Algunos operadores sospechan que esta demora se debe a que este avance en términos sanitarios implicaría mayores costos y posibles aumentos para el producto final: la carne. Por eso se propone analizar alternativas, como la implementación de brazos mecánicos que permitan aliviar la carga de las medias reses a los trabajadores, sin necesidad de adecuar todas las instalaciones y el transporte de carne.

La resolución 10, norma conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, estableció ahora nuevos plazos para que los frigoríficos de tránsito federal presenten un plan de adaptación de las instalaciones, obtengan un crédito si lo necesitan y hagan las obras correspondientes. Para los provinciales o municipales el plazo de gracia llega al año.

La impresión que tienen muchos es que “se hace que se hace”, cuando la realidad es que se pateó la pelota para adelante con la intención de no mostrar que no se hizo lo necesario y comprometido. Además el troceo va en contra de los intereses del gobierno, ya que invertir en la infraestructura frigorífica, en la logística de los camiones y en el aumento necesario en el personal necesario para erradicar la media res, impactará en el costo de la carne que supuestamente se pretende controlar.

No es sencillo el arte de gobernar mal: Para evitar el “doble estándar” entre frigoríficos, podrían volver a revisar la norma sobre la media res

Como sea, ahora hay nuevos plazos y requisitos. Y si bien industriales y matarifes dijeron que están de acuerdo con la esencia de la medida, pusieron algunos reparos respecto de los requisitos para su entrada en vigencia.

Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), explicó que el dinero necesario para adaptar los frigoríficos saldría de los 100.000 millones de pesos que anunció el gobierno para dar créditos en el marco del Plan GanAr.

Urcía dijo que el tema será motivo de debate en el Observatorio de la Carne Vacuna creado esta semana, ya que “consideramos que debe haber plazo único porque si no se estaría beneficiando a unos sobre otros y que si alguno no llega con los tiempos se analice una prórroga, pero que sea sólo una excepción”.

Consideró además que es necesario “convocar a las provincias para que se comprometan en la instrumentación, porque son la autoridad competente. Ya vimos lo que pasó en los 90 cuando Buenos Aires, donde se encuentra el mayor centro de consumo del país, se negó a aplicar el Corte por lo sano, que justamente pretendía avanzar en este sentido”, recordó.

El referente industrial agregó que la medida busca beneficiar a los trabajadores, que ahora deberán manipular piezas menos pesadas. Pero apuntó que “su salud se protege también con el uso de medios mecánicos sin importar si es media res o el trozo supera los 25 kilos”.

Urcía agregó que no se puede descartar que haya subas en el precio de la carne porque esto implicará más costos logísticos y laborales. La medida implicará sumar cámaras de frío, gasto en energía, contratar personal y modificar el sistema logístico, ya que los cuartos ocupan más lugar en los camiones que las medias reses.

En el mismo sentido se expresó Ariel Morales Antón, de la Cámara de Matarifes. El abastecedor evaluó que “la medida va a sumar al negocio de la carne en términos de inocuidad y salubridad del producto, pero además beneficia al trabajador, no se puede seguir cargando medias reses. Creemos que va en el buen sentido”.

Pero añadió sus reparos: “Esto va a implicar contratar más personal para el transporte, usar más camiones porque el espacio de los trozos es mayor al de la media res, además de adaptar los camiones a este nuevo producto. Hay que ver también qué pasa con la trazabilidad de nuestros cortes que van a quedar en el frigorífico”.

Requiem de la media res: En el gremio de la carne festejan diciendo que “todo lo que sea más trabajo para los frigoríficos es bueno”

“Vamos a tener costos mayores a los actuales, tenemos que ver cómo podemos adaptarnos para que el consumidor no sienta el impactado en los precios”, afirmó.

El matarife agregó que se deberían analizar alternativas. “Para evitar esa suba de costos en la industria y en la logística se debería buscar la forma de implementar un mecanismo, una herramienta mecánica que reemplace a la bajada al hombro y de ese modo se evitarían subas en el precio de la carne al carnicero y al consumidor”.

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El lunes, pero también ayer martes y seguramente hoy miércoles, en la mayoría de los frigoríficos de bovinos que tienen un pie en el negocio exportador había ejecutivos agarrándose la cabeza porque no se entendían bien los alcances del decreto y las resoluciones emitidos por el Ministerio de Agricultura en las primeras horas de 2022 y que justamente determinaron un nuevo esquema para las exportaciones de carne vacuna. “Van a hacer falta varias resoluciones aclaraciones, porque hay muchos puntos grises”, decían en una de esas plantas. “Cuando llamás a Agricultura a preguntar te dicen que lo vemos la semana que viene”, contó otro empresario preocupado.

Pero donde la mala calidad de la política pública se expresó a sus anchas fue en la Resolución Conjunta 10 firmada por los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Dispone sucintamente que habrá más tiempo para implementar la decisión argentina de dejar de comercializar la carne vacuna (el productos emblemático del país) en medias reses. Sí, algo tan trascendental también viene muy mal parido.

En la reunión que el lunes se realizó en Agricultura varias cámaras de la industria frigorífica (UNICA, Cadif y FIFRA, para empezar) y también la Cámara Argentina de Matarifes (Camya) expresaron sus reparos con lo que establece esa resolución, que básicamente dispuso una prórroga en la fecha de aplicación del cuarteo o troceo obligatorio de la media res de seis meses o un año dependiendo del tipo de frigorífico. Los de matrícula nacional (es decir, auditados por Senasa y con tráfico federal) tendrán ahora seis meses más para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias del negocio. Los de habilitación municipal o provincial, hasta un año de plazo.

¡Qué suerte que a partir de ahora ya no se puede bajar al hombro la media res en la carnicería! ¿Ah, no?

Es decir que el primer grupo de plantas podría seguir mandando medias reses al mercado hasta por lo menos el 1° de julio mientras que el segundo conjunto extendería el periodo de gracia hasta el 1° de enero de 2023.

