La entrada Con 100 mil pesos de compensaciones podrían haberse comprado 366 litros de glifosato. Pero se pagaron recién ahora, que solo alcanzan para 85 litros se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“A fin de año el Estado terminó de devolver parte de los Derechos de Exportación que había anunciado en marzo de 2020 y comenzado a cumplir en parte en noviembre de 2020”, informó la asociación que está convocando nuevamente a una asamblea de productores en Santa Fe para el 8 de enero.
En realidad, lo que se estableció en marzo de 2020 por orden del Congreso fue un mecanismo para compensarle a los pequeños productores de soja por la suba de tres puntos (del 30 al 33%) de las retenciones a la soja dispuesto en ese momento. Por lejos ese dinero quedaba de reintegrar lo que se le quitaba al sector, pero era un aliciente para los productores de menor escala. Al menos así planteó las cosas el ex ministro Luis Basterra.
El gasto total de ese operativo iba a ser de unos 6.000 millones de pesos para “compensar” a unos 43 mil productores. Pero la primera partida que se distribuyó en noviembre de 2020 se quedó corta y quedaron unos 4.000 chacareros sin recibir el dinero en su CBU. Hasta ahora. La semana pasada, el Día de los Inocentes, el dinero comenzó a fluir a esas cuentas.
Claro, aunque los derechos de exportación se descuentan sobre un precio en dólares, las compensaciones se calcularon en pesos argentinos. Y desde marzo de 2020 a esta parte, la inflación hizo estragos en la capacidad de compra de la moneda nacional. Y mucho más si lo que se quiere comprar con esos pesos son insumos agropecuarios, que cotizan en dólares y cuyos precios se han disparado en el mercado internacional a la par de los granos.
De allí que AAPA aclarase que el dinero recibido por muchos productores no alcance ahora, tarde y mal, para hacer demasiado.
En ese sentido, los autoconvocados señalaron que con 100 mil pesos en marzo de 2020 (cuando se subieron las retenciones) se podían comprar 4,41 toneladas del fertilizante Urea. Los que tuvieron la suerte de cobrar compensaciones en noviembre de 2020 ya habían perdido poder adquisitivo y podían adquirir solamente 3,41 toneladas. Y los que cobraron ahora solamente tienen la chance de comprar 0,85 toneladas.
Con el glifosato, otro insumo muy utilizado en el agro, la situación es muy parecida, pues en marzo de 2020 se podían comprar con 100 mil pesos 366 litros del herbicida, en noviembre de 2020 había bajado a 294 litros y ahora apenas alcanza para adquirir 85 litros.
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]]>La entrada Diana Guillén, que representa directamente a Cristina dentro de Agricultura, estará al frente del monitoreo de las exportaciones de carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura está manejada por Diana Guillén, una mujer de más de 70 años que representa directamente a Cristina Kirchner dentro del organismo que desde septiembre debe conducir Julián Domínguez. El ministro debe cabalgar entre dos aguas en la interna del oficialismo -como todos los que ingresaron luego de la derrota electoral de las PASO-, pero que la política de carnes quede en manos de Guillen, que es la coordinadora del tema además en el Instituto Patria, parece algo exagerado.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
Esta nota arranca así. En la resolución que firma Domínguez se dedica todo un párrafo al asunto de la coordinación del nuevo Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Será un “organismo de carácter consultivo, con la finalidad de brindar asesoramiento para aumentar la productividad, otorgar previsibilidad y confianza al productor y generar un adecuado ambiente de negocios” en el sector ganadero.
Guillen, salvo que Domínguez tenga pensado cambiar a su jefa de Gabinete, coordinará entonces un espacio cuyas funciones serán, según dicta la resolución:
- Analizar la evolución y composición de las existencias de ganado bovino;
- Analizar la evolución y la composición de la faena bovina y de las exportaciones de carne;
- Proponer políticas públicas para el desarrollo de la ganadería argentina y su cadena de valor;
- Evaluar la previsibilidad y sustentabilidad de la promoción y el desarrollo de la ganadería argentina y de todas las políticas públicas referentes a las exportaciones de carne; y
- Sugerir la composición y proyecciones de exportaciones de carne vacuna de conformidad con los informes del Observatorio.
Guillen le cayó en gracia a Cristina porque fue la primera presidenta mujer que tuvo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el último tramo del gobierno que duró hasta 2015. Luego, en tiempos de Cambiemos, fue la coordinadora de la comisión de Agricultura en el Instituto Patria, que coordina la ex presidenta y actual vice de Alberto Fernández.
Queda claro que el Observatorio diseñado por Domínguez serpa una pieza crucial a la hora del monitoreo de las exportaciones de carne vacuna, y eventualmente sus informes podrían definir un endurecimiento del cerrojo. Lo dice la propia resolución que entroniza a la comisaria de Cristina en Agricultura como coordinadora del mismo.
“Los informes producidos por el referido Observatorio serán considerados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) en ocasión de autorizar el volumen de exportación de carne vacuna, a los efectos de garantizar el equilibrio entre la productividad, las exportaciones y el mercado de carne argentino”.
Más claro échale agua: una mujer que responde a Cristina Kirchner será la que monitoreará las exportaciones.
