Para Gallinger, las entidades rurales son las que más atienden las problemáticas del agro. “Somos los que vivimos, trabajamos y dormimos en el campo”, afirmó la precandidata a Bichos de Campo. Pero, aún así, el poder dentro del Congreso es casi nulo y la posibilidad de modificar leyes existentes de ese lugar es casi imposible.

“Tranqueras adentro lo que hacemos con el productor es aplicar la mayor tecnología, lograr que esté acompañado por profesionales y que su producción rinda cada vez más. Pero cuando ves que el Estado no te acompaña en esos procesos, con cosas básicas como la infraestructura, la conectividad, los caminos, se nos impide llegar al potencial que queremos”, aseguró Gallinger.

Mirá la entrevista completa acá:

-¿Considerás que falta representación de este tipo de cuestiones en el Congreso? Aún teniendo diputados agro de Entre Ríos como Atilio Benedetti. –le preguntamos.

-Puede ser que se toquen en el Congreso, pero no desde la misma mirada. Los ocho que integramos esa lista estamos orgullosos de ser entrerrianos. Nacimos aquí, nos hemos criado aquí, nuestra familia sigue acá. Todo ese proceso hace que tengamos una mirada más acertada que la de un informe. Se pueden estar tomando decisiones, pero no desde esa mirada de contacto continuo con la realidad rural.

-¿Considerás que eso es lo que te llevo a integrar esta lista?

-Sí. Creo que la política es un servicio. Hay que dejar de quejarse, es momento de estar en estos posicionamientos políticos. Tenemos un equipo muy interesante de productores pequeños que vivimos en el campo. En la Legislatura podemos cambiar muchas cosas.

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-¿De conseguir un lugar en la Cámara baja, ¿qué estará al tope de su agenda de trabajo?

–El arraigo rural. Muchas veces está en el discurso y después no te dicen como lo harán. Hay que hablar y trabajar sobre el arraigo rural de las familias y los jóvenes. Hay cuestiones que se deben aportar como tener líneas de créditos para que los padres puedan darle una casa a sus hijos. En cuanto a las escuelas rurales, los contenidos están pero no tienen las herramientas para acceder a ellos y no hay ninguna ley para que eso se cumpla.

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“Había un accidente y vos llamabas a los bomberos y les explicabas dónde estabas pero nunca llegaba nadie. Que cada establecimiento tenga un número identificatorio es como las casas que tienen calle con nombre y número”, contó a Bichos de Campo Mariela Gallinger, dirigente de Federación Agraria y Coordinadora el área Campo Ciudad de la Municipalidad de Crespo.

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A partir de los censos realizados en 2013 y 2018, las autoridades locales, junto a la extensión rural del INTA de Crespo, efectuaron un relevamiento de 700 establecimientos activos y elaboraron un mapeo donde georreferenciaron a cada uno de ellos.

Todos los datos volcados en el proyecto, que son confidenciales y a los que sólo tienen acceso la Policía, Defensa Civil y los hospitales y ambulancias, se tradujeron en números de placa que cada productor colocó en la tranquera de su establecimiento.

“Un vecino vio humear una tapera, llamó a los bomberos y llegaron tan rápido que evitaron que se queme un trigal. La georreferencialidad le dio seguridad al productor y a la familia rural. Se sintieron contenidos y tenidos en cuenta”, aseguró Gallinger y agregó que esta iniciativa de desarrollo territorial también sirvió para desalentar el vandalismo rural.

En este sentido, Ricardo Decarli, jefe de la agencia local del INTA, dijo a Bichos de Campo que permanentemente se hacen diagnósticos de las necesidades tanto productivas como sociales presentes en la zona, de manera tal de buscar formular soluciones para resolver problemas.

En 2021 se realizará un nuevo censo para actualizar datos a los que se les añadirán la capacidad productiva de cada campo y se distinguirán los distintos tipos de producción.

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Con esta sentida descripción comienza una carta que los directivos de la Sociedad Rural de Nogoya le enviaron al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamando soluciones imperiosas por el mal estado de los caminos rurales en toda la provincia y en especial en ese distrito.

Allí, cuentan los productores, “hace unos 20 o 30 años atrás contábamos con varios ripios en los caminos troncales, que hoy han desaparecido; con puentes Bailey que fueron colocados provisoriamente y hoy se caen a pedazos; con  alcantarillas rotas o tapadas que hacen que el agua circule por la calle, socavándola”.