Todo el mundo dice querer dar el demorado salto de un sistema a otro y avanzar en las reformas necesarias en la industria frigorífica (más capacidad de frío o salas para el troceo) para dejar atrás la comercialización de la media res y comenzar a sacar de las plantas de faena piezas de no más de 32 kilos de peso. El problema es cómo, cuándo y quiénes.

En la reunión del lunes los frigoríficos y matarifes más enfocados en el mercado interno (que absorbe el 75% de la carne vacuna producida) pidieron rever el diferente tratamiento otorgado a los distintos tipos de plantas (las federales versus las de habilitación provincial/municipal), porque advierten que podría suceder un corrimiento de operadores desde un tipo de matrícula a otra, de modo de ganar tiempo y hasta de evitar las nuevas exigencias.

Esto, en la jerga del negocio frigoríficos, podría acentuar el “doble estándar” sanitario entre los lugares habilitados para faenar vacunos en el país, que suman 400, ya que muchos podrían recurrir a matrículas provinciales o municipales justamente para esquivar las nuevas exigencias nacionales. Esto ya sucedió en los años 90 y tomó más de veinte años repararlo. Fue cuando Felipe Solá, el ex secretario de Agricultura del menemismo, impulsó un programa llamado “Corte por lo Sano” que justamente impulsaba el cuerteo de la media res: muchos matarifes y plantas del conurbano tomaron matrícula de la provincia de Buenos Aires, donde el ex gobernador Eduardo Duhalde se mostraba mucho más permisivo.

Las medidas anunciadas para contener los precios de la carne vacuna y modernizar la cadena con bendecidos y castigados con plazos diferenciales, al igual que ocurre con la energía, marchan rumbo a un rotundo fracaso. Reinciden en los mismos errores cometidos de 2006 en adelante

— Marcelo Rossi (@marcelorossi52) January 4, 2022

“Advertimos que esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal en relación con las provinciales y municipales. Adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables, que si son desiguales ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”, avisó la Cámara de Matarifes.

CAMyA, al igual que otras organizaciones de frigoríficos consumeros, pidió unificar y estirar los plazos para la entrada en vigencia del troceo, y al parecer las autoridades de Agricultura aceptaron que debían hacerlo, porque lo que habían hecho estaba mal.

Según los matarifes, la nueva resolución 10 “facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales, ya que inevitablemente el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas, lo que podría llevar al fracaso de la medida y la afectación de la actividad y fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal”.

Los únicos que quedaron fuera de este reclamo, según los testimonios, fueron los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, históricamente los mayor impulsores del troceo obligatorio de la media res, tanto en tiempos de Solá como ahora. Es que fueron ellos los que negociaron a mitad de año pasado con el ministro Kulfas esta imposición y propusieron la fecha de entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, que ahora ha sido postergada.

Este de la media res es un claro caso de cómo se hacen las cosas en la Argentina: de mal modo, sin consensos necesarios, siempre entre tironeos de intereses cruzados.

La discusión comenzó como una imposición del Ministerio de Trabajo, que a pedido de los sindicatos del sector legisló que ningún trabajador de la carne podría cargar o descargar piezas mayores a los 25 kilos de pesos. Esto implicaba erradicar de plano las medias reses, que todavía se cargan al hombro desde el camión hasta las carnicerías.

La fecha de vigencia de esa norma laboral era 2019, pero nadie la respetó porque lo que menos importa acá es la salud de los trabajadores. Pero la exigencia quedó latente.

En el marco del cierre de las exportaciones de carne, el Consorcio ABC negoció con Matías Kulfas (la voz cantante del gobierno en esta negociación hasta octubre pasado) avanzar decididamente hacia el troceo obligatorio y entonces se emitió una resolución conjunta con Agricultura para establecer como fecha tope para la media res el 31 de diciembre de 2021.

Previamente a eso, y como para confirmar que aquí lo menos importante era la salud de los trabajadores, se dispuso que las piezas de carne debían tener ya no un máximo de 25 kilos sino hasta 32 kilos de peso, pues esto era lo aceptado internacionalmente y blá, blá, blá. En realidad, esto se adapta mejor a los intereses de los frigoríficos, que pueden entonces realizar menos cortes debido al peso del animal usualmente comercializado en la Argentina.

Un requiem para la media res: Confirman que la carne no podrá venderse en piezas de más de 32 kilos desde el año próximo

En su momento, Kulfas anunció la implementación de una línea de créditos para ayudar a los frigoríficos a hacer las reformas necesarias de sus instalaciones para el cuarteo, pero estos préstamos jamás aparecieron. Mientras tanto, el ex ministro Luis Basterra fue reemplazado por Julián Domínguez en Agricultura, y éste reclama concentrar bajo su mando todas las cuestiones vinculadas con la carne. Este tema de la media res también queda bajo su órbita.

Recién a principios de diciembre, con los plazos casi cumplidos, Domínguez y Kulfas introdujeron la posibilidad de financiar este tipo de obras en la línea de prestamos a tasa subsidiada por supuestos 100 mil millones de pesos (porque hay que decirlo, nadie sabe si en realidad habrá tanta plata disponible).

Ahora se dispone esta prórroga que estaba cantada. Pero con la discriminación entre los diferentes tipos de plantas habilitadas, que según los propios privados degenerará en una explosión del “doble estándar” sanitario, que luego termina siendo también laboral e impositivo. Ahora se reclama una nueva revisión de esos criterios.

Parece hecho a propósito, pero no. Es la Argentina, un país especializado en el arte de gobernar mal.

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Luego, con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se habilitó un nuevo cupo de exportación para la carne de vaca vieja que iba dirigida a China. Aunque se pensó en principio que ese nuevo reparto iba a subsanar la injusticia cometida antes con los “exportadores sin planta”, volvió a suceder lo mismo y los nuevos cupos quedaron “atados” al reparto original. Matarifes y grupos de productores se quedaron de nuevo con la ñata contra el vidrio, mirando como otros se apoderaban de todos los resortes del negocio.