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]]>La entrada A esperar sentados: Dudas y reparos sobre el cepo a la carne luego de conocida una “minuta” que expone los planes del gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La minuta del encuentro que trascendió y que aquí publica Bichos de Campo, no sólo explica cómo sería la apertura gradual (con la vaca conserva totalmente liberada, pero con la continuidad de siete cortes prohibidos). También sugiere el documento que con los técnicos de las entidades de productores “se construyó consenso para cada uno de los artículos” de la resolución que regularía la cuestión.
Entonces, la pregunta que cabe hacer es si realmente avalaron los técnicos del ruralismo la propuesta oficial y si tenían el ok de sus jefes, los presidentes de las cuatro entidades. Dirigentes del sector dijeron que la firma de la minuta no significa avalar la propuesta sino simplemente haber dado el presente. Contaron que a lo largo de una extensa reunión ellos hicieron propuestas para mejorar el sistema, que quedaron a consideración del ministro Julián Domínguez y de su equipo.
Como adelantó este medio y de acuerdo a lo que dice la minuta del encuentro, un decreto que quedó a la firma del presidente Alberto Fernández “establecerá una administración de la exportación para determinados cortes de consumo masivo en la Argentina”. Se trata del asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vació. La cuadrada se excluyó de la lista previa, porque no tenía tanta demanda en el mercado interno pero era crucial para ciertos destinos de exportación como Israel.
En tanto quedaría liberada la exportación de la carne de vaca de conserva y manufactura. Pero también se dice que “el objetivo es el agregado de valor de la cadena, por lo que se estima suspender hasta diciembre de 2023 la exportación definitiva y/o suspensiva” de reses, medias reses, cuartos delantero y traseros con hueso”.
Este tipo de productos fue vendido a mercados como China por diferentes frigoríficos gracias a la buena demanda de ese país, que luego despostaba las piezas grandes en destino. En principio, se podría decir que limitar la exportación de ese tipo de piezas persigue un objetivo noble.
Pero hay sectores de la industria cuestionaron esa posible medida. Daniel Urcía, de la Federación de Frigoríficos Regionales (Fifra), explicó: “En primer lugar hay que decir que estamos en contra de cualquier restricción. Luego hay que tener en cuenta que se trata de una forma de exportación de empresas que comienzan con la actividad exportadora, pues la inversión necesaria para congelar trozos con huesos es significativa. Cuando se justifica en función del mayor valor agregado se intenta dar fundamento a la restricción”.
El referente industrial agregó que “es necesario volver a la normalidad y que cada uno exporte como le sea conveniente”.
“Si mañana quisiéramos vender sin hueso en el mercado interno sería imposible, ya es complicado el troceo porque faltan instalaciones. En las exportaciones pasa lo mismo, pues hay empresas que comienzan con la venta de trozos y luego van generando la condiciones para hacer los cortes”. Entonces, la instrumentación de esa medida castigaría a empresas de menor tamaño o desarrollo del negocio exportador en favor de otras”, remarcó.
El consultor y ganadero Andrés Costamagna también se refirió a este tema: “No tenemos certezas, se presentaron propuestas y borradores y se usó a la Mesa de Enlace para validar algo en función de cálculos matemáticos. Según esos números el año que viene se podrían exportar 80 mil toneladas más pero son todas expresiones de deseos”, anticipó.
Con respecto al supuesto cupo que tendría cada empresa para exportar el año que viene, el analista consideró: “Entendemos que es un pedido de los frigoríficos que tienen los antecedentes para exportar, lo que dejaría afuera a las plantas nuevas y grupos de productores que este año (desde que arrancó el cepo) no pudieron exportar o vendieron muy poco. Pero no sabemos nada hasta que esté la normativa”.
Veremos. Hay que seguir esperando la letra chica.
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]]>La entrada ¿Por qué no son creíbles las promesas de transparencia de Domínguez? Ni bien blanqueó los nuevos cupos de exportación de trigo y maíz, las cerealeras volvieron a repartirse el negocio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la política de apertura de cupos de exportación para trigo y maíz ha sido manejada hasta ahora de modo casi secreto o mediante un sistema gris que en Bichos de Campo hemos bautizado como de “cupos tácitos”: Mediante acuerdos informales con la cadena del cual no quedan mayores registros, Agricultura habilita paulatinamente los tonelajes para la exportación que las empresas del rubro toman casi de inmediato. Las grandes empresas agroexportadoras entonces actúan como manada y hasta parecían distribuirse equilibradamente los saldos exportables de cada cereal, como para que no queden heridos entre ellas.
Las víctimas de este esquema de regulación, según denuncian las entidades rurales, son los productores, ya que el mercado local pierde la posibilidad de una puja entre oferta y demanda, y los precios de esos granos se suelen desacoplar de lo que sucede en el mercado internacional.
Pues bien. Domínguez, ni bien ingresó al cargo en septiembre pasado, definió que el trigo y el maíz, como la carne vacuna, serían considerados como “bienes culturales”, y por lo tanto esos mercados seguirían siendo intervenidos, de modo de controlar que las exportaciones de esos alimentos se exacerbaran, dejando desprovistos a los argentinos. Para eso las autoridades debían definir los “saldos exportables” de cada producto, para cerrar las exportaciones llegado el caso.
