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]]>De otro modo no se explica la resolución Resolución 254/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, la norma parece ser muy anodina y no decir nada: pero multiplica por más de tres veces los fondos con que ese organismo puede salir a subsidiar a pequeños productores y organizaciones campesinas.
Allí también, queda claro, la maquinaria de poder kirchnerista saldrá a tentar a la gente para que los vote en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El objetivo son los sectores más empobrecidos del medio rural, y que mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) padecen. La pobreza rural es un fenómeno que no se mide (el INDEC solamente toma registro en los principales conglomerados urbanos).
La Resolución 254/2021, firmada por Gómez, dice en su Artículo 1º: “Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2020-1-SAFCEI#MAGYP de fecha 29 de julio de 2020”. En aquella norma, que tiene apenas poco más de un año de vida, se había aprobado el “Manual Operativo del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
Bichos de Campo se tomó un rato para ver qué es lo que se había modificado en ese Manual Operativo. Y es que en los considerandos de la nueva resolución no se explica ni qué se modifica ni por qué debe modificarse. Solo se dice que “en esta etapa y en función de la experiencia obtenida en el desarrollo del citado Programa se entiende conveniente modificar el precitado Manual Operativo, contemplando los parámetros básicos y objetivos a los que deberá ajustar su cometido”.
Revisando ambos manuales, la conclusión es que no cambia nada hasta el punto 6 del Manual, que se refiere a la “Implementación” del programa de asistencia crítica y directa a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que apunta a “asistir en forma directa y oportuna a productores y productoras de la AFCI que se encuentren en situación de riesgo productivo ante situaciones ocasionadas por eventos excepcionales, inesperados, imprevisibles y/o irresistibles”, así como “mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores” y “promover, apoyar y fortalecer la inclusión social y cultural” de ese sector del agro argentino.
¿Y qué cambia en el punto 6? Los montos con los que la Secretaría liderada históricamente por el Movimiento Evita (entre 2011 y 2015 directamente por Emilio Pérsico, y desde 2019 a la fecha por el propio Gómez) podrá salir a subsidiar a esta población objetivo.
Dice el Manual anterior: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos. Los aportes serán definidos por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los Pesos Cien Mil ($100.000)”.
Dice el Manual actualizado: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de Aportes no Reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
Los aportes serán definidos y otorgados mediante acto administrativo por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los DIEZ (10) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles)”.
A partir del 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil sufrió un incremento -también en clave electoral- del 46% y quedó ubicado en 32 mil pesos. Quiere decir que la Secretaría de Agricultura Familiar podrá distribuir hasta un máximo de 320 mil pesos por beneficiario de sus subsidios, es decir tres veces y un puchito más del dinero que estaba autorizada a distribuir hasta ahora.
Ese área de la cartera conducida por Julián Domínguez también puede asignar aportes no reintegrables a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígenas. En este caso de personas jurídicas, los subsidios que hasta ahora podían ser de hasta 2.500.000 pesos, ahora tendrán un límite máximo de 180 Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto es 5,76 millones de pesos, más del doble.
Otra cosa que cambió es que en el nuevo Manuel se eliminó el Punto 14, referido al Presupuesto. Antes se ponía un límite de 30 millones de pesos para la implementación y ejecución del programa. Ahora ese tope se eliminó. No hay precisiones respecto de la cifra global.
A favor de la nueva normativa debe decirse que incorpora todo un capítulo vinculado a la “debida diligencia”, que apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso.
En ambos manuales se repite un punto referido a la “Transparencia”. Allí de determina que “la SAFCI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura, para disponer de un espacio dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía pueda acceder a información actualizada del presente Programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley 25.326 (Protección de datos personales) y la Ley 27.275 (Acceso a la información pública)”.
Por ahora no hay noticias de ese apartado.
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]]>Luego de varias semanas de muy escasa actividad normativa en la cartera agropecuaria, estas novedades referidas a un área del Minagri fuertemente politizada, donde predominan funcionarios del Movimiento Evita, dio pie a las especulaciones: ¿Dejará su cargo el ministro luego de las elecciones? Desde hace semanas que en los corrillos políticos se especula con esa posibilidad.
