Esto quedó de manifiesto finalmente este martes, en un acto realizado en el que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, desde Corrientes, junto a su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, desde Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley de fomento a la agroecología que define principalmente acciones de promoción de la actividad y la creación de un registro de productores que la practiquen.

Si bien se sabe que todo proyecto de ley debe pasar primero por el Congreso, el encuentro de ayer, marcado por las misivas militantes de sus autores y alejado por completo del debate técnico respecto de los modelos de producción vigentes en la Argentina, estableció cuál será el tono de la conversación de acá en más.

¿Y qué dice el proyecto de ley de fomento a la agroecología que preparó el gobierno?

“La producción agropecuaria es el corazón de nuestra economía y muy pocas veces se pone en discusión los efectos de esa producción. Esta ley pretende resolver uno de los principales problemas ecológicos que tiene la argentina que es la producción agropecuaria”, dijo el diputado por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, quien es autor del proyecto y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.

“Esto no es en contra de nadie. Es crear un modelo alternativo usando prácticas sustentables”, agregó el legislador adelantando lo que será una clara contradicción en el debate.

Por su parte José “Pitín” Aragón, coautor del proyecto y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en Diputados,  expresó que “es el inicio de una discusión y apertura legislativa a una discusión que creemos que hace mucho nos debíamos. La agroecología no es solo una palabra linda en una oración”.

No es un dato menor traer a colación los dichos de ambos legisladores ya que el proyecto será tratado por sus respectivas comisiones y su lugar como presidentes de las mismas asegura un rápido tratamiento.

Ahora bien, ¿qué dijeron los ministros? Basterra indicó que la agroecología no es una posición romántica y que “hay que cambiar la mirada antropocéntrica por una biocéntrica de forma tal de ser parte de un sistema y no los dominadores de un sistema”.

Ver también:  La agroecología se puso de moda, sobre todo entre funcionarios. El Ministerio de Ambiente creó su propio programa para impulsarla

Salvarezza sostuvo que “estamos asistiendo a un cambio muy profundo de la percepción que tiene la sociedad de la relación que existe entre la producción y el cuidado del ambiente”.

El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, afirmó que “hay una mirada muy fuerte sobre los modelos productivos, y animarnos a pensar nuevos paradigmas es el desafío que todos tenemos”.

En el proyecto de ley se entiende a la agroecología como un “paradigma que incluye elementos técnicos, ecológicos, científicos y de organización social para la producción de alimentos y otros bienes primarios o rurales desde un enfoque holístico e integral”. Una definición que termina de no ser clara.

Por otro lado en el artículo 8 se adelanta la prohibición “del ejercicio de actividades por parte de terceros, que vulneren o restrinjan el derecho a ejercer libremente el desarrollo de la producción agroecológica”, lo que plantea un punto de posible colisión con actividades agropecuarias convencionales. Por ejemplo, vale la pena preguntarse qué sucederá cuando un productor agroecológico acuse a su vecino convencional, que utiliza un insumo químico.

Con estas frases y mirando el texto del proyecto podemos afirmar en este punto que la discusión tiene por ahora más matices políticos que técnicos. Teniendo elecciones a la vuelta de la esquina, que implicarán una renovación importante de la planta de legisladores, algunos de ellos muy relacionados al sector agropecuario, solo se puede esperar a esta altura un debate lo más serio posible.

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El Ministerio de Agricultura decidió reinterpretar la letra fría de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, con el objetivo de ampliar el universo de beneficiarios de los programas oficiales de apoyo al sector. Ahora se podrán inscribir en el RENAF (el Registro Nacional de Agricultura Familiar) organizaciones vinculadas a la producción de alimentos, quienes promuevan la agroecología, los pescadores artesanales, quienes comercialicen productos en mercados de cercanía y hasta quienes tengan algún conflicto de acceso a la tierra.

“Todes somos agricultores familiares”, parece ser la consigna de la época.

La ley 27.118 definía con claridad qué parámetros utilizaría el Estado para identificar a los sujetos beneficiarios de esta política publica y podrían ser incorporados al RENAF. En su artículo 5°, se define como tales a quienes llevan adelante actividades agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural, que tienen su ingreso principal en esa actividad, que moran en el campo o en la localidad más cercana, que utilizan mano de obra familiar, y otros requisitos.

