La entrada Presiones políticas y cerrojo informativo en el Ministerio de Agricultura para favorecer con una matrícula especial a una cooperativa de faena ligada con el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.
El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.
La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.
Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.
Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.
Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.
Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.
Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.
Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.
Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.
Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.
Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.
Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.
“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.
De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.
Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.
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]]>“Una vez que entras, por más que seas mujer, el que remata siempre busca el precio más alto”, asegura, aclarando que su género no la favorece.
La relación de los Remorini con el mundo de la carne se remonta a varias generaciones. Rodolfo Remorini, abuelo de Gisele, abrió la primera carnicería de Bartolomé Bavio, un pueblo cerca de La Plata. Por su trabajo Rodolfo empezó a llevar a Raúl, su hijo, a los remates de hacienda que se hacían en Liniers cuando tenía 12 años. De allí se explica que sea el único con una matrícula unipersonal a su nombre.
Cuando tuvieron la edad suficiente fue Raúl quien empezó a llevar a sus hijos a ferias y remates por todo Buenos Aires. “Siempre me gustó y por suerte a mi hermano no. Ahí saqué ventaja”, dijo entre risas Gisele a Bichos de Campo. Fue así que germinó su interés por este sector.
Para 2014 las visitas Liniers se volvieron prácticamente un plan entre padre e hija. Fue ese mismo año en que ella comenzó también a visitarlo sola, un poco para que su padre descanse –hoy ya se encuentra jubilado- y otro poco para “curtirse”, como quien diría.
El sector de la carne no sólo afianzó los vínculos familiares de esta platense de 35 años, sino que también le dio un trabajo. Y como si eso fuera poco, le permitió además conocer al que hoy es su marido, con quien hoy ya tiene un hijo.
-¿Qué te gusta de los remates?
-Que te podes pelear con el frigorífico más grande, por más que seas chico, y si pones más plata te llevas vos el lote de vacas.
-¿Te fue fácil hacerte conocida?
-Sí. Si entras con alguien es mucho más fácil. Si estás solo no te van vender, tenés que presentar un montón de cosas. Con el crédito de mi papa era otra cosa. Pero he pasado por situaciones en las que no me han dado mucha bola por ser mujer.
-¿Tenés alguna en mente?
-Tuve una con el dueño de una casilla a quien le quería comprar unos toritos. Yo estaba ahí esperando antes de los remates. Esperé y me los vendió en la cara a otro. Literalmente me ignoró. Por suerte no volvió a ocurrir. Es re machista el Mercado. Si bien a mí siempre me trataron bien es un rubro de hombres. Todos llevan a los hijos pero nadie a las hijas.
–¿Hoy ya tenés tu espacio?
-Yo creo que sí, me conocen casi todos en el mercado.
Actualmente los Remorini compran 1000 cabezas por semana, que faenan en su frigorífico y distribuyen en las carnicerías de la zona. Gisele por su lado tiene una cuota propia de 250 cabezas. Aunque para ella no es mucho, asegura que es una linda faena.
-¿Tu papá te dio algún consejo para comprar en Liniers?
-Siempre venir temprano. Con mi viejo veníamos a las 5.30 de la mañana porque conseguís mejor precio y podés comprar mucho más antes del remate. También sirve si necesitás faena para el día. “Para no errarle siempre tenés que comprar los primeros lotes que se rematan. Los primeros son los mejores”, me decía. Te lleva tiempo aprender pero hasta ahora nunca se equivocó.
Pero como todo se moderniza los Remorini también lo hacen. Hoy no compran exclusivamente en remates presenciales sino que también han comenzado a hacerlo vía streaming. “Lo que ha pasado con RosGan (el Mercados Ganadero de Rosario, que hace remates televisados) es bárbaro. Más que nada para quienes estamos lejos. No tenemos que trasladarnos, suma un montón”, afirmó Gisele.
Con lo que la matarife no está de acuerdo es con la nueva resolución en torno al cuarteo. Teniendo que encargarse de los repartos del frigorífico, la platense sabe que necesitará más espacio en las cámaras frigoríficas y más logística para distribuir la mercadería. “Es una medida que no favorece en nada. La carne va a estar mucho más cara”, sentenció.
-¿Cuál es la situación económica del frigorífico familiar?
-Vinimos de un año bueno. En 2020 se vendió bien porque la gente estaba en la casa para comer. Este año está bastante flojo, era lo esperable. La gente se quedó sin plata y la economía no se mueve. No se puede andar haciendo asados o comiendo de más cuando el kilo de asado está a 700 pesos. Va a ser un año complicado.
-¿Por qué crees que es así?