Los ruralistas de Nogoyá le remarcaron a Bordet que la Dirección Provincial de Vialidad  no hace su tarea a pesar de que el gobernador “prometió, destine el 30% del impuesto inmobiliario” que recauda del sector a esa repartición. “No sabemos a qué destina los recursos que dice invertir, porque en los caminos estamos seguros que no”, ironizaron con tristeza.

“Los caminos no se arreglarán nunca desde una oficina administrativa y quiénes los transitamos diariamente lo sabemos muy bien. Lo saben nuestros vehículos cuando no resisten más el traqueteo y se rompen. Lo saben los camioneros cuando se quedan encajados. Los muchachos de la trilla cuando no pueden pasar por falta de puentes. Las maestras y enfermeras cuando intentan llegar a sus lugares de trabajo. Los oficiales de las fuerzas de seguridad lo tienen más que claro cuando intentan cuidarnos o impedir alguna desgracia”. Así enumera la entidad rural a los sectores abandonados por la desidia oficial.

La sociedad rural enrolada a FARER y CRA reclamó directamente a Bordet que “disuelva completamente la Dirección de Vialidad de la Provincia. de Entre Ríos, por haber demostrado ser incapaces de desempeñar las tareas para las que fueron convocados, y de este modo poder crear un organismo serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados y comprometidos con su trabajo”.

En el mismo sentido se pronuncio Mariela Gallinger, titular de la delegación de la Federación Agraria de Crespo. “Vialidad Provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia. Es hora de madurar: Los ciudadanos tenemos la necesidad imperiosa de contar con dirigentes y gobernantes que estén preparados y comprometidos con la sociedad”, afirmó.

Gallinger recordó que “las versiones sobre nombramientos, designaciones y aumentos de sueldos en la DPV, conocidas en las últimas semanas, fueron la gota que rebalsó el vaso. Vialidad Provincial no está cumpliendo hace ya muchos años, sin embargo, significa una carga importante para el gasto público de la provincia. Mientras tanto el sector rural en su conjunto no recibe el servicio que debería”.

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La noticia tiene algunas cosas que son ciertas y otras no lo son tanto, pues están cargadas de subjetividades. El título, en este contexto, parece destinado a forzar una sobreactuación que permita al nuevo gobierno ponerse en el lugar de víctima aún antes de asumir. Y antes de elevar la presión tributaria sobre el sector por vía de un aumento de los derechos de exportación, que hoy están en 25% para la soja y entre 4 y 7% para el resto de los productos de la canasta agroexportadora.

Lo cierto es que este sábado se realizó en Córdoba la reunión fundacional de un nuevo grupo llamado “Campo + Ciudad”, que no tiene en sus filas a los dirigentes agropecuarios más ligados con el macrismo sino que más bien está formado por grupos de los llamados “productores autoconvocados” que comenzaron a reunirse (especialmente en la rotonda de acceso a Crespo, en Entre Ríos), los fines de semana después de la victoria peronista en las PASO y luego movilizaron durante la marcha del 19 de octubre a favor de Mauricio Macri.

La mayoría de estos productores reniega del rol actual de la Mesa de Enlace, por lo cual mal pueden estar representando a todo el sector rural. Tampoco son tantos: en el plenario de Córdoba participaron “casi cien personas provenientes de la provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Una falsedad es que estos productores estén llamando abiertamente a una protesta ni bien asuma el gobierno de Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre.

Bichos de Campo llamó a una de sus principales promotoras, la presidenta de la filial Crespo de Federación Agraria, Mariela Gallinger, quien viajó a Córdoba con otros cuatro productores entrerrianos (foto), para preguntarle si en la reunión se habló de la posibilidad concreta de cortar rutas o algo por el estilo.La dirigente contestó que no descartaría esa posibilidad pero siempre en el caso de que el nuevo Gobierno vuelva a aplicar políticas intervencionistas como las que desencadenaron en el conflicto histórico de 2008, como las retenciones móviles o el cierre de las exportaciones de carne o trigo.

Escuchá las declaraciones de Mariela Gallinger:

“En la reunión no se mencionó cortar las rutas en ningún momento, por lo menos en esta reunión. Lo que si (propiciamos es) estar al costado de las rutas con nuestros tractores o nuestra presencia, que es el símbolo de que el campo está de pie, no tranqueras adentro. Tener los tractores al costado, eso sí es un símbolo que nosotros vamos a mantener. Todo depende de lo que se le ocurra hacer, si volver es dañar a los productores, veremos. Pero depende de la actitud que ellos tengan, que puede ser de contención, de entendimiento, de diálogo, de consenso, esos tractores se pueden volver al campo”, aclaró Gallinger.

