La entrada ¿Qué fue lo que se quitó de la Ley Agroexportadora para reducir su impacto potencial a una quinta parte? Pregunten a las automotrices se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Primero los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y hasta la propia Cristina Kirchner -enemistada históricamente con el sector- tomaron con entusiasmo esa alternativa y prometieron apoyarla. Pero después el Poder Ejecutivo generó comisiones técnicas para analizar los alcances y más adelante decidió cajonear la iniciativa durante largos meses. El tiempo de espera recién terminó cuando el sopapo electoral de las PASO convenció a las autoridades de que era hora de mostrar gestión.
El jueves por la noche se encontraron Alberto y Cristina después de aquella resonante derrota, que desencadenó una crisis en el gobierno. Allí, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se apropió de la iniciativa y sin siquiera agradecer el aporte del CAA, dijo que su origen se remontaba a PEA (Plan estratégico Agropecuario) que había impulsado tanto él como Cristina en 2010, durante su primer paso por la cartera agropecuaria.
Domínguez, además, repitió que con la sanción del llamado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” se iban a poder elevar las exportaciones argentinas a 100.000 millones de dólares y crear 700 mil nuevos puestos de trabajo, como decía el CAA en sus planteos originales.
Pero en el mismo momento en que Domínguez realizaba tan ampulosos anuncios, el Consejo Agroindustrial distribuía un estudio en el que acotaba muchísimos los objetivos que se había planteado inicialmente. Ya no era llevar las exportaciones a 100 mil millones de dólares sino simplemente elevarlas en unos 7.000 millones de aquí a 2026 (la quinta parte de la proyección inicial). Y en materia de creación de empleo, ya no se hablaba de 700 mil puestos nuevos sino apenas de 150 mil.
¿Qué sucedió para que el famoso Plan Agroexportador haya quedado reducido a una mínima expresión de lo que era? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió entre el texto del proyecto de ley original y éste que ahora firmó el Presidente para enviar al Congreso?
Salta a la vista, que los objetivos a los que apunta la ley se redujeron de un año al otro -y tras atravesar el filtro oficial- a la quinta parte de lo que eran en los orígenes de esta discusión.
El documento del Consejo Agroindustrial celebraba (porque mejor es poco que nada) los beneficios para nuevas inversiones destinadas a exportar una mayor cantidad de bienes, para generar más divisas y crear nuevos trabajos. Esta es la lista de beneficios previstos en el proyecto: 
¿Y qué fue lo que se quitó del anteproyecto original que elevó el CAA a las autoridades? Pues algo que el mismo gobierno acaba de anunciar este viernes, pero para la industria automotriz.
Para ese sector fabril, que suele ser mimado por todos los gobiernos, el Poder Ejecutivo anunció la eliminación de las retenciones para las “exportaciones incrementales”. ¿Qué quiere decir? Que durante 2022 las empresas que fabrican autos (en buena medida con partes importadas) continuarán tributando las alícuotas actuales de derechos de exportación hasta un monto equivalente a las ventas externas de 2020. Pero que todo lo que exceda esa cifra quedará a salvo del temible tributo aduanero.
La medida a favor de las automotrices fue presentada por los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dos de los funcionarios que inicialmente habían dado su visto bueno a la propuesta del Consejo Agroindustrial, pero que luego comenzaron a meterle hacha para podarla y dejarla convertida en una mínima expresión de lo que era.
Lo que la Ley Agroindustria proponía era justamente eso, que si el agro lograba incrementar sus niveles de exportaciones durante la vigencia de la nueva ley, las retenciones a la exportación (que son mucho más elevadas que las que pagan los autos) s fueran reduciendo paulatinamente.
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]]>La entrada El gobierno elimina las retenciones a las exportaciones de servicios: Buen momento para reflexionar sobre el poder de daño del Estado se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero el anuncio es solamente un fotograma de una película mucho más compleja que, en buena hora, podemos repasar en el presente artículo para entender el enorme poder de daño que tienen las malas políticas económicas.
A diferencia de los bienes, que no tienen “escapatoria”, el cobro de los servicios pueden relocalizarse con cierta facilidad, de manera tal que, si en un país un proveedor con un cliente en el exterior percibe que el Estado se está quedando de manera indebida con parte del fruto de su trabajo, entonces dejar de percibir sus ingresos en esa jurisdicción para solicitar que los pagos recibidos se transfieran bajo otra modalidad.
Durante la primera década del presente siglo Argentina había iniciado el camino para convertirse en un gran exportador de servicios. Y no es algo extraño porque tenía –sigue teniendo aún– un importante sector de la población muy bien capacitado para vender al mundo servicios de programación, informática, blockchain, diseño, publicidad, asesoramiento legal, contable y un largo etcétera.
Pero en 2011, con el descalabro económico generado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se introdujo un cepo cambiario, que no es otra cosa que una “retención cambiaria” para los exportadores. El resultado: una abrupta caída de los ingresos de divisas, tal como puede verse en el siguiente gráfico con datos del Banco Central (BCRA) correspondientes a los ingresos generados por las exportaciones de servicios empresariales, profesionales y técnicos.
Con la llegada al poder de Mauricio Macri, quien unificó el tipo de cambio y, por lo tanto, dejó de cobrar “retenciones cambiarias”, las exportaciones argentinas de servicios volvieron a experimentar un período de esplendor. Pero no duró mucho.
Hacia fines de 2017 los encargados de la gestión económica comenzaron a “pisar” el tipo de cambio con la intención de contener las presiones inflacionarias, lo que implicaba que, por cada dólar generado, los exportadores de servicios no estaban recibiendo la cantidad de pesos correspondiente. Los ingresos de divisas comenzaron a caer.
Hacia fines de 2018 se presentó un hecho inédito: el gobierno anunció la implementación de un derecho de exportación de 4,0 pesos por dólar exportado por los servicios, algo que en ese momento era equivalente a una alícuota del orden del 12%. ¿Y qué creen que sucedió? Siguieron cayendo las divisas ingresadas por ese concepto.
