La entrada Presiones políticas y cerrojo informativo en el Ministerio de Agricultura para favorecer con una matrícula especial a una cooperativa de faena ligada con el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.
El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.
La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.
Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.
Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.
Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.
Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.
Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.
Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.
Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.
Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.
Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.
Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.
“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.
De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.
Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.
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]]>La entrada Movete chiquita movete: Hace nueve meses la ex ONCCA tiene retenidas más de 40 mil toneladas de soja y trigo malográndose en los silos de Vicentín se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por haber pasado algunos meses en 2020 las oficinas de Vicentin en Reconquista, cuando el gobierno nacional todavía soñaba con expropiarla, Zarich debería conocer la importancia que tiene para esa empresa la planta aceitera de San Lorenzo, su mayor activo. En rigor, el trabajo allí a fazón para otras compañías es el que ha permitido hasta ahora que la crisis de Vicentín no se convirtiera en una tragedia social, con cientos de trabajadores despedidos.
Zarich, entonces, debería saber que tan crucial resulta para la supervivencia de Vicentin el disponer de las instalaciones de esa planta. Y sin embargo, el nuevo director de control comercial agropecuario del Ministerio de Agricultura desoye desde hace rato las súplicas de esa empresa para que se resuelva qué hacer con unas 43 mil toneladas de soja y maíz que están interdictadas desde enero de 2021 por decisión de la propia ex ONCCA. Para tener dimensión de los volúmenes, esa cantidad de granos alcanzaría para llenas las bodegas de un barco.
Ya se dijo: en la historia reciente de la ex ONCCA hubo dos gestiones muy diferentes. Frente a la crisis financiera de Vicentín, la de Marcelo Rossi el 13 de enero envió una inspección a San Lorenzo, porque en ese momento se sospechaba de maniobras dudosas por parte de la firma Díaz & Forti, que había alquilado la planta y había sido suspendida del RUCA (Registro de Operadores de la Cadena Agroaslimentaria) luego de que el Banco Central denunciara que debía liquidaciones por cerca de 400 millones de dólares.
Fue ese operativo realizado por el personal del Ministerio de Agricultura el que detectó que en el lugar había 15.150.787 kilos de trigo pan y de 28.705.270 kilos de soja depositadas en la planta, y que supuestamente pertenecían a la suspendida Díaz & Forti. Aunque en el caso de las casi 29 mil toneladas de soja (a los valores actuales representan más de 900 millones de pesos) Vicentín informó que esos granos habían sido cedidos por Diaz y Forti a favor de la empresa Extrugreen SA dos días antes, el 11 de enero.
Ante la duda, el personal de la ex ONCCA decidió interdictar la mercadería hasta que las cosas pudieran ser aclaradas. Y bien que así lo hizo, porque hasta una pequeña invertigación de Bichos de Campo alcanzaba para confirmar en aquel momento que la mencionada Extrugreen no era más que una empresa controlada del mismo grupo Díaz & Forti. Una pantalla.
Así las cosas, estas casi 43 mil toneladas de trigo y soja quedaron almacenadas en los silos de la aceitera de San Lorenzo a la espera de una definición que nunca llegó. Al menos no hasta ahora. La empresa Díaz & Forti se presentó en concurso preventivo a principios de frebrero y el junio pasado el Banco Central volvió a reclamar nuevas liquidaciones pendientes por 70 millones de dólares de la mencionada Extrugreen SA, que llegó a operar unos pocas semanas.
En marzo, hay que ubicarse, se produjo el recambio de autoridades en la ex ONCCA. Para ese momento el gobierno de Alberto Fernández se aprestaba a intervenir el mercado de la carne (esto sucedió en mayo) y necesitaba de ese organismo para trabar las exportaciones por vía de los renacidos ROE o permisos de exportación (ahora se llamarían Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes). Como Rossi se oponía de plano a meter mano en el mercado y lo mismo sucedía con el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, el ministro Luis Basterra dispuso sus reemplazos por Zarich y por el ex dirigente agrario Jorge Solmi, respectivamente.
Como se dijo, a pesar de haber pasado por la intervención de Vicentin y no ignorar el asunto, el flamante director de Control Comercio Agropecuario nunca resolvió el expediente de las 43 mil toenladas interdictadas en la planta de San Lorenzo por el personal de ese organismo.
Esta indefinición motivó que el 13 de julio pasado, la empresa Vicentin SAIC le reclamara por carta documento una definición. Todavía no se sabe de quién son los granos, pero algo es seguro: Vicentin sigue siendo dueña de las instalaciones y las necesita.
imageDesde entonces, al menos una vez por semana, las autoridades de la concursada Vicentin hacen el mismo pedido a la ex ONCCA: que resuelva qué hacer con dichos granos, que se están malogrando con el paso del tiempo y que ocupan silos que la empresa necesita para ceder a otras cerealeras que han comenzado a trabajar allí a fazón (como Viterra, ACA o Molinos Agro) y le permiten seguir respirando mientras se tramita el concurso de acreedores.