-La presión impositiva es inigualable. Te asfixian todo el tiempo con impuestos. Esta semana aumentó el VEP (anticipo) de AFIP que se paga para poner faenar. Hasta la semana pasada valía 400 pesos y lo subieron a 616 pesos por animal. Si a eso le sumas Ingresos Brutos y el impuesto municipal, la carne termina saliendo una fortuna pero de impuestos.
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]]>La entrada “Que lo pidan por escrito”: La respuesta de Marcelo Rossi que dejó en off side a las autoridades de Agricultura y podría haber desencadenado su despido se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Marcelo siempre manifestó a sus superiores que nunca se apartaría de las misiones y funciones del organismo, que son la de velar por la transparencia y libre concurrencia de los operadores en el mercado”, describió Migliaro en su texto. Así vinculó el despido -comunicado a Rossi el viernes a las 23,30 por un funcionario de segunda línea- con el rechazo de Rossi a cumplir ciertas órdenes que le llegaban de la máxima conducción política del Ministerio.
¿Qué órdenes?
“Comenzaron durante el 2020 desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, a lo que Marcelo se opuso en forma terminante. Pedían beneficiar a las cooperativas de trabajo creadas sobre frigoríficos cerrados, permitiéndoles comprar animales y vender carne”, explicó Migliaro (en la foto jutno a Rossi).
Reveló así la existencia de una presión política directa de la jefa de Gabinete del Ministerio, Diana Guillen, para que la ex ONCCA beneficie a una serie de cooperativas de trabajo que manejan frigoríficos, especialmente en el conurbano bonaerense.
El asunto es muy espinoso, aunque parezca muy romántico colaborar con este tipo de empresas recuperadas. La industria frigorífica organizada ha denunciado desde hace años una “competencia desleal”, ya que detrás de este tipo de cooperativas se esconderían grandes matarifes que operan en el mercado de la carne con todo tipo de ventajas, pues no pagan Ingresos Brutos ni Ganancias, ni pagan aportes patronales ni cargas sociales ni vacaciones a su personal, entre otras ventajas que corresponden a las cooperativas.
“En realidad pasan a ser instituciones que están manipuladas por capitalistas hampones de la carne (amigos del poder), que usufructúan esa figura y a los integrantes de las mismas, para realizar operaciones marginales”, confirmó Migliaro, mano derecha de Rossi en la ex ONCCA.
En agosto pasado, tanto Fifra como Cadif, dos cámaras del sector, pusieron el grito en el cielo por la ofensiva de ciertos sectores ligados al kirchnerismo para habilitar este tipo de cooperativas. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada trabajador de la carne debía tener un costo cercano a los 100 mil pesos. Pero las cooperativas pagaban mucho menos que eso. Y a veces, completaban los salarios de sus “socios” hasta con bolsas semanales de carne.
Según pudo reconstruir Bichos de Campo, Guillen -que llegó a Agricultura desde el Instituto Patria y responde directamente a Cristina Kirchner- reclamaba desde hace meses al ahora ex secretario de Agricultura Echazarreta que la Dirección Nacional comandada por Rossi modificara la Resolución 21/2017, que contiene el listado de actividades que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) para contar con una matrícula que las habilite.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
Allí, en el inciso 4.5, se define la figura del matarife abastecedor como “quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros”, pero también se deja expreso que, para evitar la competencia desleal, “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
Era esa la línea que Guillen pedía borrar de cuajo. Su principal interés radicaba en lograr la autorización como matarife abastecedor de una serie de cooperativas con lazos políticos con el oficialismo y sobre todo con intendentes poderosos del conurbano. Entre ellas figuraban La Foresta y también la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz.
Esa ultima firma figura en el RUCA habilitada para operar como matadero frigorífico y despostadero. Es decir que podía sacrificar hacienda de terceros y no propia, y luego trozarla para vender la carne. Pero lo que no puede hacer es operar con hacienda propia. Esto se hace para evitar algo que siempre sucede en el negocio de la carne: como las cooperativas no cuentan con capital propio, siempre aparece un “capitalista” que aporta el ganado, pero permanece oculto detrás de la máscara de la cooperativa. “Así se llenan de guita a costa de las cooperativas, como pasó siempre”, comentó una fuente que conoce el negocio.
“El argumento para no darnos la autorización básicamente es por ser una cooperativa, nosotros, al estar bajo el amparo de la Ley 20.337, estamos exentos del pago de Ganancias e Ingresos Brutos. Entonces el argumento histórico en contra de las cooperativas es por la competencia desleal. Nadie quiere tomar la decisión política de otorgarnos la inscripción”, se quejaban voceros de Frigocarne en junio pasado. Basterra y Guillen, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, parecían bancar esta posición.
La prohibición para que estas cooperativas de trabajo operaran como “matarife abastecedor” fue adoptada en 2017. En aquel momento, el gobierno de Cambiemos también recibió “presiones” de todo tipo para reabrirlas y Rossi también se opuso, según contó en aquel momento el presidente de otra cámara de la industria frigorífica, Miguel Schiariti, de CICCRA.