Por un lado Basterra firmó la Resolución 174/2021, que dispuso la creación del programa “Semillar” o Programa de Semillas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El mismo funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura Familiar que conduce Miguel Gómez y no bajo el paraguas de Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo técnico que depende también del Ministerio.
Según marca la resolución firmada por Basterra, que no agrega demasiado detalle sobre el funcionamiento operativo del Semillar, dicho programa tendrá como objetivo “propiciar y fortalecer sistemas de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento de semillas en el territorio nacional”.
Solo justifica la resolución oficial que “existe preocupación internacional sobre la pérdida de los recursos fitogenéticos asociados a la alimentación” y expone que “la conservación in-situ de variedades mejora la capacidad de adaptación y resiliencia necesarias”, ya que “en nuestro país dicha pérdida ha provocado la reducción de las capacidades del sector de la agricultura familiar para su desarrollo y del consecuente abastecimiento local de alimentos”.
La otra norma publicada por Basterra en el Boletín Oficial ses todavía más incierta. Se trata de la Resolución 180/2021. Dispone la creación del “Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”, también en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar.
“Será objetivo del Programa robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor agregado y comercialización para todos los productores y productoras de dicho sector inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)”, explicó el segundo artículo de la normativa. También se beneficiará a las organizaciones de ese sector inscriptas en el Renafo.
Aunque no está muy claro de qué se ocuparía este nuevo programa (en el Ministerio también existen áreas específicas vinculadas a la comercialización y el agregado de valor), en las explicaciones sobre su necesidad se argumenta que “en lo que respecta a la formalización, se observa que la falta de ella junto a la de organización y formalización de los actores, genera un bajo poder de decisión y negociación para hacer frente a la comercialización de los productos”.
Se intuye entonces que la iniciativa tenderá a generar figuras formales para que los pequeños productores puedan vender sus productos en condiciones de mayor formalidad.
“Asimismo se busca abordar aspectos que afectan directamente en la comercialización de los productos de la AFCI. En este sentido, la calidad e inocuidad de los productos del sector es un aspecto clave, como así también en aspectos técnicos de proceso, como de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de pos-cosecha, almacenaje y logística”, agregan los fundamentos de la Resolución firmada por Basterra, añadiendo objetivos casi inagotables al referido programa.
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]]>El funcionario, proveniente del Movimiento Evita y de Vía Campesina, manifestó que de todos modos, más allá de la calificación que le pongan a los productores más chicos, “nos importa su forma de relacionarse con la producción. Priorizamos el hecho de que vivan en el predio y su relación con la naturaleza, y no tanto una cuestión monetaria, porque no es lo mismo la extensión de tierra en la pampa que en el norte o en el sur”.
“Creo que la ampliación de esta mirada de la agricultura familiar va por la forma de relacionarse con la producción, que implica respetar el ambiente, mas en estos tiempos de pandemia”, ratificó.
Mirá la entrevista completa realizada a Miguel Ángel Gómez:
Los datos relevados en el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) del Indec dieron cuenta de un fuerte proceso de concentración en la producción, ya que cayeron el 25% de las explotaciones desde el anterior censo de 2002. Le preguntamos a Gómez, en función de ello, cuántos productores familiares quedan en el país. Contestó: “Creo que es un número bastante amplio el que da el censo -sólo 325 mil explotaciones quedan en pie-. No hay un dato preciso, y además hay que ver las condiciones en que se hizo el mismo. Pensemos que hay campesinos monte bien adentro donde ese censo no llegó”.
No obstante, Gómez aclaró que en la nueva etapa de gobierno “pondremos toda nuestra energía en que ningún otro productor deje su tierra. Es un desafío enorme, y ojalá estemos a la altura de poder lograrlo. A veces es complejo llegar al que está metido monte adentro o produciendo en la punta de la montaña, a los cuales la política tradicional no llega”.
“Nosotros creemos que ese sujeto también está haciendo patria, entonces hay que llegar a él para generarle condiciones dignas de producción y para que pueda quedarse allí”, afirmó.
Otra de las políticas a las que aspira Gómez es a la de trabajar en conjunto con Cancillería y con la Agencia de Inversiones para que se puedan exportar productos directamente desde la Agricultura Familiar. “Tenemos que indagar esa línea, porque nuestro trabajo es mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, ya hubo una experiencia en otra gestión donde se exportaron cabritos a los países árabes”, recordó.