Pero ahora, la Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo de Miguel Gómez (foto) incorporó a través de la Resolución 77/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, nuevos criterios que permitirán ampliar estos requisitos.

“Se considera necesario habilitar un sistema integral de acceso a los beneficios previstos para el sector, extendiendo la posibilidad de registro también para aquellas formas asociativas, cualquiera fuera su status jurídico, en las que los productores/as se organicen para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de sus territorios, resolver problemas de producción, comercialización, financiación, obtención de recursos o de infraestructura”, dice un tramo de los considerandos de la nueva normativa.

Entonces, a partir de este cambio, el RENAF no correrá solamente para personas físicas. Ese registro ahora tendrá dos componentes diferentes:

• componente Núcleos de la Agricultura Familiar, que tendrá a su cargo la inscripción de todo agricultor y agricultora familiar que, en tanto personas humanas, reúna los requisitos indicados en el Artículo 5º de la citada Ley Nº 27.118;
• componente Organizaciones de la Agricultura Familiar, que permitirá la inscripción de organizaciones conformadas por agricultores o agricultoras familiares y pescadores o pescadoras artesanales, cualquiera fuera el tipo de forma asociativa, categoría o status jurídico, siempre que con sus actividades promuevan la producción de bienes y servicios de la agricultura familiar, el uso de tecnología, la capacitación, acceso a infraestructura o fortalecimiento socio organizativo, la comercialización de productos y servicios, la difusión de información de mercado y la actividad gremial;
• componente Agroecología, en el que podrá registrarse todo/a productor/a que lleve adelante un modo de producción agroecológico;
• componente Pesca Artesanal, en el que podrá registrarse todo/a pescador/a artesanal;
• componente Comercialización, en el que podrán registrarse tanto las personas humanas como las jurídicas que lleven adelante procesos de comercialización de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena y/o de la pesca artesanal;
• Componente Acceso a la Tierra, en el que podrá registrarse todo agricultor o agricultora familiar que declare algún conflicto en el acceso a la tierra.

¿Y de qué sirve aparecer registrado en el RENAF? “Esto tiene como finalidad el reconocimiento social del sector así como la orientación adecuada de las distintas políticas públicas que desarrolle el Estado Nacional a través de los distintos organismos competentes”, explicó el Ministerio de Agricultura en una página específica. La regisatración allí es obligatoria para acceder a los beneficios brindados en el marco de la Ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva realidad en la Argentina”.

Estos beneficios están en algunos casos ya plasmados y otros en construcción. Por ejemplo, hay un programa para la Inclusión financiera junto al Banco Nación, en el que se ofrece a los agricultores familiares la apertura de cajas de ahorro gratuitas, más la gestión de apertura de una terminal de pago para el cobro de tus ventas, sin costos; y se otorgan créditos con tasa bonificada.

También la pertenencia al RENAF habilita la posibilidad de contra con el Monotributo Social, facilita la gestión de permisos sanitarios en el RENSPA,  donde se establece la Eximición de Aranceles de más de 80 trámites del Senasa.

Otro beneficio es poder contra con el Certificado MiPyme, que es el documento que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo a las micros, pequeñas o medianas empresas que realizan en el país actividades en diversos sectores incluido el agropecuario.

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La certeza de este periodista es que eso está sucediendo. O mejor dicho, que está volviendo a suceder.

Como para que nadie se quede en la chiquita de explicar esta mirada escéptica con “la grieta” y todas esas sandeces, comenzaré esta nota recordando esta otra nota de junio de 2019. Hace dos años, Bichos de Campo informaba que el gobierno de Mauricio Macri, luego de echar a cientos de personas del área de Agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, había colocado a una serie de militantes propios en los cargos claves.  Lo criticamos y por eso recibimos críticas de los funcionarios de aquel momento.

De Pérsico a Hardie, no cambió casi nada: La Agricultura Familiar sigue manejada por militantes

¿Pasó algo diferente con el gobierno de Alberto Fernández?

