Estamos hablando de Molinos Cañuelas SACIFIA, que posee una participación del tonelaje total de molienda superior a los dos dígitos en términos porcentuales, mientras que el resto de las empresas no alcanzan a superar el 5% de participación.

“De hecho, entre las once empresas de mayor molienda, apenas se logra superar el 50% del volumen procesado en las últimas dos campañas”, advierte un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De una forma congruente con ubicación geográfica de la producción de trigo, la mayor parte de los molinos se ubican en la provincia de Buenos Aires, implicando una participación superior al 53% en el ciclo 2020/21.

A Buenos Aires lo secunda Córdoba con el 21% de la molienda total y en tercer lugar se posiciona Santa Fe con el 14% del procesamiento de trigo pan nacional. En una menor proporción se encuentran otras nueve provincias de diferentes regiones del país.

El índice Herfindahl-Hirschman de la industria molinera que evalúa la concentración económica de un mercado, es de 625 sobre un máximo de 10.000, lo que indica que se trata de un mercado altamente competitivo.

En las últimas campañas el volumen de trigo destinado a la industrialización para el consumo humano ha fluctuado entre los 6,7 millones de toneladas en la campaña 2010/11 y 5,1 millones del ciclo 2012/13, para luego estabilizarse en un nivel intermedio entre ambos.

Hasta octubre de 2021 (campaña 2020/21), según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, se destinaron a la producción de harina 5,3 millones de toneladas y la BCR estima que el ciclo finalizaría con un total de 5,7 millones.

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Hoy, con el anuncio oficial del concurso preventivo por parte de Molinos Cañuelas, empresa que compite con Morixe en varios rubros alimenticios, Noel usó una red social para dedicarle unas palabras a la familia Navilli –propietaria de la concursada– y, de paso, expresar su opinión sobre los “empresaurios” que, en lugar de ofrecer un servicio a la sociedad, se sirven de ella para beneficio propio. Aquí van las “dedicatorias” textuales de Noel:

“Lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y proveedores que con 1500 millones de dólares confiaron en una empresa argentina que les ‘defaulteó’ al igual que Vicentin; esto afecta a las demás empresas alimenticias argentinas”.

“Lamentamos también el perjuicio e incertidumbre que sufren los trabajadores de la empresa en un caso típico de ‘empresario rico, empresa pobre’. Un sistema económico que distribuye las perdidas empresarias a la sociedad y pero no las ganancias es inviable”.

“Lamentamos que los bancos oficiales deban perder más de 300 millones de dólares, mientras los empresaurios se hicieron hasta una cancha de golf y habrían comprado (a título personal, no para la empresa) miles de hectáreas de campo”.

“También lamentamos que la empresa diga que quiere ‘proteger a sus trabajadores y acreedores’, pero sus accionistas no hagan el más mínimo aporte de capital. Los accionistas de Morixe hemos hecho dos aportes de capital en los últimos tres años para financiar nuestro crecimiento”.

“Lamento la hipocresía generalizada en que vivimos por la que ninguna entidad empresaria va a salir a hablar de la seguridad jurídica o del derecho de propiedad de los que financiaron a Molinos Cañuelas; esto le hace mucho mal al país y a la imagen de los empresarios”.

“Ni tampoco dirán nada sobre la competencia desleal que implica tener que competir cumpliendo todas tus obligaciones frente a empresas que reciben 1500 millones de dólares y no los devuelven, ni sus dueños aportan capital. Cuando compres harina, ¡comprale a empresas decentes!”.

Hoy casualmente se celebra en la Argentina el Día de la Industria en conmemoración al barco que el 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo, con destino a Brasil, para exportar tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero. Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por el Reino de España.

Diez años después de la liquidación de la Oncca, Morixe sigue buscando que le paguen compensaciones por 245 millones de pesos

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Si bien los descalabros financieros del grupo tienen una extensa trayectoria, en 2016 es cuando comenzó a gestarse el problema que finalmente derivó en el concurso. Ese año los integrantes de la familia Navilli decidieron encarar un proceso de reorganización societaria por medio del cual concentraron bajo el control de una sola compañía (Molino Cañuelas) todas las empresas y negocios que, si bien pertenecían a diferentes miembros de la familia, se gestionaban de manera independiente.

