La entrada Derecho a réplica: El Mocase desmiente estar sacando campesinos de sus tierras y explica por qué se reclama la restitución de un campo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La respuesta enviada por el Mocase Vía Campesina se remite especialmente a un conflicto puntual que había sido mencionado en la crónica: el de María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video en el que cuenta su versión de los hechos. Incluso hace referencia a un enfrentamiento con militantes del Mocase el 5 de mayo pasado.
Frente a este caso, el Mocase Vía Campesina envió estas aclaraciones, que afirma que los usurpadores son en realidad la propia María Acosta y Daniel Humberto Vivas. Strapazzón considera que las denuncias de la asamblea forman parte de una campaña para “deslegitimar” a su organización.
“La flia. Godoy, hoy miembros del MOCASE, viven desde 1965 en 500 has del Paraje La Guayaca, siempre fueron poseedores, con un gran trabajo en sus tierras, producción caprina, bovina, etc. Hoy esta familia está compuesta por la Sra. Carolina Godoy de 82 años de edad, sus dos hijos y su yerno.
En el año 2011 Daniel Humberto Vivas y Maria Acosta tomaron de hecho, sin iniciar acción judicial alguna, 200 has que eran parte de la posesión de la flia. Godoy, dejándolos a estos en 300 has. Los usurpadores decían que le habían comprado el título dominial a una persona de apellido Argañaraz, que sería heredero del titular registral. Claro está que estas personas de apellido Argañaraz abandonaron la posesión, sin realizar por décadas ningún tipo de mejoras y se habría limitada a transferir el título a Vivas y Acosta, que sin reclamar por vía judicial su derecho, tal como lo establece la ley, tomaron de hecho esta parte del territorio en el que vive la familia Godoy.
Desde ese momento hasta el día de hoy, Betty y Marcos Godoy, hijos del matrimonio que llegó en 1965, fueron víctimas de innumerables agresiones físicas y verbales por parte de Vivas, Acosta y sus empleados. Como así también sufrieron destrozos en sus bienes. Todos los hechos fueron denunciados en su momento sin recibir ninguna respuesta por parte del Poder Judicial.
Los Godoy se contactaron con unos abogados locales, quienes les iniciaron una prescripción adquisitiva de dominio por las 300 has que les quedaban, este juicio nunca avanzó más que de la presentación de la demanda.
El 13 de julio del 2019, Vivas y Acosta tomaron de nuevo de hecho, sin iniciar ninguna acción judicial, 100 has más del campo cuya posesión ostenta la flia. Godoy.
Vivas y Acosta han amenazado y lesionado a Betty Godoy, en el transcurso de esos días para tomar esa fracción del campo, todo esto fue oportunamente denunciado con sus correspondientes pruebas. El 20 de septiembre del 2019 las partes fueron citadas a Salidas Alternativas del Ministerio Publico Fiscal y firmaron un acta acuerdo en la que se comprometían, sin reconocer hechos ni derechos, a cesar en las agresiones y a someter la discusión al fuero civil.
Es así que el 25 de octubre del 2019 la flia. Godoy, ya con el equipo jurídico del MOCASE, interpuso un interdicto de retener la posesión. EXPEDIENTE Nº 671746 – AÑO 2019 – AUTOS: GODOY BETTYNOEMI Y OTROS.- c/ VIVAS HUMBERTPO DANIEL Y OTRO s/INTERDICTO DE RETENER LA POSESION.- BENEFICIO DELITIGAR SIN GASTOS.- Que se tramita en el juzgado de la DRA. INFANTE DEL CASTAÑO, SONIA A – Secretaría de Procesos, Col. De Jueces 2. En este expediente constan todas las pruebas de la posesión de los Godoy, las denuncias e informes de la Secretaría de DDHH y del Comité de Crisis, ambos organismos visitaron el lugar.
Los demandados Vivas y Acosta no se presentaron en el juicio civil, por lo que fueron declarados en rebeldía, mediante decreto del 14 de febrero de 2020. El último acto procesal antes del decreto de la feria judicial extraordinaria (por la emergencia sanitaria) fue el pedido de apertura de la prueba por parte de la parte actora.
