La performance del mosto argentino coincide con los treinta años que en 2021 cumple la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva (Cafem), institución gremial empresaria que nuclea e integra a más del 90% de los fabricantes de Argentina.

Cuando se fundó la Cámara Argentina del Mosto en 1991, en Argentina se producían por año 148 millones de litros de mosto (sumando el total de virgen, concentrado y sulfitado). Al 2020 (último año completo relevado) el país elaboró 442 millones de litros, según datos aportados por el Observatorio Vitivinícola Argentino.

El mosto virgen es lo que queda de la prensada de la uva en fresco y aún no comienza el proceso de fermentación, mientras que el concentrado cuenta con un proceso de deshidratación posterior. Y el sulfitado, por último, es el mosto fresco que se lo conserva mediante el agregado de anhídrido sulfuroso o metabisulfito de potasio.

Entre 1992 (dato más antiguo del que se tiene información) y 2020, las exportaciones argentinas de mosto en volumen crecieron 249% al pasar de 38.777 a 135.387 toneladas. Mientras que, en facturación las ventas al exterior evolucionaron en el período de 41,2 a S138,0 millones de dólares.

Hoy Argentina es el mayor exportador mundial de mosto en volumen y el segundo en facturación. Los mayores compradores de jugo concentrado de uva argentino son EE.UU. (capta 35% de las exportaciones locales), Japón (21%), Sudáfrica (18%) y Canadá (9%). Le siguen un poco más lejos Chile, Turquía, Rusia, Países Bajos, España, China, Arabia Saudita, México y Colombia.

El mosto, un endulzante natural, se emplea en la elaboración de jugos, gaseosas, jarabes, vinos, comidas para bebes, productos farmacéuticos, golosinas, dulces, mermeladas y edulcorantes.

“Se han ido desarrollado y consolidando nichos que a futuro tienen un enorme potencial para seguir creciendo, como son los mostos orgánicos, las certificaciones religiosas, mostos blancos y tintos, aromáticos y de distintos tipos”, explica Sergio Colombo, miembro fundador y ex gerente de la Cámara Argentina del Mosto, por medio de un comunicado.

El mosto, además de ser una fuente de generación de empleo y divisas, es un factor es estratégico para la vitivinicultura argentina puesto que toma, año tras año, aproximadamente 25% a 30% del volumen total de la cosecha de uvas, lo que permite “equilibrar” los stocks de vinos y por ende influir positivamente sobre los precios del mercado.

“El jugo concentrado de uva es un producto de una importancia clave y de extraordinaria nobleza que, por un lado, permite incrementar las exportaciones del sector vitivinícola, puesto que tiene una gran demanda mundial por ser un alimento sano; mientras que, a la vez, presta un gran servicio a la industria del vino al absorber una parte importante de la producción de uvas, lo que permite mantener el equilibrio en los distintos mercados y tener precios razonables para toda la cadena”, José Alberto Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Además, las empresas del sector emplean a unas 600 personas de forma directa y la oferta de uva para mosto proviene de alrededor de 5000 pequeños y medianos productores de distintas provincias; y se enfoca en variedades “cerezas o criollas”.

“Hay un gran futuro por delante y para ello estamos trabajando en distintas opciones de crecimiento de nuestras exportaciones, como programas de desarrollo de mostos de nicho orgánicos, tintos, de uvas varietales; y en diversificar mercados como ha sido recientemente Arabia Saudita, al tiempo que buscamos fidelizar los destinos tradicionales a través de discusiones arancelarias, sistemas generales de preferencias o mediante acuerdos de libre comercio”, explica Fernando Morales de la Cafem.

“Sabemos que el mosto ha cumplido expectativas mucho más allá de las que estaban planteadas en un principio y hoy con nuestro presente estamos haciendo un gran aporte al desarrollo de las economías regionales, en especial en las provincias de San Juan y Mendoza”, añade.

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En un comunicado, la Dirección General de Aduanas (DGA) expresó que “los valores referenciales son una herramienta que permite detectar operaciones de subfacturación en las exportaciones”. Esto es, se fija un valor aproximado orientativo del mercado, y se controla que las empresas no declaren ventas por debajo de ellos.

A finales de enero se establecieron precios de referencia para la exportación de cortes de carne vacuna comprendidos en 10 posiciones arancelarias, incluyendo los que van a China, principal cliente argentino. Estos se agregan a los que, a partir del análisis de distintos complejos productivos e industrias, la Aduana fijó en 2020 para las exportaciones de arándanos, leche en polvo, cebolla, papa, pasas de uva y corvina.

Estos precios testigos ofrecen un primer control en resguardo del interés fiscal, ya que se busca detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares. En caso de que existan diferencias, se inicia una investigación que, de confirmarse la maniobra abusiva en el comercio exterior, puede terminar en multas en la Aduana o denuncias ante la justicia, detalló la Aduana.

¿Qué es el “rulo cambiario”? La maniobra que quiere desarticular la Aduana con los precios de referencia a la carne

La decisión de la DGA de establecer estos valores de referencia no solo intenta desarticular posibles maniobras de evasión de impuestos y prácticas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario.