Hacia fines de 2019, en los últimos meses de su mandato, Macri decidió liberar el tipo de cambio reprimido artificialmente y, cuando el dólar comenzó a reflejar su verdadero valor, las exportaciones declaradas en la jurisdicción argentina se reactivaron. Pero, nuevamente, el fenómeno duró poco.
Durante 2020 la alícuota del derecho de exportación sobre servicios se redujo al 5,0%, mientras que a fines de ese año, al reglamentarse la Ley de Economía del Conocimiento, se estableció que a partir de 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. Ahora se determinó que a partir del 1 de enero de 2022, tanto inscriptos como no inscriptos en dicho régimen no abonarán es impuesto.
Eso ayudó a que se recuperen los ingresos de divisas por exportaciones de servicios, pero los números siguen muy lejos del potencial, porque el Estado, al introducir un nuevo cepo cambiario a fines de 2019, cuya magnitud fue creciendo mes tras mes, volvió a desincentivar el registro local de operaciones de ventas externas de servicios.
Moraleja: no es posible incrementar el ingreso de divisas generado por exportaciones de servicios con derechos de exportación ni tampoco con “retenciones cambiarias”.
Los proveedores de servicios, quienes, después de todo, son parte de la “economía del conocimiento”, tienen los conocimientos necesarios para hacerle ¡olé! al Estado cuando éste quiere rapiñar parte de sus ingresos.
Los proveedores de bienes tienen otros mecanismos para defenderse, uno de los cuales es producir menos, con lo cual no debería llamar la atención que en los últimos dos años, a pesar de la enorme recuperación de los precios internacionales de los productos agroindustriales, el agro argentino haya destruido valor en lugar de crearlo. Para pensar.
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]]>La entrada La Mesa de Enlace pidió audiencia con el gabinete económico para saber si se respetará la palabra empeñada por Alberto se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Entre estos idas y vueltas, la Mesa de Enlace decidió patear la pelota para la cancha del gobierno y reclamó a los ministros que integran el gabinete económico una audiencia para aclarar los tantos. Si el gobierno devuelve la pelota, es que todavía quedan ánimos de conciliar y hay ganas de jugar el partido respetando las reglas. Pero si las autoridades se hacen los “opas” y patean el balón hacia afuera, otro será el cantar.
Los presidentes de CRA, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria, que ayer mismo habían deplorado cualquier intento de intervención sobre las exportaciones, en un nuevo comunciado solicitaron un pedido de audiencia en particular con el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el de Economía, Martín Guzmán. La idea es “tratar los anuncios referidos a restricciones, nuevos registros y permisos que serían impuestos a la exportación de carne vacuna”.
“Dado que la medida al momento de enviar esta nota no ha sido aún publicada en el Boletín Oficial, les pedimos de manera urgente una audiencia para poder dialogar acerca de las necesidades, motivaciones y alternativas sobre el tema, de manera previa a que se tome la decisión final”, señalaron los ruralistas en la nota enviada a los funcionarios.
En esta escalada, queda claro, la Mesa de Enlace eligió por ahora dejar fuera del pedido de audiencia al presidente Alberto Fernández, quien ya sufrió el desgaste de su figura en febrero pasado, cuando debió convocar de urgencia a los dirigentes del agro para aclarar el tenor de una serie de declaraciones que había hecho al diario Página/12 y que estaban vinculados al mismo tema que ahora: el aumento de precios de los alimentos. En aquella ocasión Alberto prometió a la Mesa de Enlace que no subirían las retenciones ni se aplicarían cupos a las exportaciones de productos agropecuarios.
“En los distintos encuentros que mantuvo la Comisión de Enlace con el Presidente de la República se les dijo que habría un diálogo proactivo y que no se volverían a utilizar los cierres, cupos y restricciones a las exportaciones”, recordaron los ruralistas. Por eso los dirigentes creen que no hace falta exponer de nuevo al presidente y por eso apuntaron a los ministros del e quipo económico. “Motiva -y urge- esta reunión el convencimiento de que de imponerse límites o cuotas a la exportación de carnes, los impactos serán desastrosos para toda la Nación”.
“Las estadísticas demuestran que entre 2006 y 2015, cuando estuvieron vigentes los llamados Registros de Operaciones de Exportación (ROE) -que fueron en rigor de verdad Permisos, cuotas y no solo un mero registro- el objetivo buscado fue bajar los precios internos de la carne. Pero ello, no ocurrió: entre enero de 2006 y diciembre de 2011 el precio de la carne subió 300%, mientras que la inflación del país en el mismo periodo (según INDEC e Inflación Verdadera), fue del 200%”, recordó la Mesa de Enlace.
Y se agregó: “A causa de estas restricciones se perdieron 10 millones de cabeza de ganado, con una caída de la producción del 18%. Se cerraron en esos años más de 100 plantas frigoríficas y se perdieron miles de empleos. Y más aún, no solo no se cumplió el objetivo de precio, sino que tampoco se logró mantener el consumo, que cayó un 10%”.
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]]>La entrada Argentina insólita: El principal sector generador de divisas fue excluido del nuevo “Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Bichos de Campo había adelantado la semana pasada que el Ministerio de Agricultura había quedado afuera de la nueva iniciativa, que será gestionada por los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Martín Guzmán (Economía).
Hoy miércoles se publicó el decreto 234/2021 que implementa el “régimen de fomento”, en el cual se aclara expresamente que el mismo no comprende las exportaciones de trigo; pellets, harina, gluten y almidón de trigo; maíz convencional y pisingallo; harina, pellets, preparaciones, almidón y aceite de maíz; poroto, harina, aceite y proteínas de soja; biodiésel y glicerol. Esos rubros son, precisamente, los que generan el grueso de las divisas que ingresan a la economía argentina.
El régimen permite que los beneficiarios del mismo puedan emplear el 20% de las divisas obtenidas por exportaciones vinculadas al nuevo proyecto para ser destinadas “al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”.
Es decir: el 20% de las divisas quedará en manos de sus auténticos propietarios, mientras que el 80% restante deberá seguir sufriendo la extracción de las “retenciones cambiarias”.
