A la fecha los exportadores registraron declaraciones de ventas externas de maíz 2020/21 por 37,23 millones de toneladas, con lo cual quedarían 1,27 millones de toneladas por comprar antes de agotar el cupo de exportación que, si bien no está formalizado, opera en los hechos en el marco de un sistema de “autorregulación privado” con vigilancia estatal denominado “mesa del maíz”.

Como el ciclo comercial 2020/21 finaliza el próximo 28 de febrero, a partir de ahora el ritmo de autorizaciones de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de maíz de la presente campaña comenzará a ralentizarse, a menos, claro, que el gobierno decida ampliar el cupo tácito de exportación del cereal.

El último informe mensual de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura proyectó una oferta exportable de 38,5 millones de toneladas, lo que implica que –hasta nuevo aviso– ese es por el momento el cupo tácito de exportación asignado.

En lo que respecta a las compras, al 15 de septiembre pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, los exportadores tenían comprados 37,54 millones de toneladas, de las cuales 30,1 millones tenían precio hecho, mientras que las restantes correspondían a operaciones con “precio a fijar”.

Una vez completado el cupo tácito de exportación del cereal, los exportadores deben retirarse del mercado para que la oferta disponible quede en manos de los consumos, tales como avícolas, porcinos, feedlots y balanceados, entre otros.

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En las últimas semanas se vienen priorizando los embarques en las terminales del sur bonaerense –Quequén y Bahía Blanca–, región en la cual el maíz no sólo no abunda, sino que además se emplea fundamentalmente para abastecer planteos ganaderos.

En ese contexto, los exportadores tienen que ofrecer “premios” importantes en el sur bonaerense para originar mercadería. El precio promedio del maíz disponible con entrega en Bahía Blanca se negoció ayer en 22.084 $/tonelada, valor que, con el tipo de cambio comprador BNA, representa 227,6 u$s/tonelada.

Si se tiene en cuenta que el FOB oficial del maíz disponible, fijado por el Ministerio de Agricultura, se encuentra en 228 u$s/tonelada, entonces es fácil advertir que, en los hechos, el maíz FAS Bahía Blanca es equivalente al FOB.

¿Cómo puede ser algo así posible, especialmente si se tiene en cuenta que la exportación de maíz está gravada con un derecho del 12% sobre el valor FOB?

Eso sucede porque el valor de referencia fijado diariamente por el Ministerio de Agricultura –a partir del cual se liquidan las divisas y derechos de exportación con el valor de la fecha de registro de la operación de comercio exterior– toma al cereal embarcado en las terminales portuarias del Gran Rosario, las cuales, en condiciones normales, realizan la mayor parte de las exportaciones de maíz.

Ahora bien, si observamos el precio de mercado FOB del maíz en EE.UU. y Brasil podemos advertir que están muy arriba de los valores del cereal argentino determinados por el Ministerio de Agricultura.

En la actual coyuntura climática, el deprimido precio FOB del maíz Rosario se explica en parte por las enormes dificultades logísticas generadas por la bajante del río Paraná, pero no es sólo el único factor, porque el “planchazo” del FOB argentino también opera a partir del “enfriamiento” aplicado por los funcionarios del Ministerio de Agricultura, quienes así contribuyen a mantener “a raya” los valores internos del cereal en la mayor parte del territorio argentino.

Entonces sí, efectivamente, el FAS del maíz Bahía Blanca es equivalente al FOB Rosario, pero el FOB Rosario (oficial) está afectado por un factor climático potenciado por otro político. No se trata de algo sencillo de comprender, pero son las cosas que suelen pasar cuando se tocan todas las “botoneras” de un tablero de comando para intervenir mercados.

Con exportaciones de maíz 2020/21 de 35,1 millones de toneladas registradas hasta el momento y un cupo tácito de 38,5 millones, aún queda un buen trecho hasta lograr completar la cuota permitida por el gobierno nacional, luego de los cual los exportadores deberían retirarse del mercado para que la “pulseada” quede mano a mano entre productores e industrias consumidoras del cereal.

El régimen de autorregulación privada con vigilancia estatal, en el cual funciona el mercado de maíz desde comienzos del presente año, viene operando sin grandes sobresaltos, debido, fundamentalmente, al hecho de que los exportadores se aseguran que las principales industrias avícolas estén bien abastecidas del cereal, dado que algunas siguen financiándose con el grano del productor pagando a sesenta días y, cuando no encuentran benefactores que quieran entregarle maíz, gritan tan fuerte que sus reclamos llegan hasta los oídos de los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior.