Con el cambio de signo político en el gobierno, Máximo Paz y el resto de las cooperativas venían reclamando recuperar ese salvoconducto especial. Una crónica de junio de 2020 da cuenta de que Rossi y su equipo habían rechazado ya ese pedido formal, ajustándose a la letra de la normativa vigente. Luego de eso comenzaron las presiones de la política.
Guillén comenzó a requerir directamente a Echazarreta que le diera la orden a Rossi y se modificara finalmente la Resolución 21. Para el kirchnerismo, la épica de las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas son parte central en el relato. La posibilidad de que haya evasión poco importa.
-Si quieren que hagamos esos cambios, que lo pidan por escrito- contestaba siempre Rossi cuando el secretario de Agricultura le trasladaba las presiones que recibía.
En efecto, nunca se originó un expediente para modificar la Resolución 21 ni hubo un pedido formal por escrito de parte de las autoridades políticas de la cartera que conduce Luis Basterra. Echazarreta, que proviene del movimiento cooperativo institucionalizado (fue gerente de ACA durante muchos años), siempre respaldó la posición del ex director de control comercial agropecuario de no apartarse una coma de la letra.
Peor frente a las visibles presiones, Rossi no se quedó quieto y mantuvo una serie de reuniones con Mario Cafiero -que falleció a fines del año pasado- y varios directores del INAES (Instituto Nacional de Economía Social), que tiene a su cargo la regulación de cooperativas y mutuales. En esas reuniones, propiciadas también por Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro que forma parte del directorio del INAES, se analizó el caso de las cooperativas de trabajo en el sector de la carne: Además de Máximo Paz y La Foresta, se analizaron los casos de las cooperativas SUBGA de Berazategui, y las de Suipacha y Bragado.
Según consta en una serie de actas que documentaron ese trabajo de fiscalización realizado por el INAES, en todos esos casos quedaron de manifiesto muchas irregularidades incluso en el proceso de conformación de dichas organizaciones de la economía social, que no presentaban sus balances, ni los libros de actas, ni el listado de socios ni toda otra documentación requerida para acceder a los beneficios previstos en la Ley 20.337, que generó el nuevo régimen para cooperativas.
Que no puedan operar con hacienda de terceros no impide en los hechos que esas cooperativas sigan trabajando ni resulta una amenaza para las fuentes de trabajo. En rigor, Máximo Paz faenó 145.793 cabezas en 2020, SUPBGA lo hizo con 169.201, La Foresta operó con 56.565 vacunos, la Cooperativa de Bragado sacrificó 15.123 animales y finalmente Suitrab de Suipacha mató 42.877 bovinos. Suman esas cinco cooperativas casi 430 mil cabezas, que equivalen a más del 3% de una faena total de 14,2 millones de animales. En total en el país hay 400 lugares de faena de bovinos.
“Los directores del INAES pudieron confirmar que lo que decíamos nosotros era cierto. En el sector agrícola hay 300 cooperativas que funcionan perfectamente y cumplen con todo lo que dice la ley. Pero en el sector de la carne pasa todo lo contrario y las cooperativas se suelen utilizar para evadir”, comentó una fuente de la ex ONCCA que participó de ese monitoreo.
Como el proceso de sanciones dentro del INAES es muy lento y las multas aplicables no llegan a los 6.000 pesos, la intención era firmar un convenio de cooperación entre ambos organismos, para poder suspender a esas cooperativas de trabajo del RUCA si se verificaba que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos para utilizar esa figura legal.
Eso sucedió en diciembre. El convenio no llegó a firmarse, Echazarreta fue reemplazado de su cargo por Jorge Solmi y Marcelo Rossi fue despedido de mal modo, pues se enteró por los medios el viernes casi a la medianoche. En su reemplazo, Basterra y Guillen colocaron a Luciano Zarich, un contador que fue nombrado subinterventor en el fallido intento de expropiar Vicentin y que ya había ocupado la dirección que se ocupa de administrar el RUCA hasta 2015.
En aquella época, según demostraron algunas investigaciones periodísticas, ese Registro era un colador en el cual se habilitaban empresas agrícolas muy dudosas, que luego terminaban recibiendo permisos de exportación (ROE) que luego traficaban en el mercado. También proliferaban las matrículas truchas que permitían a los matarifes operar sin problemas en el negocio de la carne.
En los próximos días sabremos cómo se comportará Zarich frente a las mismas presiones políticas que resistió Rossi y que posiblemente hayan sido uno de las razones de su intempestivo despido. Será fácil enterase siguiendo el derrotero de la famosa Resolución 21/2017.
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