Es lo que sucedió este lunes: mediante la resolución 152/2021, el ministro Luis Basterra explicitó el apoyo desde el gobierno nacional a la decisión que en junio pasado tomó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para limitar a solo 5 hectáreas por productor las posibilidades de implantar nuevo yerbales cada año. Aquella decisión fue impulsada sorpresivamente por los sectores que representan a los pequeños y medianos productores de Misiones, pero desoyó las voces en contra de la provincia de Corrientes y de los molinos yerbateros.

Para poner freno al avance de grandes capitales, por primera vez en décadas se ponen límites a la siembra de un cultivo: la yerba mate

Nadie había pedido públicamente que Basterra, desde la cartera nacional, saliera a bancar la parada de los misioneros, que al plantear este cepo yerbatero imponen límites a las nuevas plantaciones de yerba por parte de empresas grandes. Pero el ministro de Agricultura, que suele tener que laudar el precio de la yerba por falta de acuerdo entre los intereses encontrados dentro del INYM, se metió solo en esta camisa de once varas.

“Téngase presente y confírmase, en lo que es materia de las competencias del Ministerio de Agricultura, la Resolución 170 de fecha 17 de junio de 2021 del INYM”, define el artículo 1° de la resolución firmada por Basterra. En criollo, la traducción de este artículo es que la Nación se hace cargo de la decisión de limitar los nuevos yerbales, y la toma como propia.

Aquella resolución 170 del INYM es la que dispone que “cada productor inscripto en el Registro de Operadores del Sector Yerbatero podrá plantar por año hasta 5 hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate”, o también que “podrá implantar anualmente hasta el 2% de la superficie de yerba mate declarada ante el INYM”. Es la primera norma que pone límites a las plantaciones de cualquier cultivo desde la desregulación de la economía d elos principios de los años 90.

Basterra, en la nueva normativa, sale a bancar esta inédita regulación. “La medida, así dispuesta, lejos de afectar derechos adquiridos, fomenta el arraigo a partir de ordenar y ampliar la expansión productiva, conservando un adecuado equilibrio entre productores capitalizados, medianos y pequeños productores, y entre ellos y el ambiente en el cual se desarrollan los yerbatales”, definió el ministro en los considerandos, que son muy extensos a favor de la posición de los misioneros.

Cepo a los nuevos yerbales: ‘¿Si no tenemos producción con qué vamos a abastecer a los mercados externos?’, se preguntó el ministro de Producción de Corrientes

Allí Basterra también recuerda que en la reglamentación de la ley que dio origen al INYM se dispone que “en caso de constatarse desequilibrio (…) podrá establecer, en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura medidas que limiten la producción consistentes en: a) Fijación de calendario de cosecha; b) Limitación temporaria de nuevas plantaciones; c) Aplicación de cupos de cosecha, analizando, en forma prioritaria, un sistema progresivo de menor a mayor”.

Para Agricultura, entonces, la situación ameritaba a establecer este cepo a las nuevas plantaciones, ya que se cuenta con 174.820 hectáreas implantadas, que están en manos de 9.983 productores registrados.

“Como consecuencia de lo anterior, las medidas adoptadas importan la posibilidad de aumentar la superficie cultivada en 49.415 hectáreas, lo que importa la posibilidad de un incremento en el primer año de más de un 28,26% de la superficie destinada a la producción”, argumentó Agricultura. Esto es relativo, pues la mayoría de esos 10 mil productores son pequeños colonos minifundistas, que no tienen superficie disponible en sus chacras o deberían resignar otros cultivos. Tampoco, por cierto, tienen capital como para incrementar sus plantaciones.

De todos modos, para el Ministerio nacional, la restricción favorece “el arraigo de los pequeños productores, fomentando un sistema productivo más amplio y democrático”. También aclara que aunque “lo decidido tiende a expandir la producción de una manera reglada, ello no inhibe a los productores para que puedan disponer de su propiedad actual o futura para cultivos alternativos a la yerba mate”.

Hay otro párrafo de la resolución que podría poner los pelos de punta a quienes temen que el gobierno avance en la regulación de otras actividades. Dice que “la medida dispuesta por el INYM no está únicamente destinada a la mera instrumentación y manejo del factor productivo y su relación con la tierra. Se debe tener presente que la relación de las personas y de las familias con la tierra, es una relación cultural que va más allá del factor productivo; es una relación que viene desde los Pueblos originarios, que continúa con la llegada de los misioneros Jesuitas, con las inmigraciones de los siglos XIX y XX, es la historia cultural de nuestros ancestros que trabajaron la tierra y, por lo tanto, se intenta mantener el arraigo para que las futuras generaciones puedan continuar, vivir y trabajar de la producción de éstos cultivos”.

Salvo por lo de los jesuitas, podría aplicarse a cualquier otro caso.

“Lo contrario sería permitir el latifundio, que genera una forma de producción y comercio monopólico, con distorsión de abastecimiento y precios, expulsando a las familias de medianos y pequeños productores de sus territorios, condenándolos a vivir de aquello que no pueden, y trabajando de lo que no saben en los ejidos urbanos”, añadió el Ministerio de Agricultura, justificando su aguante al INYM.

Basterra y su equipo incluso citan al Papa Francisco para justificar el cepo a los nuevos cultivos de yerba. “Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava ‘una hipoteca social’, es decir posee como cualidad intrínseca una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes”.

“Por lo tanto resulta trascendental que el Estado intervenga allí donde el mercado no llega en el caso particular implementando medidas que aseguren un modelo productivo con inclusión social y equidad territorial”, finalizan los considerandos.