Con la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 426/2021, la renovada Secretaría de Agricultura Familiar -una de las tres grandes áreas en que se divide la cartera agropecuaria- terminó de llenar los 27 casilleros de funcionarios que acompañan en la gestión a Miguel Ángel Gómez, el secretario. La norma ubicó a la señora Araceli Susana del Rosario Ferreyra en el cargo de Directora Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ferreyra fue diputada nacional por Corrientes hasta diciembre de 2019. Integraba el bloque del Movimiento Evita.

El Movimiento Evita es conducido a nivel nacional por el ex piquetero Emilio Pérsico, que actualmente es el secretario de Economía Social de la Nación. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, entre el 2011 y el 2015, el barbado dirigente ocupó la conducción del área de Agricultura Familiar y había colocado allí a decenas de sus militantes que luego fueron barridos por el macrismo.

Ahora se consumó la revancha y no quedan rastros de militantes macristas en esa dependencia. Muy por el contrario, con la designación de la ex diputada Ferreyra el Movimiento Evita copó más de la tercera parte de los cargos directivos que se han creado en ese sector del Ministerio. Es decir, 10 de los 27 funcionarios con responsabilidad en dicha área provienen de la agrupación que dirige Pérsico. La lista comienza con el actual secretario Gómez, que aunque proviene de Esteban Echeverría llegó al cargo luego de conducir la rama rural del Evita.

¿Y el resto? El listado anexo que acompaña esta nota muestra las más diversas procedencias para los restantes 17 funcionarios, pero la inmensa mayoría proviene de la militancia en algunas de las muchas organizaciones campesinas y de pequeños productores que trabajaron activamente, en la campaña electoral 2019, a favor de la candidatura de Alberto y Cristina y, especialmente, en contra de Macri.

En aquel momento, mayo de 2019, la posibilidad de un cambio de rumbo en la política nacional dio lugar a que la mayor parte de estas organizaciones confluyeran en el Foro Agrario Nacional, que fue el intento más potente del sector de la agricultura familiar por visibilizar sus históricas demandas. Muchos de sus dirigentes hoy ocupan cargos en la Secretaría y deben avalar con acciones la prédica que los llevó hasta allí. No hay ningún ánimo de demonizarlos: De que son militante sociales que se han calzado el traje de funcionarios no caben dudas.

Nunca los productores más chicos estuvieron tan cerca del poder: El Foro Agrario presentó sus 21 demandas a Basterra

Así, y más allá de la preminencia del Movimiento Evita (especialmente en el despliegue territorial de la Secretaría), entre los 27 cargos ejecutivos hay representantes del MTE Rural (la agrupación de Juan Grabois), del Mocase santiagueño, de MSC Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA), y de la FONAF (Federación de Organización de la Agricultura Familiar). Incluso hay un representante del pueblo mapuche, Roberto Ñancucheo, ocupando la Coordinación de Pueblos Originarios.

Este desembarco masivo en el Estado ha dado lugar a visibles irregularidades administrativas. Un total de 23 de los 27 puestos en juego se han cubierto apelando a excepciones del artículo 14 del Convenio para la Administración Pública, que establece los requisitos mínimos para ocupar un cargo de director para arriba en el Estado Nacional. Sea categoría A, B, C o D, el funcionario en cuestión debe acreditar un título universitario o por lo menos terciario, que la inmensa mayoría de estos militantes no tiene.

Semejante porcentaje de “excepciones” (que permite a los funcionarios finalmente cobrar salarios de categorías a las que no podrían aspirar) marca a las claras el estado de cosas del que estamos informando. No desacredita a nadie. Es un dato.

Lo que sí da algo de tristeza es que casi no queda ningún casillero por cubrir con funcionarios que hayan hecho una carrera dentro del propio Estado, más allá y superando los gobiernos de turno. Representante de esa “burocracia” tan denostada pero a la vez tan necesaria en los Estados modernos es Diego Castro, que es el director nacional de Desarrollo Rural, estudió agronomía y viene de trabajar en el INTA Luján. La otra excepción que podría confirmar la regla es Pedro Naon, también agrónomo, que desde Bariloche coordina la regional Patagonia de la Secretaría y ya tenía experiencia previa en las áreas de Desarrollo Rural de la provincia. Otro caso semejante es el de Luciano Guichet, que aunque sin estudios venía trabajando en las pocas zonas rurales que quedan en el Municipio de Almirante Brown.

