¿Qué propone el proyecto de ley? Regular todo aquello que haga al registro e inscripción de semillas, cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, procesamiento, comercialización y cualquier otra etapa o actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis. Salvo, claro, para fines recreativos.

Para ello se creará la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que deberá controlar y emitir las autorizaciones administrativas correspondientes para la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.

Esa agencia trabajaría en coordinación con los ministerios de de Salud, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANMAT, el SENASA, el INASE, el INTA, el INTI, la AFIP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y los demás organismos públicos con competencia específica en la materia como las universidades.

La iniciativa se financiara con las tasas de control y fiscalización de los sujetos autorizados, con partidas del presupuesto nacional, con los ingresos por emisión de licencias de importación o exportación, y por multas por incumplimiento entre otras.

Durante el debate los senadores retomaron lo dicho por Matías Kulfas en las reuniones informativas previas: “Esta ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo”.

Avanza en el Congreso el proyecto para regular el cáñamo industrial: “Los cálculos nos permiten proyectar la creación de 10.000 puestos de trabajo”, aseguró Kulfas

En este sentido, el titular de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá dijo: “Esta producción tiene cualidades ambientales importantes. Tiene una alta resistencia de adaptabilidad y mejora la estructura del suelo. El cultivo tiene huella negativa de carbono porque tiene capacidad de extraer contaminantes del suelo y no demanda la utilización de herbicidas. El cáñamo siempre fue legal en el mundo y lo fue en Argentina Lo que estamos sacando es esa prohibición que había impuesto la dictadura militar”.

Para reivindicar la llegada de este cultivo al país, las senadoras Silvia Giacoppo y Anabel Fernández Sagasti recordaron el impulso que Manuel Belgrano quiso darle al cáñamo en Argentina.

“Belgrano en 1795 redactó un texto en el que exponía las utilidades del cáñamo y el lino, una especie de manual de instrucciones que hizo el prócer sobre el desarrollo de estas plantas. Claramente había visto el desarrollo y el potencial de estas plantas en Europa, donde habían servido estas plantas para exterminar la pobreza. Con esta ley estamos haciendo honor a un gran pensador”, dijo Fernández Sagasti.

De la vereda de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck argumentó que la marihuana es “mucho más dañina que el alcohol y que se trata de una droga de inicio”. Hay que aclarar que aunque la planta es la misma, la variedad de cáñamo industrial no tiene los componentes psicoactivos que  tiene su prima hermana, la que se fuma.

Laura Rodríguez Machado, desde Córdoba, consideró que las prioridades deberían ser otras. “Nos prohíben la producción de carne, nos liquidan la generación de biocombustibles, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley que desarrolle el cultivo de cannabis, que va a controlar el ejecutivo nacional que nos prohíbe todas las otras cosas. No lo vamos a aceptar”.

El proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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“Es un mercado global emergente y una ventana de oportunidad. Argentina tiene la potencialidad para el desarrollo. Los cálculos conservadores y cautelosos nos permiten proyectar, en tres años, la creación de 10.000 puestos de trabajo. Podemos tener una década de crecimiento del sector”, señaló Kulfas en el encuentro.

Argentina ya cuenta con la Ley 27.350, que regula  la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Sin embargo, esta puso límites muy estrictos a las investigaciones relacionadas al sector productivo.

En el año 2000 la producción de cannabis en el mundo era de una tonelada por año. Actualmente ronda las 500 toneladas y se estima que seguirá creciendo de manera exponencial.

Las fibras del cáñamo pueden ser utilizadas en la industria para innumerables producciones: textiles, elementos de construcción, papel, cartón, refuerzos para el concreto y moldeado de autopartes, combustibles, productos cosméticos y distintos suplementos para la alimentación, entre otros.

Según la cartera de Producción, para el año 2025 se proyecta que esa nueva industria podría generar 500 millones de dólares anuales en ventas al mercado interno y otros 50 millones de exportaciones.

El proyecto de ley, que fue presentado por primera vez en el marco del Consejo Económico y Social, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, además de estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

También prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y del Cannabis Medicinal, ente que sería el encargado de regular y fiscalizar toda la tarea productiva del cannabis y el cáñamo. El organismo funcionará dentro de Desarrollo Productivo y será integrado por representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Seguridad.

“Planteamos legalizar su producción y excluirla de estupefacientes. Corresponde incorporar al marco de la ley para garantizar que la actividad esté regulada y pueda acceder al financiamiento”, indicó Kulfas y aclaró que se trabajara con una variedad de cannabis específica que tiene baja concentración de THC, es decir el componente que hace que la planta sea psicoactiva.

“Es una industria que genera encadenamientos productivos de alto valor agregado. Hay más de 200 bienes y servicios relacionados a la cadena. Es una industria que se puede desarrollar de manera desconcentrada porque hay espacio para todos”, aseguró el ministro.

El próximo viernes se realizará una nueva reunión informativa y se estima que el proyecto podría estar listo para ser dictaminado la próxima semana.

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Hay cerca 33 plantas de biodiésel en Argentina que ven un futuro negro por delante. Las hya muy grandes, pero también muy chicas. Uno de esos casos es el de la planta de Marcelo Rossini, ubicada en Piamonte, Santa Fe. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que mis 30 empleados no queden en la calle, pero no podemos trabajar 15 días y parar otros dos meses”, dijo el empresario en diálogo con Bichos de Campo.

