Las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) comunicaron que no actualizarán, tal como lo exige la normativa vigente, las escalas de monotributo en el presente mes de enero, lo que implicará un perjuicio enorme para los trabajadores, profesionales y comerciantes adheridos al monotributo, dado que, con una inflación oficial anual del 35,8%, muchos ascenderán de categoría, mientras que otros directamente quedarán excluidos del monotributo para pasar al régimen de trabajadores autónomos. En ambos casos, pagarán muchos más impuestos aunque su facturación, en términos reales –es decir en pesos ajustados por inflación–, se haya mantenido o incluso haya descendido en 2020.

Así como los empresarios agrícolas, por ejemplo, deben abonar un derecho de exportación del 33% del valor de su producción de soja, más una “retención cambiaria” que se aplica a todos los productos exportables, los monotributistas también comenzarán a pagar retenciones, que serán, en este caso, “inflacionarias” y en una proporción del orden del 35%, monto al cual, obviamente, deberá sumarse la progresiva depreciación del peso que abarca a todos lo que reciben pesos argentinos por su trabajo.

Las autoridades del Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), que nuclea 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país, presentó una nota a la Afip para solicitar se prorrogue la recategorización semestral del monotributo que debe realizarse en enero al considerar que “las escalas vigentes para el año 2020 se encuentran desactualizadas debido al proceso inflacionario que atraviesa nuestro país”. Y añadió que “su corrección resulta imprescindible para evitar la exclusión de gran cantidad de pequeños contribuyentes del régimen”.

“El establecimiento de reglas claras, estables y en tiempo oportuno en la materia tributaria son requisitos para el normal desarrollo de las actividades económicas. La falta de definición y de plazos razonables impide no solo el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sino que también dificultan el ejercicio profesional de los profesionales de ciencias económicas dedicados a la atención y asesoramiento tributario”, afirmó la carta de Facpce.

Por otra parte, un grupo de contadores públicos autoconvocados crearon una solicitud en Change.org para solicitar a la Afip que actualice las escalas del monotributo correspondientes al año 2021 antes del próximo 20 de enero, que es cuando, precisamente, vence la posibilidad de recategorizarse.

“Las escalas vigentes para el año 2020 se encuentran desactualizadas debido al elevado  proceso inflacionario que atraviesa nuestro país, razón por la cual la corrección de dichos efectos resulta imprescindible. Todos sabemos que al no actualizarse las mismas se producirá la exclusión de gran cantidad de pequeños contribuyentes del régimen y por ende la incorporación al régimen general, lo que implica un salto muy grande en la tributación que deben afrontar estos contribuyentes”, alertaron los contadores.

Y recordaron que la no actualización de las escalas infringe la Ley Nº 27.430, legislada  desde 2018, la cual, en el artículo 52, prevé un reajuste anual por medio de la aplicación de un porcentaje equivalente al aumento obtenido por los ingresos de los jubilados y pensionados de la Anses en el año anterior en función de la fórmula legal de movilidad.

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Entrevistado por Bichos de Campo, Hardie recordó la génesis del MSA en tiempos de la gestión de Cristina Kirchner, y luego del conflicto por la Resolución 125. “En 2009 se firmó un convenio (vencido hace tiempo y que veníamos revisando) entre el Ministerio de Agroindustria (en aquel momento Secretaría de Agricultura) y el Ministerio de Desarrollo Social, sobre los ‘efectores sociales’, que es una determinación del Ministerio de Desarrollo Social y para los cuales hay una herramienta que es el Monotributo Social, y se generó el monotributo social agropecuario”.

“¿Qué lo que hace? El monotributo social paga el 75% del monotributo (de cada beneficiario) y cada efector social debe pagar el 25% restante (que es el 50% del componente de la obra social). Pero no lo hacía sino que se lo pagaba el Ministerio y la Secretaría. O sea que terminaba siendo gratis”, explicó el secretario.