Hay una rareza, pues se trata de un funcionario que no proviene del variopinto de organizaciones campesina. Se trata del agrónomo Walter Martín, que ocupa la dirección de Producción y Abastecimiento Local y proviene del peronismo bonaerense. Martín fue director de producción del municipio de Daireaux y en el anterior gobierno de Cristina ocupó la conducción nacional del programa Cambio Rural 2 cuando el ministro era Carlos Casamiquela.

Duele decirlo. De los 27 cargos más altos de la Secretaría de Agricultura Familiar hay solo 10 que tienen un título universitario: hay dos abogadas, un economista, una socióloga, un ingeniero electricista, cuatro agrónomos y un ingeniero forestal. No es peyorativo sino simplemente un dato: la mayoría de las resoluciones firmadas por el ministro Luis Basterra se refieren a los designados como señor o señora.

Este es el listado completo de funcionarios de dicha secretaría de Estado:

Esta breve crónica que expone la altísima dependencia política que tiene la estructura actual de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar seguramente para algunos constituya prueba suficiente de la degradación que está sufriendo el sector público a manos del kirchnerismo. Para otros, convencidos de que el Estado debe producir modificaciones de fondo, no tendrá nada de malo ver a tantos militantes en puestos ejecutivos sino todo lo contrario. En uno u otro caso, con la biblioteca dividida, habrá que esperar los resultados de este ensayo para terminar de construir un juicio de valor.

Para este cronista, simple observador de la situación, de lo que no quedan dudas es que ese sector del Ministerio de Agricultura ha sido cooptado por la política y que ya casi no quedan funcionarios de carrera. Fue cooptado como antes. O mejor dicho como casi siempre.

La única gran cosa que debería preocuparnos es determinar si reinaugurando las políticas, con nombres y caras nuevas cada tanto, se mejora efectivamente la situación de los pequeños productores de este país. Allí sí hay evidencias -el éxodo y la pobreza rural- que parecen decir todo lo contrario.

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Se trata de una instancia interministerial desde la que se espera dar forma a una suerte de reforma agraria “light”, que incluiría la posible cesión de tierras fiscales a comunidades de productores organizados, con énfasis en la producción agroecológica.

Por lo pronto, la primera instancia de esta política de tierras fue la conformación de un grupo de trabajo que lideró el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Este gabinete específico contó con la participaciónde contó con los ministros de desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y de sus pares de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino y de la Unidad de gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman y Cavo.

Según la información oficial, que no dio mayores precisiones, el “gabinete de tierras” desplegará tareas “tendientes al desarrollo agropecuario, parques industriales y el plan Procrear que se articulará en todo el país”.

“Durante el encuentro se analizó la instrumentación de los bienes del Estado destinados a las políticas públicas de producción y empleo, en el marco del plan de reactivación post pandemia que lleva adelante el gobierno nacional”, se amplió.

En ese sentido, se destacó que los “bienes estatales que se encuentran en la órbita de la AABE y sean destinados a las carteras ministeriales, cumplan con el objetivo de mantener las propiedades del Estado en una finalidad del desarrollo social y establecido en las necesidades específicas de cada una de ellas”.

“En esta línea subrayaron como prioridades el desarrollo agropecuario de las tierras, como así también el emplazamiento de parques industriales y la construcción de viviendas a través del plan Procrear, con el eje en que lo público se utilice para el beneficio de todos los argentinos”.

El primer punto es el que mayor interés despierta entre las organizaciones que en mayo de 2019 crearon el Foro Agrario Nacional, un bloque de organizaciones campesinas y de agricultores familiares que tuvo luego protagonismo en la campaña electoral. Entre los que integran ese bloque figuran la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), que lidera Nahuel Levaggi, actual presidente del Mercado Central; el MTE Rama Rural, que responde a Juan Grabois; y el Movimiento Evita, que colocó al actual secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez.