Así fue como Molino Cañuelas se hizo con el control de Molca (Terminal Las Palmas), Compañía Argentina de Granos (Cagsa), Cañuelas Pack, Megaseed y los molinos Cañuelas Uruguay, Florencia y Americano –entre otras firmas–, lo que requirió una inversión importante, cuando un año antes (2015) los Navilli habían desembolsado una fortuna para comprar los molinos Trigalia a la filial argentina de Cargill, que, con buen tino, decidió que el negocio de la harina de trigo en la Argentina no tenía un panorama promisorio.

Pero lo que pretendió ser un “salvataje” de algunas empresas familiares en situación comprometida, terminó provocando un problema mayúsculo: el primer balance informado del grupo consolidado, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, arrojó una pérdida de 505 millones de pesos (por entonces unos 29 millones de dólares) sobre una facturación total de 20.453 millones de pesos. Y terminó además con un patrimonio neto negativo de 757 millones de pesos.

En ese marco, a fines de noviembre de 2017 la familia Navilli decidió que lo mejor era lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA) para comenzar a cotizar en las Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE) y de Buenos Aires (BCBA), de manera tal de hacerse con el efectivo para ordenar las cuentas y salir adelante. Pero claramente no eligió un buen momento, porque en 2018 la economía argentina ingresó en una fase turbulenta –que se extiende hasta la actualidad– y el proyecto de la OPA se cayó.

En el medio, los Navilli tenían que poner en movimiento la enorme capacidad de molienda de trigo que consolidaron –con 3,12 millones de toneladas anuales es la más grande del país– y crearon así una red de franquicias de pizzerías (Pizza Alla Pala) y una nueva unidad industrial localizada en Carlos A. Spegazzini, en el Conurbano bonaerense, dedicada a elaborar masas congeladas. Todos proyectos que, en una economía pujante, seguramente habrían salido adelante, pero que en la Argentina reciente eran un boleto asegurado para “remar en dulce de leche”.

Desde entonces, los Navilli comenzaron a negociar la enorme deuda, estimada en unos 1400 millones de dólares, tanto con bancos locales como con entidades financieras internacionales. Si bien en varias oportunidades manifestaron importantes avances al respecto, es evidente que no pudieron llegar a buen puerto.

En el mercado financiero argentino, según datos del Banco Central (BCRA), Molino Cañuelas tiene una deuda total de 28.383 millones pesos, mientras que Cagsa acumula otra de 11.529 millones. La cifra total de casi 40.000 millones de pesos se concentra en su mayor parte en Banco Nación, Banco Provincia (Bapro), HSBC, Banco Hipotecario y Santander. Sin embargo, la “mochila” más pesada corresponde a la deuda dolarizada que mantiene que con entidades externas, tales como Rabobank, ING y la Corporación Financiera Internacional.

La familia Navilli se ha dedicado al negocio de procesamiento de alimentos y molienda de harina desde 1931. El presidente del directorio y CEO de Molino Cañuelas es Aldo Adriano Navilli, quien comparte la sociedad junto a sus hermanos Ricardo, Carlos y Adriana, además de Marcos Villemur (hijo de Adriana). La empresa opera en las categorías de “retail” de aceites vegetales, harinas, bizcochos, galletas dulces y saladas, premezclas y pan rallado, además del negocio de harina y premezclas para panaderías, industrias y exportación, productos especiales a medida (como pan de Viena y cinnamon rolls para McDonald’s), agroservicios (vehículo para originar granos en general y trigo en particular) y exportación de poroto y harina de soja, entre otros.

Al final, Molino Cañuelas pidió su concurso preventivo de acreedores: “Buscamos proteger activos y los puestos de trabajo”, indicó la empresa

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Molinos Cañuelas desde hace años está intentando reestructurar ese millonario pasivo. Sin embargo, este jueves anunció que ya no le queda resto y que pese a los esfuerzos y negociaciones realizadas abrirá, conjuntamente con la firma Compañía Argentina de Granos S.A. (CAGSA), su Concurso Preventivo de Acreedores.