“Solicitamos a la autoridad ministerial que autorice el traslado de estos granos a otro acopio a elección de la eventual sociedad propietaria (no se sabe si será Díaz & Forti o Extrugreen SA), previa cancelación de los cargos por almacenaje, fumigación, ectcétera… y con cargo de acondicionamiento y flete a cargo de los despositantes”, reclamó Vicentín en la carta documento dirigida a Zarich, quien debería saber que esta cuenta se engrosa día a día mientras él no resuelve nada.
Un juez rosarino embargó a Díaz & Forti y a sus directores por 3100 millones de dólares
La respuesta que obtuvo Vicentin en todos sus reclamos administrativos (que en cualquier momento se transforman en judiciales y nos van a salir un ojo de la cara a todos nosotros, los boludos) ha sido siempre que se remita al área de legales del Ministerio de Agricultura. Es lo que hizo Vicentín el 4 de agosto pasado, aunque tampoco obtuvo respuesta.
Se nota que Basterra está ocupado en promover la agroecología, que Solmi gasta sus horas en redactar el nuevo Plan Ganadero y que a Zarich no le queda tiempo, tan ocupado como está en bloquear las exportaciones de carne.
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]]>La entrada Marcelo Rossi, durísimo con el Plan Ganadero de Kulfas y Basterra: “El único plan que le conozco a esta gente en 15 años es el de haber cerrado las exportaciones en dos oportunidades” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La difusión del proyecto oficial para estimular la producción de carne fue hecha por el ministro de Producción, Matías Kulfas, quien entregó un borrador de 53 páginas a dirigentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), sin convocar a los representantes de la Mesa de Enlace. La propuesta se conoció en momentos en que el sector reclama que se levante de forma total el cepo a la exportación de carne bovina vigente desde mayo pasado.
“Leí las 53 páginas del documento y pienso esto: si desde las máximas instancias (en referecia al presidente Alberto Fernández) dicen que no creen en los planes de gobierno… ¿Por qué hay que creer en este Plan Ganadero? Sobre todo cuando ya lo anunciaron varias veces y nunca lo cumplieron”, dijo Rossi a Bichos de Campo.
“El único Plan Ganadero que le conozco a esta gente en 15 años es el de haber cerrado las exportaciones en dos oportunidades, con las consecuencias que todos ya conocemos: la pérdida de 12 millones de cabezas, baja del consumo, suba de precios, despidos, suspensiones, etcétera”, agregó el técnico, que en marzo pasado fue despedido de mal modo del Ministerio de Agricultura, donde había trabajado desde 2016 para reconstruir las funciones de control de la ex ONCCA. Ahora ese organismo tiene el triste papel de administrar justamente los nuevos cupos de exportación.
“A mi me echaron pero de todos modos me hubiera ido del cargo cuando me enterara que habían cerrado las exportaciones”, enfatizó Rossi.
Para Rossi, “lo más importante (en el nuevo plan ganadero) es lo que están omitiendo y no lo que están diciendo”.
También objetó un par de puntos del plan. “En el documento consta que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debe ocuparse de un ciclo 1, un ciclo 2 y un ciclo completo cuando según el decreto reglamentario 4238 de la ley de Carnes, eso corresponde al Senasa”.
“Hablan de trazabilidad y se la otorgan a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) cuando el proceso de trazabilidad y etiquetado obligatorio ya está presente desde el año 2007; y en tal caso, si quieren hacer algo individual, lo tendrían que hacer con elementos electrónicos, pero no lo dicen”, se quejó Rossi.
El ex director Nacional de Control Comercial Agropecuario se refirió también a la importancia del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) que reúne a todos los ministros de Agricultura de América. “Todos ellos, incluido el nuestro que estaba presente en ese momento, declararon a la ganadería vacuna como estratégica y prioritaria, y lo paradójico es que mientras eso ocurría, en Argentina cerrábamos las exportaciones de carne. Lo mismo que ocurrió en 2006 durante el mundial de fútbol en Alemania, que nos compraba el 82% de la cuota Hilton, cuando Néstor Kirchner anunciaba su suspensión”, recordó.
“Acerca de la reunión pasada del CAS, pienso que además de asistir nuestro ministro de Agricultura, Luis Basterra, debió haberse sumado el ministro de Producción, Matías Kulfas, porque evidentemente es su ámbito dentro del cual se toman las decisiones, ya que Agricultura acá no existe”, observó por otro lado el ex funcionario.
Otra queja de Rossi tiene que ver con que los ganaderos no fueron convocados a discutir sobre este plan de fomento a su actividad. “Pienso que sin intervención de los sujetos que son destino de las políticas a las cuales quieren destinar el plan, no tiene sentido todo esto”.
“No se puede hacer un plan desde un escritorio solamente. Realmente da la sensación que le dieron a cada uno parte de la partitura para escribir un poco al respecto. Esto es como tener un aeropuerto sin aviones o que el Estado te de un auto y no tengas nafta ni autopistas. Hasta hablan de hacer aljibes para que las familias tengan agua, pero eso es un tema social y no un tema ganadero”, protestó.
Según Rossi, este nuevo proyecto de Plan Ganadero expone “una contradicción de ellos mismos. Hablan de ineficiencia y de cambios en los hábitos de los consumidores para explicar el por qué de la caída de las existencias, cuando en realidad lo que condujo a esa caída fue el cierre de las exportaciones, el cual estamos viviendo en el país por segunda vez”, explicó.
