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]]>Si Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, creyó que en algún momento que era buena su idea de hacer un fideicomiso para subsidiar el trigo y el maíz a los molinos y las avícolas con dinero de los exportadores y los productores (que finalmente iban a sufrir el descuento), “desacoplando” así todavía más los precios internos, pues todo el sector privado cerró filas para decirle que no, que no era buena la iniciativa y que mejor busque otra fórmula.
Si Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, pensó en algún momento que con esta idea de fideicomiso compensador iba a poder generar más ruido y divisiones al interior del Consejo Agroalimentario Argentino (CAA) y aislar todavía más a los dirigentes de la Mesa de Enlace del resto del sector, pues esto tampoco no sucedió. Al lo menos por ahora, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo resolvieron dar muestras de unidad y además patearon la pelota para el lado del gobierno. Si avanza ese fondo compensador, será pura y exclusiva responsabilidad de los funcionarios.
La idea de reimplantar un sistema de compensaciones para aliviar el peso del trigo y el maíz en la estructura de costos de ciertas actividades (se mencionó en los borradores a los molinos harineros, a los productores de carne de pollo y a los fabricantes de fideos secos), recordó los peores días de 2008 a 2011, cuando el gobierno se gastó varios miles de millones de dólares subsidiando actividades sin ningún resultado visible, porque todo acabó en un festival de corrupción y los precios al consumidor igualmente subieron fuerte.
Con ese recuerdo todavía fresco, en un comunicado las entidades que integran formalmente esas dos mesas de trabajo (que fueron convocadas por el propio gobierno a principios de 2021, luego de las primeras intervenciones sobre los mercados de ambos cereales) eligieron rechazar con cortesía la propuesta hecha por Domínguez para crear un mecanismo compensador. Los privados dijeron con corrección que “desean reiterar su vocación de trabajo para evitar medidas intervencionistas o distorsivas en los mercados de producción, consumo y exportación”.
“Analizado el tema en una reunión conjunta, acuerdan expresar su rechazo a mecanismos como el propuesto por el gobierno nacional de forzar la creación de un fideicomiso de trigo y de maíz que ha trascendido por diferentes medios”, completó el escrito firmado por las Mesas, como para que no queden dudas. Allí figuran todos los eslabones de ambas cadenas agrícolas. Una fuente de las entidades rurales dijo que aunque en el comunicado no están identificadas cada una de esas entidades, los molinos y las avícolas (que serían los principales beneficiarios de la medida) también participaron del rechazo colectivo.
A diferencia del dinero de la ex ONCCA, que era del Estado y todavía se adeuda a muchas empresas que están haciendo millonarios juicio al Estado, en este caso Feletti y Domínguez pergeñaron un mecanismo en el cual los productores de ambos cereales iban a terminar pagando una retención adicional encubierta además del 12% que ya tributan. Sucede que estaba cantado que las cerealeras iban a descontarles del precio los montos que deberían poner ellas como aporte al fideicomiso. En total, se calculó que se necesitarían unos 14 mil millones de pesos en 2022 para subsidiar a ambos sectores el precio de cerca de 5 millones de toneladas de trigo y maíz que se consumen en el mercado interno.
Avanzar en una propuesta de este estilo implicaría dinamitar los espacios que reúnen a productores, con los acopios, los molinos y la exportación. En la reunión del martes de los dirigentes de la Mesa de Enlace se llegó a analizar la permanencia de algunas de sus entidades en el CAA y se decidió por ahora no sacar los pies del plato. Hoy -en las denominadas Mesa de Trigo y de Maíz- se amplió ese consenso tratando de que el gobierno desista finalmente de esta idea y también revise los “volúmenes de equilibrio”, otro mecanismo lanzado por las autoridades de Agricultura para cerrar las exportaciones de modo casi automático cuando se superen los saldos exportables definidos.
Para los privados, lo que está muy claro es que el gobierno está buscando remedios en el lugar incorrecto. “Las Mesas reiteran que el gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021”, remarcó el comunicado.
Los diferentes eslabones de ambas cadenas agrícolas además “cuestionan la política de precios que está llevando a cabo la Secretaria de Comercio que autoriza ajustes de precios siempre por debajo del aumento de los costos de producción y de la inflación anual”. Lo contó temprano el titular de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, al quejarse de que se los autoriza a vender la harina mayorista a un valor de 40 pesos por kilo cuando el costo de producción llegar a 48 pesos.
