La entrada En medio de las tensiones en la Patagonia, el Senado dio media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.
Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.
Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.
“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.
Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.
Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.
El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.
El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.
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]]>La entrada Elogio para Manuel Belgrano por haber traído el cáñamo al país: Tiene media sanción el proyecto de ley para impulsar los otros usos del cannabis se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Qué propone el proyecto de ley? Regular todo aquello que haga al registro e inscripción de semillas, cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, procesamiento, comercialización y cualquier otra etapa o actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis. Salvo, claro, para fines recreativos.
Para ello se creará la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que deberá controlar y emitir las autorizaciones administrativas correspondientes para la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.
Esa agencia trabajaría en coordinación con los ministerios de de Salud, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANMAT, el SENASA, el INASE, el INTA, el INTI, la AFIP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y los demás organismos públicos con competencia específica en la materia como las universidades.
La iniciativa se financiara con las tasas de control y fiscalización de los sujetos autorizados, con partidas del presupuesto nacional, con los ingresos por emisión de licencias de importación o exportación, y por multas por incumplimiento entre otras.
Durante el debate los senadores retomaron lo dicho por Matías Kulfas en las reuniones informativas previas: “Esta ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo”.
En este sentido, el titular de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá dijo: “Esta producción tiene cualidades ambientales importantes. Tiene una alta resistencia de adaptabilidad y mejora la estructura del suelo. El cultivo tiene huella negativa de carbono porque tiene capacidad de extraer contaminantes del suelo y no demanda la utilización de herbicidas. El cáñamo siempre fue legal en el mundo y lo fue en Argentina Lo que estamos sacando es esa prohibición que había impuesto la dictadura militar”.
Para reivindicar la llegada de este cultivo al país, las senadoras Silvia Giacoppo y Anabel Fernández Sagasti recordaron el impulso que Manuel Belgrano quiso darle al cáñamo en Argentina.
“Belgrano en 1795 redactó un texto en el que exponía las utilidades del cáñamo y el lino, una especie de manual de instrucciones que hizo el prócer sobre el desarrollo de estas plantas. Claramente había visto el desarrollo y el potencial de estas plantas en Europa, donde habían servido estas plantas para exterminar la pobreza. Con esta ley estamos haciendo honor a un gran pensador”, dijo Fernández Sagasti.
De la vereda de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck argumentó que la marihuana es “mucho más dañina que el alcohol y que se trata de una droga de inicio”. Hay que aclarar que aunque la planta es la misma, la variedad de cáñamo industrial no tiene los componentes psicoactivos que tiene su prima hermana, la que se fuma.
Laura Rodríguez Machado, desde Córdoba, consideró que las prioridades deberían ser otras. “Nos prohíben la producción de carne, nos liquidan la generación de biocombustibles, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley que desarrolle el cultivo de cannabis, que va a controlar el ejecutivo nacional que nos prohíbe todas las otras cosas. No lo vamos a aceptar”.
El proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
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]]>La entrada La nueva Ley Ovina obtuvo dictamen favorable y está a un paso de ser aprobada por la Cámara de Diputados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La iniciativa, que fue acompañada de forma general por todos los bloques, modifica el objetivo del régimen original, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas.
Uno de los puntos centrales es que por el plazo de diez años, el Ejecutivo deberá destinar del Presupuesto nacional un monto de 850 millones de pesos para formar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Esto generó algunos tironeos ya que los productores venían reclamando por una suba del monto, que hasta el pasado 5 de abril estaba fijado en menos de 100 millones de pesos, a por lo menos 1.500 millones.
Según el texto del proyecto, serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades. Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”.
Además, en esta oportunidad se le dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos a los pequeños productores y productoras, y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena.
Se dispone también la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), que junto al Ministerio de Agricultura definirá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO.
De ese dinero, un monto no menor al 50% de lo asignado debe financiar de forma obligatoria el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina. De la misma forma se podrá destinar hasta un 20% para acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas, que se consideren estratégicos.
¿Qué dijeron los legisladores?
El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes), señaló que “este proyecto que viene del Senado de alguna manera sintetiza la gran mayoría de las discusiones que se han dado en torno a este tema. Estamos en tiempo de descuento ya que la anterior ley venció hace más de 60 días”.