Para dimensionar la pérdida de productividad de la ganadera argentina, Rossi argumentó: “En 1983 éramos 26,5 millones de habitantes y había 60 millones de cabezas, es decir que había 2,22 bovinos por cada habitante del país. Hoy esa relación no llega a 1,18 bovinos por cada habitante. En 1983 las expectativas en granos eran de 30 millones de toneladas y hoy hablamos de 150 millones de toneladas. Entiendan de este modo lo que ha crecido un tipo de producción y lo que ha caído otra como la de la carne”.
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]]>La entrada Marcelo Rossi criticó los “mataderos municipales” que quiere construir Kicillof: “La inocuidad alimentaria y el impacto ambiental se han ido de paseo con esta iniciativa” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En diálogo con Bichos de Campo, sin embargo, Rossi no criticó solamente estas medidas del gobierno nacional sino que cuestionó especialmente un anuncio reciente del bonaerense Axel Kicillof, quien la semana pasada lanzó desde Tandil un Plan de Desarrollo Rural en la provincia de Buenos Aires. Como parte de ese paquete de anuncios, dijo el gobernador que el Ministerio de Desarrollo Agrario plantea realizar una millonaria inversión para construir 16 mataderos municipales.
-¿Kicillof dijo que intentan “terminar con la falsa dicotomía entre la ruralidad y la industrialización”.
-Comparto el objetivo de terminar con la falsa dicotomía entre la ruralidad y la industrialización, así como la necesidad de estímulo e inversión del interior provincial. Pero veo una verdadera contradicción entre los dichos y los hechos. Por un lado afirman que la ganadería vacuna es una actividad clave de la agroindustria bonaerense. Entonces aparece como un despropósito hablar de estimular la actividad mientras paralelamente se prohíben o limitan las exportaciones, con las serias consecuencias que traerá aparejada esta decisión en materia de desempleo, desinversión, concentración, pérdida de recursos y de oportunidades históricas.
Kicillof promete mil millones de dólares blue hasta 2023 para un plan de Desarrollo Rural
-En particular, ¿por qué te molesta tanto la construcción de esos 16 mataderos en el interior de la provincia?
-Porque Buenos Aires posee más de 100 establecimientos faenadores y es responsable de más del 50% de la faena y de las exportaciones de carnes. En el orden nacional existen 500 mataderos y frigoríficos con una capacidad de faena superior a los 20 millones de cabezas, mientras faenamos 14 millones. Es decir que la capacidad ociosa de la industria frigorífica bonerense es muy elevado. En este escenario anuncian la construcción de 16 nuevos Mataderos Municipales.
-El argumento es que hay localidades que podrían autoabastecerse de carnes con estos mataderos…
-No hay localidad de la provincia que esté desabastecida de carne. Y si el argumento es un matadero para carniceros locales que pueden abastecerse normalmente, entonces que también construyan un panadería para los panaderos o una verdulería para los verduleros. Lisa y llanamente, y ante la emergencia sanitaria que vivimos, ese proyecto implica malgastar recursos que bien podrían destinarse a salarios de médicos y enfermeros.
-¿Pero debe el Estado involucrarse en la construcción de establecimientos industriales?
-Con los montos anunciados para la construcción de esos mataderos, en tres casos particulares, es imposible hacer frente a los costos necesarios para hacer una planta que cumpla la Ley en materia sanitaria. Es decir, separar la zona sucia o de noqueo y sangrado, de la intermedia o cuereado, y de la zona limpia. También deberían contra con sala de vísceras, separación de sangre, tratamiento de efluentes y capacidad de frío.
-¿Sugerís que estos mataderos municipales serán galpones con cuatro paredes sin la estructura mínima que requieren las normas sanitarias?
-Está más que claro, porque los recursos asignados no alcanzan para mucho más. No tener en cuenta estos antecedentes sería un retroceso a los orígenes del dictado de la Ley Federal de Carnes, que ya cumplió 53 años y que diera lugar a los cierres de esas viejas estructuras municipales, que mediante su obsolescencia daban lugar a competencia desleal e impicaban un riesgo para la salud pública.
-¿Entonces no estás de acuerdo con estos nuevos mataderos locales?
-Claramente no. Tal parece que la inocuidad alimentaria, el cuidado de la salud y el impacto ambiental se han ido de paseo con esta iniciativa, que sin duda terminará simplemente siendo un anuncio electoral.
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]]>La entrada El Banco Central reclama que liquide 70 millones de dólares una cerealera muy dudosa, que había sido identificada por Bichos de Campo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Durante diciembre pasado, este medio contó con lujo de detalles la historia de Díaz & Forti, la empresa del Grupo Olio que se hizo cargo de operar a fasón las dos plantas aceiteras de Vicentin SAIC hasta que el Ministerio de Agricultura, la Aduana y el Banco Central (BCRA) la impugnaron por diferentes razones. La última de ellas fue que no había liquidado las divisas correspondientes a exportaciones por cerca de 400 millones de dólares.
