“Yo tenía un campo que heredé de un tío, entre El Colorado y Los Juríes. Hace cinco años que no puedo entrar. Es el sostén de mi familia”, dijo Lacorte a Bichos de Campo.

Mirá la nota completa acá:

Según relató el santiagueño, durante 20 años se ocupó del terreno recibido, al cual le efectuó reformas. Lo alambró, limpio y preparó para actividades de siembra. Sin embargo un día vio impedida su entrada.

“Fui a trabajar y me encontré con esta gente diciéndome que me vaya, que yo había vendido el campo. Les pedí que me muestren quién lo compro, algún papel con una firma. Nunca pudieron conseguir nada. Me dijeron que no me correspondía porque pertenecía a tierra indígena y que yo debía que vivir dentro del territorio para que sea mío. El campo es mío, yo soy quien todos los años lo trabaja. Todos los años solicito el crédito algodonero por el cual el gobierno avala que yo tengo la posesión”, afirmó el productor.

Ahora son los productores los que acusan al Mocase de estar detrás de las tomas de campos: “Cortan alambrados y meten adentro 100 o 150 personas”

-¿Conocías a alguna de las personas que estaban allí?- le preguntamos a Lacorte.

-Sí, toda gente que se ha criado conmigo. Son compañeros de escuela, vecinos. Es lamentable, hoy están irreconocibles. Yo también supe pertenecer al Mocase pero con otra clase de mentalidad. Me abrí de la organización porque vi que detrás había una mafia y a mí no me enseñaron a hacer eso.

A continuación agregó: “Vinieron con la misión de cuidar al campesino, que no vengan los grandes terratenientes a quedarse con lo poco que tienen. Pero se están quedando con todo, tengan o no escritura. Se han transformado en empresarios”.

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-¿Intentaste recuperar tu campo por las vías normales?

-Hice cinco denuncias, tengo todos los comprobantes. Incluso me he presentado en Santiago, en Derecho de Tierra. Nunca tuve una respuesta de la Justicia. Posiblemente mi denuncia haya ido a parar al inodoro. Creo que hay curro político, hay jueces metidos o apretados. Ya están entrando a la ciudad de Quimilí. Aquí hay dos terrenos tomados por el Mocase. En un tiempo más no vamos a ser dueños de nada.

-¿Creés que si le hubieras acordado con el Mocase hubieses podido conservar tu campo?

-No, no somos esa clase de gente. A nosotros nos enseñaron que hay que ganarse las cosas como corresponde, con sacrificio.

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Aldo Serafín es productor en la localidad santiagueña de Pinto y se dedica a la ganadería de cría. Su campo está dividido por un canal que lleva agua de los molinos para dar de beber a las vacas. De un lado estaba acondicionado y había decidido hacer lo mismo con la otra parte. Por eso armó alambrados, desmalezó…

Pero cuando estaba a punto de entrar con un rodeo de cría un grupo de 30 personas ingresó al predio.

“Entraron con camionetas Toyota 0 km y Trafic, y montaron casas rodantes. Luego metieron más de 100 personas, sacaron a mis 5 empleados y llamaron la policía para que los vinieran a buscar. Según ellos, los que usurpamos somos nosotros. Dicen que son indígenas y de indígenas no tienen nada, conocemos a los abuelos y bisabuelos y no tienen nada de indígenas”, relató Serafín a Bichos de Campo.

Escuchá la entrevista al productor santiagueño:

Serafín consideró que este tipo de usurpaciones cuentan con el apoyo de la política, y no sólo de la provincial sino también de la nacional. El Gobierno, de hecho, prorrogó el 18 de noviembre pasado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la suspensión de desalojos a comunidades indígenas, medida que vencía el 23 de ese mes y que ahora regirá por 4 años más. El argumento es que todavía no se ha concluido con un censo sobre este tipo de comunidades, que se inició en 2006.