A diferencia de Vicentin, que tenía una alta proporción de su pasivo en manos de acreedores individuales (productores, acopios y cooperativas), la mayor parte de la deuda de Cañuelas es con el sistema financiero. En pesos, la deuda financiera registrada es al momento de 28.383 millones. El mayor acreedor es el Banco Nación, con el 21% del total de esa suma. Y el Banco Provincia suma otro 12%.

“Con esta medida busca proteger sus activos, los puestos de trabajo directos e indirectos de la Empresa y los intereses de los propios acreedores, manteniendo su estructura productiva y asegurando su continuidad operativa en todas sus plantas y establecimientos industriales y comerciales”, informaron desde la empresa.

A través de un comunicado Molino Cañuelas indicó que en la última década comenzó a llevar adelante un plan de inversiones que debió ser cancelado, frente a la volatilidad que se registraba en las principales bolsas del mundo y a la performance negativa del país. A eso le sumaron los efectos de la devaluación de la moneda en 2018, que obligaron a la empresa a postergar el pago de ciertos compromisos e iniciar un proceso privado de re-perfilamiento  de su deuda financiera.

Hay que recordar que esta empresa cuenta con 18 plantas industrias distribuidas entre Argentina (15 de ellas están concentradas seis provincias), Brasil y Uruguay, y exporta sus productos a los cinco continentes.

Frente a este panorama negativo, en 2019 se conformó un Comité de Acreedores, integrado por los principales acreedores de ambas compañías, que alcanzó un principio de acuerdo pero que posteriormente se vio afectado por una nueva devaluación y el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

“Las dificultades propias que esto generó en la Argentina provocaron un nuevo e inevitable cambio de escenario para todos los participantes de la restructuración, e incluso hizo que algunos bancos decidieran suspender su participación en dicho Comité, alejando la posibilidad de obtener un acuerdo definitivo”, afirmaron.

Molino Cañuelas, en conjunto con CAGSA, informaron entonces que “con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades productivas propias de una industria esencial, proteger a sus más de 3000 trabajadores, sus activos y los intereses de los propios acreedores debió presentarse en concurso preventivo de acreedores”.

Por el momento la empresa se encuentra operando con normalidad en todas sus plantas y espera continuar haciéndolo durante todo el proceso. Sostuvieron además que se mantendrán al día con su plan de lanzamientos de nuevos productos y que esperan llegar a una negociación definitiva en el corto plazo.

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El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, manifestó –como viendo haciendo en reiteradas oportunidades– que el sector que representa se encuentra perjudicado por los precios máximos aplicados hace casi un año por el gobierno nacional tanto a las harinas de consumo familiar como a las comercializadas a panaderías e industrias panificadoras.

Además, si bien la exportación de harina podría ser una fuente de ingresos que ayudase a compensar el quebranto generado por la venta en el mercado interno a precios máximos, lo cierto es que la competitividad de ese negocio también está comprometida por el derecho de exportación vigente sobre ese producto (7,0%), la “retención” cambiaria y la creciente inflación de costos internos.

Vale tener en cuenta que el sector molinero tiene una capacidad ociosa del orden del 48% y necesita disponer de la “ventanilla” exportadora no sólo para diversificar ingresos, sino también para licuar costos fijos.

Otro de los temas tratados fue la necesidad de que el sector molinero se acostumbre a emplear futuros y opciones para profesionalizar la gestión comercial de la originación de trigo.

El contrato de Trigo Rosario Julio 2021 del Matba Rofex, por ejemplo, que superó los 240 u$s/tonelada a mediados de enero pasado, actualmente se encuentra en 220 u$s/tonelada. Argentina cuenta con un mercado de futuros institucionalizado en el cual es posible tomar coberturas para reducir el riesgo comercial. Pero no todos los usan y, cuando los precios suben por factores imprevistos tanto locales como internacionales, comienzan las quejas.

