El 13 de agosto pasado las diputadas Figueroa y Caparrós propusieron modificar por ley la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para agregar a funcionarios públicos y correr -según se entiende en una primera lectura- a los representantes del sector privado y del sector académico.

La difusión del proyecto de ley mereció una reprobación generalizada de sectores del agro, que incluyó comunicados de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (CRA, SRA, FAA, Coninagro), de los Colegios Veterinarios y de Agrónomos, de organizaciones técnicas como CREA y hasta de las asociaciones de cadena de cultivos (Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar).

Es que la iniciativa fue leída como una nueva avanzada del Kirchenirismo sobre el sector, luego de otras dos noticias que se produjeron recientemente y que dejaron un clima más que tenso. Se trata de dos proyectos anteriores, uno del diputado Carlos Selva y otro del senador Dalmacio Mera, que propusieron quitarle terrenos al INTA Cerrillos de Salta, y al INTA Sumalao en Catamarca, respectivamente.

De forma exclusiva, la diputada Alcira Figueroa, autora del proyecto de la discordia, habló con este medio sobre su propuesta.

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-¿Cómo surgió esta idea?- le preguntamos.

-Tengo una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA de más de 20 años. He coordinado dentro de la provincia al equipo de ProHuerta, creado en la década de 1990. Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto.

A continuación Figueroa agregó: “No éramos reconocidos porque siempre estuvo el debate de si teníamos que estar en Acción Social, porque el sector atendía al desarrollo social. Entre 2012 y 2014 se empezó a trabajar en una ley de Agricultura Familiar que tenía que ver con esa inclusión, no sólo en el INTA sino como política de Estado, que sea reconocida como actividad prioritaria de la gente del campo”.

-¿Qué buscan con este proyecto?

-Lo que queremos con Mabel Caparrós es impulsar una mayor apertura a la participación del sector de la agricultura familiar dentro del Consejo Directivo del INTA. Incluyéndonos en la directiva vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas.

-¿Por qué el proyecto propone directamente cambiar el Consejo, excluyendo del Consejo Directivo actual a representantes del área académica y de las entidades rurales, en vez de agregar un miembro de este sector que ustedes buscan representar? Lo que ahora quedó plasmado es el interés por agregar funcionarios públicos y eso no asegura que vaya a quedar representada la Agricultura Familiar.

-No era ese el espíritu. Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. La opinión, la idea, los proyectos que tiene el sector por supuesto que tienen que estar contempladas en el proyecto. Lo que pedimos es agregar incluso a Medio Ambiente que no está en el Consejo Directivo. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario.

-Sin embargo el articulado menciona hacer una modificación sobre la conformación del Consejo Directivo para incorporar a alguien de Senasa, del INAI, de Ambiente, como usted afirma, y también deja aclarado que solo habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor.

-Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo.

-¿La propuesta entonces es agrandar el Consejo, no modificarlo?

-Exacto.

-Y frente a este mal entendido que usted señala, ¿qué opina ahora de todos los comunicados que estas entidades emitieron?

-Que nada más lejos que eso. Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación. Pensamos que es una voz relevante que debería estar opinando sobre el desarrollo sustentable de los territorios, haciendo propuestas y correcciones. Por ahora tenemos escasas respuestas o respuestas parciales, con poca articulación, para gestionar esas problemáticas nuevas.

-¿Entonces usted afirma que este proyecto debería tener una reescritura?

-Exacto. Creo que se va a corregir cuando lo tratemos en Agricultura o Medio Ambiente. Específicamente irá a la Comisión de Agricultura y allí se harán las modificaciones, los agregados que correspondan. Ningún proyecto es perfecto.

-Otro punto llamativo de la iniciativa es que en los fundamentos ustedes afirman que hay dos millones de personas que integran a la agricultura familiar. Sin embargo, según datos del último Censo Agropecuario de 2018 sólo se reconocen 250.000 establecimientos agropecuarios. ¿De dónde obtienen la cifra de dos millones?