En la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) se quedaron mascullando bronca. Y lo hicieron saber este viernes en una carta enviada al coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa, a la que accedió Bichos de Campo. Allí recordaron que, como si fueran narcotraficantes o algo parecido, a “partir de la Resolución conjunta 5/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, prácticamente se ha prohibido exportar carne a los exportadores que no cuentan con planta de faena propia”. Como si matar vacas, producir carne y exportarla fuera una actividad ilícita.

En la nota, los matarifes marcaron con todas las letras que a partir de ese andamiaje legal “en las áreas operativas del Ministerio de Agricultura (en referencia a la ex ONCCA) se regulan las exportaciones mediante la administración de cupos y matrículas trabando o impidiendo las operaciones de exportación genuinas de empresas con probada trayectoria en el mercado de carnes”.

“Esta política además de afectar fuentes de trabajo e ingresos de divisas raya la ilegalidad y se presta a la decisión arbitraria de los funcionarios de turno”, enfatizaron los matarifes, que reclaman “un trato igualitario al que se les da a las plantas exportadoras de carne y a las exportaciones de otros rubros”.

Quienes hace posible esta discriminación tan obvia, además de los ministros que firmaron las resoluciones que favorecieron la concentración del negocio exportador solo en manos de los frigoríficos que ya exportaban, barriendo de la cancha al resto de los operadores, son el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, y el actual director de la ex ONCCA, Luciano Zarich, responsable de administrar las Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Ambos entraron juntos al gobierno en marzo de este año, con la decisión tomada por el gobierno de comenzar a meter mano en el negocio de la exportación de carne.

“Cuando llegue a la Secretaría a fines de febrero me encontré con un problema muy complejo respecto a la carne. Había muchas empresas fantasmas actuando que presumiblemente exportaban carne y los dólares no ingresaban nunca por el circuito legal, lo cual era una competencia desleal para los frigoríficos. Las resoluciones que sacamos fue para ir ordenando el mercado de la carne, hoy no hay intermediarios que le agreguen precio a la carne. Con esto buscamos que nuestras políticas sean transparente para la cadena”, declaró esta semana el secretario Solmi en una visita a Tres Arroyos.

En realidad, es falso que el Ministerio de Agricultura haya eliminado a una gran cantidad de operadores ilegales, como dice Solmi. En rigor, no hay denuncias judiciales presentadas desde el Ministerio por esas presuntas irregularidades. Y a las sucesivas consultas hechas por Bichos de Campo sobre este asunto se contestó apenas con tres casos de empresas que habrían intentado exportar unos pocos contenedores, que representaban menos del 1% del total de carne exportada. Pero el argumento se utilizó como excusa para dejar fuera de competencia a unas 40 empresas sin planta legalmente constituidas.

“Perdimos todos”, dicen en la cadena ganadera frente al cepo exportador. Pero es falso: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC están faenando más cabezas que antes del cepo

En ese sentido, en la carta a Chiesa la CAMyA recordó que una vieja resolución de Agricultura, la E-21 del 2017, estableció la categoría de Matarife Abastecedor “entendiendo por tal a quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros con destino al consumo interno y/o exportación”. Es decir que el propio Ministerio que ahora los deja afuera reconoció “al matarife abastecedor con la categoría de exportador en la asignación de matrículas sin plantear exigencia de contar con planta propia”.

Para cualquier observador atento resulta muy visible que la asignación de los cupos -tanto los originales como los nuevos para vaca conserva- se limitaron a los operadores que cuentan con planta para sacar competidores del mercado y dejarle el camino allanado a los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. En rigor, los tonelajes de carne disponibles para exportar se distribuyeron en base a los números de habilitación de las plantas en Senasa, dejando afuera los CUIT de exportadores sin planta del reparto. El principal asesor del ministro Kulfas para diseñar esta estrategia, además de Solmi y Zarich, fue el vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic.

Para los matarifes que quedaron fuera del negocio, la serie de normas que conformaron los diversos cupos de exportación “restringen esta posibilidad a algunos operadores al exigir una past-perfomance exportadora arbitraria y fuera de toda lógica, ya que solo reconoce la faena realizada por las plantas faenadoras y no por cada matrícula, con lo que se ha transferido a las plantas un derecho a cupo que no es de ellos”.

“Además se impide la operatoria de exportadores con y sin planta que se inician en la exportación y que, pese ha haber realizado importantes inversiones en adecuación de las plantas, desarrollos comerciales y logística, lógicamente no cuentan con antecedentes en este campo”, agregaron los matarifes, denunciando que también algunos frigoríficos nuevos quedaron fuera de los cupos.

Al final el gobierno terminará cagando a los ganaderos: Para “liberar” la vaca conserva creará otro cupo y estirará el cepo hasta fin de año

Esta situación había sido reconocida por el ministro Domínguez, quien prometió corregir la situación de “5 o 6 plantas a pedido de los gobernadores” en la nueva distribución de la vaca conserva para China. Pero nada de eso sucedió. Se volvió a repetir la misma matriz injusta.

Para la asociación que agrupa a los matarifes, esta conjunto de medidas “van en sentido contrario a favorecer la producción y el trabajo, promueve la concentración en grandes plantas desalentando a las Pymes violan las normas legales vigentes, y afectan los derechos constitucionales que nos asisten para trabajar todos en igualdad de condiciones”.

En la carta se solicitó a Chiesa “que se incorpore a la agenda de la Mesa de Ganados y Carnes la problemática planteada y se analice que camino tomar para su solución, por afectar esta situación los intereses de toda la cadena de valor”.