Para ser beneficiario del régimen es necesario realizar una inversión directa por un monto del al menos 100 millones de dólares en los rubros foresto-industrial, minero, hidrocarburífero, industria manufacturera y agroindustrial, tanto en nuevas unidades de negocio como en la ampliación de las ya existentes.
Está claro que en el concepto de “agroindustrial” no están contempladas las actividades excluidas, sino aquellas que forman parte fundamentalmente de las denominadas economías regionales, tales como frigoríficos, industrias lácteas, fruticultura, miel, bodegas, etcétera.
Los proyectos, una vez aprobados, podrán gozar de estabilidad normativa en materia cambiaria por el término de quince años contados a partir de la fecha de la emisión de un “Certificado de Inversión para Exportación”.
Argentina Unitaria: ¿Quién gana y quién pierde con las retenciones cambiarias?
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]]>La entrada Tengo el corazón con agujeritos: El Ministerio de Agricultura quedó fuera de un programa de estímulo a las exportaciones lanzado por Kulfas y Guzmán se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según se informó oficialmente, el régimen prevé que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para llevar a cabo el proyecto. Ese 20% podrá destinarse al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes. Será una forma de escapar al corralito cambiario.
Incluso, “si los cobros de las exportaciones no se aplicaran inmediatamente a los usos previstos, los fondos podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas y/o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos”, precisó el Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas.
La iniciativa, que en los próximos días será plasmada en un decreto, busca “incrementar las exportaciones, crear empleo, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo y promover la sostenibilidad ambiental del país, de las provincias y las distintas regiones”, se explicó.
Muchos de estos objetivos coinciden con el contenido del proyecto de ley que el mimso equipo económico viene negociando con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un conglomerado de más de 60 entidades que propuso al gobierno un plan para favorecer las inversiones en el sector, mediante desgravaciones impositivas y un régimen de amortización acelerada del IVA.
Ese proyecto de ley, que se viene discutiendo hace seis meses, todavía no vio los tiempos de alumbramiento, a pesar de que el presidente Alberto Fernández lo mencionó en su discurso de principios de marzo ante la asamblea legislativa.
Mucho más expeditivo parece ser este atajo para que quienes hagan nuevas inversiones y logren exportar el producido de ellas no se vena condenados a ingresar todos sus dólares para canjearlos al valor oficial de poco más de 90 pesos, cuando el dólar en el mercado de acceso para todos cotiza mucho más cerca de los 145 pesos. Ajora se permitiría la utilización de parte de esos dólares, a valores más reales.
“Uno de los problemas centrales de nuestra economía es la escasez de dólares. Este fenómeno se explica por varios factores, entre los que se destacan nuestra estructura productiva, el bajo dinamismo de nuestras exportaciones y la dolarización de inversiones financieras”, explicó el ministro Kulfas, que reconoció que “las restricciones cambiarias permiten administrar la escasez de divisas pero generan trabas para la inversión extranjera o la inversión nacional financiada con crédito externo”.
“La creación de este régimen flexibiliza estas restricciones y permite viabilizar muchos proyectos de inversión actualmente en estudio”, aseguró Kulfas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, agregó que “Esta medida consiste en una adaptación del esquema de controles de capitales de modo de favorecer las inversiones en la economía real, mientras se siguen desalentando los movimientos de capitales de corto plazo y de tipos especulativos que generan inestabilidad cambiaria”.
El agro parece ser convidado a canalizar proyectos a través de este mecanismo. Al decir de Guzmán, “la medida que estamos anunciando va a implicar inversiones concretas de empresas que van a estar generando trabajo y producción en Argentina y aumentando la capacidad exportadora del país, en sectores como el minero, industrial, agroindustrial y energético”.
Lo curioso es que la autoridad de aplicación de este régimen, según se anunció, estará conformada por representantes de los Ministerios de Economía, del de Desarrollo Productivo, y del Banco Central de la República Argentina. Su titular, Miguel Pesca, participó del anuncio. Allí se estableció que un comité tripartito hará la evaluación técnica de los proyectos a fomentar.
Salta a la vista que quedó afuera la opinión técnica del Ministerio de Agricultura.
La cartera de Kulfas, hace rato, le viene “caminando” sectores que tradicionalmente eran administrados por la cartera de Agricultura, dejando muchas veces de lado a Luis Basterra. Desarrollo Productivo ha establecido una agenda de diálogo directo, a modo de ejemplo, con los productores de carnes, con el sector forestoindustrial, por el sector molinero, etcétera.
Este régimen de fomento que de algún modo copia la propuesta central del proyecto del CAA (a más exportaciones, más beneficios), “está previsto para inversiones de los sectores foresto industriales, agroindustriales, hidrocarburÍfero, minero y de industrias manufactureras, ya sea en nuevos proyectos o en aquellos existentes pero que busquen ampliar su capacidad productiva a fin de exportar”, se definió. Quedan afuera de esta disponibilidad de divisas las colocaciones financieras o la fusión o adquisición de empresas.
Pero no es para cualquiera sino solo para grandes inversores. “Podrán aspirar al beneficio -que tendrá una duración de 15 años- personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras que presenten un proyecto de inversión no menor a 100 millones de dólares, en caso de ser una nueva inversión y que aumenten en no menos del 30% la capacidad productiva del negocio en marcha”, se aclaró.
Es muy tierno, sobre todo para Agricultura, el modo en que finaliza el comunicado que formuló el anunció: “El Gabinete Económico está integrado por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y, además de Kulfas, Guzmán y Pesce, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco”. La foto difundida lo confirmaba.
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]]>La entrada La simplificación eterna: ¿Cuáles son los trámites que el gobierno se comprometió a facilitar frente al Consejo Agroindustrial? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Parecía un sueño, llegar a la meta, al final de un camino. Pero no. Parece ser que aquella “desburocratización” motorizada por Cambiemos no alcanzó, a tal punto que ahora -con la nueva gestión- el gobierno acaba de comprometerse con el sector privado a avanzar en una nueva agenda de “simplificación” de los trámites y procesos para poder exportar más y mejor. El Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) había presentado 48 propuestas en este sentido, y el equipo económico respondió que estaba dispuesto a avanzar en 38 de ellos.