Pasó desapercibido, pero días atrás, en una nota concedida a la Radio Nacional de Formosa, su provincia, el ministro Basterra había anticipado esta movida. Informó entonces que se estaba haciendo un relevamiento de superficies bajo órbita estatal que estaban ociosas y adelantó que “ahora serán destinadas a familias de pequeños agricultores”.

“Estamos en comunicación con los ministerios de Defensa y de Seguridad porque tienen predios que pertenecían al Ejército y la Armada y que no están teniendo el uso militar que tenían previsto y entonces los solicitamos para la relocalización de productores que tienen problemas de tierra”, comentó Basterra en esa ocasión.

También prometió el ministro, según dice aquella nota radial, que cada asignación de tierras irá acompañada de una planificación para dotar de todos los servicios e infraestructura que aseguren el arraigo de las comunidades productivas, para lo cual se está trabajando con las organizaciones de productores y los gobiernos provinciales.

En diálogo con Bichos de Campo, el secretario de Agricultura Familiar, Gómez, también afirmó que la política de acceso a la tierra para una buena porciónd e productores familiares que la alquila era una de las prioridades de su gestión. Se puede revisar aquí esa nota.

Desde la UTT, donde ya tienen la experiencia de una coloonia agroecológica en Jáuregui, días atrás presentaron dos proyectos de ley en le Legislatura bonaerense. Uno de ellos es la creación de un programa Procrear Rural que permita a los productores más chicos que arriendan sus tierras acceder a un crédito en términos razonables para poder hacerse de un terreno propio, especialmente en lso cinturones hortícolas que rodean las grandes ciudades.

Grabois, el líder de la MTE y uno de los dirigentes sociales con más llegada al gobierno, también impulsa un plan de acceso a la tierra para las familias campesinas, aunque sin expropiaciones masivas. El mismo dirigente se lo explicó días atrás a Bichos de Campo:

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Este  viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 138/20, que crea un fondo específico de 30 millones de pesos en paralelo a los 500 millones de pesos que se manejan desde el Ministerio de Agricultura para atender los casos de emergencia agropecuaria por razones climáticas en el agro local.

La normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura Familiar, crea el denominado Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Sus beneficiarios serán “los productores inscriptos en el Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pero también “las asociaciones de productores cooperativas y comunidades indígenas que posean sus respectivas personerías jurídicas”.

“Pondremos toda nuestra energía para que ningún otro productor deje su tierra”, afirma Miguel Gómez, el secretario de Agricultura Familiar

“Mediante dicho programa se impulsa el otorgamiento de aportes no reintegrables en forma directa y oportuna dirigido a un segmento de la sociedad, que al momento de solicitar el mismo, se encuentre afectado por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionadas por eventos climáticos, sociales o particulares extremos”, estableció la Resolución, que de todos modos no determinó con claridad cuáles serán los criterios para definir en qué condiciones se podrá decidir el envió de ese dinero.

La creación de esta suerte de Fondo de Emergencia Agropecuario paralelo, que se suma al creado por ley actualizada en 2009, fue justificada en que muchas veces los pequeños productores no acceden a los mecanismos previstos en la legislación, y que por lo tanto nunca reciben ayuda frente a las catástrofes climáticas.

“El Ministerio de Agricultura, a través de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria, plantea herramientas y recursos en su funcionamiento que deben acreditar una serie de requisitos indispensables que en la mayoría de los casos de los productores del sector no cumplimenta, sumado al hecho de que la incidencia de la pobreza es más elevada en las áreas rurales que en los grandes aglomerados urbanos lo que dificulta el acceso a diversos medios, resultando indirectamente excluidos de algunas políticas públicas existentes”, se afirma en la resolución.

“Asígnase como monto inicial para la implementación y ejecución del Programa, la suma de 30.000.000 pesos”, define la normativa firmada por el ministro Luis Basterra. El dinero saldrá del presupuesto de esa cartera y, se sobreentiende, podrá ser actualizado todos los años”. No sucede lo mismo con el fondo de emergencia creado por ley, que quedó congelada en 500 millones desde 2009, que se han desvalorizado aceleradamente y no pueden actualizarse de no mediar una nueva ley.

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