“El gobierno les alcanza comida y agua, se las llevan con la camioneta de la Municipalidad. La policía no tiene la culpa de no hacer nada porque cuentan con el aval de la política de bien arriba, según se sabe la orden viene de Buenos Aires”, denunció el productor que se siente afectado.

Serafín contó que su abogado hizo más de 10 denuncias y que ahora le pidieron que volviera a presentar la documentación correspondiente respecto de la ocupación. “Ya tienen más de 10 metros de papeles mío”, se quejó.

El productor agregó que si bien puede trabajar de un lado del campo lo hace bajo mucha presión por los constantes ataques que recibe de los ocupantes de la otra parcela. Relató: “Me cortan los 6 hilos de alambre cada 10 metros y el otro día me cortaron el agua que va a los molinos, hicieron un pozo de 3 metros hasta encontrar el caño, lo cortaron y lo taparon”.

“Hice la denuncia pero no pasa nada”, insistió.

Serafín dijo que hay muchos productores afectados, que son más de 60 y que si bien en su caso no hubo uso de armas de fuego ni violencia, en otros casos sí se llegó a estas situaciones.

“En otros casos usaron armas de fuego y golpearon a los empleados, a sus esposas e hijos. Hay un contratista en la zona que tiene 300 hectáreas al que le prendieron fuego la maquinaria, un tanque de gasoil y una casilla, le quemaron todo. Realmente no se entiende cuál es el objetivo de todo esto” finalizó.

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Dirigentes rurales de la provincia mantuvieron el miércoles una reunión con el ministro de la Producción, Julián Mandrile, por este tema. “Estuvimos reunidos tres horas y media, y fue muy receptivo”, contó Juan Pablo Karnatz, histórico dirigente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas, que forma parte de CRA. En ese encuentro, el funcionario fue acompañado por el secretario de la Producción, Pablo Fuentes, y por abogados de la dependencia.

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Del lado de la producción, además de Karnatz, estuvo entre otros Uriel Bricoe, vicepresidente de FAAS y titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de los Departamentos Rivadavia, Aguirre y Mitre (Apadram), que es la zona donde más conflictos por las ocupaciones de campo se están registrando.

Como resultado de este cónclave, “el ministro gestionó una reunión con el fiscal general de la provincia, Luis Alberto de La Rúa, y dio la orden de que este tema se solucione”, dijo Karnatz (foto),

El ruralista agregó que “en Santiago venimos pidiendo la creación de la policía rural sin resultado positivo alguno. Se necesita de ese cuerpo porque la policía no puede estar en las ciudades y el campo a la vez”, explicó.

Karnatz dijo que le llevaron al ministro Mandrile todas las pruebas de diferentes ocupaciones de campos por parte del Mocase. De esa agrupación nacida en los años 90 justamente para evitar el desalojo de comunidades campesinas, el dirigente de CRA dijo que “no es manejado por pueblos originarios” y que “atentan contra la seguridad, la propiedad y la posibilidad de producir”.

Luego explicó cuál sería el modus operandi de esta entidad: “Cortan alambrados y los postes con motosierras, y meten adentro del campo a 100 o 150 personas. Entonces no se puede seguir produciendo y mucho menos fumigando, lo que impide el desarrollo de la producción en una zona donde estaba creciendo mucho el algodón de la mano de los buenos precios y donde también se estaba desarrollando la ganadería”.

Los productores esperan que la reunión el fiscal general de la provincia se concrete a inicios de la semana que viene, que los pueda recibir el gobernador Gerardo Zamora y que pronto se le de solución a este problema. El Mocase, sin embargo, cuenta con sólidos lazos con el gobierno provincial y también ha colocado funcionarios en la estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación.

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Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.

El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.

“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.

“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.

Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.

En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.

Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.

Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.

“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.

Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.

“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.

Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.

El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.

Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.

En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.

Mocase Vía Campesina: Una organización nacida en 1990 para resistir los desalojos de campesinos en Santiago del Estero ahora es acusada de… desalojar a campesinos

En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.

Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.

“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.

Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.

Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.

“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.

En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.

Una dirigente del MOCASE es la nueva directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar

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Es que tres décadas después de su fundación el Mocase está siendo denunciado por otras familias campesinas santiagueñas de usurparles sus pequeños campos y parcelas, incluso con métodos violentos, como la quema de maquinaria, la utilización de armas de fuego, la destrucción de viviendas, etcétera.

Es un caso muy curioso: hasta ahora el Mocase-Vía Campesina, una de los fracciones en que se dividió el movimiento en 2002, acusaba a los empresarios del “agronegocio” de llevar a cabo este tipo de prácticas para apoderarse de las tierras productivas de la provincia gobernada desde hace mucho tiempo por Gerardo Zamora, quien por cierto jamás pudo o quiso poner freno a este tipo de conflictos por la posesión de la tierra en su provincia.

Por ejemplo, el 15 de junio era el propio Mocase Vía Campesina quien acusaba al dueño de la marca de gaseosas Manaos, Orlando Canido, de intentar “desalojar violentamente” a la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo de su territorio.

“Logramos frenar el desalojo”

El dueño de la gaseosa Manaos intentó desalojar violentamente la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo. Adolfo Farías, integrante del Mocase-VC, hizo llamado de alerta para enfrentar nuevas embestidas del industrial.https://t.co/nHnNGVH7w1

— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) June 15, 2021

Esta es la primera vez que es el Mocase el que es denunciado por llevar a cabo las prácticas que la propia organización denuncia de terceros poderosos. Lo más paradojar es que quienes denuncian que es la esa organización la que los corre de sus campos es nada menos que una Asamblea Autoconvocada integrada por campesinos y promovida sobre todo por mujeres. Se denominaron “Santiagueños en Defensa de la Tierra”.

El 9 de junio este nuevo movimiento denunció la destrucción parcial de una vivienda rural y responsabilizó directamente al Mocase Vía Campesina. La vivienda estaba dentro del campo perteneciente a Irma Maldonado y su familia. “No se trata de imágenes de una tragedia o una desgracia. Tampoco son producto de un sismo o un tornado. Simplemente se trata del Mocase Vía Campesina”, decía la denuncia publicada en las redes sociales.

“De la casa se llevaron mesas, sillas, colchones y cubiertos, sábanas, ropa, puertas, ventanas y tirantes”. Quebrachito pertenece a la localidad de Pinto, en el Departamento Aguirre, donde el Mocase tiene una de sus seccionales más poderosas. “Allí todos se conocen”, afirmó el Movimiento Santiagueños, que culpó de la usurpación directamente al “clan Aguirre”, pero añadió de inmediato que todos “saben que ninguna usurpación se produce sin la orden de Adolfo Farías y Juan Chazarreta”. Son dos de los principales referentes del movimiento campesino a nivel provincial.

Un dato no menos importante es que una tercera referente nacional del Mocase es funcionaria del gobierno nacional, bajo el mando del Ministerio de Agricultura de Luis Basterra. Se trata de Deolinda Carrizo, que en febrero pasado asumió un cargo como directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar

Curiosamente, en la asamblea Santiagueños en Defensa de la Tierra las que más denuncian los atropellos del Mocase Vía Campesina son mujeres campesinas que deberían ser motivo de preocupación central de la funcionaria nacional.

Un buen ejemplo es María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video. El 5 de mayo del año pasado, agregó María, fueron atacados por una patota armada, entre los cuales pudieron reconocer a dirigentes de esa organización social y de la Universidad nacional Campesina (UNICAM) de Villa Ojo de Agua. Las denuncias presentadas no tuvieron avances.