Era lo que sucedía hasta ahora de modo “tácito”, bajo un mecanismo que en otras latitudes sería considerado directamente como ilegal.
Ahora Domínguez quiso darle una pátina de transparencia al proceso y dispuso mediante la Resolución 276/2021 que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios comenzará a fijar los “volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino” de maíz y trigo. Los benditos saldos exportables, de ese modo, comenzarán a ser denominados de otra manera. Ahora se llaman “volúmenes de equilibrio”.
La resolución fue publicada por la mañana del viernes en el Boletín Oficial. Y varias horas después, esa dependencia de Agricultura emitió una circular, la número 6, que determinó los primeros “volúmenes de equilibrio” correspondientes a diversas campañas. Esta es la circular:
000008_Circular SSMA Nro 6 - 17-12-2021 - Volumen de Equilibrio
Como se ve allí, el gobierno dispuso entonces que se habilitaran exportaciones por 41,6 millones de toneladas de la campaña 2020/21 (es decir, el maíz viejo que se cosechó este año), y 25 millones de toneladas de ese mismo grano de la campaña 2021/22 (es decir el maíz nuevo que se cosechará a partir de marzo próximo).
En el caso del trigo, los “volúmenes de equilibrio” determinados por el Ministerio (y oficializados por primera vez en esta circular), serán por ahora de 12,5 millones de toneladas para el ciclo 2021/22 (es decir el que se está cosechando este verano) y de solo 2 millones de toneladas para el ciclo 2022/23, es decir el que se cosechará a partir de noviembre de 2022, y que ni siquiera se ha sembrado.
Hasta ahora la posibilidad de exportar el trigo nuevo mediante “cupos tácitos” había deparado que las cerealeras se repartieron rápidamente las 9 millones de toneladas de DJVE (permisos de exportación) que se habían definido como saldo. Por eso la posibilidad de exportar más estaba clausurada. Ahora se añadieron 3,5 millones de toneladas.
En el caso del maíz, el cupo tácito de exportación para la campaña 2020/21 pasó hace unas semanas de 38,64 a 39,64 millones de toneladas, pero los integrantes de la cadena ya por entonces estimaban que en realidad había 41,64 millones de toneladas disponibles. Lo publicó Bichos de Campo en esta nota fechada el 16 de noviembre. Ahora, más de un mes después, es la misma cifra que curiosamente tomó el Ministerio de Agricultura para la “formalización” del nuevo volumen de equilibrio.
Ahora bien… ¿por qué muy difícil creerle a Domínguez que este nuevo mecanismo formal para definir los saldos exportables será sinónimo de mayor competencia y transparencia en el mercado? Básicamente porque las grandes cerealeras parecen seguir manejando todos los hilos a su antojo. Parecen ser finalmente ellas -y no el Estado- las que definen las existencias y las que se apoderan de los saldos exportables ni bien se conocen. Sea de modo tácito o con mayor transparencia.
El mejor ejemplo es lo que sucedió ayer mismo. A horas de la publicación de la Resolución 276 y de su correspondiente circular 6, las empresas agroexportadoras se apropiaron de buena parte de los nuevos saldos exportables definidos para trigo y maíz. La información se conoció a última hora, pues se demoró extrañamente la publicación oficial de las DJVE otorgadas diariamente.
Finalmente sucedió que entre unas pocas empresas anotaron nuevas exportaciones por 1,8 millones de toneladas del maíz. Es decir, consumieron de un plumazo casi 10% del saldo exportable de 25 millones de toneladas oficializado ayer. Se apropiaron de la corrección del saldo exportable de inmediato.
En el caso del trigo, conocidos los nuevos cupos ya no tácitos, las cerealeras anotaron en la víspera la friolera de 1,3 millones de toneladas de DJVE. Es decir, engulleron de un saque casi la tercera parte del incremento del saldo exportable, que pasó de 9 a 12,5 millones de toneladas.
Lo más curioso es que este saldo potencial de trigo de 12,5 millones de toneladas ya se conocía desde hace casi un mes atrás. Como se ve en el siguiente documento, un acta de la Mesa del Trigo tras la reunión del 23 de noviembre, ya se consideraba que ese volumen sería la base del volumen de equilibrio que se blanqueó recién ahora. Es decir que pasó un mes con los registros de DJVE cerrados y las cerealeras pudieron comprar ese cereal a precios “desacoplados” del mercado internacional. Ahora que se habilita ese mayor saldo de exportación, se apuraron para anotar.
El resumen es triste: desde hace más de un mes que ya se sabía que iba a haber 41,6 millones de toneladas de maíz como “volúmenes de equilibrio” y ni bien se habilitaron los remanentes las exportadoras se apuraron a tomarlas. En el mismo camino, ya se sabía que iba a haber 12,5 millones de toneladas de trigo como saldo de exportación y ni bien se formalizó ese saldo quedó repartido.