Rossini comentó que su empresa viene mal desde 2018, cuando se enfrentaron a la primera devaluación en el país. Luego, con el advenimiento de la segunda devaluación luego de las elecciones Paso de 2019 y con la disparada de tasas de interés, se vieron obligados a pedir concurso preventivo para poder darle solución a su complicada situación financiera, dado que se les dificultó afrontar los costos crecientes de la materia prima con que trabajan para elaborar el biodiésel, que es el aceite de soja. Y que cotiza en dólares.

“Ahora que la soja llegó a 600 dólares, el aceite de soja vale mas de 900 dólares la tonelada, y para  pymes como la nuestra es imposible costearlo, no nos dan los costos y esto nos pasa hace mucho tiempo”, explicó el empresario.

Rossini comentó que el aceite de soja esta expresado en dólares y las petroleras a ellos les pagan en pesos el biocombustible para el corte obligatorio del 10% del gasoil. “Esto siempre fue así, pero ante una adversidad o devaluación del 40% la empresa entra en ruinas. Cualquier pyme pierde dinero con el actual costo de la materia prima. Hoy no sabemos cómo sostener los puestos de trabajo”, manifestó.

La firma de Rossini, Energías Renovables Argentinas SA (ERA), además de fabricar biodiésel tiene otras unidades de negocio tales como la distribución mayorista de combustible, la operación de tres estaciones de servicios, lubricantes y agro productos. Eso le permite aliviar algo las cosas.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

Rossini destacó la ayuda que le brindan tanto la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) como la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y los proveedores de aceite de la zona a los que les compran. “Todos ellos nos ayudaron muchísimo, sobre todo Sergio Bernardi, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (CIDEP). Tanto a él como a otros extrusores de la zona les compramos el aceite de soja y no tengo palabras de agradecimiento con ellos”, expresó.

¿Por dónde pasaría una posible solución? Rossini declaró: “Más allá de que estallamos en el gobierno anterior de Macri, creo que no hay que ponerle nombre y apellido a ningún gobierno como responsable directo. Hoy nadie tiene en cuenta a la materia prima nuestra que es el aceite de soja. Por eso yo creo que tenemos que tener una ley tiene que esté atada al costo del aceite y luego debemos sentarnos entre todos para buscarle la vuelta, petroleras, cámaras de biocombustibles y políticos”.

Para Rossini hay una evidente falta de entendimiento entre las partes que deben tomar las decisiones. “Hay que poner reglas de juego claras. Quizás, pienso, una solución sería darles impuestos diferenciales a las petroleras de modo tal de incentivarlas a que nos compren el biodiésel para cortar sus naftas. Pero esta situación tiene que terminar. Es una locura trabajar 15 días y parar dos meses. Estamos todos desanimados, hasta los empleados. Necesitamos que se llegue a un número que nos cierre a todos”, enunció.

En cuanto a la errática publicación de los precios del biodiésel, que deben ser fijados por el propio Estado, Rossini recordó que hubo valores fijados a inicios de 2021, lo que les permitió trabajar durante el primer trimestre, pero con la posterior suba del aceite perdieron rentabilidad y tuvieron que parar nuevamente la producción.

ERA comenzó a operar en el año 2011 y da trabajo a unas 30 personas de modo directo y a otras tantas de modo indirecto, mas las empresas de transporte que contratan para que les haga llegar el aceite de extrusadoras de la zona cercanas a su planta.

Hasta el 15 de abril de este año en Rossini pudieron entregar biodiésel a las petroleras. “Por tonelada nos pagaban aproximadamente 900 dólares, pero en ese momento el aceite valía menos, estaba algo de 700 dólares, entonces había una relación. Ahora el aceite subió y esto nos deja fuera de margen”, resumió.

“Esto no es en contra de ningún actor puntual sino que involucra a muchas personas. Hay que dejar de discutir en torno a partidos políticos. Es muy importante aplicar una política de promoción de los biocombustibles”, concluyó Rossini.

Desde el sector piden un debate amplio y un tratamiento que remarque la importancia de los biocombustibles para el desarrollo de las economías regionales, pero ahora no reina más que la incertidumbre porque desde hace tiempo que no se respetan los precios ya fijados ni los cupos.

Hay una veintena de iniciativas acumuladas en el Congreso que están frenadas. A su vez, para sumar más incertidumbre, desde el oficialismo impulsan un proyecto de ley que propone cambiar el esquema actual, bajando los porcentajes de corte de biodiésel con gasoil del 10% a un rango ubicado entre el 5% y el 3%, según lo disponga la Secretaría de Energía, mientras que el corte obligatorio de bioetanol elaborado con caña de azúcar con nafta se mantiene en un 12% pero podría pasar al 6% según lo decida Energía.

Si se aprobara ese proyecto del Gobierno, muchos empresarios piensan que la industria bioenergética entraría en decadencia. Lo más probables es que Rossini forme parte de ese proceso. Su localidad, Piamonte, tiene menos de 4.000 habitantes que de seguro la extrañarían.

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