Escuchá la entrevista completa a Santiago Hardie:

La cuestión es que a partir de fin de 2018, según se dispuso en una resolución, el MSA dejará de existir y las competencias volverán al sector de Desarrollo Social. Hardie aclaró que, de todos modos, en Agroindustria “estamos realizando un reempadronamiento para aquellos que realmente lo utilizan. Ellos pueden dirigirse a cualquier oficina de la Secretaría de Agricultura Familiar, que están en todas las provincias para hacer la actualización de datos, presentando el DNI y algún comprobante de que hayan facturado en el último año (algún talonario de factura o lo que sea para que podamos ver que utilizan la herramienta). En este caso, seguirán con el MSA sin pagar nada hasta fin de año y a partir de 2019 pasan a ser monotibutistas sociales y solamente pagan el 50% del componente obra social. El otro 50% más todo el componente impositivo sigue a cargo del Estado”, explicó.

Ver: “Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi”

“Creemos que el productor que realmente lo necesita, algo puede pagar. El que lo tiene gratis ni lo usa ni le importa. Lo que estamos haciendo es emprolijar, haciendo un uso más eficiente de los recursos”, enfatizó el funcionario.

Todos estos cambios apuntan al plan de austeridad al que se comprometieron los Ministerios. “Para Agroindustria implicaba (un gasto) 30 millones de pesos por mes y para Desarrollo Social lo mismo”, precisó Hardie.

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Monotributo no, monotributo sí. Lo que se está discutiendo aquí en realidad es si es responsabilidad del Ministerio de Agroindustria tener políticas específicas para los pequeños productores y la agricultura familiar, o si en cambio eso corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que atiende naturalmente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Está más que claro que la decisión de la cartera que dirige Luis Miguel Etchevehere es concentrarse en trabajar con los que algunos funcionarios denominan”agricultores capitalizados” y que sea Carolina Stanley, en Desarrollo Social, la que se tenga que hacer cargo de las gran cantidad de desposeídos que vive en y gracias al campo. Que son muchos pero poco visibles.

Ver Qué es el Monotributo Social Agropecuario

Con el anuncio de la desaparición del MSA, quedó claro que la decisión del gobierno macrista es reducir al máximo la injerencia de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en su momento el kirchnerismo había llevado a su máxima expresión unos años atrás, cuando convirtió ese área en Secretaría y la puso al mando del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico. La definición es que los pequeños productores sean atendido por las áreas sociales, porque la responsabilidad primaria de Agroindustria debe ser dedicarse a las políticas productivas.

Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi.

En este cambio de lógica dentro del gobierno, incluso se desconoce que el Congreso sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas establecía la obligación al Ejecutivo de asignar un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales para promover a los minifundistas del agro. En tiempos de ajuste, eso nunca se cumplió, claro.

La excusa oficial para desmantelar este tipo de programas, como en muchos otros casos, es que el kirchnerismo se pasó de la raya y de modo muy poco transparente utilizó este sector de la política pública para hacer política partidaria. Es decir, que de la mano de Pérsico se convirtió a la Secretaría de Agricultura Familiar en una unidad básica kirchnerista.

Las denuncias oficiales tienen mucho sustento, las irregularidades existen y se han detectado los casos de muchos militantes que se hacían pasar por pequeños productores y entonces accedían a los beneficios del Monotributo Social. Pero como casi siempre, en vez de corregir, transparentar y sancionar estos casos, el Gobierno eligió el atajo más directo: cerrar el programa.

Ver: Carlos González: “Había 350 taxistas de Formosa en el monotributo social agropecuario”

En concreto, Agroindustria informó que los productores de la agricultura familiar deberán reinscribirse entre el 2 de julio y el 10 de agosto. Este trámite, según el propio Ministerio, “habilita al beneficiario del MSA a continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018″.

Pero de inmediato se aclara que “a partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del setenta y cinco por ciento (75%) del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”.

Es decir, el MSA desaparecería y continúa solo el programa de “Monotributo Social” de la cartera de Stanley, sin hacer distingos a que el sujeto a beneficiar pertenece a comunidades rurales y se sustenta de una actividad productiva. 

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