Lo que sucede “puertas adentro”, de todas maneras, no tiene que hacer perder de viste el contexto general, dado que el ingreso de la cosecha brasileña de maíz tardío, junto con la pronta recolección de ese cultivo en EE.UU., comenzarán en el presente mes de septiembre a poner “paños fríos” en el mercado internacional del cereal.

Ese factor estacional representa una “luz roja” para los productores locales porque los valores de exportación oficiales del maíz argentino ya están muy deprimidos respecto de los presentes en Brasil y EE.UU. Y un golpe bajista adicional podría restarle muchos puntos más.

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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó hoy que a la fecha se llevan implantadas casi un 75% de las 6,30 millones de hectáreas programadas a la fecha.

Si bien la decisión oficial está orientada al maíz disponible, la misma le pegó de lleno a los precios del maíz “nuevo” 2020/21, lo que introduce un factor de riesgo crítico no contemplado al momento de diseñar la campaña maicera de la presente campaña.

En ese contexto, muchos productores advirtieron que la medida –tal como sucedió en el pasado reciente– podría derivar en un cambio de estrategia hacia modelos agronómicos “defensivos”, los cuales se caracterizan por priorizar los cultivos más “baratos” y reducir al mínimo el aporte de nutrientes y tecnología.

El “apagón tecnológico”, además de promover fenómenos indeseables –como la sojización–, constituye una amenaza para la dinámica económica de las provincias de base agropecuaria y también para el propio Estado nacional, el cual depende de las divisas generadas por el agro para administrar el tipo de cambio fuertemente intervenido por el Banco Central (BCRA).

Los productores también señalaron en redes sociales que, tal como ocurrió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las intervenciones generan distorsiones comerciales profundas que pueden beneficiar a algunos eslabones de la cadena en desmedro de los productores.

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“Cuando todos sabemos que si no exportamos no ingresan divisas y cuando todos entendemos que este camino de cierre de exportaciones nos llevó al fracaso, increíblemente se vuelve a decidir lo mismo”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

CRA recordó que el propio gobierno, luego de recibir al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA, del cual forma parte CRA como integrante de la Comisión de Enlace Agropecuaria) para trabajar en medidas orientadas a incrementar las exportaciones, una semana después  y luego de un conflicto gremial que paralizó la comercialización de granos por veinte días, se comunicó el cierre del registro de ventas externas de maíz para –en principio– embarques realizados hasta el próximo 1 de marzo.

“Medidas inconsultas como la suspensión de los DJVE para el maíz, no hacen más que minar la confianza y desgastar la interrelación mutua entre el sector y el gobierno. Se dinamitan los canales de dialogo abiertos y con buena capilaridad que funcionaron en este año de pandemia”, aseguró CRA.

“Esta medida atrasa, sumando incertidumbre al sector productivo, recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema, y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes”, añadió.

“Terminando un año muy duro para todos, no esperábamos este golpe a la credibilidad de la relación entre el Gobierno y el sector productivo primario, una nueva pésima señal y el regreso al pasado más opaco del intervencionismo estatal. Habrá menos maíz a futuro como en su momento hubo menos carne y menos trigo, por eso, no debe asombrar que cada vez seamos un país más pobre”, advirtió la entidad.

Por su parte, Maizar, entidad que agrupa a todos los eslabones dela cadena maicera –productores, acopiadores, procesadores y exportadores– emitió un comunicado para resaltar que la decisión del gobierno “erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo”.

“El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor”, recordó Maizar.

Las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazaron la suspensión del registro de exportaciones de maíz 2019/20 para declararse en estado de “alerta y movilización”.

“Mienten desde el gobierno al decir que basan esta decisión en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, porque restan casi 8 millones de toneladas de maíz para volcar al mercado interno de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura”, señalaron por medio de un comunicado.

Los dirigentes de Carbap indicaron que la medida del gobierno está fundamentada en “su impericia para disminuir la brecha cambiaría, la imposibilidad de poder controlar la inflación y, peor aún, la incapacidad de poder implementar recetas o instrumentos que no hayan fracasado en el pasado”.

“Con estas señales al sector productivo, lejos se está de desincentivar actitudes inflacionarias, sino todo lo contrario, se ocultan incapacidades, prebendas y porque no negociados y corrupción como consecuencia de la ausencia de políticas sectoriales, de control y de fiscalización”, dijo la entidad bonaerense y pampeana.

“Claramente se ve que el actual gobierno no aprendió nada de los errores del pasado. Afortunadamente los productores hemos aprendido y no volveremos a cometer los mismos errores”, concluyó el comunicado, aunque sin profundizar sobre los errores a los que hace referencia.

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