En esa historia tuvo un desempeño clave el ex titular de la ONCCA, Marcelo Rossi, un técnico de origen radical que sin embargo fue despedido en marzo por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sin explicar las razones. En su reemplazo se designó al contador Luciano Zarich, quien provenía justamente de la frustrada intervención y expropiación de Vicentín y que ahora administra el cierre de las exportaciones de carne a través de las DJEC.
Sobre el cierre de 2020, en el caso de Díaz & Forti, luego de una serie de impugnaciones y suspensiones la Justicia federal le dio la razón a Rossi y confirmó la suspensión de la empresa del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). Las fábricas de Vicentin comenzaron entonces a ser operadas por otra firma, la mencionada Extrugreen SA.
En aquel momento informamos que se trataba de un acopio ubicado en Arequito, la “capital nacional de la soja”. Uno de sus socios, Nelso Omar Barrau, estaba ligado desde sus orígenes a Los Reartes SA, la empresa madre del Grupo Olio, donde a la vez pertene Díaz & Forti. Por eso se sospechaba que Extrugreen SA era en realidad una pantalla del mismo grupo empresario para seguir operando.
Ahora, seis meses después y mediante la Comunicación “C” 90045, el Banco Central informó a las entidades financieras que “no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación” vinculadas a esa sospechosa firma.
La cerealera tiene pendiente de liquidar once operaciones de exportación de bienes desde el 22 de enero de 2021, por un monto de casi 70 millones de dólares, informaron fuentes oficiales.
Según esta disposición, la firma de Arequito solo podrá acceder al mercado para liquidar las divisas pendientes que adeuda saldar. Además Extrugreen sigue suspendida del RUCA, por lo que no puede realizar ventas al exterior.
C90045
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]]>La entrada ¿De demonios a ángeles? Las cooperativas de la carne quieren ser parte de la solución a la suba de los precios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ellos prefieren llamarse “frigoríficos recuperados” y ahora han conformado un bloque que quiere ser parte de la negociación con el gobierno para frenar los aumentos de precios de la carne y a la vez recuperar el sendero exportador, interrumpido por las últimas decisiones del gobierno.
Es lo que dijo a Bichos de Campo el presidente de la cooperativa de trabajo Frigocarne, de Máximo Paz, Miguel Saavedra. El dirigente, que participó del rescate de esa empresa a partir de 2004, anunció que en conjunto las cooperativas de la carne representan entre 5 a 7% del total de la faena de bovinos. Y que por lo tanto deberían estar sentadas en la mesa de negociación con el gobierno para elaborar un nuevo plan rector de la política de ganados y carnes.
“Queremos llevar nuestra visión, sin perjudicar a nadie ni criticar a nadie”, dijo Saavedra.
Mirá el reportaje con Miguel Saavedra:
En principio, estas cooperativas emitieron un documento donde, para tratar de seducir al gobierno a que los convoque, defienden el cierre de las exportaciones de carne, de modo temporal. “Nosotros creemos que las exportaciones de carne deben seguir, pero también debemos ver cómo hacemos para que nuestro pueblo pueda acceder a la carne argentina”, explicó Saavedra.
La Mesa de Trabajo de Frigoríficos Recuperados ha juntado varias cabezas para dar este debate. Según sus propios datos, agrupan cooperativos que reúnen a más de 1.400 trabajadores, que ciertamente no reciben aportes patronales sino que figuran como monotributistas.
Están allí la Cooperativa Unidos Ltda (Chaco); la Cooperativa Puerto Vilelas (Chaco), la Cooperativa la Unión (Chaco); la Cooperativa Ex Empleados Frigorífico La Lagunita (Mendoza), la Cooperativa El Zaiman (Misiones); la Cooperativa Torgelon “58” (Caba); la Cooperativa de Bragado (Buenos Aires); la cooperativa Subpga (Buenos Aires); la Cooperativa Frigocarne Máximo Paz (Buenos Aires); la Cooperativa Incob (Buenos Aires); la cooperativa Suitrab (Buenos Aires) y la cooperativa La Foresta (Buenos Aires).
No llegó a ser de la partida, porque no se pudo sostener, la cooperativa de trabajo que hasta hace un par de años mantenía funcionando el frigorífico Yaguané de La Matanza, que laguna vez fue la mayor planta de faena de América Latina.
Recuperar el Precio Popular de la Carne (1)En su escrito, estos fritgoríficos destacaron que “el aumento desmedido de la carne vacuna no solo tiene como variante la exportación, sino la complejidad de la cadena, que hay que equilibrar de punta a punta”.
En medio de este conflicto por el cierre de las exportaciones de carne, las cooperativas llamaron a “la reflexión de todos los eslabones de la cadena cárnica para garantizar la carne vacuna en la mesa de todas y todos los argentinos a un precio razonable para el conjunto de la población”.
Y destacaron la importancia de contar con una plan integral ganadero, la integración de la cadena cárnica, fortalecer el mercado interno de la cadena, reordenar democráticamente cuotas para la exportación de carne vacuna enfriada o congelado con o sin hueso y contar con el financiamiento para adecuar las plantas de consumo interno para la exportación.
Además plantearon que se realice la compra directa de la hacienda para la exportación sin que pase por el denominado Mercado de Liniers, para “transparentar el precio del consumo interno”.
