El mercado lácteo –como casi todos los agroindustriales– se encuentra intervenido por el gobierno nacional. Pero las autoridades entienden que el “consenso” logrado en el sector lácteo es un ejemplo a seguir por el resto de los integrantes del ámbito agroindustrial.

Basterra destacó “el campo de acción conjunta del sector lácteo para generar un horizonte de crecimiento” a partir del “acuerdo lácteo” firmado a fines de mayo pasado entre la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

De hecho, la reciente recuperación del precio recibido por los tamberos vino de la mano de la recomposición de la rentabilidad en la industria luego de que el gobierno nacional procediera, en el marco del “acuerdo lácteo”, a flexibilizar el “cepo” vigente tanto en el mercado local como externo.

Eso se logró gracias al compromiso de las industrias lácteas por vender ciertos productos básicos a precios subsidiados a cambio de que el gobierno no interfiera en los precios del resto de los productos lácteos ni en las exportaciones.

La consecuencia de ese “acuerdo”, que en realidad fue una imposición indirecta para mantener abierta la posibilidad de exportar, es que los lácteos con precios “liberados” se transformaron en un artículo de lujo, como pueden ser el caso de los quesos semiduros y duros.

No podría ser de otra manera, porque al subsidiar con recursos propios los precios mayoristas de ciertos productos de consumo masivo, la pérdida que esa imposición genera debe ser compensada con aumentos extraordinarios en el resto de la canasta de lácteos. No existe magia en economía.

Afortunadamente, en el último año se registró un clima mayormente benigno en las principales cuencas lecheras, el cual permitió sostener productividades de leche sin tener que recurrir al uso intensivo de granos o balanceados.

En ese marco, la oferta de leche viene creciendo junto con la mayor eficientización de las empresas tamberas sobrevivientes a cada fase de crisis de precios –las cuales vienen siendo cada vez más recurrentes–y golpes climáticos.

En la jornada virtual coordinada por Basterra participaron los presidentes del CIL, Ercole Felippa; de la JIPL, Danny Lorenzatti; y de Apymel, Pablo Villano; junto con representantes de La Lácteo, Mastellone Hnos, Brawley, Nestlé, Verónica, Molfino (Saputo), García Hnos (Tregar), La Ramada, Capilla del Señor, Tonutti, Punta del Agua, Canut, Lactear, Pampa Cheese, La Sibila, Alfredo Williner, Vacalin, Santa Clara, SanCor, Manfrey, James Craik, AUT, San Isidro y Charles Gide, entre otras.

Diagnóstico lechero: Cuando estar mejor no necesariamente significa estar bien

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Felippa habló con Bichos de Campo. De entrada reconoció la crisis del sector productivo, que no logra cubrir los costos de producción. El precio promedio que reciben los tamberos mejoró un poco en el último tiempo, pero apenas supera los 20 $/litro, cuando los costos de producción en los tambos se fueron a cerca de 25 $/litro en promedio. El directivo del CIL consideró que el atraso en los precios también complica a las industrias.

Sabe Ércole de lo que habla, ya que tiene un pie en cada sector: es productor y además presidente de la cooperativa láctea Manfrey, ubicada en la localidad cordobesa de Freyre. Se fundó hace 75 años con el objetivo de producir y exportar manteca. En la actualidad produce toda la gama de lácteos: desde leche fluida, en polvo, postres, yogures, quesos y dulce de leche para el mercado interno y externo.

“La actividad se ve desacoplada porque quienes producen leche, producen pesos, y los que producen granos, producen dólares. Eso tiene impacto negativo fuerte sobre todo sobre el sector primario, cuyos precios no cubren sus costos. A nivel industrial pasa algo parecido, porque con una inflación en el último año de 35-37%, los aumentos autorizados este año por el gobierno fueron de solo 5%”, explicó.

Escuchá la entrevista al flamante presidente del CIL:

Felippa haló de una especie de “efecto tenaza” sobre los eslabones productivos de la cadena lechera. De un lado está la política de precios controlados y del otro los derechos de exportación (que en el caso de la leche en polvo representan un 9,0% del valor FOB). Ambos restan ingresos y producen pérdidas económicas a quienes producen, sean tamberos o industriales.