Durante la entrevista surgió el planteo de las diferencias de visión política entre la gestión de Mauricio Macri y la actual de Alberto Fernández, en materia de Agricultura Familiar. En rigor, durante la era de Cambiemos Agricultura evito reglamentar la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada por el Congreso en 2015.
En este punto, Gómez explicó que “nosotros sí queremos reglamentar esa ley, ya que facilitaría la producción. Es una ley que enmarca la participación de toda la ciudadanía pero estuvo 4 años sin reglamentar. Por eso estamos avanzando en una propuesta, consultando a diferentes referentes del sector”.
El tema del presupuesto necesario para llevar adelante dicha ley será seguramente objeto de polémica. En aquel momento, el fondo de reparación histórica previsto era de 1.500 millones de pesos, monto que ahora no tendrá el mismo valor por las sucesivas devaluaciones de la moneda nacional.
“Agricultura Familiar fue una de las áreas mas golpeadas de la gestión anterior. Había 2.000 trabajadores y echaron a 1.300. Hay provincias donde sólo quedaron tres personas, como en Chubut. Así es imposible armar trabajo en el territorio. Para fomentar el desarrollo de esta agricultura se necesita gente en el territorio”, marcó el nuevo secretario. Confirmó, en este punto, que podrían revisarse algunos de esos cientos de despidos.
Para el flamante funcionario, “ahí está nuestra visión diferente de la del macrismo; nosotros creemos que se necesita gente para atender desde el Estado. Hay cosas en las que el Estado debe intervenir. Necesitamos compañeros en el territorio que puedan desarrollar las tareas que hacíamos antes de la gestión anterior”.
A modo de poner un ejemplo de por qué se necesita más personal en el territorio, Gómez expresó que “es necesario relevar necesidades y una de ellas es la de armar pequeñas unidades productivas y una planificación de la cuestión productiva por zonas. Estas unidades deben estar enfocadas en el abastecimiento local. Creemos que hay que fortalecer los mercados de cercanía”.
Acerca del armado para que los pequeños productores puedan convertirse en proveedores de alimentos en su propia región, Gómez lamentó de “que la verdura tenga que viajar 300 kilómetros cuando la podés hacer ahí nomás. Esta experiencia ya se hizo en Daireaux, en el centro bonaerense, donde se trabajaba con 5 o 6 lineas de producción enfocadas en el abastecimiento local, tales como huevo, leche, porcinos u horticultura”.
Gómez también destacó que “estamos trabajando con el ministerio de Ciencia y Tecnología en un espacio de discusión para armar o promover una ley que fomente la agroecología. Es que hay que tratar de producir alimentos sanos. Por eso convocamos a Eduardo Cerdá en la creación de una dirección nacional de Agroecología. Pero la misma estará bajo la órbita de la Secretaría de Alimentos”, aclaró.
Ver: De Pérsico a Hardie, no cambió casi nada: La Agricultura Familiar sigue manejada por militantes
-¿En la Argentina se podría llegar a subsidiar productores?
-No hay un prurito sobre eso. Si eso mejorara su condición, podemos verlo. El subsidio es una herramienta y si se lo usa bien podría dar proyecciones de trabajo con un estímulo; siempre con una mirada más fuerte a los más débiles. Y ese no es el rol sólo de mi Secretaría, sino de todo el Estado.
En relación al Monotributo Social Agropecuario, que fue eliminado por el gobierno de Cambiemos y unificado con el monotributo social, el funcionario opinó que aquella decisión “hizo mal a los productores, porque muchos quedaron con deudas”.
Como línea de trabajo, de todos modos, no anunció la reimplantación de un instrumento parecido sino que avisó: “Nosotros queremos tener un buen registro de la agricultura familiar (por el Renaf) y firmamos un convenio con Banco Nación para que se le otorgue una tarjeta de débito y una cuenta” a los pequeños productores que figuren en ese registro.
“Es la forma de incluirlos financieramente, ya que no todos tienen acceso. Hay una fuerte tarea que tiene que ver con la formalización del sector. No creo que podamos volver al Monotributo Social Agropecuario de costo cero”, afirmó.
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