Pese a que parecen defender intereses antagónicos, es histórico el buen vínculo que existe entre Mocase Vía Campesina y los funcionarios de Estado, no solo a nivel nacional sino especialmente con las autoridades provinciales. Eso les permitiría actuar con bastante impunidad ante los ojos de la justicia y la policía provincial. Según denuncian quienes dicen ser sus víctimas, “esta organización opera en manada, con violencia y en la clandestinidad. Llegan en sus camionetas e inclusive cuentan con un camión que oficia de flete. Nunca son menos de treinta personas. Algunas encapuchadas, con machetes, fierros y armas blancas, incendian corrales con animales, herramientas de trabajo y todo aquello que no se pueden llevar”.

El pasado 16 de junio, la Asamblea realizó otra denuncia, este vez referida a la familia Báez.  “Aquí, en la Totorilla, Don Bernardino Báez formó su familia en el siglo pasado. Después fue su hijo Justo Pastor, que con su compañera Josefa Isabel, decidieron que sería la Totorilla donde nacerían sus hijos. Y para ello fundaron una escuela, la Escuela 922 que lleva su nombre”, describen, dando a entender que todos los campesinos desalojados por el Mocase tienen posesión ancestral sobre los terrenos que intentan quitarles. En aquella escuela, sigue la historia, daba clases Lidia “Pori” Iturre, que se casó con Don Raúl Báez. Hoy tienen nietos con ese mismo apellido.

“Pero ahora la Totorilla está usurpada. Los Báez fueron expulsados violentamente por el Mocase Vía Campesina. Tomaron su tierra, su casa, sus pertenencias y su historia”, denunció la nueva Asamblea, que difundió imágenes del violento desalojo que sufrieron.

En total, el Movimiento Santiagueños por la Tierra registra cerca de 60 casos vinculados con las irrupciones del Mocase Vía Campesina en sus propiedades, aunque no todos terminaron en un desalojo y hay varios que han podido ser neutralizados en la justicia. En sus redes sociales, este movimiento incluso publicó un curioso manual que tendría el Mocase para realizar estas usurpaciones.

Uno de los pasos de esa supuesta estrategia sería activar “una campaña de escarnio público para generar el desprecio sobre la víctima, calificándola de Oligarca, Sicario, Pedófilo, Capitalista, Violador, Etc. Siempre MACRISTA”. A Raúl Báez, como se ve en esta fotografía del propio Mocase, se lo tilda de esclavista y explotador. Aunque él grabó otra versión completamente diferente de su propia historia:

Una integrante del nuevo movimiento que hace estas denuncias -que por ahora pide reserva de su nombre- relata que “lo del Mocase es extremadamente violento”, aunque reconoce que tiene un viso de legalidad a partir del dictado de la Ley 26.160 sancionada en 2006 para declarar la emergencia ocupacional en los territorios que corresponderían a las las comunidades indígenas originarias del país.

Esa legislación devino en un relevamiento territorial cuya responsabilidad está a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que en el caso de Santiago del Estero se apoya muchísimo en los dirigentes del Mocase Vía Campesina. En base a ese relevamiento, esa organización reclama muchas veces territorios a sus ocupantes históricos, con el argumento de que esas tierras pertenecían a alguna comunidad originaria.

Es decir, parece ser el Mocase el que se arroga el derecho de decidir quién es originario y quién no lo es en Santiago del Estero. Y qué campesinos deben defenderse y cuáles, en cambio, se transforman en sus víctimas.

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La certeza de este periodista es que eso está sucediendo. O mejor dicho, que está volviendo a suceder.

Como para que nadie se quede en la chiquita de explicar esta mirada escéptica con “la grieta” y todas esas sandeces, comenzaré esta nota recordando esta otra nota de junio de 2019. Hace dos años, Bichos de Campo informaba que el gobierno de Mauricio Macri, luego de echar a cientos de personas del área de Agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, había colocado a una serie de militantes propios en los cargos claves.  Lo criticamos y por eso recibimos críticas de los funcionarios de aquel momento.

