobreactuó la cartera agropecuaria. El entendimiento era desesperación por encontrar una fórmula que permitiera tranquilizar a las fieras. Los lobos están aullando desde hace rato.
Con Basterra estuvieron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del CAA, José Martins, el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, el presidente de Maizar, Alberto Moreli, y el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech. Es decir, los que exportan maíz y los que lo consumen.
“Se ha logrado poner los diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como es el bien común, compatibilizando los intereses privados con la necesidad del Estado en garantizar los bienes esenciales a todos los argentinos, en el marco de la seguridad alimentaria”, expresó Basterra, según la gacetilla. Casi seguro que alguien escribió esa declaración. Hay que estar medio endemoniado para decir tantas palabras seguidas, casi sin comas y conservado cierto sentido.
La frase que sigue resultó mucho más clara: el ministro reconoció que este entendimiento es un avance que “nos coloca en condiciones distintas a la de semanas anteriores”. Es decir, que la semana pasada, cuando cerraron las exportaciones.
Neblina. Nebulosa. No quedó nada claro cómo funcionaría el mecanismo ofertado por los privados, pero la gacetilla oficial igual consideraba como “un importante avance que los sectores involucrados se comprometan a generar mecanismos que ayuden a desacoplar los precios internos del dinamismo de los precios internacionales, garantizando la mesa de los argentinos”.
Volvió aquella fatídica figura que utilizaban Cristina y Guillermo Moreno. “La mesa de los argentinos”. ¿De nuevo el terror?
El acta de trabajo donde se expresa el compromiso de trabajo de la cadena maícera tiene “tres ejes centrales” dice la gacetilla, aunque después el propio parte de prensa enumerara cuatro puntos. Es evidente que aquí las cosas aparecen y desaparecen.
- Garantizar el abastecimiento interno.
- Mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo y promover facilidades en el acceso a la producción
- Generar una comercialización fluida, considerando las necesidades de la demanda, el abastecimiento interno y los precios.
- Crear una mesas de trabajo permanente del Maíz y Trigo que permita darle mayor previsibilidad a las necesidades de cada sector involucrado.
Esto no quiere decir que los privados, con ganas de escapar deesperadamente del cepo, hayan terminado de convencer al gobierno (a todo el gobierno) de dar marcha atrás con el cierre de las exportaciones.
Lacónica y enredada, como si fuera la de un asesino serial lleno de esquizofrenias, la comunicación de Agricultura terminaba dejando claro que a pesar del disfrute del acuerdo no se había tomado ninguna decisión.
“Luego de finalizado el encuentro las autoridades nacionales expresaron la satisfacción por los acuerdos alcanzados y manifestaron que realizarán una evaluación de los volúmenes informados para determinar si se anticipa la decisión de reabrir el registro para la exportación”, indicó el escrito oficial. De nuevo, casi sin comas.
Suspenso. Hasta las próximas horas no se sabrá si las autoridades más relevantes del gobierno darán su venía a este acuerdo. Todo parece indicar que sí, pero no se sabe. Así funcionan los guiones tan intrigantes de esta gestión.
Terror. Cuando el sol se ponía, la asamblea de productores de Pergamino lanzaba su proclama al viento:
“Los productores acá reunidos expresamos nuevamente que, ante la agresión constante al sector productivo primario nacional:
- No toleraremos más ataques a la actividad productiva de cualquier índole.
- No aceptamos a la permanente decadencia que nos quieren llevar a todos los argentinos.
- Los principios y valores republicanos, la moral y la ética tanto publica como privada son principios que jamás negociaremos.
- Nos sublevamos ante la posibilidad que el futuro de nuestros hijos o nietos se vea amenazado por políticas destructivas”.
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]]>La entrada Giro oficial sobre agroquímicos: Los ministerios pasan de recomendar buenas prácticas en tiempos de Macri a medir los residuos en tiempos de Alberto se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Es decir, se pondrá más énfasis en medir el daño que causan esos insumos que en definir estrategias de prevención.