¿Cuáles son?
Según un documento distribuido tras la última reunión del gobierno con el bloque agroexportador, tienen que ver con asuntos de competencia de la Aduana, la AFIP y el Senasa. Los más importante son los siguientes.
Matías Sara: ¿Cómo trabaja un ganadero en tiempos de “simplificación burocrática”?
Junto a Senasa, la Aduana es el sector del Estado que tiene una mayor cantidad de temas pendientes:
Operador Económico Autorizado (OEA): Se ha logrado la digitalización 100% del trámite, que se traducen en menores tiempos y costos para los operadores solicitantes y está previsto incorporar nuevas mejoras en la herramienta. La Aduana está revisando incorporaciones para el OEA seguridad y está analizando la norma por problemas en redacción detectados que necesitan ser clarificados.
Habilitación silos, celdas y tanques como depósitos fiscales en ámbitos portuarios: La RG AFIP N° 4352 establece expresamente esa posibilidad. Ahora se crea una Mesa de diálogo para involucrar al sector en la modificación de la misma, para que sea la propia norma la que lo resuelva y no que los particulares tengan que definir qué alternativa resulta apta bajo determinadas circunstancias.
Resolución General Aduana 722/96: El CAA remitió un análisis de la norma y una propuesta para luego conformar una mesa de diálogo al respecto. El tema se encuentra en estudio por la Aduana.
Zona Primaria aduanera puertos: Sin perjuicio de que la norma actual no presenta dificultades en su aplicación, se está haciendo un trabajo con diferentes áreas de la Aduana para tener una norma que regule detalladamente la habilitación de zonas primarias. El CAA elevará una propuesta concreta.
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Es una plataforma integrada de trámites de comercio exterior donde el objetivo es poder resolver los procesos de todos los organismos involucrados. Está prevista una mesa de diálogo para fines de enero sobre el plan de trabajo de integración de trámites de comercio exterior.
Demoras en los registros de los cumplidos de los Permisos de Embarques: La Aduana se encuentra trabajando en el desarrollo de cumplidos automáticos. Se continuará con el trabajo para tener una norma que regule detalladamente la habilitación de zonas primarias. Si bien existe coincidencia entre los equipos técnicos de que los promedios estadísticos de demoras son buenos, se conforma un canal permanente sobre tiempos de la operatoria y se estudian casos de aduanas puntuales que registran demoras.
Desarrollo en el SIM de las operaciones multimodales: Este tema fue resuelto mediante el registro en un Parte Electrónico de Novedades (PEN) del cambio de medio de carga. El CAA acuerda con la solución.
Impresión provisoria de la declaración Post embarque: Existe acuerdo con el CAA en la necesidad planteada, por lo que se empezó a desarrollar un sistema para resolver el tema. La fecha prevista para su instrumentación es en marzo de 2021.
Servicios extraordinarios de Aduana: Cuando un agente está afectado a la habilitación de servicios extraordinarios de más de un operador del comercio exterior, el valor hora se prorratea entre los distintos operadores, con lo cual no existe simultaneidad en el cobro. Se está modificando la notificación por SICNEA para que sea automática.
Solicitud rectificación automática de permisos de embarques: Actualmente se permite la modificación vía SITA (Sistema Informático de Trámites Aduanero) de esta información. En estudio algunas de las solicitudes, y se encuentra por definir una reunión específica sobre el tema en la tercera semana de diciembre.
Automatización vinculación facturas electrónicas con permisos de embarques: Se está desarrollando el reemplazo de la Multinota por un trámite SITA (Sistema Informático de Trámites Aduanero) “MUELA”. La fecha prevista para su instrumentación es marzo 2021.
Ingreso de un contenedor a la terminal portuaria: El tema se refiere a una instrucción que posibilite el ingreso de un contenedor a la terminal portuaria una vez vencido el cut-off físico asignado para su ingreso. La problemática requiere un análisis desde el punto de vista de control y operativo. Se convocará una mesa de trabajo con los diferentes actores involucrados.
Rectificaciones en los Permisos de Exportación en el SIM: Se solicitó por el CAA una instrucción que permita hacer rectificaciones en los Permisos de Exportación en el SIM, independientemente del vencimiento del cut-off documental de las navieras. Tema aún en tratamiento y análisis.
Respecto de la AFIP, la simplificación prometida abarca estos puntos:
Adecuación del sistema de Cuenta Corriente Aduanera de AFIP: La implementación del sistema implica merma de ingresos al fisco (aunque sea de única vez) y dificulta el tratamiento tributario de la Administración. Se encuentran bajo estudio algunos de los problemas específicos identificados con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles. En algunos de los casos puntualizados por el CAA, la actual cuenta corriente aduanera ya permite hacer lo solicitado. Se asume el compromiso de instrumentar una mesa de análisis específica sobre el tema.
Implementación carta de porte electrónica: Se desarrollará un sistema específico. AFIP tiene en programación la implementación de la carta de porte electrónica automotor como único documento válido para trasladar granos y semillas. La fecha prevista para su instrumentación es marzo 2021.
Apócrifos: Se avanzará en la detección temprana de las usinas de facturación apócrifa con la implementación de controles sistémicos, periódicos y permanentes, reforzando asimismo los controles para nuevos inscriptos.
Precios de transferencia: Se acordó la implementación de un espacio de diálogo, dado que se considera necesario facilitar la comunicación frente a la existencia de diferentes regímenes informativos asociados a las operaciones internacionales, que pueden generar dudas particulares para el sector.
Cecilia Vignau: ¿Cómo trabaja un productor de granos en tiempos de “simplificación burocrática”?
Finalmente, en el Senasa la agenda de temas es la que sigue:
Inspección de Bodegas: Se plantea homogeneizar criterios en el procedimiento para lo cual SENASA está desarrollando acciones sobre este tema. El 19 de noviembre se publicó la Resolución 861/2020 del SENASA que instaura de manera definitiva el “Plan Piloto”.