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]]>La entrada El radicalismo advierte que las nuevas exigencias para exportar carnes podrían dar lugar a hechos de corrupción se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El comunicado de este sector de la oposición surgió luego de que el martes pasado, conocidas ambas resoluciones del Ministerio de Agricultura y del de Desarrollo Productivo, se realizara una jornada en la Fundación Alem destinada a analizar esta nueva ofensiva de las autoridades sobre el sector agropecuario, que ya provocó la reacción de la Mesa de Enlace. En esa ocasión expusieron el coordinador del área agropecuaria del partido Luis María Migliaro, el consultor Víctor Tonelli y el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ex ONCCA, Marcelo Rossi.
La Resolución 60 firmada por Luis Basterra, establece antojadizas exigencias para los exportadores de granos, carne vacuna y lácteos que no tengan planta. Los obliga, por ejemplo, a identificar a quién le van a vender y a qué precio hasta con un año de anticipación a cada negocio. Por otro lado, la Resolución 3/2021, firmada por e propio Basterra en conjunto con Matías Kulfas, establece la creación de un registro de Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC), que a todos en el sector recordó a los ROE que administraban en su momento Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, y que fueron eliminados por Cambiemos ni bien llegó al gobierno.
“Visto el impacto y consecuencias de las nuevas medidas tomada por el Gobierno Nacional, sobre las carnes y la exportación, desde la Unión Cívica Radical advertimos que sus contenidos solo aportaran complicación a todo el complejo agroindustrial, afectando inmediatamente a la producción ganadera, a los mercados de carnes y granos”, señaló el comunicado de los radicales, para quienes “se crea mayor burocracia y concentración, falta de continuidad e incoherencia con la política exterior del país”.
Luego de advertir que esa mayor burocracia, como ya sucedió en el pasado, podría degenerar en casos de corrupción, la UCR planteó que no se puede culpar de los niveles de pobreza reinantes en el país a la producción de carne y granos ni a la exportación de ambos productos. “Sabemos muy bien que son otros los motivos que la producen esta situación”, dijeron los radicales.
“Las medidas tomadas, como ya ocurrió, no solo no tendrán el impacto positivo sobre el asalariado sino que, además, afectarán la inversión, la producción, la productividad, la generación de saldos exportables y las divisas que imperiosamente requiere el frente externo de la economía”, evaluaron.
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]]>La entrada “Que lo pidan por escrito”: La respuesta de Marcelo Rossi que dejó en off side a las autoridades de Agricultura y podría haber desencadenado su despido se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Marcelo siempre manifestó a sus superiores que nunca se apartaría de las misiones y funciones del organismo, que son la de velar por la transparencia y libre concurrencia de los operadores en el mercado”, describió Migliaro en su texto. Así vinculó el despido -comunicado a Rossi el viernes a las 23,30 por un funcionario de segunda línea- con el rechazo de Rossi a cumplir ciertas órdenes que le llegaban de la máxima conducción política del Ministerio.
¿Qué órdenes?
“Comenzaron durante el 2020 desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, a lo que Marcelo se opuso en forma terminante. Pedían beneficiar a las cooperativas de trabajo creadas sobre frigoríficos cerrados, permitiéndoles comprar animales y vender carne”, explicó Migliaro (en la foto jutno a Rossi).
Reveló así la existencia de una presión política directa de la jefa de Gabinete del Ministerio, Diana Guillen, para que la ex ONCCA beneficie a una serie de cooperativas de trabajo que manejan frigoríficos, especialmente en el conurbano bonaerense.
El asunto es muy espinoso, aunque parezca muy romántico colaborar con este tipo de empresas recuperadas. La industria frigorífica organizada ha denunciado desde hace años una “competencia desleal”, ya que detrás de este tipo de cooperativas se esconderían grandes matarifes que operan en el mercado de la carne con todo tipo de ventajas, pues no pagan Ingresos Brutos ni Ganancias, ni pagan aportes patronales ni cargas sociales ni vacaciones a su personal, entre otras ventajas que corresponden a las cooperativas.
“En realidad pasan a ser instituciones que están manipuladas por capitalistas hampones de la carne (amigos del poder), que usufructúan esa figura y a los integrantes de las mismas, para realizar operaciones marginales”, confirmó Migliaro, mano derecha de Rossi en la ex ONCCA.
En agosto pasado, tanto Fifra como Cadif, dos cámaras del sector, pusieron el grito en el cielo por la ofensiva de ciertos sectores ligados al kirchnerismo para habilitar este tipo de cooperativas. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada trabajador de la carne debía tener un costo cercano a los 100 mil pesos. Pero las cooperativas pagaban mucho menos que eso. Y a veces, completaban los salarios de sus “socios” hasta con bolsas semanales de carne.
Según pudo reconstruir Bichos de Campo, Guillen -que llegó a Agricultura desde el Instituto Patria y responde directamente a Cristina Kirchner- reclamaba desde hace meses al ahora ex secretario de Agricultura Echazarreta que la Dirección Nacional comandada por Rossi modificara la Resolución 21/2017, que contiene el listado de actividades que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) para contar con una matrícula que las habilite.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
Allí, en el inciso 4.5, se define la figura del matarife abastecedor como “quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros”, pero también se deja expreso que, para evitar la competencia desleal, “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
Era esa la línea que Guillen pedía borrar de cuajo. Su principal interés radicaba en lograr la autorización como matarife abastecedor de una serie de cooperativas con lazos políticos con el oficialismo y sobre todo con intendentes poderosos del conurbano. Entre ellas figuraban La Foresta y también la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz.
