Esta introducción para contar que, por fortuna, Florencia Ricchiuti, que integra esa Fundación, advirtió lo que está sucediendo en el Palacio Legislativo, donde “diferentes representantes de organizaciones proteccionistas pidieron por el aumento de penas para el maltrato y crueldad contra los animales”.

Elogiamos el trabajo de Barbecheando porque ella está haciendo el trabajo que los dirigentes agropecuarios están dejando sin hacer. Es lo mismo que sucedió en Entre Ríos con el conflicto por los agroquímicos: las entidades rurales se “durmieron” pensando que era imposible que prosperasen los amparos por la aplicación de agroquímicos en torno a escuelas rurales. Pero la Corte Suprema provincial ya emitió dos fallos estableciendo distancias vedadas muy exageradas, de 1.000 metros. Luego, cuando una marcha de productores llegó a las puertas del tribunal, el juez los recibió y les dijo a los ruralistas que ellos nunca le habían acercado la posición del sector y mucho menos un estudio técnico. Se durmieron, y el tribunal actuó con los elementos que tenía sobre la mesa.

Bueno, ahora el tema del maltrato animal anda rondando. Y puede resultar tanto o más peligroso que el conflicto por los agroquímicos si el sector no actúa con rapidez. Lo dice con claridad Ricchiuti en su informe sobre la reunión plenaria de comisiones de Legislación General y Legislación Penal que se reunió esta semana para hablar del asunto. “Los diputados aspiran a alcanzar un dictamen consensuado. Si la iniciativa abarca todo tipo de animales y no sólo domésticos, la actividad ganadera estaría comprometida”, advirtió con todas las letras.

También en este asunto el agro parece estar dormido. El tiempo para que los dirigentes agropecuarios (y los especialistas en bienestar animal que tiene el sector, que son muchos y muy buenos) presenten sus argumentos ya pasó.

Cuenta Florencia que “terminaron las audiencias públicas donde pasaron más de cien expositores que se refirieron a la necesidad de la reforma de la Ley de Maltrato Animal, que data de 1954, en pos de aumentar las penas”.

“Casi la totalidad de los representantes provienen del proteccionismo de animales domésticos, es decir, sus ponencias se refirieron al abandono y vagabundeo de perros y gatos y la propuesta de la castración masiva y los dispensarios públicos. Pero también señalaron la necesidad de terminar con las cuadreras, novilladas, jineteadas. La tracción a sangre fue una de las prácticas más repudiadas. Algunos expositores también cuestionaron los métodos de feedlot y la alimentación forzada de cerdos y aves, el traslado de animales, el hacinamiento y la utilización de antibióticos sin fines terapéuticos”, advirtió la experta de Barbecheando.

Daniel Lipovetzky, del PRO porteño y titular de la Comisión de Legislación General, fue quien llevó la agenda de temas. Son estos:

• Aumento de penas
• La diferenciación entre maltrato y crueldad
• La importancia de la castración
• Penas por tracción a sangre
• La gratuidad del proceso judicial
• La capacitación de los funcionarios
• Alcanzar un tipo penal más amplio
• Mantener la legislación penal
• El rol del ejercicio de los veterinarios
• El rol de las políticas locales
• Pirotecnia
• Reconocer a los animales como seres sintientes

Hacia el final de la jornada, Lipovetzky se comprometió a “sacar la mejor ley posible con la diversidad de observaciones que tenemos” y reconoció tener “la responsabilidad y un desafío enorme de lograr un dictamen de consenso y de protección a los animales”.

La amplitud de proyectos, que, además provienen de todos los bloques, exige un debate amplio para alcanzar los consensos. Actualmente existen una veintena de proyectos que penan el maltrato animal, con sus particularidades: algunos apuntan exclusivamente a los animales domésticos; otros son genéricos y apuntan a los animales de todas las especies; otros sólo refieren a la tracción a sangre; otros a exclusivamente modificar las penas; y otros, a ampliar la tipificación de delitos.

En este contexto, Florencia advirtió que “la ganadería podría verse afectada en una serie de iniciativas que proponen: reemplazar la identificación de los animales por medio de las marcas, señales y  caravanas, considerar actos de violencia alimentar en cantidad y calidad insuficiente, penalizar las corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

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Un informe de la Fundación Barbecheando recordó que durante la apertura de las sesiones legislativas de 2019, “Mauricio Macri hizo pocos anuncios, pero uno fue contundente: el envío de la reforma del Código Penal al Congreso de la Nación”.

El anteproyecto de ley que fue analizado por una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, que comenzó a trabajar a principios de 2017 ingresó al Senado el lunes por la noche y fue girado a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el justicialista entrerriano Pedro Guastavino, quien adelantó que será uno de los temas en agenda para tratar durante el año.