El 26 de marzo de 2020, Vivas y Acosta, violando el ASPO se trasladaron desde Sumampa (donde tienen su domicilio) hasta La Guayaca y comenzaron una construcción. De este hecho se dio aviso a la policía de Sumampa (por incumplimiento del aislamiento obligatorio) pero no se obtuvo ninguna respuesta. El día 17 de abril, María Acosta increpó a los hermanos Godoy mientras realizaban tareas propias de la producción, los amenazó e intento lesionarlos.
El mismo 17 de abril se envió la denuncia penal al Ministerio Publico Fiscal, recayendo la misma en el Fiscal Miguel Torresi, quien ordenó una prohibición de acercamiento de Vivas y Acosta hacía la familia Godoy. La comisaría de Sumampa tarde casi 72 horas en notificar a los denunciados. En el transcurso de esas horas continuaron amenazando y hostigando a la familia Godoy.
El 6 de mayo, mientras la flia. Godoy trabajaba en su territorio fueron increpados por Acosta, su hijo y otro empleados, estos cargaban armas de fuego, y con un cuchillo hirieron a una persona que se encontraba ayudando a los Godoy. Vivas y Acosta denunciaron a Betty Godoy en la Comisaría de Sumampa, el personal de esta dependencia, contrariamente a lo suele hacer ante la denuncia de los Godoy, acudió de inmediato al campo en La Guayaca.
Estos hechos fueron denunciados en el juicio civil, solicitando la habilitación de la feria y una medida cautelar de NO INNOVAR, escrito que se ingresó por Mesa de Entrada virtual el día 8 de mayo, según acuse de recibo n°1599.
Ante el reclamo del MOCASE, el gobierno provincial envió una comisión especial de la policía para constatar los hechos q se estaban denunciando y la situación en el campo, esto fue el día 9 de mayo. Paralelamente, ese mismo día, mediante el sistema de denuncias web del Ministerio Publico Fiscal se ingresaron las denuncias de Betty Godoy en contra de Acosta y compañía por este último ataque. Según consta denuncias n° 405-2020 y 408-2020.
La familia Godoy a pesar de haber recurrido a las instancias judiciales como legítimos poseedores del territorio en el que viven, aun no encontraron protección debida para sus derechos.
Vivas y Acosta no se presentaron en el juicio civil a discutir su derecho al territorio y no respetan las medidas dictadas por la fiscalía, como así tampoco la comisaría de Sumampa actúa a tiempo.
El día 25 de mayo por la noche, se escucharon tiros que venían de las 200 has que ocupan Vivas y Acosta.
El día martes 26 de mayo se realizó la constatación por parte de la Oficial de Jusiticia Veroni Najar, quien constató las mejoras que existen en el territorio de la familia Godoy y se entrevistó con estos. Además se pudo constatar las pruebas de los ataques que vienen realizando Vivas. Se los notifico a Vivas y Acosta, no encontrándose ninguno en el domicilio, una vez más en clara violación del ASPO.
El 28 de mayo Vivas se presenta en el juicio civil.
El día sábado 13 de junio pasado a las 15:00 hs. aproximadamente, Daniel Vivas junto a otras personas se movilizó en una camioneta blanca a orillas del alambre que se encuentra a 200 metros de la vivienda de la familia Godoy. Los días previos jueves y viernes en el horario entre las 14 y las 15 hs. Daniel Vivas estuvo en dicho alambrado junto a los perros que ha dejado ahí, impidiendo de esta forma que la familia Godoy realiza el trabajo de pastoreo con los animales.
Al día de la fecha aun esperamos, con innumerables pedidos de que se avance en la causa civil, alguna respuesta para la familia Godoy, MIENTRAS DANIEL VIVAS Y MARIA ACOSTA HAN ARRENDADO SU CAMPO A UN PRODUCTOR DE LORETO QUE LLEVO SUS ANIMALES. CLARO QUE ESTA QUE NI VIVAS NI ACOSTA VIVEN EN LA GUAYCA, POR EL CONTRARIO, VIVEN EN LA CIUDAD DE SUMAMPA, TAL COMO SE ACREDITO CON SUS DNI´S Y EL INFORME DE LA OFICIAL DE JUSITICIA EN 2020.