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El consultor ganadero Víctor Tonelli dijo que la importante recuperación tiene que ver con “un aumento de la exportación de hueso con carne y cortes con hueso no prohibidos por el Gobierno, que llegaron a representar más del 18% del total”.

“Además, a fines de agosto se cargó bastante (carne bajo el rito kosher) a Israel, luego de que las autoridades autorizaran una cuota a ese país. Y también la cuota 481 (de carne de feedlot para Europa) se exportó sin límite. Todo eso da un crecimiento importante”, resumió.

Pero, por otra parte, aumentaron los precios obtenidos por esas exportaciones. Estos mejores valores mejoraron el margen de los exportadores. Y les permite bancar el gasto de tener las cámaras llenas de carne vacuna. Eso es clave para entender porque siguieron operando tan fuerte durante las últimas semanas.

“Perdimos todos”, dicen en la cadena ganadera frente al cepo exportador. Pero es falso: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC están faenando más cabezas que antes del cepo

“En el precio hubo un aumento grande. En el valor de lo exportado a China de los deshuesado, si se compara con el cuatrimestre enero-abril (cuando no hubo restricciones), hubo aumentos del 30%. En Chile de casi 29% y en Europa del 23%. Una mejora espectacular”, evaluó el consultor.

Pero a esa suba de los precios de la carne de exportación, la industria no la está trasladando al precio de la hacienda. Y en esto tiene mucho que ver, según Tonelli, la continuidad del cepo a la exportación, que en principio estaría vigente hasta el 31 de octubre.

“Tengo expectativas de que en la reunión de la semana que viene con el ministro Julián Domínguez se libere algo o todo, porque una de las cosas que más daña el precio al productor es que las empresas con planta tengan concentrado el cupo. Hay 25 que manejan el mercado”, señaló Tonelli.

El analista, que también es criador en la Cuenca del Salado, dijo que con la salida de los matarifes del mercado, como consecuencia de la decisión oficial de dejar fuera de la exportación a China a los operadores sin planta, se le hizo daño a la competencia.

“En cualquier mercado en el que se resta competencia se tiende a manejar los precios, eso es inevitable. Para el productor, la vuelta de otros operadores, siempre que cumplan con la legalidad, ayuda mucho”, resaltó.

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La reunión de las próximas horas será para alquilar balcones. Por un lado, porque las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace pedirán al resto de la cadena que los acompañen en una muy preanunciada protesta contra la reciente decisión del gobierno de extender el cepo cárnico hasta el 31 de octubre. Según un mensaje filtrado por error por el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, esa decisión no fue técnica sino que ha sido tomada por los organismos pertinentes, sino directamente por Máximo Kirchner.

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Hasta ahora, la Mesa de las Carnes -que es coordinada por el ex ruralista Dardo Chiesa-  se ha mostrado sólida y homogénea a la hora de criticar el cierre de las exportaciones de carne, porque rememora el daño que se produjo a la cadena entre 2006 y 2015, en las primeras gestiones kirchneristas. Su propia génesis, el último año de gobierno de Cristina Kirchner, surgió del rechazo a aquel intervencionismo.

Pero a la hora de manifestarse activamente en contra de este tipo de políticas, las aguas se dividen. Por un lado, entre quienes no son convocados a la mesa de negociaciones (y los ruralistas casi nunca lo han sido) y quienes en cambio sienten que todavía pueden influenciar sobre las decisiones palaciegas. Desde fines de 2020 y hasta horas antes de la extensión del sistema de cupos, el Consorcio ABC (la entidad que agrupa a 25 grandes plantas exportadoras) mantenía un diálogo constante y fluido con los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas, buscando una apertura gradual. Pero -como se dijo- la palabra final la tenía Máximo. La decisión era política.

Será entonces el primer tema de la conversación en la reunión de la Mesa: ¿Qué hacer como colectivo, ahora que se confirmó que el titular del Consorcio ABC, Mario Ravettino, fracasó en sus intentonas conciliadoras con el gobierno?

Los dirigentes de la Mesa de Enlace ya han dicho que preparan una expresión de su descontento y que en la reunión de mañana invitarán a los demás eslabones de la cadena de ganados y carnes a sumarse a la misma. Pero el propio Ravettino les avisó hace un par de semanas que su entidad -cuyos socios se quedaron con el 80% de los cupos de exportación- solo los acompañaría “hasta la protesta”. Es decir, que los frigoríficos exportadores no se plegarían a una eventual medida de fuerza.

La posición casi siempre conciliadora de las empresas del Consorcio ABC es fácilmente comprensible: en los hechos no han perdido tanto dinero por efecto de la limitación de las exportaciones, porque si bien los tonelajes exportados se han reducido en torno a un 35% respecto de 2020, la fuerte suba de los precios internacionales de la carne (que ya llega al 35%) los compensa en buena medida.

Más allá de las complicaciones que vinieron con el cepo, para algunas plantas del Consorcio es casi una situación ideal: la hacienda (su materia prima) detuvo su escalada y hasta bajó de precio, pero ellos obtienen casi las mismas ganancias aún exportando menos cantidad de carne. Los que pierden, en este escenario, son claramente los productores.

Pero no todas son rosas dentro del Consorcio ABC, porque hay un grupo de plantas mucho más China-dependientes que otras, que sí están sufriendo seriamente el impacto del cepo y hasta han comenzado a reducir sus días de faena. Estas empresas no participan tanto de los cuotas de exportación que han quedado a salvo de los recortes, como la Hilton o la 481, ni tampoco de los envíos de carne kosher a Israel, rehabilitados recientemente. Su principal mercado era China y por lo tanto su volumen de negocios se redujo bastante más que el del núcleo duro de frigoríficos del Consorcio ABC, que son los que históricamente han sostenido a Mario Ravettino como su presidente. Éste es un directivo sin planta: no es empresario sino simplemente un lobbista de la carne que ha sobrevivido a todos los gobiernos y a todos los cepos, incluyendo el de Guillermo Moreno. Hoy aparece cuestionado por una parte de los suyos.