Haciendo cuentas: El presidente del INYM asegura que la provisión de yerba mate está “totalmente garantizada” a pesar del cepo al crecimiento del área plantada

Luego de semejante aguante, la Resolución de Agricultura no agraga casi nada. Solo “considera oportuno instar al INYM a la creación de una comisión de seguimiento de las medidas dispuestas por la citada Resolución 170/21, para poder evaluar las acciones que correspondan en aquellas áreas que puedan ser comunes a ambas instituciones”.

Es lo que propone el artículo 2°, que además sugiere al INYM que esa comisión tenga 5 representantes del sector privado yerbatero y 3 del sector público en el INYM.

“La Comisión de Seguimiento podrá requerir la información que considere necesaria” y debería “emitir con una periodicidad máxima de tres años un informe técnico sobre los impactos y cumplimiento de la mencionada Resolución 170/21”.

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¿De qué sector hablamos? Según el propio manifiesto, de aquel que conforman “las familias que producen el 60% de los alimentos para el pueblo argentino, pero tienen menos del 13% de la tierra y deben vivir en la pobreza”.

Se anticipa un tono muy crítico hacia la gestión del gobierno de Cambiemos en este encuentro, que como alternativa se propone discutir, consensuar y tratar de instalar un “Programa Agrario Soberano y Popular”.

Un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la organización de horticultores que protagonizó los resonados “verdurazos” en la ciudad de Buenos Aires, explicó que ese desafío será construido “junto a otras organizaciones rurales, sectores productores pequeños y medianos , los campesinos, los académicos y la voz del pueblo consumidor de alimentos”.

El evento durará dos días, el 7 y 8 de mayo, y se realizará en el microestadio de Ferro Carril Oeste. Se prevé la reunión de 2.500 delegados que viajarán de todo el país para representar a sus organizaciones. Hay previstas 23 comisiones que trabajarán distintas temática y tres paneles, dos sobre temas internacionales y uno de pueblos originarios.

El miércoles 8 se hará entrega de la síntesis del Programa Agrario Soberano y Popular a referentes políticos nacionales. Las propuestas contendrán medidas a corto y mediano plazo que serán exigidas a los próximos gobiernos.

La UTT sostiene que “si no se cambia la historia será imposible producir alimentos saludables y a precio justo para toda la población”. Afirma además que “la balanza del Estado se ha inclinado siempre en beneficio de un sistema agroexportador, pero es hora de que mire al sistema agroalimentario local”.

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“Uno de cada dos latinoamericanos que vive en zonas rurales es pobre. Mientras que en las ciudades de América Latina la incidencia de la pobreza es del 24%, en las áreas rurales este porcentaje casi se duplica, con un 46%”.

“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible. En el caso de la Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, un tercio de los 3,5 millones de habitantes de zonas rurales son pobres”.

“Si bien el Gobierno ha hecho de la reducción de la pobreza una de sus prioridades y se han logrado avances significativos, ésta sigue siendo especialmente severa en las comunidades indígenas y fuerza también a muchas jóvenes rurales a migrar”.

Los tres párrafos anteriores no son parte de un manifiesto político en contra del gobierno de Mauricio Macri sino fragmentos de un comunicado del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) convocando, junto a otras agencias de Naciones Unidas y hasta instituciones financieras internacionales, a un debate en Mendoza sobre los nuevos paradigmas del mundo rural en América Latina y el Caribe. Lo encontré en mi casilla de correo justo cuando volvía de presenciar el “feriazo” que algunas organizaciones campesinas y de la agricultura periurbana realizaron este martes en Plaza de Mayo.

Los motivos del “feriazo” en Plaza de Mayo

Me vinieron al dedillo estos párrafos para reforzar mi primera impresión sobre esa protesta, sostenida sobre todo en la estructura territorial de la denominada Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). ¿Por qué? Porque aunque muchos podrán descalificar esta movilización argumentando que tiene razones electorales y políticas, lo que yo percibí en los rostros, las manos y las risas de la gente que llegó hasta el centro porteño es que tenían razones genuinas para hacer oír sus reclamos.

Más allá de alguna intencionalidad de sus dirigentes -que nunca falta, ni en ésta ni en ninguna otra protesta-, hay una serie de posiciones históricas de los pequeños agricultores que son desoídas, y no ahora por la gestión macrista sino desde hace añares, por todos los gobiernos de distinto signo.

Del listado de demandas que tuvo esta marcha, rescato tres que sirven de ejemplo. Uno: no puede ser que ellos cobre 1 y el consumidor pague 10. Dos: La inmensa mayoría de estos productores debe alquilar la tierra en que produce y allí no hay regulaciones de ningún tipo, salvo las que defienden la propiedad de los dueños de los campos. Tres: como conviven con una agricultura intensiva de exportación y muchos de sus costos de producción son a valor dólar, pero sus ingresos siempre son en pesos.

Y está además aquello que dice el FIDA, un organismo de la ONU que difícilmente ceda a la tentación de la política doméstica y la insufrible polarización entre macristas y kirchneristas.

“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible”.

En mi visión, el kirchnerismo en el poder intentó politizar demasiado la política pública hacia los pequeños productores, de modo que sirvan a su intereses. No les resolvió casi ninguna de sus necesidades. Pero el macrismo tampoco lo hace y mucho menos parece intentarlo. Casi como que le da vergüenza el tener que hablar de estos asuntos mendaces. Ni siquiera parece estar muy claro quién se ocupará de ellos: si será el Inta, el MInisterio de Agroindustria o Desarrollo Social.

En el medio están ellos, que hoy se hicieron visibles al menos por un rato.

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