Así de claro. Con la anuencia del Ministerio de Agricultura, el gobierno está lanzando una suerte de Observatorio que convocará a científicos a “a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”.
Lo informó el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quien este martes se reunió con sus pares de Agricultura, Luis Basterra; y de Ambiente, Juan Cabandié, “para ultimar detalles acerca del Inventario de Uso de Agroquímicos”, según se describió.
https://twitter.com/RCSalvarezza/status/1326270457352499200?s=20
“La idea es iniciar esta convocatoria a toda la comunidad científica que trabaja en el área de evolución ambiental para poder tener una primera aproximación al estado actual del uso de agroquímicos”, indicó Salvarezza, que recordó que “en la actualidad en el mundo hay exigencias cada vez más importantes. Argentina tiene que salir a ganar nuevos mercados en cuanto a producción con base en línea con el cuidado ambiental. Esperamos que toda la comunidad responda a esta convocatoria”.
Basterra, que como los anteriores ministros de Agricultura ni siquiera difunde una estadística oficial sobre el uso de agroquímicos (un trabajo que hace rato viene prometiéndose, pero jamás se concreta), acepto estas reglas de juego, sin oponer resistencia ni plantear el peligro que significan un exceso de restricciones para el entramado productivo que todavía requiere de este tipo de insumos para seguir produciendo controlando plagas, enfermedades y malezas.
“La sociedad nos interpela sobre la manera en la que producimos los alimentos. En este contexto, es fundamental el diálogo entre todos los sectores para garantizar que esos alimentos se produzcan de manera sana para el ambiente y para el individuo. Tenemos que aprovechar todo el potencial de la investigación y la innovación para mejorar nuestras capacidades productivas”, fue la declaración pública del titular de Agricultura.
Según la gacetilla oficial, el Inventario de Uso de Agroquímicos facilitará información que “será un insumo para analizar y contribuir al desarrollo de formas de producción sustentable que permitan la apertura de nuevos mercados para la producción orgánica y agroecológica, y que resulten en beneficios sociales, económicos y ambientales”.
La jefa de Gabinete de Salvarezza y coordinadora de la iniciativa, Carolina Vera, detalló que “existen diversos grupos de investigación que a lo largo del país realizan mediciones del contenido de agroquímicos en el ambiente. A través del inventario integraremos y expandiremos sus capacidades y acciones para contribuir a las políticas públicas relacionadas con su uso”.
La tarea comenzará, según describió, con las acciones tendientes a coordinar y fortalecer las metodologías y capacidades de medición o estimación en el ambiente. Para eso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología “convoca a investigadores y a tecnólogos que cuenten con resultados de investigaciones o desarrollos tecnológicos orientados a medir o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”.
El gobierno nacional desestimó fijar distancias mínimas para las aplicaciones
La iniciativa de tres Ministerios del Poder Ejecutivo convierte en una política de Estado algo que también se discutía en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la diputada Daniela Vilar (Frente de Todos) es autora de una iniciativa para crear este Observatorio de Agroquímicos. Según ella misma explicó, la idea sería abordar la problemática de estos insumos desde la mirada del medio ambiente y la salud, “creando evidencias que apunten a las futuras políticas públicas federales al respecto”.
En los primeros amagues de ese debate en la Comisión de Agricultura, el diputado Pablo Torello (del PRO y además productor agropecuario) anticipó varias objeciones al expresar que la iniciativa ya “está comprendida por la ley nacional 27.233, de Sanidad Animales y Vegetales, por lo que se estaría duplicando las atribuciones”.
Ahora, a partir de esta reunión, Salvarezza decidió avanzar por las suyas con la anuencia de Basterra y Cabandié, sin esperan una señal desde el Congreso y un debate más profundo sobre este asunto.