Otro sector de la Mesa de las Carnes que está levantando temperatura contra Ravettino y sus negociaciones “exclusivas” con el gobierno es el que usualmente se dedicaba a abastecer de carne el mercado interno y eventualmente comenzó a exportar recién cuando China comenzó a comprar más fuerte, a partir de 2018. Matarifes y Frigoríficos consumeros se ven afectados por el cepo por esta doble vía: perdieron negocios con China y a la vez soportan una mayor competencia a nivel doméstico, porque hay varios frigoríficos impedidos de exportar que vuelcan sus excedentes a ese lugar. Esto es lo que deprimió en julio y agosto los precios de la carne, mientras los costos siguen subiendo.

Los más duros con Ravettino y por añadidura con Dardo Chiesa, el coordinador de la Mesa que también participó de varias negociaciones con Kulfas, serán los directivos de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), que pedirán a la Mesa de las Carnes que se ponga a la cabeza de varios reclamos al gobierno. A saber:

• “Liberar de inmediato las restricciones a las exportaciones de carnes sin condicionamientos de ningún tipo”. (Esto permitiría reanudar las ventas de ese sector consumero, focalizadas sobre todo hacia China)
• “Permitir exportar dentro de las normas de la libre competencia y de igualdad ante la ley a los exportadores sin planta frigorífica”. (Esto corregiría varios puntos negociados por Ravettino con el gobierno, que no solo adjudicó los cupos a las plantas de faena -sobre todo las del Consorcio ABC- dejando fuera a los exportadores sin planta, sino que se ensañó especialmente con los controles sobre ese sector de operadores, facilitando la concentración en el negocio).
• “Abordar de inmediato las soluciones a la creciente informalidad del sector minorista especialmente los carniceros que impiden el normal funcionamiento del resto de la cadena”. (Es decir, se reclama reanudar el proceso de formalización de operadores que implementó el gobierno de cambiemos y fue discontinuado durante este gobierno).
• “Revisar el actual sistema de otorgamiento de matrículas que, merced a su burocratización y arbitrariedad en los procedimientos, están impidiendo la normal operación de los comerciantes serios favoreciendo el aumento de la informalidad y el crecimiento de las matrículas de falsos operadores” (La ONCCA perdió transparencia a partir del recambio forzado allí de Marcelo Rossi por el contador Luciano Zarich, quien se transformó en el brazo ejecutor del cepo cárnico gracias a las DJEC o nuevos ROE).
• Y “prorrogar la implementación del cuarteo en el mercado interno hasta tanto no se tenga la seguridad de que las plantas frigoríficas del consumo hayan adecuado sus instalaciones y la logística del transporte. De lo contrario dicha medida se convertirá en una nueva barrera de exclusión y concentración en beneficio de la marginalidad, profundizando el doble estándar impositivo, laboral y sanitario, llevando al fracaso una buena iniciativa en el camino de la modernización del comercio de carnes”.

Este último planteo, reclamar una postergación de la fecha de entrada vigencia del cuarteo de medias reses acordada por Kulfas y Ravettino a espaldas del resto de la cadena, el 1 de enero de 2022, es el estilete más profundo que los matarifes intentarán clavar en la negociación dentro de la Mesa de las Carnes. Pero resulta muy real que después de ese anuncio, el gobierno hizo poco o nada para que las plantas dedicadas al consumo interno (usualmente venden medias reses) puedan adaptar sus instalaciones a esa normativa de índole sanitario y laboral.

Una vez más hay alguien que corre con ventaja: Los frigoríficos del Consorcio ABC, en cambio, ya cuentan con instalaciones para el cuarteo y hasta la despostada por cortes.

Faltan cuatro meses para la implementación del cuarteo obligatorio, pero ni siquiera se instrumentaron los créditos para readecuar instalaciones

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Tras el masivo acto realizado por los productores agropecuarios en San Nicolás, que se desencadenó tras este cierre de exportaciones, hubo sectores que hicieron notar la ausencia de su actual coordinador, el ruralista Dardo Chiesa, e incluso quieren reclamaron su reemplazo. Chiesa, que proviene de CRA, participó de algunas negociaciones con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria Paula Español, pero la Mesa no logró torcer el ritmo de esa medida, que ya está provocando una baja de los precios que cobran los ganaderos.

“Les quiero expresar mi tristeza al ver que la mesa no solo no acompañó la movilización a San Nicolás… !Ni siquiera se solidarizo con ningún comunicado!”, se lamentó en el chat interno de la Mesa de las Carnes el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, quien ayer estuvo en el acto organizado por los productores autoconvocados e incluso explicó sus razones a Bichos de Campo:

Después del mensaje interno de los matarifes, otros sectores se sumaron a las críticas por la ausencia institucional de la Mesa de las Carnes en la protesta agropecuaria. Hasta un representante de la industria frigorífica, el titular de CICCRA, Miguel Schiariti, se pronunció a favor de revisar quién se ocupa de la coordinación de ese espacio integrado por más de treinta entidades y cámaras de la cadena de ganado bovinos, pero además por productores avícolas, de porcinos y de frigoríficos ovinos.

En tiempos de macrismo, el cargo de coordinador de la Mesa correspondió al ganadero Federico Lacroze, quien tenía relación directa con el ex presidente y pertenecía a la Sociedad Rural. Luego, con el ascenso del peronismo, Chiesa fue la opción elegida para sucederlo: de origen pampeano, venía de ocupar la presidencia de CRA y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. De buen diálogo con algunos funcionarios de este gobierno, Chiesa también se sentó representando a la cadena de la carne en las reuniones que mantuvo el Consejo Agroindustria Argentina (CAA) con el presidente Fernández.