De Pérsico a Hardie, no cambió casi nada: La Agricultura Familiar sigue manejada por militantes

¿Pasó algo diferente con el gobierno de Alberto Fernández?

Con la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 426/2021, la renovada Secretaría de Agricultura Familiar -una de las tres grandes áreas en que se divide la cartera agropecuaria- terminó de llenar los 27 casilleros de funcionarios que acompañan en la gestión a Miguel Ángel Gómez, el secretario. La norma ubicó a la señora Araceli Susana del Rosario Ferreyra en el cargo de Directora Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ferreyra fue diputada nacional por Corrientes hasta diciembre de 2019. Integraba el bloque del Movimiento Evita.

El Movimiento Evita es conducido a nivel nacional por el ex piquetero Emilio Pérsico, que actualmente es el secretario de Economía Social de la Nación. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, entre el 2011 y el 2015, el barbado dirigente ocupó la conducción del área de Agricultura Familiar y había colocado allí a decenas de sus militantes que luego fueron barridos por el macrismo.

Ahora se consumó la revancha y no quedan rastros de militantes macristas en esa dependencia. Muy por el contrario, con la designación de la ex diputada Ferreyra el Movimiento Evita copó más de la tercera parte de los cargos directivos que se han creado en ese sector del Ministerio. Es decir, 10 de los 27 funcionarios con responsabilidad en dicha área provienen de la agrupación que dirige Pérsico. La lista comienza con el actual secretario Gómez, que aunque proviene de Esteban Echeverría llegó al cargo luego de conducir la rama rural del Evita.

¿Y el resto? El listado anexo que acompaña esta nota muestra las más diversas procedencias para los restantes 17 funcionarios, pero la inmensa mayoría proviene de la militancia en algunas de las muchas organizaciones campesinas y de pequeños productores que trabajaron activamente, en la campaña electoral 2019, a favor de la candidatura de Alberto y Cristina y, especialmente, en contra de Macri.

En aquel momento, mayo de 2019, la posibilidad de un cambio de rumbo en la política nacional dio lugar a que la mayor parte de estas organizaciones confluyeran en el Foro Agrario Nacional, que fue el intento más potente del sector de la agricultura familiar por visibilizar sus históricas demandas. Muchos de sus dirigentes hoy ocupan cargos en la Secretaría y deben avalar con acciones la prédica que los llevó hasta allí. No hay ningún ánimo de demonizarlos: De que son militante sociales que se han calzado el traje de funcionarios no caben dudas.

Nunca los productores más chicos estuvieron tan cerca del poder: El Foro Agrario presentó sus 21 demandas a Basterra

Así, y más allá de la preminencia del Movimiento Evita (especialmente en el despliegue territorial de la Secretaría), entre los 27 cargos ejecutivos hay representantes del MTE Rural (la agrupación de Juan Grabois), del Mocase santiagueño, de MSC Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA), y de la FONAF (Federación de Organización de la Agricultura Familiar). Incluso hay un representante del pueblo mapuche, Roberto Ñancucheo, ocupando la Coordinación de Pueblos Originarios.

Este desembarco masivo en el Estado ha dado lugar a visibles irregularidades administrativas. Un total de 23 de los 27 puestos en juego se han cubierto apelando a excepciones del artículo 14 del Convenio para la Administración Pública, que establece los requisitos mínimos para ocupar un cargo de director para arriba en el Estado Nacional. Sea categoría A, B, C o D, el funcionario en cuestión debe acreditar un título universitario o por lo menos terciario, que la inmensa mayoría de estos militantes no tiene.

Semejante porcentaje de “excepciones” (que permite a los funcionarios finalmente cobrar salarios de categorías a las que no podrían aspirar) marca a las claras el estado de cosas del que estamos informando. No desacredita a nadie. Es un dato.