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]]>La entrada #BastadeHipocresía: Hace tres años cien periodistas pidieron al Estado que informe sobre el uso de agroquímicos, pero no sucedió nada se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Estuvo buena la reacción tratando de explicar a la sociedad que no es cierto que los productores agropecuarios sean todos asesinos, que no es real tampoco que haya un descontrol total en materia de uso de agroquímicos. Estuvo bien contarle al resto de los argentinos que se está en búsqueda de alternativas más sustentables, pero que no es tan sencillo como parece eso de mudar de un día para el otro todos los sistemas productivos hacia la llamada “agroecología”.
Pero esta reacción orgullosa del “agro que intenta hacer bien las cosas” no resuelve muchas situaciones que dan pie para que la población en general dude y se pregunte si realmente se hacen tan bien las cosas como se afirma. El temor existe y frente a eso el mejor remedio nunca es el rechazo. Mejor un abrazo.
Vale preguntarse ahora, tras haber defendido la honra del sector productivo de las acusaciones tóxicas del poderoso movimiento palermitano, si esta reacción corporativa no sirve acaso también para esconder todo lo que el sector hace mal. El corporativismo es un mal consejero, pues borra los matices y confunde a todos en un mismo todo aunque haya distintos.
Ha sido loable el esfuerzo del sector por mostrar que hay mucha gente aquí que se preocupa y que hace bien las cosas. ¿Pero se hace el mismo esfuerzo en denunciar los casos de mala praxis? ¿Se emiten comunicados de apoyo cada vez que -por ejemplo- el gobierno de Córdoba clausura una máquina pulverizadora que no tenía habilitación? ¿Se lleva un registro de denuncias bien fundamentadas para que sea el mismo sector el que aísle a los responsables (por ejemplo, no vendiéndole más agroquímicos)? ¿Se apoyan los reclamos de la FEARCA para que el estado controle la inmensa cantidad de aviones de la flota agrícola “clandestina”? ¿Se denuncian los casos de fábricas truchas de agroquímicos?
Los dirigentes rurales… ¿reclaman la sanción de una nueva ley nacional sobre aplicaciones de agroquímicos con la vehemencia con la que, por ejemplo, se pide una rebaja de las retenciones?
En este derrotero, este clímax en la discusión sobre venenos y envenenadores (que pueden usar químicos pero también la mentira) quizás permita recordar que hace más de tres años, en octubre de 2018, un centenar de periodistas especializados en agro reclamamos la construcción de un sistema de estadística desde el sector público que nos permitiera saber con certeza cuál es el consumo real de agroquímicos en la Argentina. Porque sí, porque no lo sabemos.
Hicimos esa presentación porque, créase o no, el Ministerio de Agricultura no dispone de esta estadística que a nosotros, como comunicadores, nos resulta necesaria para construir crónicas equilibradas sobre este controversial asunto de las aplicaciones. En ese momento, las autoridades a cargo del organismo -que eran macristas y parte del sector- nos pidieron paciencia, porque había que comenzar a aplicar el sistema de trazabilidad de los bidones plásticos y eso iba a permitir contar con los datos que pedíamos.
Un centenar de periodistas del agro piden al Estado que informe sobre agroquímicos
¿Cuántos litros se utilizan? ¿Sobre cuántas hectáreas? ¿Qué tipo de productos? ¿Cuántas máquinas aplicadoras existen en el país? ¿Y cuántos aviones? Lo único que se conoce al respecto son aproximaciones no oficiales generadas por una consultora privada en base a datos aportados por la propia industria, y que además se ponen a la venta.
Decíamos los periodistas agropecuarios en nuestra presentación de 2018, de la que ninguna autoridad -ni en el gobierno de Cambiemos ni en el gobierno del Frente de Todos- se hizo eco: “Cada vez que queremos realizar un informe sobre este tema tropezamos con la misma piedra: o bien no existen datos objetivos sobre la utilización de productos fitosanitarios en la Argentina o bien no se divulgan como corresponde”.
También escribimos: “Somos periodistas especializados en el sector agroalimentario argentino y sabemos que existe desde hace un tiempo un intenso debate social, no siempre bien intencionado, sobre el uso de productos fitosanitarios (los químicos son solo una parte de ese grupo de insumos agrícolas, que pueden tener también un origen biológico) y sus posibles implicancias para el medio ambiente y la salud de las personas. Creemos que ese debate, a pesar de su virulencia, es positivo y se comenzará a zanjar recién cuando la sociedad cuente con información objetiva y clara sobre la utilización de ese tipo de productos en la agricultura local”.
La actual campaña #Bastade Venenos y el contraataque de la corporación agropecuaria con su hastag #BastadeMiedos muestran que teníamos razón, que la polémica sigue y está lejos de poder ser zanjada en términos racionales que nos tranquilicen a todos.
Y en eso, la increíble falta de datos oficiales sobre el uso de agroquímicos tiene mucho que ver. Podríamos empezar por ponernos de acuerdo y resolver este vacío.