Uso de Agroquímicos prohibidos en otros países: Se comparte la preocupación y la necesidad de trabajo en el tema. Actualmente se está abordando con los sectores alcanzados por la situación de prohibiciones e impacto en las exportaciones.
Eliminar aviso de salida: El CAA solicita una desregulación respecto de este tema. SENASA procederá a analizar la solicitud a partir de la solicitud de más información.
Interfaz en CERTPOV para e-dox: El CAA solicita el desarrollo de interfaz de sistemas con el sector privado para la carga de certificados fitosanitarios. Los desarrollos se encuentran en curso en SENASA.
Certificado Sanitario para productos con destino “consumo animal”: Se solicita revisar procedimientos vigentes. Se solicita desde SENASA precisiones en cuanto a definición de productos o materias primas alcanzadas.
Unificación de criterios de emisión de documentos y cobros: El CAA solicita revisar procedimientos para la confección de certificados y cobro de aranceles. Desde SENASA se está trabajando en el desarrollo de sistemas sobre este tema.
Trámites urgentes: El CAA plantea un problema del procedimiento en el contexto de la pandemia (se paga el trámite urgente pero no se cumple con los tiempos). Desde SENASA se aclara que está prevista la devolución de pagos por servicios no cumplidos.
Firmas registradas de SENASA en Cancillería: El CAA solicita registro de firmas en Cancillería de los responsables de emisión de certificados de SENASA. Desde SENASA se indica que ya existe un procedimiento en funcionamiento que no reviste problemas. Se solicitan aclaraciones adicionales y se fijará reunión a partir de la recepción de la información.
Impresión de fitosanitarios en Oficina de SENASA Buenos Aires: Se pide revisión de procedimiento por algunas fallas ocurridas. Desde SENASA se indica que dicho procedimiento no puede automatizarse, pero hay compromiso de agilizarlo. Está prevista una reunión para la segunda semana de diciembre, para informar sobre el avance en la agilización del procedimiento.
E-phyto: Se solicita seguir trabajando en la emisión de certificados electrónicos para exportación. SENASA está de acuerdo y trabajando para continuar el avance del intercambio digital de certificados con otros países.
Sistemas, desarrollos integrales: Actualmente se está trabajando en SENASA en los ítems solicitados por el CAA. De las capacidades para los nuevos desarrollos dependen los tiempos de implementación, lo que será variable para cada una de las integralidades según asignación de prioridades. Se estima integrar SIGCER a TRACES NT de la UE en 8 meses.
RRHH profesionales en inocuidad: Se comparte la solicitud del CAA. Actualmente se trabaja en la identificación de prioridades críticas a fin de cubrir las necesidades identificadas. Prevista reunión para segunda semana de diciembre para información sobre el tema.
Certificación de exportación de productos lácteos: Se ha desarrollado en SENASA la autogestión de la solicitud de autorización de exportación de productos lácteos con impacto en la certificación, por vía sistema informático y su regionalización para descentralizarlo en oficinas cercanas a los establecimientos exportadores. Se inició el plan piloto en la tercera semana de noviembre de 2020.
Desarrollo de sistema de certificación para animales y material reproductivo: Este sistema solicitado (SIGCEA) simplifica y sistematiza la certificación de las exportaciones de animales y material reproductivo. Es similar a otros sistemas de certificación del organismo, adaptado a las particularidades que presentan los animales y el material genético.
Finalmente otras reparticiones se comprometen a:
Certificado de Origen no preferencial: El tema está en estudio. VUCE y Aduana se encuentran revisando inconsistencias con respecto a lo actuado por la gestión anterior en la simplificación del trámite. Se le solicitó una reunión al CAA para dialogar en específico sobre este certificado.
Certificado de Origen preferencial: Esta propuesta Implica una negociación de mediano/largo plazo que involucra a diferentes organismos y agencias del estado nacional de cara a sus contrapartes en terceros países.
Prefectura Nacional: El CAA propone un cambio de procedimiento para eliminar demoras del transporte marítimo. Esta problemática se estudia en el ámbito del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Transporte y Prefectura. Se coincide en la importancia de la navegación por ríos para transportar los productos hacia la exportación, siempre considerando factores de seguridad.
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]]>La entrada Se estiran los plazos: El Consejo Agroindustrial logra medidas del gobierno con tirabuzón y condicionadas a que no tengan costo fiscal se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Y entonces? Este miércoles se anunció, en la última reunión del año entre el CAA y el equipo económico, que una serie de trámites y escollos burocráticos para exportar podrían ser removidos en los próximos meses. De la larga lista que había presentado el sector privado identificando 48 problemáticas, en una primera instancia el gobierno decidió avanzar en 34 puntos y se comprometió a resolverlos en un corto a mediano plazo. Son trámites aduaneros, ante la AFIP, el Senasa y otros organismos, que complejizan la exportación.
El largo listado de cosas por hacer durante este verano pospandemia conformó el primero, y único, resultado de las gestiones del CAA ante las autoridades, que nuevamente este miércoles escucharon los planteos de la cadena agroindustrial con buena predisposición y palabras de comprensión, pero que a la hora de los bifes cedieron poco y nada.
Lo único que obtuvo el CAA ante del plazo de fin de 2020 que el mismo bloque se había fijado ha sido “una primera agenda de trabajo para la simplificación con el objetivo de facilitar y promover las exportaciones del complejo agroindustrial”. Nada más. Y habrá que verificar que avance.
Por lo pronto, parece ser una decisión avanzar. “Se acordó hacer públicas las problemáticas identificadas, los organismos responsables de las mismas y las fechas tentativas para alcanzar una solución, a fin de facilitar un mejor seguimiento de los distintos actores que participan en las operaciones del comercio exterior”.
Aquí podés descargar el listado completo de esas problemáticas: facilitacion y simplificación de exportaciones
Pese a los magros resultados obtenidos hasta aquí, el espacio formado por más de 60 entidades de la agroexportación, que es timoneado sobre todo por representantes de las cerealeras y de las bolsas, pero que integra además a varias entidades de productores, tuvieron que mostrarse satisfechos. Y es que el mejor resultado, según este análisis, es la posibilidad de dialogar en un clima de trabajo con el pleno del equipo económico. Martín Guzmán, el ministro de Economía, volvió a conducir los hilos de la reunión. Y prometió hacer todo lo posible para seguir profundizando una agenda de trabajo común que hasta hace pocos meses era impensada. La próxima reunión fue fijada para mediados de enero.