En diciembre de 2015 había más de 1100 productos específicos con valores referenciales, lo que abarcaba casi 900 posiciones arancelarias.

Un clásico, la actual gestión -a cargo de Silvia Traverso- criticó a la anterior, también en la Aduana. En ese sentido, los nuevos dijeron que “el gobierno anterior llevó adelante una paulatina desarticulación de la herramienta hasta que, en noviembre de 2017, derogó la normativa que permitía establecer valores referenciales”.

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Venimos mostrando en Bichos de Campo la delicada situación de la principal economía regional que tiene la Argentina: la vitivinicultura del Cuyo. Se resume en que desde hace un largo tiempo el producto a vender, el vino, no produce un retorno suficiente como para que los productores de uva reciban un precio justo por su cosecha. En el medio hay, por supuesto, agravantes, como los abusos de grandes sobre chicos dentro de la propia cadena. Y también hay excusas: muchos dicen que el problema de fondo es que sobra vino, porque cayó el consumo.

En los últimos días se produjo una noticia que apunta a aliviar ese declamado sobrestock. Contó el sitio MdzOn que luego de varias reuniones entre autoridades de Mendoza y San Juan finalmente se repetirá esta vendimia un acuerdo tendiente a eliminar los denominados “excedentes vínicos” para así intentar mejorar los precios de la uva.

En concreto, el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza informó que llegó a un acuerdo con su par de San Juan para que el 26% de la cosecha de vides de ambas provincias (constituyen el 95% del total) se destine a otros usos, en especial la venta en fresco o la elaboración de mosto. Así, 1 de cada 4 uvas que se cosechen no terminarían en una botella de vino.

“Por fortuna hemos podido fijar la pauta diversificadora para esta temporada”, remarcó Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza. “Nos pareció que el porcentaje acordado es el adecuado para seguir tonificando los precios y consecuentemente reducir el sobrestock de vino”.

Esa esperada suba de los precios, de todos modos, comenzó a perfilarse en las últimas semanas, debido básicamente a que se espera una caída importante de la producción mendocina, debido a razones climáticas que afectaron los parrales pero también a un paulatino abandono de fincas por parte de los productores.

En Bichos de Campo hicimos un programa con testimonios de varios de ellos:

Sobre el precio que se está pagando por la uva en Mendoza, Moralejo comentó que se está observando un marcado incremento en el precio de las uvas. La criolla, por ejemplo, se está pagando a 8,50 pesos y en algunos casos a 9 y 9,50 pesos. Los precios del año pasado rondaron los 4,30 pesos.

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“Mucha fiesta del sol en San Juan pero el Gobierno no se enteró que estamos fundidos y que no nos alcanza ni para levantar la cosecha”,
dijo el productor a Bichos de Campo.

Bizutti explicó: “Nosotros hacemos mosto concentrado para exportar, el cual sirve para endulzar, reemplazando al azúcar en la industria. Y se exporta mucho. El 60% de nuestra producción va destinada al mosto y 40% al vino. Hoy una tonelada de mosto concentrado se está pagando 1300 dolares”.

Escuchá lo que nos dijo Jorge Bizutti:

Según el Semáforo de Economías Regionales que Coninagro da a conocer de modo mensual, “en la actividad vitivinícola los costos crecieron 40%, mientras que los ingresos sólo crecieron 15%”. Y esto complica más el panorama.

Bizutti confirma que el escenario es peor todavía: “El año pasado nos pagaron 20 centavos de dólar por el kilo de uva. Si este año nos pagan eso, también estará bien. El tema es que ese precio lo impone un monopolio de tres bodegas que son las únicas que exportan el mosto concentrado”.

Para el productor vitivinícola, “no hay escapatoria a esta situación si no nos mejoran el precio pagado. Y así este año quedará mucha uva colgada en el parral, porque los costos no nos dan ni para cosechar”.

“Esto también genera un problema infeccioso, por la lobesia botrana, que puede proliferar allí. El Gobierno iba a gastar unos 120 millones en 2018 para combatir esta plaga, y este año podemos volver atrás con eso. A su vez, hay bodegas que tampoco nos quieren recibir la uva”, alertó.

El productor sanjuanino aseguró que “el Gobierno no nos protege. Las federaciones de viñateros hacen oídos sordos. Estamos desprotegidos, cuando somos una industria madre generadora de trabajo directo e indirecto. Mi pueblo vive de la vitivinicultura en un 70%”.

El dirigente autoconvocado también criticó a la Corporacion Vitivinicola Argentina (COVIAR) porque “no nos ayuda y no da una buena publicidad, porque no fomenta el mercado común sino que lo hace solo a nivel VIP, al modo ´Si no tomás vino en el copón, no es vino´”.