En un segundo caso denunciado por la Asamblea Santiagueños en defensa de la Tierra el 16 de junio pasado está referido a un segundo conflicto que mantiene la familia de Raúl Báez por un campo en La Totorilla, otra zona de la provincia. Sobre ese caso, Strapazzon se limitó a enviar a esta redacción el siguiente video:
La entrada Derecho a réplica: El Mocase desmiente estar sacando campesinos de sus tierras y explica por qué se reclama la restitución de un campo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Mocase Vía Campesina: Una organización nacida en 1990 para resistir los desalojos de campesinos en Santiago del Estero ahora es acusada de… desalojar a campesinos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Es que tres décadas después de su fundación el Mocase está siendo denunciado por otras familias campesinas santiagueñas de usurparles sus pequeños campos y parcelas, incluso con métodos violentos, como la quema de maquinaria, la utilización de armas de fuego, la destrucción de viviendas, etcétera.
Es un caso muy curioso: hasta ahora el Mocase-Vía Campesina, una de los fracciones en que se dividió el movimiento en 2002, acusaba a los empresarios del “agronegocio” de llevar a cabo este tipo de prácticas para apoderarse de las tierras productivas de la provincia gobernada desde hace mucho tiempo por Gerardo Zamora, quien por cierto jamás pudo o quiso poner freno a este tipo de conflictos por la posesión de la tierra en su provincia.
Por ejemplo, el 15 de junio era el propio Mocase Vía Campesina quien acusaba al dueño de la marca de gaseosas Manaos, Orlando Canido, de intentar “desalojar violentamente” a la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo de su territorio.
“Logramos frenar el desalojo”
El dueño de la gaseosa Manaos intentó desalojar violentamente la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo. Adolfo Farías, integrante del Mocase-VC, hizo llamado de alerta para enfrentar nuevas embestidas del industrial.https://t.co/nHnNGVH7w1
— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) June 15, 2021
Esta es la primera vez que es el Mocase el que es denunciado por llevar a cabo las prácticas que la propia organización denuncia de terceros poderosos. Lo más paradojar es que quienes denuncian que es la esa organización la que los corre de sus campos es nada menos que una Asamblea Autoconvocada integrada por campesinos y promovida sobre todo por mujeres. Se denominaron “Santiagueños en Defensa de la Tierra”.
El 9 de junio este nuevo movimiento denunció la destrucción parcial de una vivienda rural y responsabilizó directamente al Mocase Vía Campesina. La vivienda estaba dentro del campo perteneciente a Irma Maldonado y su familia. “No se trata de imágenes de una tragedia o una desgracia. Tampoco son producto de un sismo o un tornado. Simplemente se trata del Mocase Vía Campesina”, decía la denuncia publicada en las redes sociales.
“De la casa se llevaron mesas, sillas, colchones y cubiertos, sábanas, ropa, puertas, ventanas y tirantes”. Quebrachito pertenece a la localidad de Pinto, en el Departamento Aguirre, donde el Mocase tiene una de sus seccionales más poderosas. “Allí todos se conocen”, afirmó el Movimiento Santiagueños, que culpó de la usurpación directamente al “clan Aguirre”, pero añadió de inmediato que todos “saben que ninguna usurpación se produce sin la orden de Adolfo Farías y Juan Chazarreta”. Son dos de los principales referentes del movimiento campesino a nivel provincial.
Un dato no menos importante es que una tercera referente nacional del Mocase es funcionaria del gobierno nacional, bajo el mando del Ministerio de Agricultura de Luis Basterra. Se trata de Deolinda Carrizo, que en febrero pasado asumió un cargo como directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar
Curiosamente, en la asamblea Santiagueños en Defensa de la Tierra las que más denuncian los atropellos del Mocase Vía Campesina son mujeres campesinas que deberían ser motivo de preocupación central de la funcionaria nacional.
