La nueva ley, que regirá por una década, establece un fondo anual de 850 millones de pesos para la actividad. Si bien en un principio los productores pretendían que el mismo sea de 1600 millones de pesos, monto que había sido acordado de palabra con algunos diputados, luego el mismo fue reducido por funcionarios del Ministerio de Economía a la mitad.

Un aspecto no contemplado en la flamante ley es del ajuste por inflación del monto en cuestión. Por lo tanto, en los años sucesivos se deberá negociar la posibilidad de incrementarlo en el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional.

Cuando nació la primera edición de la ley –que expiró en abril pasado– la misma contemplaba un fondo de promoción de 20 millones de pesos que en épocas de la convertibilidad significaban 20 millones de dólares. Cuando se renovó, diez años después de creada, se destinaron 80 millones de pesos, que equivalían también por entonces a 20 millones de dólares. Pero ahora 850 millones de pesos representan unos 8,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial (intervenido por el gobierno nacional) y 4,7 millones de dólares con el dólar MEP.

El régimen de promoción ovino, en sus dos décadas de vida, representó una herramienta importante para el sector, que permitió organizar el programa Pro Lana y también sirvió para recomponer majadas y fomentar el desarrollo de la actividad en diferentes provincias.

Daniel Lavayén, uno de los coordinadores de la Mesa Ovina Nacional, se mostró satisfecho con la votación y dijo que permitirá “impulsar la cadena de la carne”, porque “se consume muy poco ovino en Argentina y es necesario desarrollar ese canal comercial”.

Las regiones patagónicas, donde se concentra la mayor parte del rodeo ovino argentino, viene de años consecutivos de sequías y nevadas que afectaron al sector y es necesario –aseguró Lavayén– contar con incentivos para recomponer el stock.

También agregó que la continuidad del régimen permitirá fomentar el desarrollo de mercados de la exportación e inversiones a nivel industrial, que son muy necesarias en regiones del centro y norte del país, donde faltan plantas de faena.

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Fue por ese motivo que la Mesa Ovina Nacional le envió una carta al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, para recordarle la necesidad que tiene el sector de renovar el Régimen de Recuperación de la Ganadería Ovina, y pedirle que lo incluya en el temario. Extraoficialmente ya se deslizó la posibilidad de que sea convocada una nueva sesión antes de fin de año.

“Este proyecto originado en la Cámara alta cuenta con dos años de intenso trabajo interinstitucional tanto en el ámbito público como privado, alcanzando un amplio consenso entre todos los actores involucrados. Su exclusión en el tratamiento pone en serio riesgo su continuidad y deja al proyecto con riesgo de perder su estado parlamentario”, indicaron en el comunicado.

Recordemos que la ley actual venció en la pasado 5 de abril, y que el proyecto que se encuentra en danzas ya cuenta con media sanción en el Senado, y dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería. De no sancionarse antes de que finalice el período ordinario, el próximo 30 de noviembre, el proyecto debería incluirse en las sesiones extraordinarias del verano, o bien esperar a que alguien lo retome el año que viene.

Sin embargo la situación del sector es crítica. “Nuestra actividad involucra a más de 120.000 productores distribuidos desde Jujuy a Tierra del Fuego, siendo una actividad principalmente de productores familiares y pymes, quienes generan arraigo, ocupación del territorio y cultura del trabajo en el interior profundo”, señalaron desde la Mesa Ovina.

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Esta situación generó incluso que varios legisladores de la oposición deslizaran que no otorgarán quórum para sesionar a menos que la agenda de trabajo se actualice.

Por ahora, en el temario de la sesión del día de hoy incluye la discusión del Etiquetado Frontal de Alimentos, la modificación del  Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales y el establecimiento de un régimen previsional de los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales.

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La normativa nació hace 20 años, cuando aún regía la convertibilidad, y dispuso un fondo inicial de 20 millones de pesos. En 2010 la cifra se actualizo a 80 millones pero los vaivenes económicos, la inflación y el crecimiento del sector, hicieron que ese monto quedara desactualizado.

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Según Daniel Lavayén, uno de los coordinadores de la Mesa Ovina Nacional, “se resolvió unificar todo en un solo proyecto, no sabemos si se va a redactar uno nuevo o si se agregarán modificaciones a alguno de los presentados. De todos modos todos son buenos y contemplan la actualización presupuestaria que pedimos”.

Además del aumento de fondos, el consenso llegaría a otras cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15. Por otro lado, el monto de asistencia tendrá actualización anual según los datos de la inflación.

Con el dinero con el que se dispondría, se podría ayudar al programa Prolana que no está contemplado en la normativa vigente. Se podría también asistir a la mejora en maquinaria e infraestructura de los frigoríficos y de la industria textil, para incorporar a nivel productivo herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el bienestar animal.

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