-Nosotros entendemos como agricultura familiar a todo lo que se desarrolla en las zonas urbanas, periurbanas y rurales. El dato del Censo tiene que ver con las explotaciones agropecuarias. Nosotros incluimos el universo que produce, que no está asentado pero que sale de los programas de extensión.

-Entonces ustedes tienen en cuenta a quien cultiva en el ejido urbano o al borde de él.

-Sí.

-Además del ruido que generó este proyecto, ¿qué opina del que provino también del Frente de Todos, el del diputado Carlos Selva, de querer quitarle alrededor de 500 hectáreas a la Estación Cerrillos del INTA en Salta, siendo usted de esa provincia y del mismo espacio político?

-Yo hablé con el diputado después de que presentó ese proyecto, porque no soy parte de esa comisión y no participé de esos debates. Se trató de hablar, de consensuar y después se corrigió. Si bien hay tierras disponibles en el INTA de Cerrillos, en el que yo justamente trabajaba, esas tierras se destinan a parcelas de investigación, de experimentación y también de extensión. Nosotros teníamos por ejemplo 2 hectáreas allí para la producción agroecológica y, por convenio con la universidad, un trabajo con alrededor de 70 alumnos, de tercero y cuarto año de forma semanal, en formación de agroecología.

Respecto a la necesidad de incorporar tierras Figueroa afirmó: “Es cierto también que hay una demanda impresionante de viviendas. En Salta Capital y en donde yo vivo son los lugares que tienen mayor hacinamiento por falta de disponibilidad de tierra para hacer viviendas o loteos. Hay una realidad acuciante y creo que lo hizo con la intensión de solucionar un problema de hábitat que tiene la familia salteña. Hay tierra cercana que se podría expropiar, que son de actividades inmobiliarias cerca del ejido urbano o del ejército, que están sin uso y sobre las que se podría hablar con sus dueños”.

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-¿Usted coincide entonces en que esas tierras hay que obtenerlas de alguna forma, pero no quitándoselas al INTA?

-Claro, no deben ser las del INTA.

-Algo similar ocurrió con el INTA Sumalao en Catamarca, por un proyecto presentado por el senador Dalmacio Mera. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa?

-Sí. Yo creo que no va a prosperar porque imagínense que sería achicar una entidad tan elemental para la vida económica y agropecuaria del país. No corresponde.

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La ofensiva del kirchnerismo es tan burda que incluso arrasaría con las dos sillas que agrónomos y veterinarios tienen en el Consejo Directivo del INTA, en representación de las universidades nacionales. A los profesionales del agro se les reservaría simplemente un papel como asesores.

Desde hace décadas que dirigentes de la Mesa de Enlace y de los grupos CREA participan en una conducción mixta del Consejo Directivo del INTA, que es el máximo nivel ejecutivo de este instituto. En los últimos meses, sectores sindicales y de organizaciones campesinas alineadas con el gobierno plantearon que esa representación debería ser ampliada a otras expresiones del agro. Pero siempre hablando de nuevos representantes de las actividades productivas en la conducción, no cercenando esa participación.

Ahora un proyecto firmado por dos diputadas del Frente de Todos (FdT), la fueguina Mabel Caparrós y la salteña Alcira Figueroa (que reemplazó al tristemente célebre diputado del teta-gate), plantea un escenario completamente diferente: Se pretende erradicar toda presencia de los productores -cualquiera sea su agremiación- y de los profesionales del agro de la conducción ejecutiva del INTA, que quedaría solamente en manos de funcionarios.

Según esta iniciativa, presentada el pasado 13 de agosto, el Consejo Directivo de INTA deberá estar integrado por 8 personas (dos menos que en la actualidad), pero sin representantes de las entidades rurales, ni de AACREA, ni de las Universidades públicas.

