En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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De ese “affaire” que duró quince días, fue muy mediatizado, y terminó con un fallo judicial ordenando restituir el predio a sus dueños verificados, asegurando el derecho a la propiedad, ahora el gobierno de Alberto Fernández quiere salir de un modo más elegante. Cierto es que el líder del MTE no tiene ligazón formal con el gobierno, pero no se puede disimular la simpatía de muchos funcionarios con sus causas y hasta con sus métodos. Por eso a Alberto no le quedó más remedio que sentar una posición dura, como cuando desistió de la expropiación. Primero desalentó la toma de una estancia como la que protagonizó la gente de Grabois, en compañía con Dolores Etchevehere. Después marcó una nueva agenda para la situación: “Quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan”, dijo este martes el Presidente.

Esta frase presidencial no hizo más que visibilizar y bendecir una agenda que está pendiente desde hace varios meses y a la cual el peronismo no le ha dado mucha bolilla hasta el momento. Ahora el gobierno se ve obligado a apurarla, un poco para borrar la macana que se mandó Grabois al forzar las leyes, y otro poco para cumplir con otros sectores aliados, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o el Movimiento Arraigo.

Bichos de Campo informó oportunamente del plan oficial para destinar tierras fiscales a la formación de nuevas colonias “agroecológicas”. El “gabinete de tierras” se armó en julio pasado, pero desde allí no ha habido avances concretos.

El gobierno tomó el guante de una reforma agraria light y armó un “gabinete de tierras”

Las declaraciones de Alberto respecto de que ahora sí se desea alentar este proceso se produjeron justamente en una reunión organizada en el marco de los equipos técnicos del PJ, bien lejos de los movimientos sociales como el de Grabois. Allí tuvo la participación del senador provincial bonaerense Francisco “Paco” Durañona, referente del Movimiento Arraigo. Esa agrupación es una de las que desde el peronismo impulsa la creación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires de un nuevo plan para crear colonias rurales sobre predios pertenecientes al Estado. Según el presidente, “sobran las tierras fiscales”, aunque todavía no se conoce un relevamiento exacto sobre ellas.

Sí @alferdez tenés razón!
Hace años proponemos #ProcrearRural y #ColoniasAgroecológicas para acceder a tierras y abastecer de alimentos sanos. Hace poco presentamos Proy ley con @CECILIAMOREAU en congreso nacional y con @pacoduranona en provincia Bs As.#MasColoniasMenosHambre pic.twitter.com/1PcOX9NxuE

— Unión de Trabajadorxs de la Tierra (@uttnacional) November 11, 2020

Tomando distancia del MTE Rural de Grabois, la UTT que dirige Nahuel Levaggi -el presidente del Mercado Central de Buenos Aires- aprovechó las declaraciones presidenciales para recordar que esa agrupación de pequeños productores, en especial horticultores de los conurbanos, ya presentó en tres ocasiones un proyecto de ley para crear una suerte de plan Procrear para el agro. Es decir un plan que permita a los productores sin tierra acceder a un crédito blando y a largo plazo, para llegar al sueño del lote propio y poder construir allí una vivienda y mejoras, como invernaderos. Ese proyecto de ley perdió estado parlamentario ya dos veces y volvió a ser presentado justo cuando le Proyecto Artigas intentaba montar una colonia agroecológica en la estancia de los Etchevehere.

“Hace más de 10 años desde la UTT estamos acumulando experiencia con la propuesta de las colonias agroecológicas y podemos dimensionar una importante producción hortícola de gran impacto en la provisión de alimentos frescos para los mercados próximos”, expresó Agustín Suárez, vocero de la organización, que el jueves 12 inaugurará una nueva colonia “de abastecimiento urbano” en tierras cedidas por la Municipalidad de Castelli, en Laguna Almirón (a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera) cercana a la Ruta 2, en el interior de la provincia de Buenos Aires.

No son los del Movimiento Arraigo y los de la UTT los únicos sectores del amplio abanico oficialista que proponen planes de acceso a la tierra. También existe un proyecto de ley que ingresó al Congreso Nacional que promueve una “Marcha al Campo”. Se imaginan el traslado de gente de las grandes ciudades a colonias agropecuarias bien planificadas, con todos los servicios y con asesoramiento del INTA y las provincias. En ese caso, se plantea utilizar tierras fiscales, pero siempre cedidas a los beneficiarios en comodato de largo plazo, para que luego no devenga todo en un negocio inmobiliario.

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Como sea, el reconocimiento del presidente de que algo debe hacerse en este asunto no solo activó la discusión sobre estos planes sino también las declaraciones de otros funcionarios públicos, que hasta ahora hablaban poco y nada del asunto, considerado medio tabú por parte de la política.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, es uno de esos funcionarios. Consideró que el proyecto de la UTT para el acceso a la tierra para agricultores familiares a través de créditos blandos “tiene un abordaje innovador”, ya que calificó el asunto como una de las problemáticas principales del sector que “hoy se disputa el recurso suelo con la inversión inmobiliaria”.

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