En el acto de San Nicolás, además de la inusual presencia de los matarifes, hubo otras expresiones de apoyo muy evidentes de parte de las casas consignatarias, que también integran la Mesa de las Carnes. Incluso los organizadores pusieron en la lista de oradores a dos representantes del sector, el histórico rematador Fernando Sáenz Valiente (en lo foto), y el presidente del Mercado de Liniers SA, Oscar Subarroca.

Ambos consignatarios fueron durísimos contra el cierre de las exportaciones de carne y advirtieron que la nueva política de cupos para exportación -que fueron distribuidos solamente entre plantas frigoríficas y dejaron afuera a los matarifes y grupos de productores- podría concentrar el negocio, afectando a muchos y favoreciendo a unos pocos.

“”No podemos permitir que unos pocos vivos negocien” por toda la cadena, bramó Sáenz Valiente en un tramo de su discurso. Subarroca fue más allá y denunció la existencia de un plan para destruir el mercado concentrador de hacienda que ahora funciona en Liniers y muy pronto se trasladará a Cañuelas. “Hace 120 años que estamos y ahora aparecen fuerzas nefastas que lo quieren bajar al mercado”, advirtió. Luego advirtió que la desaparición de Liniers podría demoler los precios de referencia a favor de 4 o 5 corporaciones.

La entrada Tormenta dentro de la Mesa de las Carnes: Varios sectores criticaron su ausencia en el acto de San Nicolás se publicó primero en Bichos de Campo.

Por eso, cuando la semana pasada el gobierno distribuyó el 80% del cupo cárnico mensual de exportación de 27.608 toneladas entre los integrantes del Consorcio ABC, además de inhabilitar la posibilidad de que empresas sin planta industrial propia puedan gestionar permisos de exportación por su cuenta, no fueron pocos los que vieron una extraña casualidad.

“Hay lobbies que logran llevar los beneficios para su lado. Le dijimos al gobierno que debe habilitar más empresas para exportar, pero hicieron al revés y al final once industrias se quedan con la mitad del negocio”, apuntó al respecto, Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara de Matarifes (Camya).

“El gobierno armó un monopolio de la exportación, le dejó el negocio exportador al ABC y a nosotros nos dejó sin nada”, añadió el empresario cárnico a Bichos de Campo.

El matarife dijo que, si bien el gobierno actúa en función de intereses electorales, duda de que las medidas puedan reducir de manera significativa el precio minorista de la carne vacuna.

“Lo que están sucediendo es que termina bajando el precio de la hacienda por toda la incertidumbre que hay y porque hay menos demanda exportadora, pero eso no significa que baje el precio en la carnicería porque suben los costos fijos como combustibles, personal o alquileres”, explicó.

Pedace además indicó que les acercaron a las autoridades nacionales una propuesta mediante la cual los matarifes –que abastecen a la mayor parte del consumo en el conurbano bonaerense– podrían subsidiar la carne en el mercado interno a cambio de facilidades para exportar, pero que no fueron escuchados porque finalmente se diseñaron políticas a la medida del Consorcio ABC.

Solo diez empresas frigoríficas se quedaron con 54% de los nuevos cupos de exportación de carne: Este es el listado

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Como adelantó Bichos de Campo, quedaron afuera del reparto los exportadores sin planta y los grupos de productores exportadores.

Ese cupo será de sólo 30.000 toneladas por mes, un volumen chico y del que no podrán participar los matarifes exportadores o los grupos de productores exportadores salvo que las plantas de faena les ceden una parte de “un bien escaso”, tal como lo definió Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores (APEA).

Herrera explicó que este sistema de distribución de los cupos “nos afecta y mucho, porque cada exportador va a tener que sentarse a negociar con la planta frigorífica para que le ceda parte de ese cupo, lo que implica una negociación desventajosa, porque ya está asignado el volumen que se hizo con la performance del segundo semestre del año pasado”.

“Lo curioso es que se incluyó lo que exportamos nosotros, quiere decir que alimentamos el cupo pero luego no lo tenemos”, explicó el productor no sin razón. Es que los frigoríficos que recibieron cupo anotaron como suyas exportaciones que realizaron otros alquilándoles la planta, algo que es muy usual en el sector cárnico. Eso se hubiera evitado si en vez de definir los cupos a partir de los datos de cada planta ofrecidos por Senasa se hubieran tomado los datos de la Aduana a partir del CUIT de cada empresa exportadora.

Herrera se lamentó porque a partir del criterio elegido por el gobierno “quedamos a expensas de la buena voluntad de las plantas y se nos abre un panorama de total incertidumbre”.

“Hay grupos que ya fueron convocados por los frigoríficos para renegociar pero no sabemos qué va salir de esto. Es probable que quieran renegociar tarifas, costos, lo que viene seguro será peor que lo que teníamos”, añadió.

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El empresario exportador de carne vacuna también indicó que con la medida oficial también se produce un incremento de la concentración: “Los cupos están en cabeza de 60 establecimientos y los exportadores el año pasado fueron más de 100. Los 40 que no están en la lista son los que tienen que sentarse a negociar con las plantas. Las medidas que se van tomando no son buenas. No es esta la forma de solucionar problemas macroeconómicos”.

El otro eslabón de la cadena cárnica afectado por esta decisión es el de los matarifes que en los últimos años hicieron pie en la exportación de carne vacuna, especialmente con destino a China.

Ariel Morales, directivo de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), fue duro tanto con los funcionarios, con los frigoríficos exportadores.

“Esta es una resolución que concentra el negocio. Vale decir que el gobierno con esta resolución habilita a solo 63 plantas frigoríficas y deja afuera a matarifes y productores. Así unos pocos terminan manejando el negocio y no les dan la posibilidad a los que estamos en el negocio de la carne que podamos exportar”, indicó el matarife.

Morales además indicó que ese sector se siente discriminado y que debería haber sido convocados a la reunión en la cual se informó cómo iban a ser las nuevas condiciones para exportar, teniendo en cuenta que varios de los asociados a su cámara venden carne al extranjero.