Por cierto, el comunicado oficial sobre la reunión realizada en el Palacio de Hacienda prometió más cosas a futuro, además de esta pobretona agenda para la simplificación. “Se confirmó con el sector la continuidad de la agenda de trabajo como espacio permanente en 2021”, reza el comunicado de la reunión, como si la posibilidad de diálogo fuera una concesión y no una obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Como sea, la idea es seguir con una ley agroindustrial, que contenga algunos incentivos impositivos para quienes inviertan e incorporen tecnologías agrícolas, como fertilizantes o bienes de capital.
“Se presentaron avances en la elaboración del borrador del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que se busca enviar al Congreso nacional al mismo tiempo que se remita el proyecto de programa plurianual para la estabilización económica sostenida”, sostuvo la información oficial. En criollo quiere decir que ya está casi listo el texto, pero que todo está subordinado a la negociación de Guzmán con el FMI, que todavía está abierta.
¿Qué tienen que aprobar los negociadores del Fondo? Pues deberán medir el impacto fiscal de las medidas comprendidas en dicha ley. Para endulzarlos, se aseguró cero costo fiscal sobre los ingresos actuales, pues la ley comprendería “tratamientos especiales vinculados en forma directa a las inversiones incrementales”. Es decir, goza de beneficios fiscales quien invierte y éstos no son retroactivos.
Además de Guzmán, participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; el presidente del BCRA, Miguel Pesce, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias; Hacienda, Raúl Rigo; entre otros funcionarios.
En representación del CAA estuvieron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idigoras; y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, entre otros dirigentes.
Fue Chemes quien, sin sacar los pies del plato, masculló la mayor cuota de frustración por los escasos avances en estas gestiones, a las que apostó desde el principio junto a sus pares de Federación Agraria y Coninagro, mientras la cuarta entidad de la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural, se autoexcluyó acasó apostando a este derrotero sin resultados. El titular de CRA fue enfático al reclamar a los ministros señales concretas y gestos que permitan recuperar la credibilidad de los productores, especialmente en materia de retenciones y la elevada presión fiscal.
Pero el 2020 ya fue. Veremos qué sucede al respecto en 2021.
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]]>Por eso dejamos que cada uno ponga la palabra que quiera en el título. Para los que ven el vaso lleno y confían en que de este amor saldrán consensos, y finalmente medidas concretas, ponemos a disposición la palabra “ilusión”. Para quienes descreen del gobierno y de sus intenciones, queda claro que se trata de una agonía, antes de la muerte definitiva de este proyecto de acercamiento entre la política y el principal sector productivo de la Argentina.
Por lo pronto, no hubo anuncios de ningún tipo (y mucho menos una baja de retenciones) en la publicitada reunión que mantuvieron este miércoles 4 los representantes del CAA con el plenario del equipo económico oficial. La síntesis de la reunión, en boca del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue que por ahora el trabajo a nivel técnico venía siendo fructífero, y que hoy se revisó esa agenda, con miras a seguir profundizando los puntos de acuerdo.
El propio Guzmán, en declaraciones realizadas al final de esa reunión, reconoció que detrás de estas reuniones el gobierno no tiene los mismos objetivos que las entidades que conforman el CAA, aunque puedan coincidir en algunos de ellos. Dijo que el objetivo de este trabajo “es enviar un proyecto de ley que potencie el desarrollo del sector, las inversiones y las exportaciones en general” y habló de ciertos consensos con el sector privado.
¿Cuáles son? Según el astuto posicionamiento dialéctico oficial, son tres. Avanzar en una “simplificación de la burocracia donde hay posibilidad de que los proceso sean mas eficientes” es uno de ellos. Pensar en medidas que otorguen “estabilidad de los beneficios para fomentar la inversión” es el segundo punto. Y hasta ahí no parece haber problema.
El tercer punto es el que amenaza tirar todo por tierra, porque es evidente que aquí no hay acuerdo. Mientras el agro se queja de una insoportable presión fiscal y pide rebajas concretas a ciertos sectores (por caso, las mencionadas economías regionales), el titular de Economía se hace el distraído al afirmar que también se acordó con el CAA “respetar la sostenibilidad” de las cuentas fiscales, pensando en “lograr incentivos que no impliquen una rebaja de la recaudación”.
¿Cómo se hace? Medio vivaracho el ministro de Economía, que acaba de resignar 400 millones de dólares de la recaudación por retenciones a la soja rebajando las alícuotas para los subproductos de la industria (básicamente diez empresas, la mayoría multinacionales), solo para obtener más liquidaciones de divisas. Se acuerda del costo fiscal solo cuando le conviene. Y frente a los más débiles.
Pero el chamuyo, ahhhh, el chamuyo. Y la posibilidad casi siempre negada de darle a los dirigentes del agro estar sentados hablando con los los principales resortes del poder ejecutivo. Además de Guzmán estaban Cecilia Todesca Bocco, Matias Kulfas, Mercedes Marcó del Pont; Luis Basterra; Jorge Neme, Miguel Pesce y otros funcionarios de importancia.
Que el CAA no comulga con ese supuesto acuerdo del que habla Guzmán de respetar la recaudación queda claro en la minuta que distribuyó a la prensa al finalizar la reunión. Allí, sin ningún gesto de amor concreto de parte de las autoridades, el bloque agroindustrial elogia los esfuerzos técnicos por acercar posiciones. Afirmó por caso que hubo una “dinámica positiva en todas las reuniones de trabajo” y elogió que “se realizaron 9 reuniones de trabajo en una semana”. Pero aclaró que “no se alcanzaron consensos por el corto plazo de tiempo”.