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]]>La entrada El gobierno define qué son los bioplásticos y crea una comisión para potenciarlos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El mercado de productos fabricados parcial o totalmente con bioplásticos proyecta una demanda creciente a nivel global para los próximos años”, indicó la Disposición 3/2021 de la Dirección de Bioeconomía, a cargo de Dina Lewi, como argumento para sostener esta medida. Agregó que “algunos bioplásticos están siendo producidos a escala industrial en el exterior, así como otros que se encuentran en desarrollo, han mostrado un alto desempeño para incorporarse a las industrias existentes”.
Para Agricultura, entonces, hay todo un desarrollo por venir y que hay que impulsar especialmente. “Para el desarrollo de la industria de los productos finales elaborados con bioplásticos será primordial contar con la producción de escala industrial de bioplásticos a nivel local, a fin de evitar la importación de los mismos y promover la sustitución de importaciones”, se indicó.
Por eso la normativa creó la llamada “Iniciativa Bioplástico” dentro del Programa Bioproducto Argentino. Funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Bioeconomía.
Pero lo más interesante es que la normativa avanza en la definición de lo que es un bioplástico. Dice que “se entenderán como bioplásticos a los biopolímeros elaborados a partir de monómeros, precursores y macromoléculas que deben contar al menos con algunas de las siguientes características:”
- Ser sólidos (termorrígidos, termoplásticos o elastómeros) o fluidos puros o en solución/suspensión (líquidos viscosos o viscoelásticos).
- Origen biobasado: los monómeros y/o polímeros constitutivos provienen de biomasa, total o parcialmente (derivada de plantas, animales, hongos o microorganismos).
- Biodegradabilidad: pueden degradarse por acción de microorganismos.
- Compostabilidad: pueden degradarse con microorganismos bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y aireación en el que se transforman los residuos en un producto estable homogéneo e inocuo que puede ser utilizado como enmienda orgánica para mejorar suelos.
- Los bioplásticos de origen fósil biodegradables serán considerados por esta iniciativa únicamente durante la transición hacia otros nuevos bioplásticos de origen biológico con las mismas propiedades.
“El objetivo de la Iniciativa Bioplástico es construir un espacio de intercambio a fin de acordar criterios sobre los diferentes ejes que abarca la incorporación de bioplásticos en la industria local”, define la disposición, que plantea ejecutar tareas de divulgación, el fomento de la innovación y el impulso de instrumentos de competitividad para esa nueva industria. También promevera políticas públicas específicas.
El artículo 4º, de todos modos, declara que “la presente medida no implicará costo fiscal alguno”.
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]]>La entrada Los acopiadores reclaman máximas garantías y no descartan pedir la destrucción total del polémico trigo HB4 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Todo esto nació mal”, apunta el veterano ante la primera pregunta de Bichos de Campo, orientada a indagar si no estamos frente a una de las grandes discusiones idiotas que solemos mantener los argentinos. En rigor, lo que arrancó siendo una buena noticia (la Argentina desarrolló un trigo transgénico que puede soportar mejor el estrés hídrico o la falta de lluvias) parece haberse convertido en una catástrofe nacional (Bioceres y el Ministerio de Agricultura se vieron obligados a instrumentar un costoso sistema de control para evitar que ese trigo contamine al resto de la cosecha). Cosa de Mandinga.
“Lo que nos alarmó este año fue la propia explicación de Bioceres diciendo que había sembrado 55 mil hectáreas de trigo HB4. Esas 55 mil hectáreas para ensayos convengamos que parece un poco mucho. Estamos hablando de 200 mil toneladas más o menos de trigo que podría convertirse en semilla y eso alcanza para sembrar 2 millones o más de hectáreas. Eso causó una gran conmoción porque ahí se prendieron todas las alertas!”, nos explicó Dente. La Federación de Acopiadores que él integra forma parte de un frente con los molinos y los exportadores de cereales, que advierte que lo que parecía un avance podría terminar provocando perjuicios a la cadena triguera.
Ese frente fue el que forzó a las autoridades de Agricultura, que en octubre de 2020 aprobaron el trigo HB4 pero condicionado a un aval semejante desde el gobierno de Brasil (que todavía no sucedió), a montar ahora un fenomenal operativo para evitar casos de contaminación desde esas 55 mil hectáreas sembradas con la variedad transgénicas al resto de la producción que surja de 7 millones de hectáreas sembradas con el cereal convencional. Todo a las apuradas, cuando ya está encima la cosecha.
“Tiene que haber protocolos muy estrictos porque frente a un grano que pueda contaminar el resto, la tolerancia de recibo es cero para el trigo común. Y además no tiene ninguna diferenciación a simple vista. Entonces es muy fácil que inconscientemente, involuntariamente, se produzca algún canal de contaminación. Esperemos que eso no ocurra”, afirmó Dente.
Mirá tona la entrevista:
La semana pasada, según contó el asesor de los Acopiadores, el MInisterio de Agricultura y la propia Bioceres presentaron al resto de la cadena el plan de trabajo para evitar ese posible caso de contaminación, que sería muy dañino para la reputación y las posibilidades comerciales del trigo argentino ante el resto del mundo.
“No hay peor cosa que se comente en el mundo que la Argentina podría llegar a tener un trigo contaminado. Sería como la aftosa, un horror desde el punto de vista de prestigio e inclusive de precios de esa mercadería”, advirtió el acopiador, que resaltó que “el mercado del trigo es un mercado no OGM (genéticamente modificado)”.