Un buen ejemplo es María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video. El 5 de mayo del año pasado, agregó María, fueron atacados por una patota armada, entre los cuales pudieron reconocer a dirigentes de esa organización social y de la Universidad nacional Campesina (UNICAM) de Villa Ojo de Agua. Las denuncias presentadas no tuvieron avances.
Pese a que parecen defender intereses antagónicos, es histórico el buen vínculo que existe entre Mocase Vía Campesina y los funcionarios de Estado, no solo a nivel nacional sino especialmente con las autoridades provinciales. Eso les permitiría actuar con bastante impunidad ante los ojos de la justicia y la policía provincial. Según denuncian quienes dicen ser sus víctimas, “esta organización opera en manada, con violencia y en la clandestinidad. Llegan en sus camionetas e inclusive cuentan con un camión que oficia de flete. Nunca son menos de treinta personas. Algunas encapuchadas, con machetes, fierros y armas blancas, incendian corrales con animales, herramientas de trabajo y todo aquello que no se pueden llevar”.
El pasado 16 de junio, la Asamblea realizó otra denuncia, este vez referida a la familia Báez. “Aquí, en la Totorilla, Don Bernardino Báez formó su familia en el siglo pasado. Después fue su hijo Justo Pastor, que con su compañera Josefa Isabel, decidieron que sería la Totorilla donde nacerían sus hijos. Y para ello fundaron una escuela, la Escuela 922 que lleva su nombre”, describen, dando a entender que todos los campesinos desalojados por el Mocase tienen posesión ancestral sobre los terrenos que intentan quitarles. En aquella escuela, sigue la historia, daba clases Lidia “Pori” Iturre, que se casó con Don Raúl Báez. Hoy tienen nietos con ese mismo apellido.
“Pero ahora la Totorilla está usurpada. Los Báez fueron expulsados violentamente por el Mocase Vía Campesina. Tomaron su tierra, su casa, sus pertenencias y su historia”, denunció la nueva Asamblea, que difundió imágenes del violento desalojo que sufrieron.
En total, el Movimiento Santiagueños por la Tierra registra cerca de 60 casos vinculados con las irrupciones del Mocase Vía Campesina en sus propiedades, aunque no todos terminaron en un desalojo y hay varios que han podido ser neutralizados en la justicia. En sus redes sociales, este movimiento incluso publicó un curioso manual que tendría el Mocase para realizar estas usurpaciones.
Uno de los pasos de esa supuesta estrategia sería activar “una campaña de escarnio público para generar el desprecio sobre la víctima, calificándola de Oligarca, Sicario, Pedófilo, Capitalista, Violador, Etc. Siempre MACRISTA”. A Raúl Báez, como se ve en esta fotografía del propio Mocase, se lo tilda de esclavista y explotador. Aunque él grabó otra versión completamente diferente de su propia historia:
Una integrante del nuevo movimiento que hace estas denuncias -que por ahora pide reserva de su nombre- relata que “lo del Mocase es extremadamente violento”, aunque reconoce que tiene un viso de legalidad a partir del dictado de la Ley 26.160 sancionada en 2006 para declarar la emergencia ocupacional en los territorios que corresponderían a las las comunidades indígenas originarias del país.
Esa legislación devino en un relevamiento territorial cuya responsabilidad está a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que en el caso de Santiago del Estero se apoya muchísimo en los dirigentes del Mocase Vía Campesina. En base a ese relevamiento, esa organización reclama muchas veces territorios a sus ocupantes históricos, con el argumento de que esas tierras pertenecían a alguna comunidad originaria.
Es decir, parece ser el Mocase el que se arroga el derecho de decidir quién es originario y quién no lo es en Santiago del Estero. Y qué campesinos deben defenderse y cuáles, en cambio, se transforman en sus víctimas.
La entrada Mocase Vía Campesina: Una organización nacida en 1990 para resistir los desalojos de campesinos en Santiago del Estero ahora es acusada de… desalojar a campesinos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>