Por su parte Carlos Heller (FDT-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consideró que el proyecto puede no ser el mejor pero que hay poco tiempo, y ya se cuenta con la media sanción del senado.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), remarcó que se trata de una ley que “viene con faltantes” y que es “demasiado patagónica”, por lo que hubiera sido provechoso trabajarla un poco más.
Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) acompañó las disidencias y se refirió a la falta de un mecanismo que permita actualizar el monto de manera periódica, para que no vuelva a pasar lo que ya sucedió y que los montos comprometidos se escurran por causa de la elevada inflación.
Desde La Pampa, Ariel Rauschenberger (FDT) presentó objeciones en cuanto a distribución de fondos y el criterio que cuenta cantidad de cabezas: “En La Pampa muchas unidades productivas pero pocas cabezas”.
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]]>La entrada El Senado dio media sanción al nuevo proyecto de promoción de la cadena ovina y las llamas: ¿Qué propone? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La ley 25.422, que venció el pasado 5 de abril, surgió hace 20 años con el objetivo de fomentar la actividad y su industrialización, que venía decayendo desde 1970. Luego de que se cumpliera el plazo de su prórroga, realizado en 2011 por diez años más, comenzó a discutirse si era necesario realizar una nueva extensión o si era mejor discutir un nuevo régimen.
En ese marco, el jefe del bloque oficialista, en coordinación con el poder Ejecutivo y la Cámara Baja, redactó una nueva iniciativa en la que se propuso promover la actividad por diez años más, destinándole 850 millones de pesos del Presupuesto Nacional. Además se incluyó en esta oportunidad a la producción de llamas.
¿Cuáles son las claves del proyecto?
- Según el texto de la iniciativa, estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
- Los destinatarios serán personas humanas y jurídicas y se especificará si se trata de productores o productoras.
- También se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), que estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores.
- Por año se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, tanto en el ámbito nacional como provincial. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá destinar hasta el 20% de los fondos hacia acciones de promoción.
- Finalmente, del total asignado se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina.
“Se trata de un proyecto sumamente importante para la vida económica y social de la Argentina”, dijo Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado. Señaló que es importante fomentar el consumo de carne ovina, que en este momento está en 200 gramos por persona, y enriquecer el trabajo nacional alrededor de la lana.
“Se incorpora la llama, que tiene una importante significación en el norte argentino. Durante el debate ha surgido la necesidad de incorporar otros. Lo hemos analizado requieren un régimen especial. Vamos a trabajar en un régimen para otros camélidos y para el ganado caprino que también tiene una enorme importancia”, agregó.
Por su parte el entrerriano Alfredo de Ángeli indicó que “la ley es necesaria” y se refirió a que muchos productores ovinos se acercaron a ese tipo de producción luego de malas políticas de gobierno que los obligaron a dejar sus ganados vacunos. Propuso incorporar un índice de actualización ya que “es una ley a diez años y estos 850 millones de pesos no serán nada en dos años”.
Desde Chaco Víctor Zimmermann consideró que la iniciativa es “una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. Si bien valoró el trabajo en Comisión sostuvo que por los cálculos de la inflación el monto debería llegar 1.600.000 de pesos. “Queremos establecer un coeficiente de actualización para no tener retrasos como hemos tenido anteriormente”, dijo.
Fotos: Senado
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]]>La entrada Dos reveses previsibles: el oficialismo consiguió media sanción para el impuesto a las grandes fortunas y para la ley de manejo del fuego se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, el proyecto redactado por el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y director del Banco Credicoop, cruzó la meta con no tan holgada diferencia.
El debate se resumió en dos ejes centrales. El oficialismo argumentó que este aporte solo afectaría al 0.02% de la población, que dado el grueso de su patrimonio no se vería casi afectado, y aseguró que sería por única vez, siendo una ayuda circunscripta al contexto de la pandemia.
Por el contrario, la oposición dijo que este aporte oculta un nuevo impuesto que llegó para quedarse, remarcando que en Argentina ningún tributo fue por única vez, y lo trató de confiscatorio e inconstitucional por gravar bienes que según la ley de Bienes Personales están exentos.
Recordemos que el aporte involucra a quienes hayan declarado un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos y supone una alícuota del 2%, que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor. El máximo sería de un 3,5%, que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más.
Según el proyecto, lo recaudado se repartirá de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% para comprar equipamientos de salud por la pandemia; un 20% para apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar y un 15% para urbanizar barrios populares.