Luego de acoplar posiciones para sostenerle esta pulseada al gobierno, los privados pidieron audiencia a ambos funcionarios para acercarles sus propuestas. “Teniendo en cuenta el contexto socio económico de nuestro país, la imprescindible necesidad de contener la inflación, asegurar el abastecimiento para el consumidor nacional, las Mesas desean acercar a las autoridades Nacionales una serie de propuestas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación, y sobre todo propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados a través de tarjetas de alimentos”.
Por último, en el comunicado el bloque privado agrega que “no existen problemas de abastecimiento del mercado nacional, en base a las estimaciones realizadas”. En rigor, esta mista tarde el ministerio de Agricultura difundió su estimación mensual, calculando una cosecha récord de trigo de 22,1 millones de toneladas.
“La incidencia del maíz y del trigo en el precio al consumidor de los productos procesados es muy limitada y cualquier mecanismo de compensación no va a generar beneficios para el consumidor nacional”, finalizó el bloque agrícola, convencido de que el camino adecuado no será sacarle a unos para darles a otros.
Ahora -con un frente bastante sólido por delante- tendrá que decidir solo el gobierno si avanza con este proyecto.
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]]>El jueves de la semana pasada se reunió la “Mesa del Maíz”, ámbito integrado por representantes de la producción, industrialización, exportación, comercialización y acopio del cereal, que es coordinada por los subsecretarios de Agricultura Delfo Buchaillot y de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño.
Allí se analizó la situación de oferta y demanda de maíz para determinar que el stock disponible del cereal es más que suficiente para atender las necesidades tanto de los consumos como de las industrias de bioetanol y molienda húmeda y seca de maíz.
Si bien el Ministerio de Agricultura había establecido un cupo de exportación de maíz 2020/21 de 38,64 millones de toneladas, información actualizada al respecto determinó que existe una oferta exportable de maíz para la presente campaña de al menos 41,64 millones de toneladas.
A partir de esa evidencia, el Ministerio de Agricultura está evaluando habilitar un cupo adicional de maíz 2020/21 de un millón de toneladas con DJVE 360 sin necesidad de notificación previa. Los últimos datos oficiales indican que el sector exportador lleva compradas 40,24 millones de toneladas de maíz 2020/21.
Para el ciclo comercial 2020/21 (marzo 2021 a febrero de 2022) se prevé que los bovinos, avícolas, porcinos, tambos y mascotas consuman 16,05 millones de toneladas, mientras que la molienda húmeda y seca requeriría 1,58 millones y 480.000 toneladas respectivamente. Por su parte, el bioetanol maicero consumiría 1,40 millones de toneladas del cereal.
El último ajuste de la oferta habilitada de exportación de maíz 2020/21 se realizó a fines de octubre pasado.
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]]>A la fecha los exportadores registraron declaraciones de ventas externas de maíz 2020/21 por 37,23 millones de toneladas, con lo cual quedarían 1,27 millones de toneladas por comprar antes de agotar el cupo de exportación que, si bien no está formalizado, opera en los hechos en el marco de un sistema de “autorregulación privado” con vigilancia estatal denominado “mesa del maíz”.
Como el ciclo comercial 2020/21 finaliza el próximo 28 de febrero, a partir de ahora el ritmo de autorizaciones de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de maíz de la presente campaña comenzará a ralentizarse, a menos, claro, que el gobierno decida ampliar el cupo tácito de exportación del cereal.
El último informe mensual de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura proyectó una oferta exportable de 38,5 millones de toneladas, lo que implica que –hasta nuevo aviso– ese es por el momento el cupo tácito de exportación asignado.
En lo que respecta a las compras, al 15 de septiembre pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, los exportadores tenían comprados 37,54 millones de toneladas, de las cuales 30,1 millones tenían precio hecho, mientras que las restantes correspondían a operaciones con “precio a fijar”.
Una vez completado el cupo tácito de exportación del cereal, los exportadores deben retirarse del mercado para que la oferta disponible quede en manos de los consumos, tales como avícolas, porcinos, feedlots y balanceados, entre otros.
