Em diálogo con Bichos de Campo, el dirigente azucarero explicó la importancia que tiene para el sector en términos productivos, económicos y sociales contar con la demanda adicional de los ingenios para la transformación de caña en etanol.

Fernández explicó que en un año se producen habitualmente 2,2 millones de toneladas de azúcar, de las cuales 1,3 a 1,4 millones tienen como destino al mercado interno, otras 250/300 mil toneladas se exportan y otras 500/550 mil toneladas se transforman en alcohol, para luego fabricar bioetanol. Ese combustible sirve para el corte obligatorio de las naftas, previsto por la ley que ahora reclaman prorrogar.

Si no se contara con la demanda para el etanol, la especulación de los productores es que el mercado local se vería saturado de azúcar, lo que deprimiría los precios y llevaría la ruina a industria y sobre todo a los cañeros independientes, a los cueles se les traslada el peso de los diferentes problemas e ineficiencias que hay en cualquier cadena de valor.

“La producción de alcohol nos saca 550 mil toneladas de azúcar, y así no se sobreoferta el mercado interno y podemos ser competitivos. Significan 3 o 4 meses de consumo. La demanda de alcohol es trascendental porque si no se volcaría todo al mercado interno y le meteríamos casi 2 millones de toneladas, lo que sería una catástrofe”, dijo Fernández.

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El tratamiento de la Ley de Biocombustibles se había prometido desde el oficialismo para enero pasado, pero luego esa decisión se postergó. Si los políticos no se hacen cargo del problema, la cadena azucarera teme repercusiones en diferentes sectores. A nivel del productor correrían riesgo los 6.500 cañeros que siguen en la actividad y que son solo la tercera parte de los que había hace 15 años, cuando se contaban 17.000 cañeros. “Sin la prórroga de la ley no va a quedar ninguno”, advirtió Fernández en tono exagerado.

El dirigente agregó que también habría impactos sociales. “El sector sucro-alcoholero emplea directamente a 60 mil familias en la provincia e indirectamente a 160 mil más. Si se multiplican por 4 personas en cada grupo familiar, hay 800 mil personas que viven de esta producción lo que significa más de la mitad de la población de Tucumán”.

Además de la incertidumbre que hay respecto de la renovación de la ley, Fernández dijo que también les preocupa que se respete una fórmula que defina un precio que le sea rentable al sector. “El presidente vino y dijo que nos quedemos tranquilos, pero no nos dejó tranquilos cuando dijo que iban a revisar la ley, porque si lo que van a revisar es el precio no nos sirve”, explicó.

“Si nos prorrogan la ley con precios que no son competitivos, no se va a hacer alcohol. Estamos abiertos, pero seamos claros. Queremos ser competitivos y para eso hay que tener una utilidad razonable”, explicó el dirigente cañero.

El otro gran tema que demanda la atención de la cadena es el tratamiento de la ley de etiquetado de los alimentos y toda la presión social en contra del consumo de azúcar. Un intenso lobbie desde hace años culpa a la actividad de problemas en la salud humana.

“Nos demonizan diciendo que el azúcar engorda, pero cualquier producto que se consuma en exceso no va a hacer bien a la salud. Hay que cuidarse y consumir lo justo y necesario. Pero de ahí a pensar que es un veneno… dista mucho. Esta es una demonización que tiene un objetivo económico que se antepone a la salud”, evaluó Fernández, que consideró que detrás del ese discurso está el interés de sector de la industria para el reemplazo del producto por otros endulzantes.

Con relación a la ley de etiquetado señaló: “No estamos de acuerdo con el formato (del etiquetado frontal). En cualquier lado ves un etiquetado rojo y ves fuego, peligro. Que lo planteen así, no estamos de acuerdo. Debe ser un etiquetado abarcativo y no que condicione el consumo y demonice al producto”, pidió.

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Marcelo Fernández, de la Asociación de Cañeros Independientes del Este de Tucumán, explicó que si bien la cosecha 2020 fue buena, la continuidad del clima seco le está pegando a los cañaverales sembrados hace 3 o 4 años, lo que afectaría los futuros rendimientos en la zafra 2021.

El dirigente contó que la campaña terminó hace unos 20 días y se produjeron 2,2 millones de toneladas equivalente en azúcar de las cuales: “De 1,2 a 1,3 millones van al consumo interno, otras 250 a 300 mil toneladas son para la exportación, para tener un precio competitivo a nivel local, y otras 580 mil toneladas se transforman en alcohol”. De ese insumo se elabora el bioetanol, con el que se deberían cortar las naftas al 12% (en combinación con el originado en maíz).

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En el año 2006 surgió la ley 26.093 impulsada por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner para promover a la industria de los biocombustibles lo que disparó inversiones de las grandes aceiteras para producir biodiésel de aceite de soja con destino a la exportación. Pero también se dieron en ese contexto importantes inversiones de empresarios argentinos en diferentes provincias para elaborar biocombustibles, ya que la normativa establece que cada litro de gasoil que se consume en el mercado local debe contener 10% de biodiésel y que cada litro de nafta debe tener 12% de etanol de maíz o de caña de azúcar.

Esas empresas hace años que batallan no sólo contra lo problemas de la macroeconomía, como cualquier empresa, sino también contra las decisiones de los políticos locales permeables de los lobbies, sobre todo cuando se trata de sectores tan poderosos como el petrolero, que quiere recuperar esa porción del mercado que ocupan los combustibles de origen vegetal. En ese caso, define la ley, el valor debe ser fijado mes a mes por la Secretaría de Energía.

Fue permeable el gobierno de Mauricio Macri que pisó los precios de estos productos y lo es también esta nueva gestión de Alberto Fernández, que desde que asumió determinó un solo incremento en octubre pasado que resultó ser muy bajo frente a la suba de los costos de producción, en especial los granos.

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En el sector productor de biocombustibles hay temor de que ahora se los deje a la deriva y que esto afecte la economía de provincias como Tucumán, Salta o Jujuy, done están radicados los ingenios.

Hace poco el senado votó la prórroga de la ley marco de 2006, que vence a inicios del año que viene. Pero en Diputados la cuestión viene más complicada porque su tratamiento no figura en el temario del martes 29, última sesión del año.

Martínez dijo que si no se renueva la ley “puede ser un punto de inflexión para la actividad” que en los 80 vio que duraba un suspiro el plan del gobierno de Raúl Alfonsín que promovía el consumo de alconafta y que tras su caída generó una debacle en el sector azucarero, porque comenzó a sobrar azúcar.

El temor de los ingenios y de los cañeros es que si la cámara de Diputados no aprueba la prórroga vuelva a haber un exceso de azúcar en el país que derrumbe los precios lo que afectaría a los precios y al resultado económico de toda la cadena azucarera.

“Hay 580 mil toneladas de azúcar que no se van a convertir en etanol y eso es el equivalente al consumo de 5 o 6 meses en la Argentina. Sería una catástrofe porque lo que se exporta nunca es rentable. Se exportan excedentes, normalmente el 10 a 15% y queda el 80% con precio más o menos sostenible”.

Fernández agregó que “la industria sucroalcoholera en Tucumán, donde hay 1,4 millón de habitantes, genera 60 mil puestos de trabajo directos y más de 200 mil indirectos sobre una población de 1,4 millón de habitantes. Esto puede ser muy grave, si los diputados no toman conciencia puede ser un caos total”, advirtió.

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