Para Dente, a esta altura de las circunstancias, “no solo hay que ser muy bueno sino sobre todo demostrar que uno es muy cuidadoso”.
Las explicaciones de las autoridades no dejaron del todo tranquilos a los acopiadores, que ven imposible segregar ese cereal modificado cuando llegue a los silos de la cadena comercial. Dente, en ese sentido, manifestó que todos los controles deben realizarse en el lugar de la cosecha del trigo HB4,que son unos 370 lotes en total en todo el país. Allí el cereal modificado debería quedar inmovilizado.
Dente también dijo que la cadena triguera no tiene por qué hacerse corresponsable de los controles, pues “el trigo HB4 es de Bioceres y además está prohibido”.
En este sentido, contó que le exigieron a Bioceres que informe primero dónde está ubicado cada lote del trigo (la información está en poder del Instituto Nacional de Semillas y fue difundida parcialmente en las últimas horas pero sin esas precisiones). Pero además reclamaron que la empresa de biotecnología contrate una certificadora que de cuenta de que se están haciendo bien las cosas.
“Yo me imagino que un protocolo de esta naturaleza, tan riguroso como este, debe estar certificado, es lo más elemental”, indicó Dente, que de todos modos ironizó que “parece que no hay certificadora”.
-¿Y entonces qué hacemos? ¿Quemamos todo?
-De alguna manera estamos obligados a creer que los protocolos van a funcionar. Pero para poder creer, el que los organiza tiene que dar señales claras- reclamó Dente, que insistió en que Bioceres se niega a dar a conocer la posición exacta de los lotes y no cuenta con una certificadora independiente.
El acopiador afirmó que este es el momento de “meterle con todo” a los controles, “para tener la tranquilidad nosotros y además para defender la calidad del trigo argentino. Estamos en defensa del prestigio de nuestro trigo, aislando todo esto”.
-A esta altura, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿El Estado debería revisar la autorización al trigo HB4 que otorgó en su momento?
-Frente a esta emergencia el Estado tiene que estar muy encima de Bioceres y asegurar que se van a cumplir con todos los protocolos. Tiene que haber un seguimiento muy estricto de qué se va a hacer con esos granos. Y en última instancia habrá que mandar a destruirlos. Si no.. ¿a título de qué queda tanto trigo en el mercado? ¿Cuál es el valor que puede tener hasta tanto no esté aprobado? Ahí es donde nosotros enfatizamos que el trigo es de Bioceres y la responsabilidad es de Bioceres.
-¿Qué quieren decir con esto?
-Que frente a cualquier contaminación que pudiera llegar a haber la responsabilidad originaria es de Bioceres. Pero también van a tener que cuidarse mucho los funcionarios que están encargados del contralor de este proceso, porque si mañana llegara a haber algún problema, con perjuicios importantes, cada uno va a querer sacarse la responsabilidad de encima. Es un proceso donde tanto Biocerss como las autoridades que autorizaron hacer ensayos de tanta magnitud, van a tener que cuidarse de que el protocolo cierre perfectamente bien.
Dente agregó que los Acopiadores reclamaron tanto a Bioceres como al gobierno que tomen “seguros de caución” o “pongan garantías particulares” aceptando hacerse cargo de la responsabilidad por todo este proceso. “No puede ser que al mismo tiempo que decís ‘esto no va a pasar’ no te hagas cargo por si llegara a pasar”, explicó.
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]]>La entrada Éramos pocos y apareció la justicia: Obligan a Bioceres y al gobierno a mostrar todas sus cartas en torno al polémico trigo HB4 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero faltaba un protagonista: la justicia.
En una derivación de una vieja causa de acción colectiva sobre cultivos transgénicos, esta semana el juez federal Santiago Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar de inmediato y sin restricciones toda la información que se tuvo en cuenta para autorizar el trigo transgénico HB4, que es tolerante al estrés hídrico y resistente al herbicida glufosinato de amonio.
Informó la agencia Tierra Viva que este juez rechazó suspender la autorización a ese transgénico y por ahora se limitó a pedirle a todos los actores involucrados que muestren todas sus cartas. El HB4 fue aprobado por una resolución del Ministerio de Agricultura en octubre de 2020: tanto el Senasa como la Conabia habían dado su opinión favorable. Pero como las autoridades políticas del Ministerio veían cierto peligro en la fase comercial por su introducción, la aprobación final del cultivo quedó en suspenso hasta que Brasil, principal mercado del trigo nacional, diera su visto bueno. Esto sucedió a medias hace unos días, pues en el vecino país solo se aprobó la harina. Por eso en la Argentina la venta comercial de esta variedad sigue suspendida.
En medio, sucedió que Bioceres implantó en convenio con más de 200 productores para sembrar el trigo HB$ bajo condiciones de preservación, pensando eventualmente en tener una importante oferta de semillas para la campaña que viene. En total han sido 55 mil hectáreas que ya se han comenzado a cosechar. Esta situación incrementó el temor de la cadena comercial a una contaminación y la presión sobre Bioceres para que ofrezca garantías de que no se le escapará ni una sola espiga. De eso trató la reunión realizada el viernes en la cartera agropecuaria.