Lo que sí da algo de tristeza es que casi no queda ningún casillero por cubrir con funcionarios que hayan hecho una carrera dentro del propio Estado, más allá y superando los gobiernos de turno. Representante de esa “burocracia” tan denostada pero a la vez tan necesaria en los Estados modernos es Diego Castro, que es el director nacional de Desarrollo Rural, estudió agronomía y viene de trabajar en el INTA Luján. La otra excepción que podría confirmar la regla es Pedro Naon, también agrónomo, que desde Bariloche coordina la regional Patagonia de la Secretaría y ya tenía experiencia previa en las áreas de Desarrollo Rural de la provincia. Otro caso semejante es el de Luciano Guichet, que aunque sin estudios venía trabajando en las pocas zonas rurales que quedan en el Municipio de Almirante Brown.

Hay una rareza, pues se trata de un funcionario que no proviene del variopinto de organizaciones campesina. Se trata del agrónomo Walter Martín, que ocupa la dirección de Producción y Abastecimiento Local y proviene del peronismo bonaerense. Martín fue director de producción del municipio de Daireaux y en el anterior gobierno de Cristina ocupó la conducción nacional del programa Cambio Rural 2 cuando el ministro era Carlos Casamiquela.

Duele decirlo. De los 27 cargos más altos de la Secretaría de Agricultura Familiar hay solo 10 que tienen un título universitario: hay dos abogadas, un economista, una socióloga, un ingeniero electricista, cuatro agrónomos y un ingeniero forestal. No es peyorativo sino simplemente un dato: la mayoría de las resoluciones firmadas por el ministro Luis Basterra se refieren a los designados como señor o señora.

Este es el listado completo de funcionarios de dicha secretaría de Estado:

Esta breve crónica que expone la altísima dependencia política que tiene la estructura actual de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar seguramente para algunos constituya prueba suficiente de la degradación que está sufriendo el sector público a manos del kirchnerismo. Para otros, convencidos de que el Estado debe producir modificaciones de fondo, no tendrá nada de malo ver a tantos militantes en puestos ejecutivos sino todo lo contrario. En uno u otro caso, con la biblioteca dividida, habrá que esperar los resultados de este ensayo para terminar de construir un juicio de valor.

Para este cronista, simple observador de la situación, de lo que no quedan dudas es que ese sector del Ministerio de Agricultura ha sido cooptado por la política y que ya casi no quedan funcionarios de carrera. Fue cooptado como antes. O mejor dicho como casi siempre.

La única gran cosa que debería preocuparnos es determinar si reinaugurando las políticas, con nombres y caras nuevas cada tanto, se mejora efectivamente la situación de los pequeños productores de este país. Allí sí hay evidencias -el éxodo y la pobreza rural- que parecen decir todo lo contrario.

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Deolinda proviene del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), organización que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

“Los propietarios de tierras las destinan para el agronegocio y para exportar. Ya sea soja, maderas o minería y eso afecta directamente a la producción de alimentos. Porque las tierras fértiles se dañan con la utilización intensiva de agrotóxicos”, aseguró Deolinda en declaraciones realizadas el año pasado a la Revista Cítrica.

“El sistema capitalista neoliberal en el campo de nuestro país tiene que ser frenado con una reforma agraria integral y popular. Son reformas estructurales necesarias donde la tierra y los bienes comunes deben cumplir una función social. Tierra en manos de quienes trabajan y producen alimentos”, sostuvo en declaraciones realizadas al sitio Huerquen.

Por otra parte, hoy también se designó a José Luis Castillo como director de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Castillo proviene de la organización “Obreros del Surco”, que agrupa a familias campesinas que se dedican a la ganadería, horticultura y pesca artesanal en las zonas de Villa Ocampo, Villa Ana, San Antonio, Las Toscas y Tacuarendí e el norte de la provincia de Santa Fe. Obreros del Surco integra la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino.

Por último, al ingeniero agrónomo Diego Castro fue nombrado como director Nacional de Desarrollo Rural de la Subsecretaría de Programas de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación.

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