Desde la mirada del amplio abanico del sector privado representado en el Consejo, donde muchos esperaban algunos anuncios concretos para esta reunión, creen que es posible llegar a una serie de acuerdos en el corto plazo. ¿Pero adivinen qué? En muchos de ellos necesariamente el Estado debería resignar algo de recaudación. Como Guzmán dice que no van a hacer. Pero como ya hicieron con Cargill, AGD, Bunge y los chinos de Cofco.
Las propuestas de corto plazo del CAA son las siguientes:
GRUPO 1: PROYECTO DE LEY DE INVERSIONES AGROINDUSTRIALES
- Se avanzó en el intercambio de propuestas e ideas. Se trabajó sobre la forma de demostrar incrementalidad, así como la forma de trabajar el registro de inversiones a través de un formulario WEB de AFIP
- Acordar los criterios de incrementalidad
- Revisiones trianuales o de acuerdo a ciclo productivo para productos plurianuales
- Incluir en amortizaciones aceleradas a viviendas rurales y campamentos de personal temporario
- Mantener apoyo a organismos nacionales críticos.
- Trabajar sobre la redacción del anteproyecto de Ley de acuerdo a técnica legislativa
- Alcanzar proyecto consensuada en noviembre para remitir a fin de mes al Congreso
- Iniciar posteriormente el trabajo del decreto reglamentario con aportes del CAA mientras se trata en el Congreso
GRUPO 2: ECONOMIAS REGIONALES AGROINDUSTRIALES
- Se acordó avanzar en el corto plazo en medidas para sector lácteos y forestoindustria
- Se presentó propuesta de eliminación derechos de exportación y subas de reintegros para economías regionales
- La agenda incluye profundizar análisis y buscar definiciones sobre derechos de exportación y reintegros
- Lanzar encuentros por Ministerio de Trabajo sobre propuestas laborales analizando la actualización del mínimo no imponible para el pago de aportes patronales sobre los trabajadores de las económicas regionales y ampliando los códigos vigentes.
- Revisión de las líneas de financiación disponibles para empresas exportadoras, al respecto de: capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones.
- Revisión de las propuestas sobre temas energéticos, en pos de la promoción de exportaciones de las EERR, tal lo expresado por el espíritu de la Ley 27.541 (solidaridad y reactivación productiva)
GRUPO 3: CARNES
- Se presentó propuestas de baja de derechos y mejoras de reintegros (Planes A y B)
- Definir bajas de derechos en base a propuesta de corto plazo
- Avanzar en el análisis de las demás propuestas de revisión de derechos y reintegros
- Avanzar en el resto de la agenda del Grupo (informalidad, ley federal de carnes.etc.)
GRUPO 4: FACILITACION De EXPORTACIONES
- Se planteó la necesidad de trabajar en reuniones paralelas con AFIP, ADUANA, SENASA y PREFECTURA en base a la agenda
LANZAR MESA DE PESCA
- Se presentó una agenda de trabajo con foco en: Incremento de las exportaciones; fortalecimiento institucional; Costo Argentino; financiamiento; Logística y Puertos; Acceso a Mercados.
PLANTEAR MESA CULTIVOS PAMPEANOS
- Es importante trabajar sobre el tema derechos de exportación en las cadenas de granos pampeanos en base a propuestas innovadoras.
PLANTEAR MESA SOBRE LEY DE BIOCOMBUSTIBLES:
- Teniendo en cuenta que en el CAA están los sectores de la producción de biodiesel y bioetanol, y el gobierno está trabajando en un proyecto de ley, se propone articular una mesa para tratar el tema.
Por el lado privado en la reunión con el gobierno estuvieron Jorge Chemes, Dardo Chiesa, Luis Zubizarreta, Gustavo Idígoras, Patricia Calderón, Alfredo Paseyro y José Martins, que actúa como coordinador del CAA.
Seguramente algunos de ellos conserva algo de ilusión. Pero otros, casi seguro, ya paladean la agonía.
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]]>No tanto como la soja, pero todos los productores del agro pagan retenciones. Las economías regionales, que tienen una participación del 19% entre los productos originados en el campo, tienen alícuotas de un solo dígito. Y por eso sobre sus embarques totales por 7.400 millones de dólares tributaron solo 362 millones de dólares por retenciones en 2019, menos del 5% en el promedio. Hay de todo allí: frutas, hortalizas, arroz, tabaco, etcétera.
Esos 362 millones de dólares serían el “costo fiscal” que debe enfrentar el gobierno nacional si en la reunión proyectada con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para este miércoles 4, decide dar una prueba de amor a los productores y eliminar por completo las retenciones a las economías regionales. Martín Guzmán, ministro de Economía; y sus pares de Producción, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, ya han dicho que tienen intenciones de diseñar un programa agroexportador, porque la economía está desahuciada y requiere dólares. Pero hasta ahora no han pasado de palabras.
Uno de los reclamos del CAA a las autoridades económicas ha sido sobre la necesidad de reducir a 0% las retenciones a las economías regionales. El tributo -como se ve- no aporta tanto dinero a las arcas estatales, pero para muchas actividades productivas es una pesada carga, que les impide avanzar. Es mucho el daño que hacen esas retenciones al entramado productivo de varias provincias. Por eso se espera un gesto de amor: si se eliminan, sería todo una señal para seguir negociando.
Un análisis económico que preparó el CAA al que accedió Bichos de Campo y se presentó en una reunión interna este viernes hizo un cálculo afilado sobre cuál sería el costo fiscal que una medida así tendía en la recaudación. Las economías regionales más beneficiadas serían las frutícolas (con cerca de 50 millones de dólares) y la vitivinícola (con 40 millones de dólares). Pero también aparecen los lácteos y el girasol, que recuperarían cada uno más de 50 millones que hoy dejan en la Aduana. Hay un fuerte intento del CAA para que ambas cadenas comiencen a ser consideradas como economías regionales. De hecho lo son.