El documento que surgió de la reunión de Córdoba tampoco tiene un tono belicoso sino todo lo contrario. “Entre los temas abordados, se destaca la necesidad de fortalecer el vínculo entre los productores agropecuarios y el resto de la sociedad, combatiendo la desinformación y la demonización alentada desde algunos sectores políticos”, afirma el comunicado de prensa de Campo + Ciudad, conocido horas antes de la tapa de Tiempo Argentino.

El bloque de productores rebeldes con sus entidades tradicionales informó que en la reunón “también se propuso una agenda de temas relevantes para incentivar a las economías regionales”, que incluye la continuidad del Plan Belgrano, la concreción del corredor bioceánico, la creación de valor agregado en origen, y la creación de hidrovías y zonas francas que permitan disminuir los costos logísticos.

“Se señaló la importancia de establecer un diálogo con Cancillería para que la conservación y apertura de mercados de exportación tenga el estatus de política de Estado. Es fundamental sostener el Mercosur y avanzar en el tratado de libre comercio entre éste y la Unión Europea”, sugirieron estos productores de cara a la relación con el nuevo gobierno de Alberto.

Por supuesto, como cualquier otro sector de productores, hubo en Córdoba una rechifla generalizada contra la posibilidad de que se decida una suba de las retenciones. En este punto, dice el comunicado, “el consenso fue total: los integrantes de Campo + Ciudad se oponen enérgicamente al sistema de retenciones, sea directo o “encubierto”, como el desdoblamiento del tipo de cambio u otras medidas distorsivas”. En el mismo sentido, se reclamó que disminuya la presión fiscal sobre el sector, ya que se verificó que cuando eso se decidió “permitió una mayor inversión en tecnología y un aumento de la producción (con el consiguiente impacto en la recaudación y en el empleo)”.

“Aumentar las retenciones no sólo perjudicará a los productores agropecuarios, sino a las millones de familias que se benefician, directa o indirectamente, de la actividad”, dijeron desde este sector de autoconvocados, cuyo lema es tratar de ser “guardianes de la República”.

Ningún término parece más inofensivo que ese: guardianes de la república. O más peligroso, dependiendo de cómo sea utilizado.

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Lo que debía votar la instancia más alta de la justicia entrerriana era si mantenía o no las nuevas restricciones que un camarista había impuesto a pedido de una ONG ambientalista y del gremio docente de la provincia, y que dejaba virtualmente fuera de producción (al menos de la manera convencional) unas 300 mil hectáreas ce campos en la provincia.

Finalmente, la corte suprema votó y ratificó la vigencia del Decreto 2239/19, que había emitido en agosto el gobernador Gustavo Bordet como modo de zanjar esta controversia, que ya lleva varios meses y ha recorrido varias instancias judiciales. En ese decreto, el gobierno de Entre Ríos estableció que las aplicaciones en torno a escuelas rurales se podrían realizar -bajo ciertas normas de control- en un radio de 100 metros, cuando el método sea terrestre.

Minutos antes de conocerse el fallo, los díscolos productores de la Federación Agraria filial Crespo, que fueron los convocantes a la protesta de la semana pasada, habían pedido audienciaon el presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, quien les pidió disculpas por las demoras en el fallo laudatorio que reclamaban los chacareros.

“Los tiempos en la producción se terminaron, no hay más espera. El daño ocasionado es impensado, estar en la incertidumbre es la peor situación porque no nos permite planificar, ni salvar los cultivos y tampoco producir. Es una vergüenza nacional que hasta hoy no esté resuelto este problema”, había advertido antes Mariela Gallinger, presidenta de esa filial de FAA, que amenazaba con cortar la Rura 12. Por fortuna, al poco rato se conoció el nuevo fallo.

En este nuevo veredicto la Suprema Corte entrerriana le ordenó al Poder Ejecutivo provincial que corrija el lugar desde donde se contabilizan las distancias: en vez de contar desde el casco de las escuelas deberá hacerlo desde el límite de los establecimientos educativos. Además exhortó al Poder Legislativo de Entre Ríos a tomar intervención y dictar una legislación definitiva en esta materia.

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