La comunidad agrícola está en alerta por este tipo de ofensivas. Es que parece grande el riesgo de que este Observatorio cargue las tintas sobre el impacto de los agroquímicos más que en las medidas para minimizarlo, favoreciendo que en todo el país aparezcan nuevas restricciones a su utilización por parte de los productores. Gobernadores, intendentes y hasta jueces han llenado la geografía argentina de todo tipo de restricciones a las aplicaciones con agroquímicos. Hay lugares donde no se pueden utilizar a tgres mil metros a la redonda de una escuela rural o un centro poblado, mientras que en otros lugares esas áreas de exclusión se reducen a solo 50 metros.
El macrismo, en su paso por el poder, había impulsado una lógica diferente para abordar esta problemática: en julio de 2018 presentó un documento consensuado por cuatro ministerios que contenía 12 principios y 23 recomendaciones para que la Argentina cuente con una política homogénea en materia de agroquímicos. Ese documento, que fue elaborado por una comisión técnica entre los ministerios de Agroindustria, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Salud, con apoyo del INTA y el Senasa, desestimó recomendar distancias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos desde los centros poblados, bajo el argumento de que “si se cumplen un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no tiene sentido determinar distancias mínimas precautorias”.
Por supuesto, en este viraje de posiciones, todo aquel esfuerzo quedó en la nada.
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]]>La entrada ¿Cómo son las nuevas reglas para devolver un puchito de las retenciones a la soja? El que finalmente cobre invita la cerveza se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El funcionario dictó una resolución que establece nuevas reglas para definir a quién le tocará ese beneficio, y que son diferentes a las que ya se habían anunciado en marzo y jamás se cumplieron. Son varias las condiciones que impondrá el Ministerio a los productores que serían beneficiados. Tantas que habría que levantar apuestas: el que cobre que pague la cerveza.
Para empezar conviene poner las cosas en su dimensión justa. Se produjeron en la campaña 2019/20 unas 50 millones de toneladas de soja que se vendieron a un valor (FOB) promedio de 350 dólares. Esto da un valor bruto de 17.500 millones de dólares sobre los cuales se aplicó una retención del 33% a todos los productores, sin excepción. Esto implicó una recaudación por retenciones de 5.775 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, serían algo así como 460 mil millones de pesos. De esa suma, se devolverán “hasta” 11.500 millones de peso. Esto es solo el 2,5% de los recaudado.
Pero hay que ver cuánto tiempo pasa para que efectivamente ese dinero llegue a la cuenta de los productores. La resolución firmada por Basterra, que todavía no se publicó en el Boletín Oficial, dice en su artículo primero que se implementará en el ámbito de Agricultura el “Programa de Compensación y Estímulo para personas humanas y jurídicas productoras de soja en pequeña escala”. Y establece nuevas reglas para acceder a los beneficios.
En primer lugar, se descartó todo lo que se había anunciado en marzo pasado, cuando se elevaron las retenciones para recaudar otros 400 millones de dólares. Olviden aquello de que los productores más chicos iban a recuperar hasta 8 puntos de las retenciones. Ya no será así. Se establecen nuevas reglas:
- En principio, los productores de soja deben haber declarado la superficie sembrada en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) al 31 de julio de 2020.
- Segundo, no deben haber facturado “por todo concepto” en el período que va desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año inclusive, hasta un máximo de 20 millones de pesos, de acuerdo a lo informado a la AFIP en las declaraciones juradas del IVA, incluyendo a los monotributistas.
- No deben haber sembrado más de 400 hectáreas de soja en la campaña 2019/20.
Luego de establecer el tope de 11.500 millones de pesos para este plan, Agricultura definió cómo se calcularán estas compensaciones. “A los efectos del cálculo de la compensación que corresponda a cada beneficiaria o beneficiario, se determinan 2 regiones con 4 estratos de escala productiva, cada una de acuerdo con lo establecido en la presente medida”. Esto es porque Basterra, en las nuevas reglas que fijó, dijo que pretendía compensar más a los productores alejados de los puertos.
La primera zona será Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, es decir la zona pampeana. Allí se compensarán “las ventas de granos de soja realizadas en el período 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y con un tope de hasta 2,9 toneladas por hectárea”. Si el productor pequeño logró un rendimiento de 45 quintales, que se jorobe. Deberá ajustarse a este tope.