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]]>La noticia aparente, según el comunicado oficial, es que se siguen buscando alternativas y que todavía no hay una receta acordada entre el gobierno y las 32 entidades que han mostrado interés en participar de esa mesa. ad hoc Todas ellas forman parte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), al que el gobierno ha elegido como único interlocutor, tratando de dejar fuera de la discusión a las entidades tradicionales de la Mesa de Enlace, que recelosas incluso protagonizaron una muy tibia protesta ante la medida.
“Vos no tenés Kickers, vos no entrás”, decía una vieja publicidad de televisión que anticipaba la discriminación cotidiana que todavía se vive en la Argentina en muchos planos. Incluso en el institucional.
El segundo título que podría surgir del comunicado oficial es que, luego de tres reuniones, no se ha logrado todavía un acuerdo y que la alternativa promovida por el propio gobierno para “desacoplar” los precios internos y externos del maíz, un extraño fideicomiso del cual no se han sabido detalles, no cuenta con el respaldo del sector privado.
De hecho, recién en el anteúltimo párrafo del comunicado se dice que uno de los puntos abordados “fue la búsqueda de consensos para avanzar en el diseño de herramientas destinadas a igualar condiciones de compra y de consumo, entre las que se encuentra la posibilidad de construir un fideicomiso y otras alternativas”, como para no darlo del todo fallecido.
Los principales voceros del CAA ya habían anticipado su rechazo a un fideicomiso propuesto por Agricultura y lo mismo habían hecho los dirigentes de la Mesa de Enlace, temerosos de que ese mecanismo termine convalidando una nueva exacción de recursos de los productores para subsidiar a sectores que consumen maíz internamente. Además, claro, de las retenciones.
Desde nuestra mirada periodística, de todos modos, la verdadera noticia es que el gobierno ha fracasado hasta aquí en su visible estrategia de separar al CAA de la Mesa de Enlace. En sus declaraciones públicas, el ministro Luis Basterra ha tratado permanentemente de hacerlo, diciendo incluso que en el Consejo han encontrado una vocación de diálogo que no existen en las entidades gremiales. A los ruralistas los ha acusado más o menos de ser “opositores”, negando que bien o mal son representantes de los productores.
¿Y por qué decimos que no han podido dividir el gran frente agroindustrial que, por h o por b, se opuso con éxito al cierre de las exportaciones de maíz?
El propio comunicado oficial informa que la nueva reunión de la Mesa del Maíz contó con la participación del presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y la del vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker. Esos dos dirigentes, que una semana atrás estaban de paro comercial contra el gobierno, ahora estaban sentados en la mesa de negociación, buscando soluciones al problema planteado por las autoridades.
Los ruralistas, que integran el CAA desde su fundación a mediados de 2020 junto a Coninagro (la única entidad que se autoexcluyó fue la Sociedad Rural Argentina), se sumaron así al plantel estable del Consejo que viene discutiendo con el gobierno: el coordinador de la Mesa de la Carne, Dardo Chiesa; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; y el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA CEC), Gustavo Idigoras. También estuvo, por los consumidores de maíz, el gerente de Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi.
Otro dato que surge del comunicado es que la búsqueda de una salida consensuada frente a la suba de los precios externos del maíz (una buena noticia que la política local transforma en una mala noticia), es que ya el Ministerio de Agricultura no tiene margen para “cortarse solo”, como sucedió con el sorpresivo cierre de las exportaciones de maíz y la posterior imposición de un cupo diario de 30 mil toneladas. Ahora en las negociaciones los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán, envían siempre a sus delegados.
“Las partes acordaron continuar trabajando a través de los respectivos equipos técnicos y acordaron volver a reunirse durante la semana próxima”, cierra el comunicado.
Qué bueno. Estamos todos, sin fisuras ni divisiones artificiales, hablando como gente grande que finalmente intenta entenderse y resolver lo mejor para el conjunto.
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]]>La entrada El Consejo Agroalimentario se despega de un posible fideicomiso para el maíz: “Es una propuesta del gobierno y no la terminamos de entender”, afirmó José Martins se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por esa razón, y para poder desactivar esa medida, el CAA también se involucró en las últimas dos semanas en la conformación de una Mesa Intersectorial de Maíz, que ya se reunió varias veces con las autoridades nacionales para buscar soluciones menos dañinas que el cierre de las exportaciones. Esa decisión, tomada el 30 de diciembre pasado sin ninguna consulta previa con el sector privado, fue la gota que colmó el vaso y llevó a las entidades de productores de decidir el reciente cese de comercialización de granos.