“Se nos ha dicho que hay quienes deberán vender sus bienes para dar con este aporte. Eso es faltar a la verdad. Según la AFIP serán alcanzadas menos de diez mil personas. ¿Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas? Es una falacia decir que esto”, exclamó Heller en el inicio de la sesión.
Luego agregó: “Lo que les duele es el ejemplo y no el importe. Si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196 seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle estableciendo qué es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen.”
Mirá la entrevista que Bichos de Campo le realizó a Carlos Heller sobre este proyecto:
A pesar de las cifras dadas por el autor del proyecto, el sector agroexportador asegura que este aporte alcanzará a más personas de las que se dice y que no necesariamente serán grandes productores, sino que puede tratarse de trabajadores rurales medianos y pequeños.
Un análisis realizado por la Fundación Barbechando demostró que, por ejemplo, un productor agropecuario que invirtió en el desarrollo de una planta de biodiesel, con un aporte de capital en infraestructura de 80 millones, en un campo de 70 millones de valor fiscal, sumado al capital productivo, estaría en el orden de los 200 millones.
De la misma forma indicaron que un productor que invirtió en una granja de cerdos de 400 madres, o un productor de pollos parrilleros con seis galpones, pueden superar este patrimonio ante la inversión realizada.
“No tenemos ninguna duda de que es un impuesto al sector productivo, al sector que genera trabajo. Particularmente en el sector agropecuario esto le pega a las pymes medianas y chicas. Esto castiga muy fuerte a los argentinos que han apostado a los últimos tres años de esta Argentina tan convulsionada. Es muy injusto este impuesto y lo vamos a sufrir muchos productores”, comentó a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de la Fundación Barbechando.
En este sentido, el misionero Luis Pastori, legislador de la UCR, afirmó que este proyecto no distingue entre la inversión financiera y la productiva y que el objetivo debería ser ampliar la base impositiva, capturando a quienes no pagan, y no arremetiendo contra el sector productivo.
“Este impuesto grava capital de trabajo, mercadería, insumos, bienes de capital, maquinarias, herramientas inmuebles, automotores afectados a la producción, propiedades rurales y la vivienda familiar que no la exime como bienes personales. Para las pymes y el empleo este impuesto es una segunda pandemia. Le pega al campo sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgravar la vivienda de uso familiar”, dijo.
Durante las idas y venidas del debate, los ojos estuvieron puestos en los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, cuyos votos son siempre disputados por los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Para lamento de la oposición, esta vez la mayoría acompaño al oficialismo a diferencia de Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, que indicó que este aporte “presenta algunos inconvenientes, tanto jurídicos como técnicos, y siembra dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad.”
Un voto negativo sorpresivo fue el de Alma Sapag, integrante del unibloque Movimiento Popular Neuquino, que si bien suele ser aliada del Frente de Todos, indicó que este proyecto va en contra de las reglas claras que piden los inversores externos y que al buscar absorber parte de la renta del contribuyente es confiscatorio.
Hacia el cierre de bloques, el presidente de Juntos por el Cambio, Mario Negro, dijo: “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”. Responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica de la pandemia y argumentó que la cuarentena es para rearmar el sistema de salud y no para hacer un programa de gobierno.
Máximo Kirchner, quien debió retirarse a la mitad de la sesión luego de que le informaran que era un contacto estrecho de alguien contagiado de Covid-19, dio vuelta el argumento de Negri y culpó al ex presidente Mauricio Macri por permitir la fuga de capitales hacia el final de su mandato. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje de las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales”, dijo.
Terminada con esa orden del día se dio paso al tratamiento de la ley de manejo del fuego, que obtuvo 132 votos afirmativos y 96 negativos de legisladores de Juntos por el Cambio. El proyecto busca modificar el artículo 22 de la ley 26.815, imponiendo limitaciones de entre 30 y 60 años para actividades en superficies que hayan sufrido incendios.
Desde el oficialismo se argumentó que de esta forma se terminaría con la especulación inmobiliaria que causa la mayoría de los incendios intencionales. Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales dijo: “Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente”.
Por su parte, José Luis Ramón, presidente del Interbloque Federal aseguró que hay que dejar de priorizar planteos económicos y de propiedad privada. “No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas agraven la situación del medio ambiente”, afirmó.
Ambos proyectos serán girados a la Cámara de Senadores. Aún no se sabe si recibirán modificaciones y si llegarán a ser tratados antes del cierre de sesiones ordinarias en el Congreso, a fines de noviembre.
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