Esa ultima firma figura en el RUCA habilitada para operar como matadero frigorífico y despostadero. Es decir que podía sacrificar hacienda de terceros y no propia, y luego trozarla para vender la carne. Pero lo que no puede hacer es operar con hacienda propia. Esto se hace para evitar algo que siempre sucede en el negocio de la carne: como las cooperativas no cuentan con capital propio, siempre aparece un “capitalista” que aporta el ganado, pero permanece oculto detrás de la máscara de la cooperativa. “Así se llenan de guita a costa de las cooperativas, como pasó siempre”, comentó una fuente que conoce el negocio.
“El argumento para no darnos la autorización básicamente es por ser una cooperativa, nosotros, al estar bajo el amparo de la Ley 20.337, estamos exentos del pago de Ganancias e Ingresos Brutos. Entonces el argumento histórico en contra de las cooperativas es por la competencia desleal. Nadie quiere tomar la decisión política de otorgarnos la inscripción”, se quejaban voceros de Frigocarne en junio pasado. Basterra y Guillen, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, parecían bancar esta posición.
La prohibición para que estas cooperativas de trabajo operaran como “matarife abastecedor” fue adoptada en 2017. En aquel momento, el gobierno de Cambiemos también recibió “presiones” de todo tipo para reabrirlas y Rossi también se opuso, según contó en aquel momento el presidente de otra cámara de la industria frigorífica, Miguel Schiariti, de CICCRA.
Con el cambio de signo político en el gobierno, Máximo Paz y el resto de las cooperativas venían reclamando recuperar ese salvoconducto especial. Una crónica de junio de 2020 da cuenta de que Rossi y su equipo habían rechazado ya ese pedido formal, ajustándose a la letra de la normativa vigente. Luego de eso comenzaron las presiones de la política.
Guillén comenzó a requerir directamente a Echazarreta que le diera la orden a Rossi y se modificara finalmente la Resolución 21. Para el kirchnerismo, la épica de las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas son parte central en el relato. La posibilidad de que haya evasión poco importa.
-Si quieren que hagamos esos cambios, que lo pidan por escrito- contestaba siempre Rossi cuando el secretario de Agricultura le trasladaba las presiones que recibía.
En efecto, nunca se originó un expediente para modificar la Resolución 21 ni hubo un pedido formal por escrito de parte de las autoridades políticas de la cartera que conduce Luis Basterra. Echazarreta, que proviene del movimiento cooperativo institucionalizado (fue gerente de ACA durante muchos años), siempre respaldó la posición del ex director de control comercial agropecuario de no apartarse una coma de la letra.
Peor frente a las visibles presiones, Rossi no se quedó quieto y mantuvo una serie de reuniones con Mario Cafiero -que falleció a fines del año pasado- y varios directores del INAES (Instituto Nacional de Economía Social), que tiene a su cargo la regulación de cooperativas y mutuales. En esas reuniones, propiciadas también por Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro que forma parte del directorio del INAES, se analizó el caso de las cooperativas de trabajo en el sector de la carne: Además de Máximo Paz y La Foresta, se analizaron los casos de las cooperativas SUBGA de Berazategui, y las de Suipacha y Bragado.
Según consta en una serie de actas que documentaron ese trabajo de fiscalización realizado por el INAES, en todos esos casos quedaron de manifiesto muchas irregularidades incluso en el proceso de conformación de dichas organizaciones de la economía social, que no presentaban sus balances, ni los libros de actas, ni el listado de socios ni toda otra documentación requerida para acceder a los beneficios previstos en la Ley 20.337, que generó el nuevo régimen para cooperativas.
Que no puedan operar con hacienda de terceros no impide en los hechos que esas cooperativas sigan trabajando ni resulta una amenaza para las fuentes de trabajo. En rigor, Máximo Paz faenó 145.793 cabezas en 2020, SUPBGA lo hizo con 169.201, La Foresta operó con 56.565 vacunos, la Cooperativa de Bragado sacrificó 15.123 animales y finalmente Suitrab de Suipacha mató 42.877 bovinos. Suman esas cinco cooperativas casi 430 mil cabezas, que equivalen a más del 3% de una faena total de 14,2 millones de animales. En total en el país hay 400 lugares de faena de bovinos.
“Los directores del INAES pudieron confirmar que lo que decíamos nosotros era cierto. En el sector agrícola hay 300 cooperativas que funcionan perfectamente y cumplen con todo lo que dice la ley. Pero en el sector de la carne pasa todo lo contrario y las cooperativas se suelen utilizar para evadir”, comentó una fuente de la ex ONCCA que participó de ese monitoreo.
Como el proceso de sanciones dentro del INAES es muy lento y las multas aplicables no llegan a los 6.000 pesos, la intención era firmar un convenio de cooperación entre ambos organismos, para poder suspender a esas cooperativas de trabajo del RUCA si se verificaba que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos para utilizar esa figura legal.