Con respecto a la actitud de los funcionarios dijo: “Fijan pautas para que nosotros no podamos acceder a la exportación. Esta es una normativa hecha a medida de los exportadores. Se trabaja con un lobby que hace presión para que los actores del consumo no podamos entrar en el negocio exportador. El gobierno no puede sacar una resolución privándonos de exportar”.

En tal sentido indicó que el acceso de los mercados internacionales les permite subsidiar el precio de la carne en el mercado interno, como hace el Consorcio ABC con los cortes baratos que envía a los supermercados, pero que eso ya no será posible y deberán por consiguiente competir contra la oferta que hagan los exportadores que llegaron a un acuerdo de precios con el Gobierno.

“Para nosotros era la única manera de darle más barata la carne a la gente, subsidiando con la exportación el precio al mercado local, pero ahora no vamos a poder llegar de ninguna manera a los valores de los 7 cortes que impuso el gobierno”.

Al respecto agregó: “la medida de impedir la exportación de 7 cortes nos afecta directamente. Es una competencia desleal, porque nos vamos a encontrar con sobrantes de la exportación a precios subsidiados mientras nosotros tenemos que comprar la hacienda en un mercado de valores firmes, con invernada y comida cara y no podemos luego vender a 350 pesos el kilo de asado. Por eso queríamos exportar pero le dan el beneficio a un grupo reducido con una resolución que nos traba el trabajo a nosotros”.

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El cierre de las exportaciones de carne vacuna anunciado por el gobierno nacional generó un fuerte debate sobre el impacto de China en la disponibilidad de la carne que llega cada día a la mesa de los argentinos. Hasta el ciudadano más desprevenido sabe que el fuerte de las ventas externas bovinas es el gigante asiático.

En paralelo a este dato, existe una gran confusión sobre el tipo de mercadería que se carga en los contenedores y la que llega a carnicerías y supermercados en todo el territorio argentino. Un abordaje inicial consiste en diferenciar las categorías destinadas al ámbito doméstico y exportación.

En el primer renglón, los argentinos consumimos novillitos y vaquillonas. Se trata de bovinos de 18 a 24 meses de edad que son comprados en remates ganaderos con un peso que oscila entre los 300 y 390 kilos. Al momento de faena, estos animales permiten obtener una media res que oscila entre los 100 y 120 kilos. Esta carne presenta un color rosado brillante, con una grasa de coloración blanca y se trata de animales que en su gran mayoría son terminados a corral.

En el otro rincón, el destino excluyente de las exportaciones del complejo carne es China, con casi el 80% de las ventas totales. De esta cifra, un 90% corresponde a las categorías conocidas como vaca conserva o manufactura. Son animales de casi diez años de edad, que se encuentran en el final de su vida reproductiva y que generan pérdidas económicas en el rodeo. Al sumar estos animales improductivos a las ventas externas, se generaron una serie de beneficios.

Por un lado, se oxigenaron los esquemas ganaderos y se percibieron subas en los márgenes rentables. Y un dato no menor es que los productores también financian con estas vacas viejas la compra de vientres nuevos para los esquemas de cría.

Si un consumidor argentino encuentra esta mercadería en un mostrador, es casi seguro que no la comprará, más allá de su precio. Se trata de una carne de un color que oscila entre el rojo oscuro y marrón y una grasa amarilla.

Con esto lo que queremos dejar bien en claro es que en la Argentina no se consume la vaca con destino China y nuestros novillitos y vaquillonas –base del mercado local– no tiene destino de exportación. El tonelaje exportado de vaca no tiene ningún tipo de impacto en el mercado interno.

Si el cierre de exportaciones se mantiene en el tiempo y aumenta el volumen disponible de vaca conserva, su único destino posible será la industrialización. Se trata de una carne de baja calidad, imposible de comercializar por los canales habituales. Sin eufemismos: ningún consumidor argentino llevará a su cocina o parrilla esa mercadería.

Manual básico para entender qué es una vaca conserva y por qué nosotros no la consumimos

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Eso fue hoy, 31 de mayo.

Hace dos meses, el 29 de marzo, el flamante director de la ex ONCCA, el contador Luciano Zarich, había informado en otro comunicado oficial que se habían suspendido del RUCA “a 15 exportadoras de carne por evadir controles del Estado”. Textual. Ese era el título del comunicado que hasta fue replicado por la agencia internacional Reuters. Pero Agricultura, en esa ocasión, no aportó los nombres de las empresas supuestamente infractoras.

Parecía que estaban controlando. Pero solo parecía. A los pocos días, con la excusa de esos supuestos 15 infractores, el gobierno implementó nuevos controles a la exportación de carnes, que finalmente cerraría con esas herramientas. Inventó nuevos requisitos para los exportadores sin planta. Y luego generó las DJEC, un salvoconducto especial para exportar carne que obligaba a todos los exportadores a atravesar una cuádruple ventanilla. Ahora no solo deberían tener el aval de la Aduana y el certificado sanitario del Senasa, sino también permisos de la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior.

Era lo mismo que los viejos y temibles ROE, con otro nombre.

En Bichos de Campo sospechamos que aquellos de las suspensiones era todo una pantomima montada por Zarich para justificar las nuevas herramientas de intervención de mercados. Por eso, luego de mucho preguntar sin obtener respuesta, el 25 de abril presentamos un pedido de acceso a la información pública, para conocer la identidad de las 15 empresas sancionadas.

El Estado tiene quince días de plazo para contestar a ese tipo de informes: la respuesta oficial firmada por el propio Zarich se conoció a mitad de mayo, dos días antes de que ese cierre de exportaciones mediante las DJEC se hiciera efectivo.

La ex ONCCA envió a este medio esos 15 nombres sin mayor detalle de sus culpas. Pero resultó que no todos era “exportadores de carne” ni todos estaban “suspendidos” del RUCA. Varios incluso ya habían sido rehabilitados.