En lo que respecta a la disponibilidad de trigo, la exportación ya está retirada del mercado al haber comprado casi 9,50 millones de trigo y tener permisos de exportación (DJVE) del cereal por 9,48 millones de toneladas, al tiempo que los molinos comenzaron a recibir mercadería con mayor fluidez en línea con la necesidad de muchos productores de generar ingresos para cancelar compromisos y disponer de los insumos necesarios para poder iniciar la próxima campaña invernal de granos finos.

Además de FAIM, en la reunión participaron representantes de la Cámara de Panaderos de Salta, de Molinos Fénix, Lagomarsino, Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (APyMIMRA), la Unión Industrial de Fideeros (Uifra), la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Grupo Bimbo, la Cámara de Panaderos Agrupados del Norte, la Cámara de Industriales Panaderos de la Capital Federal y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa).

Una vez finalizada la reunión sobre harina de trigo, se procedió a realizar otra con referentes de “carnes no bovinas”, es decir, aviar y porcina, en la cual se analizó la situación del mercado interno de maíz, que, además de no contar con problemas de abastecimiento, muestra precios futuros decrecientes con el ingreso de la cosecha tardía.

En ese sentido, el precio del contrato Maíz Rosario Abril 2021 del Matba Rofex, correspondiente a la cosecha de maíz temprano que se está levantando en estos días, hoy martes cerró a un valor promedio de 196,5 u$s/tonelada, mientras que la posición correspondiente al maíz de segunda (Julio 2021) terminó hoy en 189,5 u$s/tonelada.

Al igual que en el caso de los molinos harineros, los representantes del sector aviar y porcino manifestaron a necesidad de contar condiciones de competitividad adecuadas para poder exportar. Vale recordar que el derecho de exportación vigente sobre la carne porcina es del 5,0% del valor FOB, mientras que en el caso de la carne aviar es del 9,0%.

Si al derecho de exportación le sumamos la “retención” cambiaria, sumado al hecho de que es muy posible que el real brasileño se devalúe en las próximas semanas para mejorar la competitividad del sector exportador, entonces el panorama para los exportadores argentinos de carne aviar y porcina no luce alentador.

Otro de los pedidos realizados por los integrantes del sector consistió en establecer mecanismos que permitan compensar lo saldos técnicos de IVA, de manera tal que los mismos no se terminan transformando en un costo.

En esta última reunión asistieron representantes de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Granja Tres Arroyos, Frigorífico de Aves Soychú, Las Camelias, Noelma, de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, Paladini, Campo Austral y Alimentaria La Pompeya.

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Ayer funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intentaron –sin éxito– reencauzar las negociaciones entre las partes. Ante el fracaso de esa iniciativa, aparentemente no existe ninguna otra autoridad nacional con capacidad para solucionar un conflicto que “tapona” la exportación de mercaderías que constituyen la principal fuente de generación de divisas de la economía argentina.

Solamente en la zona de influencia de Rosario existen 130 buques demorados que no pueden cargar granos, harinas o aceites vegetales a causa de las restricciones presentes desde el inicio de la medida de fuerza realizada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA).

Fuentes de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario indicaron que 85 buques se encuentran en la zona del río Paraná, mientras que los otros 45 permanecen en el Río de la Plata. Se estima que las demoras de carga alcanzan ya 4,50 millones de toneladas de productos agroindustriales. Cada día de espera de semejante cantidad de buques representa penalizaciones millonarias.

El conflicto, al presentarse en plena cosecha fina, está demorando la entrega y liquidaciones de partidas de trigo y cebada, lo que compromete financieramente a muchas empresas agrícolas que contaban con tales ingresos para poder abonar los compromisos pendientes de fin de año.

Los recibidores de granos afiliados a Urgara también se encuentran llevando a cabo medidas de fuerza en todas las empresas menos en las unidades gestionadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, ADM Argentina y Molinos Cañuelas, dado que esas cuatro empresas ya acordaron las paritarias salariales correspondientes el ciclo 2020/21.

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