La iniciativa propone que el presidente y el vicepresidente sean nombrados por el Poder Ejecutivo, y que los seis vocales titulares que los acompañen representen al Ministerio de Agricultura, al Senasa, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y que haya dos vocales en representación de las provincias.

Es decir, todos representantes del sector público. Ninguno del sector privado o del sector académico.

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El proyecto de las dos diputadas kirchneristas propone modificar también el artículo 6 del Decreto-Ley 21.680,dictado por el gobierno militar de 1961, para definir que la nueva conducción del organismo se componga en mitades iguales entre mujeres y varones. “El Directorio deberá conformarse con paridad de género”, define. Y agrega que “La persona presidente y vicepresidente no podrán pertenecer al mismo género”.

Eso es algo que sucede ahora, ya que la presidente del INTA es una técnica llamada Susana Mirassou y el vicepresidente un ingeniero forestal llamado Tomás Schlichter, ambos designados por el Poder Ejecutivo.

Pero lo que cambiaría por completo si esto prospera es el resto de los vocales que integran el Consejo Directivo. Actualmente son ocho, en representación del Ministerio de Agricultura, de las Facultades de Ciencias Agrarias, de las Facultades de Ciencias Veterinarias, de AACREA, de Coninagro, de CRA, de Federación Agraria y de Sociedad Rural Argentina.

Este es el texto del proyecto de ley de las dos diputadas oficialistas:

En esta iniciativa, la participación de los sectores productivos en la conducción, según se dispone en el artículo 2°, quedará reducida a un Consejo Asesor. Allí sí se respeta la participación de dos representantes de las carreras afines, pero se pulveriza la representatividad de los productores organizados en las entidades gremiales de la Mesa de Enlace y de AACREA. Se define solo que habrá “un representante de las cooperativas de productores; un representante de las asociaciones de productores; y dos representantes de las organizaciones de agricultores familiares”.

Desde el regreso del Frente de Todos al gobierno, una queja recurrente -aunque siempre en voz baja- de las autoridades del INTA es que no se logran aprobar ciertas normas en el seno del Consejo Directivo de la Institución por la paridad de fuerzas que existen entre los vocales que provienen del Poder Ejecutivo y los que representan a la comunidad productiva.

Los consejeros provenientes de las entidades agropecuarias, por otro lado, han sido claves para mostrar alguna resistencia a iniciativas de legisladores del kirchnerismo (aunque también hubo alguna del macrismo) para expropiar tierras del INTA en diferentes provincias. Un caso ha sido el de Salta, donde se planteaba quietarle más de 500 hectáreas a la experimental de Cerillos. En otra iniciativa que recibió media sanción en el Senado, otro legislador oficialista plantea que un campo experimental del INTA de Catamarca pase a manos de la provincia.

Si este proyecto del Frente de Todos llegara a prosperar, aquella resistencia de los privados quedaría deshecha, pues se establece que el nuevo Directorio del INTA -en manos de funcionarios y sin representantes de los privados-, podría funcionar con un quórum de seis miembros y que “las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes”. Además, en caso de empate, podrá desempatar el presidente.

En los considerandos de su iniciativa, las diputadas Figueroa y Caparrós argumentan que es necesario integrar a representantes de la denominada “agricultura familiar” a la vida institucional del organismo, aunque en los hechos la excluyan de la conducción del INTA y le reserven una participación en el consejo asesor.

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Para justificar la incorporación de miembros de organizaciones campesinas, las legisladoras incluso cometen algún exabrupto al definir que  “actualmente la agricultura familiar comprende a dos millones de productores y productoras”, cuando el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 reconoce solamente la existencia de 250 mil establecimientos agropecuarios de todo tamaño en todo el país.

En tanto, para justificar la exclusión de los ruralistas tradicionales del agro e incluir a funcionarios de sectores alineados hoy con el oficialismo, el proyecto afirma solamente que “la composición del Consejo Directivo del INTA se encuentra en falta”.

Y se explica que “ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan”.

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