Entre las 15 empresas que ocultó inicialmente Zarich figuraban Arturo Roca (productor), Fabiana Iris Goijman (monotributista), Protan SRL (una alimenticia), ATG Foods (una procesadora de carnes), Pamp Alimentos (comercial), FG Importadora (exportadora de granos), JAL SRL (un acopio de Salta) y Paraná de San Pedro Representacion SRL (transportista y agrícola). Todas estas sociedades nunca habían figurado en el RUCA como exportadores de carne, y entonces mal podían haber sido suspendidas.

Por otro lado, había una serie de matarifes que ya habían sido rehabilitados, pues se confirmó que no estaban en infracción. Se trataba de La Mestiza (que faenaba en Frigorífico HV y Visom); las 3 M (Faenadores Unidos SRL); Dotzel Beef (Deltacar y Frigorífico Gral Las Heras); Mocho Pampa (Friar y Mattievich); Grain Fed (Deltacar y Las Heras); y Impex Express SRL (Deltacar, Visom y Frigolar).

De aquel listado original, en definitiva, solo quedaba una empresa sospechosa: Huachana SRL, perteneciente a unos hermanos santiagueños. A esta empresa, según información extraoficial conseguida en ese momento, se le habían decomisado además unas 30 toneladas de carne.

Es decir que de las 15, solo 1 empresa parecía haber cometido alguna falta grave.

Pasaron los días, ahora con las exportaciones de carne cerradas por decisión del presidente Alberto Fernández. A la semana parecía que iba a haber un arreglo para que los frigoríficos exportadores pudieran reanudar su trabajo a cambio de más cantidad de cortes baratos para la población pero algo sucedió y todo se dio marcha atrás el jueves pasado. El presidente lucía furioso con el sector al anunciar que mantendría las exportaciones cerradas.

Luego de eso, la Aduana anunció el domingo multas y denuncias contra 19 plantas frigoríficas a las que acusaba de haber declarado exportaciones de carne con hueso a China en una posición arancelaria diferente a la que correspondía y que tributaba menos retenciones. El perjuicio ascendía a 5,8 millones de dólares.

Para no ser menos, este lunes el contador Zarich volvió a la carga con un nuevo comunicado que debió corregir con una fe de erratas. La primera versión decía que “Agricultura inhabilitó la operación de otras 6 empresas exportadoras y decomisó 220 mil kilos de carne vacuna”. La segunda, un rato después, imprimía mayor espectacularidad al asunto: “Agricultura inhibió la operación de 12 empresas exportadoras e interdictó más de 220 mil kilos de carne vacuna”.

La corrección del título colaboró a crear mayor confusión de la que ya había quedado con las primeras 15 suspensiones. Si se sumaron otras 6 inhabilitadas, ¿cuántas había antes? Se supone que había seis. Pero, ¿cómo llegan ahora a sumar 12 si de la primera tanda de suspensiones solo quedaba una empresa sospechosa, la mencionada Huachana SRL?

El comunicado oficial corregido -que ya había sido anticipado a algunos diarios el viernes pasado- no tiene desperdicio y parece un tele cohete dirigido a generar todavía mayor desinformación.

“Ya son 12 las empresas suspendidas o dadas de baja”, informa por un lado.

“Otras 5 firmas se encuentran intimadas para presentar requisitos faltantes”, completa. La suma debería dar 17 empresas sospechadas.

¿Quiénes son? De nuevo lo mismo, no las identifica. Solo menciona a tres. Una de ellas figurita repetida: Huachana SRL.

Del conjunto de las inhabilitadas (que ahora se supone que son 12) solo dice que “comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representa el 21% del volumen exportado por firmas que no tiene plantas de procesamiento propio”. Frente a semejante volumen de negocios, parece poca cosa el decomiso anunciado de 220 mil kilos de carne vacuna. Convertidos en toneladas, son solamente 220. Unos diez contenedores.

¿Y qué casos blanquea ahora Zarich?

•  El de una empresa que no había sido identificada en la primera denuncia. Se llama Alpha Estudio Aduanero, a la cual se le interdictaron en dos operativos unas 130 toneladas de carne que en realidad pertenecían a otra empresas llamada Agrop Negocios. “Cabe destacar que esta última operaba en el mercado con domicilio falso y comprobada insolvencia de sus titulares”, se explicó.
• Una segunda firma mencionada , a la que se le secuestraron 60 toneladas de carne congelada, resultó ser Mocho Pampa, “la cual se encuentra suspendida por haberse detectado maniobras de triangulación”. En realidad, esa firma -que sí figuraba en el listado de 15 suspendidos de fines de marzo- recién fue dada de baja del RUCA el último viernes. Bichos de Campo consultó el RUCA ese día y todavía figuraba como vigente.

•  Y la tercera firma mencionada es finalmente la ya popular Huachana SRL, a la que se le habían decomisado las 30 toneladas de carne mencionadas. En este caso, la ex ONCCA recién ahora blanqueó que “ha sido denunciada penalmente por no haber ingresado divisa por 8 millones de dólares, según el informe del Banco Central”.

En fin, de las 15 empresas suspendidas en aquella primera ocasión, al parecer solo 2 denuncias quedaron en pie: la de Mocho Pampa y la de Huachana.

Ahora se anuncian 12 suspensiones, pero solo se dan a conocer tres nombres: el de Mocho Pampa (que recién fue suspendido el viernes), el de Huachana y el de tándem entre Alpha Estudio Aduanero y Agrop Negocios, firmas que no figuraron nunca en el RUCA.

Nos faltan 9 casos, por ahora ocultos premeditadamente por las autoridades de la ex ONCCA, una vez más. ¿Será que acaso habrá que presentar otro pedido de acceso a la información pública?

Mientras sea gratis…

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