Pero el juez Carillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, quiere saber más y en un fallo otorgó un plazo de 20 días para implementar un procedimiento de participación ciudadana, que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer información o hacer presentaciones de cualquier tipo en materia del proceso de aprobación de este cultivo.
La resolución consideró que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” por parte de Agricultura al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana, tal como lo ordena la normativa nacional y el vigente Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo.
“El evento de transformación de trigo HB4, como lo reconoce la propia Indear SA (Bioceres), es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez en la resolución que aquí compartimos:
000099188La orden judicial responde a un pedido de suspender el trigo transgénico que había realizado Daniel Sallaberry, abogado en una demanda colectiva por daño ambiental que pide suspender todos los OGM presentes en el país desde 1996. En paralelo, un grupo de productores agroecológicos también pidió la misma medida. En ambos casos, se denuncia que no hay certeza sobre los posibles efectos en la salud y el ambiente de la liberación del transgénico y se alerta sobre el riesgo para la salud que suponen las fumigaciones con glufosinato de amonio, entre otros puntos.
Los denunciantes habían pedido al juez la suspensión de la aprobación del trigo HB4 y lo mismo hizo el fiscal de esta causa, pero el juez no aceptó tomar esa medida tan drástica. De todos modos, puso el acento en la falta de transparencia que existió en torno a este proceso. Por eso estableció un plazo de 20 días al Ministerio de Agricultura para que “diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación adecuado a los estándares constitucionales que permita a todo interesado efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas en el marco de lo dispuesto por la Resolución 41/2020”.
Esa Resolución es la que aprobó, con la firma del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos, el trigo HB4 pero condicionado a Brasil. El artículo 3 estableció además que Bioceres tiene que suministrar a las autoridades toda información nueva que surja sobre el trigo HB4 y que esa información podrá afectar o invalidar su autorización. El artículo 4 decía: “La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas o comerciales en las que se basaron los dictámenes que sirven de sustento y antecedentes de la presente autorización”.
Para el juez Carillo, esos dos artículos dan la pauta de que la aprobación del trigo transgénico es un “procedimiento inacabado, no definitivo, que requiere de un flujo de información continuo, adecuada y suficiente que permita su sostenimiento”. Por ese motivo considera prioritario que se establezca un sistema de recepción de denuncias, información y presentaciones en general con las características previstas en el Acuerdo de Escazú que “permita enriquecer el procedimiento decisorio llevado a cabo por la autoridad administrativa”.
El juez también ordenó al INASE (Instituto Nacional de Semillas) presentarse en los Tribunales y le dio cinco días para publicar en el Boletín Oficial la resolución 535/2021, del 15 de octubre de 2021, en la que el organismo creó una Comisión de Auditoría del Trigo HB4.
Esa resolución, increíblemente, fue publicada en Bichos de Campo como anticipo periodístico. Pero nunca fue publicada en el Boletín Oficial con el argumento de que como se refería solamente a una empresa (Bioceres) no resultaba obligatoria su divulgación. Es la normativa que ordenó a la empresa introductora desactivar gran parte de la producción de trigo HB4 que obtuvo en las últimas dos campañas, para que no puedan ser utilizadas luego como semilla. Bioceres implantó primero 6.000 hectáreas con esa variedad y en esta campaña unas 55.000 hectáreas, según informó la propia empresa. En el INASE, hay que decirlo, no tuvieron registro acabado sobre los lugares hasta que escaló la polémica.
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]]>Sí, el ex presidente también fue invocado a la hora de hablar de fertilizantes, con una grotesca comparación entre su mandato y el del actual presidente Alberto Fernández. Fue a través del siguiente gráfico difundido por la cartera que conduce Julián Domínguez:
Ahora que ya sabemos que el macrismo amarreteaba con la oferta de fertilizantes, concentrémonos en lo que sucede ahora, cuando más se necesita ese insumo por el avance de la siembra de granos gruesos de la campaña 2021/22, Los productores dicen que no es fácil conseguir ese tipo de insumos y en especial a precios razonables. Pagando fortunas es otra cosa, pues el fertilizante aparece.
Existe una combinación de factores externos -la suba de los fertilizantes es un fenómeno global que tiene mucho que ver con la salida de producción de grandes fábricas en China, entre otros motivos como la crisis energética global- y factores internos para que conseguir esos nutrientes se haya convertido en un dolor de cabeza para los productores. A nivel local, hay especialistas en el negocio agrícola que denuncian que ese insumo se está vendiendo a un dólar “celeste”, a pesar de que los importadores lo ingresan al país al valor del dólar oficial.
Como sea, los precios FOB de la urea granulada en Medio Oriente alcanzaron los precios más elevados desde 2009, mientras que los valores del UAN en el Mar Báltico alcanzaron niveles récord en términos históricos. Esto se traduce en aumentos en dólares al productor argentino que van del 80 al 100% respecto de la campaña anterior.