En diálogo con Bichos de Campo, Martins contó que la primera acción que llevó a cabo el CAA fue explicar al gobierno que no había un problema en el stock de maíz y que no estaba en riesgo el abastecimiento interno. Consideró el directivo que esta posición ayudó a que se levantara la restricción a anotar nuevos embarques.
Pero el objetivo ahora está en lograr una armonización de los intereses de la cadena y las soluciones a los problemas para evitar que la política se involucre con esas soluciones drásticas a las que nos tiene acostumbrados, y que terminan empiojando todo.
Martins explicó que hay sectores del consumo interno de maíz, algunas industrias transformadoras como la avícola, que “van comprando de a poco (el grano) pues no tienen capacidad para hacerlo a lo largo del año. Con lo cual nos pusimos a trabajar en herramientas en el interior de la cadena” que están vinculadas a la posibilidad de asegurar precio y abastecimiento a través del mercado de futuros (Matba/Rofex).
Pero al mismo tiempo, desde el Gobierno se les propuso organizar un fideicomiso que sirva para “desacoplar” el precio interno, con unos actores de la cadena maícera subsidiando a otros cuando hiciera falta.
“Es complejo, porque hay un montón de empresas y de sectores y no sería nada sencillo de lograr. De ninguna manera (el fideicomiso) fue una propuesta de la Mesa ni dijimos que lo va a pagar el productor ni mucho menos. Es una propuesta del gobierno, hay que desarrollarla mucho y no la terminamos de entender y hay que ver si es viable”, aclaró el coordinador del CAA.
Escuchá el entrevista completa a Martins:
Por ahora, así, son más las dudas que las respuestas respecto de este posible instrumento que ayude a que los consumos accedan al maíz a un precio que no acompañe al internacional, para así evitar una presión sobre los costos de los alimentos y al mismo tiempo que no se vea afectado el precio al productor.
“Se nos tiró el título, pero hay que ver cómo se fondea, quién lo fondea, cómo se distribuye, a quién y en qué momento. Es tan complejo, no es de fácil resolución”, aclaró el presidente de la Bolsa de Cereales.
Con respecto al origen del dinero que lo conformaría, Martins sugirió que el gobierno podría destinar recursos propios para cumplir con ese objetivo y subsidiar el consumo interno de maíz. “Hoy el Gobierno recibe muchos más dólares de los que previó, porque los precios de los granos se dispararon. Ahí podría haber un monto para atemperar cosas”, dijo Martins, en sintonía con Gustavo Idígoras, del Ciara-Cec, que también dijo a Bichos de Campo que una chance era armar un fondo anticíclico con la recaudación extra por retenciones.
Como sea, la intención del Consejo sería ayudar a cerrar el cerco para evitar nuevas intromisiones de la política en el mercado de maíz, que sean más perjudiciales. Por caso, un nuevo cierre de exportaciones o el incremento de los derechos de exportación, actualmente del 12%.
“Está en nosotros la posibilidad de neutralizar eso. El agro tiene una altísima carga impositiva, cuando es el que puede generar divisas, empleo y reducir la pobreza. Si subimos la carga tributaria vamos en contra de ese propósito”, alertó Martins frente a la posibilidad en lo inmediato el Ejecutivo eleve de 12 a 15%, como autorizó el Congreso en 2019, los derechos de exportación.
A tal efecto, y previendo que la situación que se dio con el maíz se repita con los demás granos, desde el CAA se decidió también armar la Mesa del Trigo, ya que en esta cadena también hay sectores que están complicados y sienten la presión oficial. El eslabón que peor la pasa es la molinería, que tiene precios cuidados en la harina mientras el trigo dio un salto importante. De esta situación dio cuenta en Bichos de Campo hace pocos días Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).
También en este caso se pretende evitar medidas que más que soluciones significan problemas en el sector.
Por eso Martins consideró: “Nos movilizamos en tratar de generar propuestas e inmediatamente armamos la mesa de maíz y del trigo y ahí están representados todos a través de las cadenas y las entidades con activa participación y consenso. Lo que hemos hecho hasta ahora fue presentar una batería de herramientas que estamos trabajando para que bajemos la espuma”. explicó.
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