El Consejo Agroindustrial está convencido de que si se eliminan esos derechos de exportación, habrá un beneficio para todos a corto plazo, ya que los productores reaccionarán produciendo y exportando más, invirtiendo y creando empleo. La zanahoria para que las autoridades se decidan es que a 2023 las economías regionales podrían sumar unos 3.300 millones de dólares adicionales en exportaciones (más dólares para el Banco Central) , así como generar otros 271 mil empleos directos e indirectos. Eso se verá, pero por ahí va la apuesta de los privados. Por ahora no se sabe si los oficiales jugarán las fichas a esos mismos números.
El plan del CAA para las economías regionales es más ambiciosa que una simple corrección de las retenciones. También se reclaman una readecuación de los niveles de reintegros, una nueva actualización del mínimo no imponible para los aportes patronales, la simplificación de los trámites para recuperar el IVA, un régimen de amortización acelerada de inversiones, y una mejora de la operatividad de Aduana y el Senasa. También se piden cosas obvias como mayor financiamiento, mejoras en la logística y la conectividad, una reducción de los costos en energía, etcétera.
La mayor aspiración de las economías regionales -que en buen número se han nucleado en el CAA con expectativas de que este bloque pueda perforar la resistencia del Estado a ceder recursos al sector privado-, es que el gobierno asuma un costo total de unos 600 millones de dólares para oxigenar y permitir una recuperación de esos sectores productivos.
Es que a los 363 millones de dólares que se dejarían de recaudar si se eliminan las retenciones, se sumarían unos 240 millones de dólares por el aumento de los reintegros de exportación.
Si además se pudiera elevar el mínimo no imponible de aportes patronales (de 17509 pesos a 31000 pesos), el Estado resignaría otros 156 millones de dólares de recaudación. Pero desde la lógica del CAA, ayudaría a generar mayor demanda de empleo y reactivaría muchas inversiones en el interior del país. Esto, a mediano plazo, debería recomponer la recaudación por una mayor actividad.
Veremos. Hace rato que no se ve tanta generosidad junta.
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]]>En ese sentido, Martins marcó a la agencia Télam que en el trabajo de las cuatro mesas buscará una suba en los reintegros a las economías agroindustriales regionales (en el caso del vino, ya está definida), una baja en las retenciones de la carne vacuna enfriada y sin hueso (para fomentar el agregado de valor), una reducción de costos en los trámites de exportación y medidas de fomento para la exportación.
En cuanto al espinoso tema de las retenciones, para las que el CAA pidió una rebaja gradual en el proyecto presentado, eñ ejecutivo aseguró que no se están tratando en estas mesas, pero que “ya los están trabajando los economistas de ambos lados”. Hay que recordar que días atrás redujeron de 12 a 8% las retenciones a las exportaciones de minerales, mientras que las eliminaron para muchas mercaderías industriales.
Tras la reunión que mantuvieron funcionarios del Gobierno nacional -entre los que se encontraban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán- y representantes del CAA, se acordaron los principales ejes de la Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA) y se conformaron mesas específicas para tratar temas concernientes a la producción y exportación, como así también para el diseño de una ley agroindustrial.
Martins consideró que que una ley antes de fin de año con incentivos para el sector agroindustrial “sería un gran mensaje en un momento tan particular. Todavía estamos a tiempo de mandar señales al productor primario, que es la piedra basal. Cuanto antes tengamos esa señales, vamos a ganar como país”, indicó.
Respecto a la mesas de trabajo, Martins indicó que tratarán “medidas que no tienen un gran impacto para las finanzas públicas”. Esa fue la condición que puso el equipo económico para seguir la charla.
“Nosotros tenemos dentro del proyecto varios ejes a trabajar. Uno ya los están trabajando los economistas de ambos lados que tiene que ver con la carga impositiva, la cual tiene un capitulo especial porque el momento es especial. Hoy no se puede perder recaudación y entendemos la preocupacion del Gobierno, pero hay otro montón de propuestas que estamos haciendo que no tienen que ver con los temas tributarios y que pueden ser de rápida implementación”, señaló Martins.
En este sentido, apuntó que “acá lo que tiene que primar es un mensaje hacia la agroindustria de que el Gobierno vuelque en acciones lo que viene sosteniendo con palabras” y agregó que “lo que hemos dicho los representantes del Gobierno y del CAA fue ponerse a trabajar en la letra fina para ver si el 4 de noviembre (fecha de la próxima reunión) ya tengamos avances”.
Una de esas mesas tratará un futuro proyecto de ley de “fomento para las nuevas inversiones” y que allí se pueden incluir “regímenes especiales de amortización acelerada, promoción de inversión en bienes de capital, deducciones en impuesto de las ganancias para insumos”, entre otros puntos.
“Ahí también va a haber un capítulo para trabajar en conjunto porque en lo que coincidimos con el Gobierno es que tienen que ser medidas que realmente estimulen la inversión, el agregado de valor, inversiones en bienes de capital”, sostuvo.
Otra mesa estará dedicada a las economías regionales. En este sentido, Martins indicó que se realizó “una propuesta que era subir los reintegros al 4% de todas las economías agroindustriales regionales con bajo procesamiento y del 7% a las que tengan mayor procesamiento. Esta es una de las cosas que tenemos que ver. Eso no tiene un gran impacto fiscal y puede ser de rápida resolución”.
La tercera mesa estará enfocada en las carnes y en este punto “la propuesta preliminar que habíamos hecho quedo pendiente” respecto a una baja del 9% al 5% en las retenciones de carne bovina deshuesada y refrigerada, por lo que “un poco la idea es trabajar en eso para que se dé ese incentivo”, indicó.
Para Martins, “no va a ser la ley grande que hablábamos al principio, que tenía baja de retenciones y demás. Ese es otro capítulo que estaremos analizando aparte. Vamos con esto otro que tendría que tener un acuerdo más rápido”.
Respecto a las retenciones, el titular de la BCBA sostuvo que ya mantuvieron reuniones “un equipo formado por el Ministerio de Economía, Cancillería y Desarrollo Productivo con técnicos CAA. Le hemos hecho una presentación de nuestra propuesta de baja gradual de retenciones y su impacto fiscal y cómo se recupera. Luego de esa reunión, el equipo económico del Gobierno nos pidió mas información, que le hemos enviado. Eso se sigue trabajando en paralelo”, afirmó.
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