“El monto en pesos a percibir por cada beneficiaria o beneficiario del Programa será determinado multiplicando las toneladas de granos de soja vendidas en cada Liquidación Primaria de Granos, en la que figure como vendedor, por los siguientes montos de acuerdo con la cantidad de hectáreas declaradas de soja en el SISA al 31 de julio de 2020 y su zona de producción”, define el artículo sexto. El coeficiente es:
Productoras/es que produzcan en las provincia pampeanas:
- CERO (0) hasta CIEN (100) has. $1.543,50
- Más de CIEN (100) has. hasta DOSCIENTAS (200) has. $1.102,00
- Más de DOSCIENTAS (200) has. hasta TRESCIENTAS (300) has. $661,50
- Más de TRESCIENTAS (300) has. hasta CUATROCIENTAS (400) has. $441,00
La segunda zona es el “resto del país”. En ese caso el monto por tonelada es del doble a la región pampeana, con el siguiente estrato:
- CERO (0) hasta CIEN (100) has. $2.205,00
- Más de CIEN (100) has. hasta DOSCIENTAS (200) has. $1.543,50
- Más de DOSCIENTAS (200) has. hasta TRESCIENTAS (300) has. $882,00
- Más de TRESCIENTAS (300) has. hasta CUATROCIENTAS (400) has. $661,50
“Para aquellas y aquellos productores que produzcan en las 2 zonas determinadas, se asumirá como criterio para el cálculo de la compensación que la totalidad de la producción fue realizada en las provincias indicadas en el inciso a) y los montos correspondientes a ese segmento regional”, se aclaró.
¿Y cuándo se pagará? La resolución no pone plazos precisos, pero explica que “el monto estipulado en el artículo precedente será efectivizado mediante transferencia bancaria a las beneficiarias y beneficiarios, en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) que hayan declarado ante la AFIP, de acuerdo al siguiente cronograma”:
- Para aquellas ventas realizadas hasta el 30 de septiembre de 2020, será depositado en 2 cuotas, durante los meses de noviembre y diciembre (50% del total cada mes).
- Para aquellas ventas realizadas con posterioridad al 30 de septiembre y hasta el 31 de diciembre el dinero será depositado en tres cuotas durante los meses de enero de 2021, febrero y marzo.
“El Ministerio de Agricultura determinará y aprobará los beneficios correspondientes de acuerdo a la información proporcionada por la AFIP”, se establece.
Vamos que podemos. El que logre cobrar primero, que se pague la cerveza.
La entrada ¿Cómo son las nuevas reglas para devolver un puchito de las retenciones a la soja? El que finalmente cobre invita la cerveza se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Caen las exportaciones y por eso el agro se luce: Generó casi 75% de las divisas en el primer semestre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Lamentablemente esta mirada no está presente en un informe que circuló el Ministerio de Agricultura a través de la agencia Télam. Allí, por el contrario, parece celebrarse que “las exportaciones de origen agroindustrial representaron el 73% del total exportado por el país durante el primer semestre y sumaron ventas por 19.993 millones de dólares, con una caída de apenas 0,6% (122 millones) respecto al nivel alcanzado en el mismo período del año anterior”.
Parece celebrar el documento la desgracia ajena: “Esa casi estabilidad de los envíos agroindustriales, aún durante la pandemia de coronavirus, se registró en el marco de un descenso de 11% interanual de los embarques totales del país entre los meses de enero y junio”. Es decir, los otros cayeron y yo zafé.
Los datos confirman que, como cayeron los embarques de otros rubros, se lucen mucho más los envíos del agro.
El rubro más dañado es el de las manufacturas de origen industrial (MOI), donde suele haber más presencia de Pymes y de sectores que crean fuentes de trabajo.
El complejo sojero, que en general se lucía con 25 a 30% de las exportaciones totales, en este primer semestre llegó al 36%. El complejo cerealero, que tampoco es un lechado de valor agregado, representa otro 27%. Es decir que entre ambas cadenas primarias (aunque el aceite y los pellets de soja son considerados manufacturas de origen agropecuario), sumaron la friolera de 63% de las exportaciones totales.