“Hay que tener en cuenta que este año se da una importante participación de las exportaciones, que aportan 3000 millones de dólares y en volumen representan 22-23 % de la leche producida en el país. Eso tiene una retención de 9% y hace que la cadena no pueda aprovechar los recursos que el mercado está dejando”, se quejó.

Felippa cree que esas políticas van a repercutir en la oferta de leche de 2021. “Eso va a tener impacto en el mediano plazo, muchos productores dejaron o redujeron el uso de concentrados en el ganado y eso va a achicar la producción para el año que viene”, vaticinó.

Y agregó que, “si bien el mercado interior va a estar bien abastecido, no está en riesgo, eso va a significar menos exportaciones y menos dólares que ingresan al país, que entran de manera genuina y sin tener que salir a pedir prestado”.

Al nuevo presidente del CIL lo consultamos por otras temas que fueron rumor en el sector en las últimas semanas y que despertaron temores de medidas que en el pasado causaron grandes perjuicios, como el precio de corte en las exportaciones (una suerte de “retención móvil”) que se aplicó en tiempos del ex secterario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

“En su momento fue nefasto, porque eso significó una retención encubierta de más de 60%. No lo veo aplicable además. La leche en polvo en ese momento valía más de 5000 u$s/tonelada y ahora está en 3000 u$s/tonelada. Esas medidas no hacen más que generar una mochila de plomo que termina afectando de manera negativa a la actividad”, sostuvo.

“La Argentina tiene ventajas comparativas y competitivas que deberían significar menores costos de producción, pero todas las regulaciones terminan impactando de manera negativa y es una de las cuestiones que explican porque la actividad lechera no crece hace veinte años”, añadió.

Otro tema que preocupa al sector productivo es el esquema comercial. Los tamberos desde siempre entregan la leche y la industria -una vez que la procesa y comercializa- define un precio que el productor cobra con un mes de retraso. Por eso muchos pregonan la necesidad de institucionalizar de alguna manera el intercambio comercial mediante un contrato o mercado que defina el precio. Esta misma semana, Meprolsafé (Mesa de productores lecheros de Santa Fe) despidió el año reclamando el cumplimiento del “Acta de San Francisco”, firmada en 2002 por integrantes de la cadena láctea junto a funcionarios de las provincias producoras de leche y en la cual se acordaron diferentes aspectos necesarios para impulsar el desarrollo del sector.

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Al respecto, Felippa consideró que “indudablemente hay mucho para mejorar y para darle transparencia al mercado. Se avanzó mucho en ese sentido. La información que brinda el Siglea (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina gestionado por la Dirección Nacional de Lechería) todos los meses con precios y una serie de datos, ayuda a determinar algunos parámetros para fijar precios. Obviamente todo lo que se pueda hacer para dar previsibilidad ayuda y sirve”.

Pero de inmediato aclaró que “acá el problema es que tenemos que tener una agenda de temas comunes entre los principales eslabones, que sean como la Biblia y estén fuera de discusión, más allá de quien esté en el gobierno”.

-¿Cuáles son esos temas que deberían ser consensuados con la cadena y que serían la base de una política de Estado?

-Primero exportar, generar condiciones de crecimiento para que la Argentina tenga mayores posiciones exportadora. Tener elementos que mejoren competitividad de la cadena en el sector primario e industrial. Y de alguna manera que haya previsibilidad en materia de precios y que no pase esto de que se decide poner un precio máximo que en todo un año casi no se cambia y que impacta en todos los eslabones de la cadena y termina destruyéndolos.

Finalmente, preguntamos si considera posible que la cadena lechera tenga, como sucede en Uruguay, un fondo anticíclico que permita compensar los momentos de crisis o la falta de dinero. Al respecto,  Ércole señaló que “esos fondos son excelentes herramientas que funcionan en casi todos los países. Pero no debemos olvidarnos que estamos en la Argentina. Quién lo aplica, maneja o administra son cuestiones que en la práctica son difíciles de llevar a cabo”.

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