Hubo mucho debate en las redes sociales de productores, ya que la modificación calificaba como”agrotóxicos” a los agroquímicos o productos fitosanitarios utilizados por el sector, en tono claramente peyorativo. Pero detrás de ese debate hay cosas más importantes para el sector agropecuario.

Barbecheando recorrió los principales ejes de los delitos ambientales del proyecto:

• Se incorporan los delitos contra el ambiente: se sancionan los delitos de contaminación y otros daños graves con pena de hasta 5 años de prisión, multa (medida en días multa) e inhabilitación, tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia, cuando se realicen vertidos o extracciones en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas que cause graves daños al aire, al suelo, a las aguas, o a la flora o fauna.
• Se establecen agravantes, con pena de hasta 10 años de prisión cuando el hecho se cometiere mediante la utilización de residuos peligrosos, sustancias tóxicas o prohibidas, o cuando se provocare un peligro para la salud humana, y agravantes con pena de hasta 15 años de prisión cuando se tornare no apta para la ocupación humana un área urbana o rural, impidiere el uso público de ríos, lagos o lagunas, cause daños directos graves para la población, o la contaminación se efectuare sobre un área natural protegida.
• Se establece pena de hasta 25 años de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona.
• También se tipifica la contaminación ambiental imprudente, con pena de hasta 10 años de prisión.
• Se incorporan los delitos contra la biodiversidad.
• Propone la pena de hasta 3 años de prisión y multa (medida en días multa) para quien ilegalmente introduzca en ambiente o libere en el medio un ejemplar de flora o fauna exótica invasora y, se aumenta el máximo de la pena a 4 años de prisión si resulta daño grave para un ecosistema o si se afecta el ciclo natural de reproducción o migración de una especie nativa o migratoria.
• En el mismo sentido, se establece la pena de hasta 6 años de prisión y multa para quien propagare en el ambiente organismos genéticamente modificados idóneospara provocar daños en el ambiente o en la salud humana.
• A su vez, se incluye el delito de incendio forestal si resultare un grave daño a elementos naturales o el ambiente en general y para quien modificare humedales, infringiendo las leyes nacionales o provinciales, con peligro para el ambiente.
• Se incorporan los delitos contra la fauna silvestre u otros animales, con pena alternativa de hasta 3 años de prisión o multa (medida en días multa) y se tipifica la conducta de quien cace o pesque animales de la fauna silvestre en período de veda, o de especies protegidas o en peligro de extinción o migratorias o en lugares prohibidos o protegidos, o utilizando medios prohibidos.
• El maltrato y crueldad contra los animales, prevé una pena alternativa de hasta 4 años de prisión o multa (medida en días multa).
• Por otra parte, se incorporan los delitos contra los bosques nativos y protectores con pena de hasta 3 años de prisión y multa (medida en días multa) para quien ilegalmente desmonte bosques nativos o protectores, extraiga o tale árboles o ejemplares de flora de una especie protegida o en peligro de extinción, y se aumenta el máximo de la pena a 5 años de prisión cuando los hechos se cometan en el periodo de semillación, de regeneración natural, en época de sequía o inundación, contra especies protegidas de la flora silvestre o con métodos prohibidos idóneos para perjudicar una especie o en un área protegida.
• También se agrega el delito de sustracción o comercialización maliciosa de recursos genéticos.

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“Sin bienestar animal, la economía pecuaria desperdicia 1 dólar por animal faenado, lo que nos da un cálculo de más de 10.000.000 de dólares tirado a la basura”, comentó Estol, especialista diplomado en bienestar animal.

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Para Estol, la Argentina es un país con mucho retraso en materia de aplicación de normas para el bienestar animal. “La realidad es que hay normativas en el país que tienen más de 50 años, y que nunca se usaron, tal como la Ley Nacional de Protección contra los Animales, la cual, si bien no es una ley apuntada a bienestar animal, consiste en regular el maltrato. El bienestar animal es ´la conciencia del uso animal sin abuso´”, enunció el especialista.

El veterinario, que trabajó en el Senasa en la primera normativa sobre esta materia, advirtió sobre al peligro que implica el hecho de “institucionalizar el maltrato y perder dinero”. Y recordó: “Un conocedor de la industria de la carne como Juan Carlos Repetto, recuerda en su libro ´Cortes vacunos de calidad´ sus primeros estudios en 1972, sobre la presencia de machucones en faena y comprobó un 30 % de lesiones sobre 740.000 reses revisadas, lo que generó una campaña del Mercado Nacional de Carnes con la leyenda ´La hacienda machucada le hace un agujero a la economía del país´. Fue así como en el año 1972, sobre 740.000 reses que Repetto revisó, el 30% tenía lesiones”.

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