En ningún país serio eso debería ser festejado. Más bien, debería ser un toque de atención.
Como pobre consuelo, Agricultura informó que las exportaciones no tradicionales y de economías regionales totalizaron durante el período analizado 4.135 millones de dólares (el 21% del total embarcado por el sector agroindustrial), lo que representó un 9% de aumento con respecto a 2019.
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]]>La entrada Los productores más chicos tendrán un fondo específico para contingencias climáticas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 138/20, que crea un fondo específico de 30 millones de pesos en paralelo a los 500 millones de pesos que se manejan desde el Ministerio de Agricultura para atender los casos de emergencia agropecuaria por razones climáticas en el agro local.
La normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura Familiar, crea el denominado Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Sus beneficiarios serán “los productores inscriptos en el Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pero también “las asociaciones de productores cooperativas y comunidades indígenas que posean sus respectivas personerías jurídicas”.
“Mediante dicho programa se impulsa el otorgamiento de aportes no reintegrables en forma directa y oportuna dirigido a un segmento de la sociedad, que al momento de solicitar el mismo, se encuentre afectado por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionadas por eventos climáticos, sociales o particulares extremos”, estableció la Resolución, que de todos modos no determinó con claridad cuáles serán los criterios para definir en qué condiciones se podrá decidir el envió de ese dinero.
La creación de esta suerte de Fondo de Emergencia Agropecuario paralelo, que se suma al creado por ley actualizada en 2009, fue justificada en que muchas veces los pequeños productores no acceden a los mecanismos previstos en la legislación, y que por lo tanto nunca reciben ayuda frente a las catástrofes climáticas.
“El Ministerio de Agricultura, a través de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria, plantea herramientas y recursos en su funcionamiento que deben acreditar una serie de requisitos indispensables que en la mayoría de los casos de los productores del sector no cumplimenta, sumado al hecho de que la incidencia de la pobreza es más elevada en las áreas rurales que en los grandes aglomerados urbanos lo que dificulta el acceso a diversos medios, resultando indirectamente excluidos de algunas políticas públicas existentes”, se afirma en la resolución.
“Asígnase como monto inicial para la implementación y ejecución del Programa, la suma de 30.000.000 pesos”, define la normativa firmada por el ministro Luis Basterra. El dinero saldrá del presupuesto de esa cartera y, se sobreentiende, podrá ser actualizado todos los años”. No sucede lo mismo con el fondo de emergencia creado por ley, que quedó congelada en 500 millones desde 2009, que se han desvalorizado aceleradamente y no pueden actualizarse de no mediar una nueva ley.
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]]>La entrada Maradona, el zurdo de Longoni y la expropiación de Vicentin: Quedó al desnudo la fuerte discusión dentro del gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Y qué dice Longoni? Obviedades. Que la inmensa mayoría de los productores y la comunidad agropecuaria rechaza de cabo a rabo este proyecto de expropiación de la aceitera. Que estos niveles de rechazo están escalando peligrosamente y que hay condimentos semejantes a los del conflicto por al 125. Que el gobierno no ha presentado hasta aquí un plan lógico para reactivar la empresa concursada ni recuperar la confianza de los productores.
Advierte que si siguen tensando tanto la cuerda con el sector privado, lo más probable es que Vicentin acabe en otro estrepitoso fracaso, como muchos otros rescates de empresas pergeñadas desde el poder político: Cresta Roja, SanCor, el ingenio La Esperanza.
Descargar Informe del Bloque del Frente de Todos sobre Vicentín
Dijo Longoni con todas las letras en su cuenta de tuiter: “Recién me percaté de un dato irrefutable: Los que apoyan la expropiación de Vicentin son todas personas que no entienden ni jota del negocio de la soja. Empezando por Lozano y la Señora perseguida. Y los que rechazaron la expropiación son los que saben como funciona. Sin fisura”.