En este escenario, el Ministerio de Agricultura destacó que “al mes de septiembre, Argentina tiene 2,87 millones de toneladas de los seis principales fertilizantes (urea, UAN, DAP, MAP, superfosfato y roca fosfórica)” y explicó que “este volumen se traduce en un nivel 13% superior al del año pasado para la misma fecha, 19% mayor que en 2019, 52% más que en 2018, 101% más que en 2017 y 74% más que en 2016”.
Para hacer una comparación más útil al entendimiento vale decir que en el año pasado, según datos de la Asociación Civil Fertilizar, se utilizaron en el país algo más de 5 millones de toneladas de fertilizantes. Es decir que el stock disponible, según Agricultura, representa más de la mitad de un consumo potencial.
“La disponibilidad de fertilizantes respalda el aumento de la producción agrícola”, destacó el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, que en la gacetilla de prensa añadió: “Estamos muy atentos a los planteos que recibimos del sector, para que la producción siga creciendo sostenidamente. Esto significa una economía federal que genera más trabajo y producción”.
Según a los últimos datos proporcionados por ese funcionario, tomando como referencia, el período 2016/2019, entre enero y septiembre de cada año “se obtuvieron 1,87 millón de toneladas, con lo cual los 2,70 millones de toneladas de promedio correspondientes a 2020 y 2021 resultan en un 46% superior” a la oferta que existía durante el periodo macrista.
No dice nada la comunicación oficial sobre el aumento de los precios, que es lo que más preocupa actualmente a los productores embarcados en plena siembra. Tampoco aclara que muchos de estos contratiempos surgieron por las dificultades denunciadas por las compañías importadoras de ese tipo de insumos para obtener los permisos de ingreso de mercadería del Banco Central.
El pasado 5 de octubre, por medio de la Comunicación “A” 7375 del BCRA, se inhabilitó la posibilidad de importar fertilizantes con la modalidad de pago contra documentos (CAD por sus siglas en inglés), que es la práctica usual en ese mercado. Eso implicaba, en los hechos, que se entorpeció el flujo de ingreso programado de fertilizantes tanto nitrogenados como fosforados, cuando faltaba importar entre 800.000 y un millón de toneladas de ese insumo crítico.
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]]>Esa suma de dinero es la mismo que la cartera agropecuaria adeuda -por ejemplo- a la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar y la creación de un fondo específico para ese sector, que está pendiente desde 2015. O equivale a tres veces los montos que dedica el organismo a enfrentar las situaciones de Emergencia Agropecuaria, una partida que no se actualiza desde 2009. Pero no nos alarmemos frente a comparaciones odiosas: al dólar oficial se trata de una asignación de solo 15 millones de dólares. Al paralelo, es casi la mitad de eso.
Lo cierto es que tratando de resucitar una propuesta para desarrollar la bioeconomía, el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos, firmó la Resolución 121/2021, que rescata del arcón de los recuerdos el Programa de Fomento a la Bioeconomía lanzado originalmente en agosto de 2017 por la anterior gestión. En aquel momento, el área se llamaba Bioindustria y dependía de la ex Secretaría de Agregado de Valor, a cargo del ruralista Néstor Roulet.
“El citado Programa tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo de la Bioeconomía como estrategia para la agregación de valor, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo territorial en forma sustentable y sostenible”, se explica en los considerandos, para luego repetir casi calcados los artículos de otra resolución de julio de 2018 que reglamentaba el citado programa oficial. El que estaba al mando en ese momento era William Andrew Murchison, que firmaba así porque había nacido en Canadá y ese era su nombre original.
Decía el artículo 1 de la vieja resolución: “Delégase la Ejecución del Programa de Fomento de la Bioeconomía, en adelante Programa, a la órbita de la Dirección de Bioenergía de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía”
Dice el artículo 1 de la nueva resolución: “Delégase la Ejecución del Programa de Fomento de la Bioeconomía , en adelante el programa, a la órbita de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional”.
El artículo segundo también se repite casi calcado: la nueva resolución vuelve a aprobar el Reglamento para el funcionamiento del programa de fomento de la Bioeconomía.
En el Minagri crearon un programa de fomento a la bioeconomía
Donde todo cambia es en el artículo 3. Mientras que el del gobierno de Cambiemos -durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere en el Minagri- establecía que “la medida dispuesta por la presente resolución no implicará costo fiscal alguno, ni la creación de nuevas estructuras”, en la normativa neo-kirchnerista se establece ahora que el plan de acción “contará con un fondo de financiamiento que será asignado a la Secretaría” responsable de su ejecución, es decir la del firmante Alos.
El artículo 4º si es toda una novedad, porque establece que dicho fondo “contará con un presupuesto inicial de 1.500 millones de pesos”, aunque de inmediato aclara que el mismo “será atendido en función de la disponibilidad presupuestaria del Programa 44 -Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales, Servicio Administrativo Financiero 363, Jurisdicción 52”, es decir del Ministerio de Agricultura.
No se sabe, a esta altura, qué gobierno hizo más por la bioeconomía. Si la gestión macrista que creó un programa para su desarrollo pero le asignó cero recursos o esta gestión neo-kirchnerista que recreó ese programa pero con un presupuesto casi de ensueño, que además estará supeditado a las urgencias fiscales del Estado que debe llevarlo a cabo.
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