Eso sucedió en diciembre. El convenio no llegó a firmarse, Echazarreta fue reemplazado de su cargo por Jorge Solmi y Marcelo Rossi fue despedido de mal modo, pues se enteró por los medios el viernes casi a la medianoche. En su reemplazo, Basterra y Guillen colocaron a Luciano Zarich, un contador que fue nombrado subinterventor en el fallido intento de expropiar Vicentin y que ya había ocupado la dirección que se ocupa de administrar el RUCA hasta 2015.
En aquella época, según demostraron algunas investigaciones periodísticas, ese Registro era un colador en el cual se habilitaban empresas agrícolas muy dudosas, que luego terminaban recibiendo permisos de exportación (ROE) que luego traficaban en el mercado. También proliferaban las matrículas truchas que permitían a los matarifes operar sin problemas en el negocio de la carne.
En los próximos días sabremos cómo se comportará Zarich frente a las mismas presiones políticas que resistió Rossi y que posiblemente hayan sido uno de las razones de su intempestivo despido. Será fácil enterase siguiendo el derrotero de la famosa Resolución 21/2017.
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]]>La última trinchera es la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA). Es el área del Ministerio de Agricultura que los militantes kirchneristas que rodean a Basterra necesitaban conducir para ejecutar una política más áspera hacia los productores agropecuarios.
Lo que estamos viendo es que, frente a la radicalización del conflicto agrario que se viene -empujada por el Instituto Patria-, el ministro Basterra, su jefa de Gabinete Diana Guillén y una troupe de militantes mediocres avanzan sobre ese casillero creyendo que toman la Bastilla.
¿Por qué no habían podido avanzar en el primer año de gobierno? Porque ahí estaba Marcelo Rossi, un veterinario, funcionario de carrera -de origen en la UCR- que ya había mandado a cagar a Guillermo Moreno en 2007, cuando éste y Ricardo Echegaray decidieron avanzar sobre la ONCCA para hacer sus matufias. Cuando finalmente se apoderaron de ese organismo, comenzaron las compensaciones a sectores empresarios amigos y sobre todo el cierre de las exportaciones a través del ROE (Registros de Operaciones de Exportación).
Después del estropicio que hizo el kirchnerismo con la ex ONCCA (a punto de que Cristina tuvo que disolverla para tapar los curros en 2011), Rossi -que ya estaba jubilado-, fue convocado a reconstruirla en 2016 por el primer ministro de Cambiemos, el formoseño Ricardo Buryaile. Luego siguió Luis Miguel Etchevehere. Y llegó el nuevo gobierno…
Durante este primer año, ni Basterra ni Guillén se animaron a avanzar sobre esta última trinchera, la ningunearon. Pero era sabido que en cuanto pudiera, la estudiantina iba a tomar valor para lanzar este asalto. Rossi es éticamente intachable y eso es algo que los mediocres no toleran.
La ex ONCCA, que se reconstruyó en base a laburo conjunto de Rossi con el sector privado (molineros, frigoríficos, avícolas y toras ramas de la agroindustria que necesitaban ordenan sus propios sectores de la competencia desleal), dependía en la estructura del secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.
Echazarreta, que provino de las cooperativas y es un hombre del agro, actúo durante todos estos meses como filtro entre la ex ONCCA y los apetitos desmesurados de la estudiantina kirchnerista comandada por Basterra y Guillén. Ese espacio estaba a salvo con él en el cargo, pero anoche fue reemplazado por el ex directivo de la Federación Agraria, Jorge Solmi.
En las últimas semanas, bajo la presión de los militantes kirchneristas que llenaron casi todos los casilleros en el Ministerio, Echazarreta pidió a la ex ONCCA que actuara de garante de los acuerdos de precios. Ya había sido utilizada por el Banco Central como ariete contra las firmas que adeudaban su liquidación de divisas. Fue en el caso de Díaz & Forti, la cerealera que operaba las plantas de Vicentin, que debía liquidar cerca de 400 millones de dólares. Rossi actuó de modo intachable en ese caso y la justicia le dio la razón, confirmando la suspensión de dicha operadora.
Pero poner la ONCCA al servicio del control de precios era un límite peligroso, que el histórico funcionario no estaba dispuesto a jugar.
En esta materia, la estudiantina comandada por Basterra y Guillen ya había dado muestras de querer alinearse con el kirchnerismo más duro y la mejor prueba de eso fue el cierre sorpresivo de las exportaciones de maíz a fin de 2020. Echazarreta nunca estuvo de acuerdo y trabajó todo lo que pudo para revertir la medida. Finalmente fue lo que sucedió.
Pero aquel fue, para los militantes que se creen los nuevos dueños del Estado, solo un primer capítulo. En el horizonte inmediato, con los precios de los alimentos desatados, aparecen nuevas ofensivas de ese estilo y había que alistar la tropa. Por eso no solo le pidieron la renuncia a Echazarreta sino que también decidieron avanzar sobre la ex ONCCA.