-Vamos a boludear a este vocero de los agrogarcas. ¿Quién carajo se cree para hablar así de la señora?
Allá van los troll buscando el yerro en el discurso del periodista. Lo descubren rápido: el editor de Bichos de Campo cometió la osadía de anticipar el miércoles, dos días después del anuncio presidencial sobre una expropiación y 24 horas antes de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli; y con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que “se cae la expropiación” de la aceitera, pero no así la idea de intervenir para rescatar la empresa santafesina y crear una empresa mixta, con participación de YPF Agro y posiblemente de las cooperativas.
Tanto no le pifió el periodista pues eso fue lo que confirmó a la salida de Olivos el propio Perotti, al informar que Alberto se había mostrado proclive a que le presentaran “alternativas superadoras” a la expropiación. Pero a las pocas horas, en declaraciones públicas, con conceptos repetidos varias veces el fin de semana, el Presidente volvió para desmentir al gobernador. Dijo Alberto que la expropiación era “el único modo” de rescatar la compañía.
-¿En qué quedamos, Longoni? ¿Vos no eras el que habías dicho que se caía la expropiación?- se burlaron los militantes del kirchnerismo, contentos porque su presidente se alineaba al discurso de La Campora, de Juan Grabois, de Claudio Lozano, de las Madres de Plaza de Mayo, de Pablo Echarri y de todos los demás actores que no saben ni una jota del negocio de la soja.
Pero hasta aquí, objetivamente, Longoni tiene algo de razón: El anteproyecto de ley de expropiación de Vicentin (que ya estaba redactado desde la semana pasada) todavía no fue enviado al Congreso para su discusión.
Al mismo tiempo, en las últimas horas se han multiplicado los contactos entre todos los sectores involucrados en esta película que buscan una “alternativa superadora”, porque saben que la idea de la expropiación no solo expone al joven gobierno de Alberto a la posibilidad de no juntar los votos en el Congreso sino que significaría un tiro de gracia a las posibilidades de recuperar Vicentin, que es finalmente lo que supuestamente se pretende hacer. En el agro argentino, casi nadie en su sano juicio le vendería granos a una empresa 100% estatal. Frente a esta certeza, la opción de una firma mixta al estilo de YPF suena bastante más potable.
Este lunes a la mañana, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, fue entrevistado por Ernesto Tenembaum y su equipo en Radio con Vos. Entre chanzas y excusas, confirmó que él no había estado al tanto de la decisión de expropiar la compañía aceitera. Pero lo más importante que dijo, más allá de repetir varias veces la palabra “expropiación” para no desentonar con el Presidente ni ofender a la señora, fue que desde el lado del gobierno que entiende de agro hubo muchas conversaciones para convertir la malograda empresa familiar de Avellaneda/Reconquista en una empresa mixta en la que no solo interviniera YPF Agro sino también diversas cooperativas.
En el reportaje Basterra mencionó claramente a ACA, pero también a AFA y a FECOFE, otras dos cooperativas de segundo grado con fuerte presencia en Santa Fe. Otra vez, el proyecto alternativo que llegaba desde aquella propvincia y que no contemplaba expropiar ni nada parecido.
-¿La palabra expropiación no formó parte del debate con el Ministerio de Agricultura?- le preguntó Tenembaum al ministro.
-Yo no estuve en esa parte- contestó Basterra. Y ahondó: “Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití. El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida”.
Quizás sin querer queriendo, y más allá de reconocer su pobre o nula participación en la decisión de avanzar sobre Vicentin, Basterra lo que hizo fue admitir que en el gobierno no todos empujan con la misma receta. Más bien hay visibles diferencias entre los que buscan expropiar y los que buscan una “alternativa superadora”.
En realidad, la de la expropiación parece ser solo la receta de los sectores más ultras, o de los que no saben ni una jota de cómo funciona el negocio agrícola. Pero por debajo de Alberto, dentro del gobierno nacional, hay otro ala de funcionarios que empuja otra fórmula más moderada y que no espante a los productores. La sobreactuación expropiatoria del Presidente para no ofender a la jefa política del ministro Sergio Berni, hay que decirlo, no los ayuda para nada en las negociaciones.
El funcionario clave que podría terciar es el único que estuvo en las dos reuniones con el presidente en las que se habló sobre este asunto. Recordemos: el lunes, al hacer el sorpresivo anuncio de la intervención y expropiación, junto a Alberto estaban la senadora Anabel Fenrández Sagasti, presentada como la “autora intelectual” del proyecto; el interventor designado por el gobierno, Gabriel Delgado; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
El mismo Kulfas estuvo el jueves en la reunión de Alberto con el CEO de Vicentin y con el gobernador Perotti. Pero en ese momento aparecieron también Basterra y la secretaria de Legal y Técnico de la Presidencia, Vilma Ibarra.
En efecto, es Kulfas quien a esta altura del enredo puede convencer al presidente de desistir de la bravuconada expropiadora y buscar una opción más amigable con el mercado, que permita la ansiada reactivación de Vicentin sin el riesgo de dejar detrás un charco de sangre. El ministro productivo tiene una sola cosa en mente desde el principio: que YPF Agro sea de la partida. Desde la provincia de Santa Fe acercaron la opción de sumar a las cooperativas, que además son acreedoras. Es el mismo proyecto de empresa mixta el que alientan el interventor Delgado, que proviene del INTA, y el ministro Basterra.
Longoni viene diciendo que esta opción le parece la única que le permitiría al gobierno construir una empresa mixta con capacidad de reactivar las plantas de Vicentin, porque suma a muchos productores, finalmente los dueños de la soja, y a una importante proveedora de insumos. Pero sobre cree que impedirá que la expropiación termine en una discusión a sangre y fuego en el Congreso y en la Justicia. Allí, casi seguro, los opositores y los dueños actuales de la empresa impugnarán una medida que suena “inconstitucional”, porque desconoce la actuación de un juez comercial en el concurso de acreedores. Se trata del titular del juzgado de primera instancia Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Este magistrado hasta ahora ha jugado poco y nada en esta historia. Aceptó la semana pasada la irrupción en la escena de los interventores deisgnados por el gobierno, el mencionado Delgado secundado por Luciano Zarich, otro funcionario del Ministerio de Agricultura. Pero en los papeles mantiene la dirección de la empresa en manos del directorio original del grupo Vicentin. Dicen los que saben de leyes que lo que haría falta para que el gobierno tome realmente cartas en el asunto y pueda negociar acuerdos sólidos con otros actores -como las mencionadas cooperativas agrícolas e YPF Agro-, es que Lorenzini resuelva la “intervención judicial” de la compañía, desplazando a sus dueños y dando finalmente poder de decisión a los interventores enviados por el Estado Nacional. Así, estos tendrían 60 días para preparar en serio -y sin el fantasma de la expropiación- una alternativa superadora.
Para que esto suceda, está claro, el gobierno debería dejar de mostrar tanto cabildeo innecesario.
-A ver Longoni, explicá por qué Alberto ratificó la expropiación- provocan los incansables militantes de las redes sociales.
-Honestamente no lo sé, pero supongo que debe estar haciendo un inmenso equilibrio entre dos facciones de gobierno.
-¿Y cuáles son estas facciones de gobierno, periodista sabelotodo?
-A esta altura, los sensatos y los insensatos.
-¿Pero quién sos vos forro para aconsejarle a Alberto y Cristina qué es lo que tienen que hacer? ¿Quién te crees que sos? ¿Maradona?
Longoni advierte que escribió esta nota hablando de él en tercera persona, como a veces suele hacer el astro del fútbol. El detalle no pasa inadvertido tampoco para un par de productores agropecuarios, de esos ultra liberales que respiran odio al kircherismo desde el conflicto por la 125 y promueven salir a las rutas en caso de que finalmente se decida avanzar con la expropiación de Vincetín.
-¿Viste que Longoni escribe en tercera persona como si fuera Maradona?
-¡Y qué queres! Toda la vida dijimos que ese era zurdo…
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