¿Por qué es importante la ONCCA en esta lógica? Porque administra el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), donde deben estar habilitados todos los operadores de las diversas cadenas. ¿Se imaginan todo lo que puede hacer un kirchnerista militante con acceso a esa botonera?
Bueno, vencida la tenue resistencia de Echazarreta, allí ahora pusieron a un militante. Luciano Zarich manejó el RUCA en el anterior gobierno, cuando era habitual el tráfico de permisos de exportación (los ROE Verde) a manos de los amigos de Moreno, sobre todo de Íder Peretti.
Para poder exportar y obtener un ROE, las empresas truchas necesitaban estar habilitadas en el RUCA. Zarich afirma que no tiene nada que ver con esas maniobras delictivas. Puede ser, pero en todo caso él habilitó firmas recontra truchas sin ningún tipo de control. Ahora vuelve a ese puesto.
El de Josema Group es un caso concreto de cómo se manejaron las cosas que terminaron alimentando un circuito de corrupción.
En la rosca de la política agropecuaria, Zarich es un contador cercano a Gabriel Delgado y por eso fue designado subinterventor en la fallida experiencia de Vicentin. Pero quien más lo impulsa en este salto a al ONCCA es Carlos Milicevic, santacruceño y actual vicepresidente en el Senasa. Milicevic pertenecía al grupo que, junto a Javier De Urquiza y Carlos Cheppi, manejó la política agropecuaria entre 2006 y 2007. Fueron la antesala de la llegada de Moreno y Echegaray a aquel gobierno kirchnerista.
Así las cosas, a primera vista la caída de los dos últimos románticos de Agricultura es una pésima señal y coloca a la ex ONCCA al servicio de una militancia política que por ahora parece inocua, pero que ya ha dado muestras de lo que puede hacer o dejar hacer.
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]]>La decisión emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 echa por tierra el recurso de amparo que había obtenido Díaz & Forti del mismo juzgado el 18 de diciembre, y que le había permitido recuperar su matrícula ante el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). El juez Enrique Regueira revisó su decisión a partir de un informe presentado por Agricultura el 22 de diciembre. Allí se confirmaron las irregularidades atribuidas al grupo empresario.
Por eso la justicia volvió a reclamar su inhabilitación.
“El Juzgado interviniente, con fecha 28 de diciembre 2020, dictó formal sentencia que, en lo que aquí importa, rechazó la medida cautelar pretendida”, informó el departamento de asuntos jurídicos del Ministerio de Agricultura. De inmediato, la matrícula de Díaz & Forti volvió a ser dada de baja.
Esta es la tercera vez que la ex ONCCA, a cargo de Marcelo Rossi, da de baja la matrícula de este operador clave para el futuro de las plantas aceiteras de Vicentin, las que maneja desde abril pasado gracias a un contrato de fasón. La primera vez, el 20 de noviembre, se le imputaron presuntas irregularidades vinculadas a sus operaciones de exportación de soja con otros operadores, Cofco y Renova, por un total de 57.691 toneladas que habrían sido declaradas como subproductos pero se habrían exportado sin procesar, como poroto, tributando así menos retenciones. Esa sanción fue levantada a los pocos días, en la medida en que la firma fue presentando su descargo.
Pero a partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores de la ex ONCCA fue requerir información adicional de otros organismos. La respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”, informó esa entidad, dando pie a una segunda suspensión de inmediato, a principios de diciembre.
Esa fue la exclusión del RUCA que primero la justicia ordenó dar marcha atrás, pero que ahora ratifica rechazando la medida cautelar, y luego de haber tomado nota de los argumentos oficiales.
Luego de quince días supendida, Díaz&Forti podrá volver a operar gracias a un recurso de amparo
“Importa destacar que en el marco de su informe la demandada (por el Ministerio de Agricultura) afirmó -acompañando asimismo la debida documentación respaldatoria-, que la baja de la firma actora del RUCA es consecuencia de la sanción que emitió el BCRA”, explicó ahora el juez Regueira, al revertir su decisión inicial de conceder el amparo a la cerealera.
“En dichas actuaciones se determinó que el exportador ha desplegado conductas en presunta vulneración del régimen vigente en los términos de la Ley 19.359 Art. 1º incisos: e) y f)”, se amplió. Se trata del Régimen Penal Cambiario.
Desde el vamos, el CEO del Grupo Olio, Fernando Jurado, atribuyó a una “mano negra” la decisión oficial, insinuando que a muchos operadores del mercado de granos le resultaba provechosa la suspensión de Díaz & Forti y el consecuente cese de sus actividades en las plantas aceiteras de Vicentin en San Lornezo y Ricardone. El cerealera del grupoi Olio tiene intereses comerciales además sobre el puerto Barranqueras, en el Chaco.
“El día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), envía tres notas del Banco Central (BCRA). Ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, denunciaba entonces Jurado en una entrevista con Bichos de Campo. El ejecutivo, de todos modos, no desmintió la demora en ingresar las divisas que reclamaba el BCRA. En todo caso, solo atinó a decir que eran cifras algo menores.
Ahora la justicia avaló la actuación de Rossi, que en ambos casos actuó con la misma celeridad en la ejecución de la suspensión de la matrícula frente a posibles irregularidades.
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