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No parece tanto. Esos 300 millones de litros de vino en reserva, en realidad, son apenas unos 15 litros por habitante adulto de la Argentina. Si invitan con un par de asado o algún chivito a la cruz, bien podríamos pensar en sacar de circulación la mayor parte de ese volumen excedente. Claro… No hay plata ni para la carne ni para la ensalada, y mucho menos para el vino.

Bueno, entonces exportemos una parte: yo cedo mis 15 litros. ¿No se puede tampoco? ¿Que no somos competitivos? ¿Qué se necesita eliminar las retenciones y volver a conceder reintegros de exportación? Imposible. Quizás Nicolás Dujovne acepte comprar un par de botellas para convidar a la misión del FMI. Pero de ahí a bajar impuestos, seguro que no.

¿Y entonces que hacemos? Hay dos caminos. Una es que dejemos fundir a varios miles de productores de uva que en general son pequeños y tienen este único ingreso anual en época de Vendimia. O quizás más tarde, porque hay bodegas que se aporvechan y pagan a los premios. Hagamos eso: a los finqueros les pagamos poco, tarde y mal, total lo que nos sobra son vides y tenemos suficiente vino. Pero sería una catástrofe social, justo en un año electoral. Y con las candidatas a Reina de la Vendimia 2019 ya en carrera.

La otra posibilidad es salir a intervenir en el mercado. ¿Poner precios mínimos?. Ni loco. Atrás, Satanás. Mejor creemos un fondo anticíclico, que suena moderno y no hace tanto ruido.

Ver Andrés Díaz Cano: “El sobrestock y las retenciones al vino complican la actividad”

Eso, la alternativa del fondo anticíclico, es la elegida por el gobierno de Mendoza, que está en manos del radical Alfredo Cornejo. En las últimas horas inicio un operativo de compra de uva para mosto a través de un fideicomiso llamado Mendoza Fiduciaria. Pero además envió un proyecto de Ley a la Legislatura Provincial, que habilitaría a Mendoza a tomar crédito para financiar un fondo anticíclico para la vitivinicultura.

El fondo, se proyecta, tendría una duración de cuatro años y manejaría una suma total de 4 mil millones de pesos.

¿Cuando vino excedente se puede comprar con 4.000 millones de pesos? Difícil saberlo por ahora. Porque con un comprador asegurado, el Estado, lo más probable es que suba el precio.

A ver, Mona… ¿Quién se tomará el excedente de 300 millones de litros de vino? La Federación Agraria no ve con malos ojos que el que se emborrache sea el erario provincial, a partir de asumir deuda que luego pagaremos entre todos y que seguramente serán motivo d einolvidables borracheras dentro de algunos años. El justicialismo, por su lado, reclama desde la oposición que se use la misma cantidad de dinero para este operativo de rescate. Pero pide que salga del propio presupuesto. ¡No al Fondo! ¿Fondo blanco?

Por lo que trascendió, la idea de ese fondo anticíclico es que el Estado pueda salir a comprar uva para garantizar al viñatero un precio base superior al 30% del costo de producción informado por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Esto sería ahora mismo un mínimo de 7 pesos por kilo de uva criolla. Pero se especula que con 1.000 millones de pesos por año también habría dinero suficiente como para implementar líneas de créditos a tasa cero y para subsidiar la energía eléctrica para riego.

De cara a la discusión en el Parlamento, los muchachos de FAA hablan de concordia y amistad como si ya se hubieran tomado sus correspondientes 15 litros de excedente vínico. “Creemos en la buena voluntad del arco político y que, ante la grave situación, seguramente no entrarán en juego mezquindades políticas”, dijeron.

La entidad que representa a un conjunto de pequeños vitivinícolas cree que el mejor camino es ese, y que el excedente se lo vaya tomando de a poquito el Estado provincial. En un comunicado, la Federación Agraria recomendó que “la mayor parte de ese presupuesto sea aplicado a la compra de uva para mosto y de esta forma descomprimir el mercado y hacer que las industrias salgan de su zona de confort , esperando a los productores al momento de la cosecha con ofertas totalmente leoninas”.

¿Quién brindará al final? Parece fácil adivinarlo.

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Y sucedió lo previsible: hubo quejas por la alta presión impositiva, mangazo de mayores reintegros, medidas de ayuda a los productores.

Y sucedió lo previsible: se esquivó todo lo que se puedo el discutido tema de las importaciones de vino desde Chile, realizadas por las grandes bodegas aún a pesar de las quejas de los viñateros.

Y sucedió algo que no estaba previsto: la cadena volvió a la carga con la “guerra del mosto”, un conflicto que enfrenta a las provincias vitivinícolas con otras, como Córdoba o Tucumán, que producen maíz o azúcar. Macri tragó saliva y escuchó con calma. Quedó claro que ese no es un capítulo cerrado.

¿Qué es la guerra del mosto? Ya se dijo, un enfrentamiento entre quienes producen ese derivado de la uva, y quienes producen otros cultivos de los que se originan endulzantes para las bebidas de escala industrial, como la fructosa de maíz o el azúcar de la caña.

Luego de varios de meses de tensa calma, el tema volvió a aparecer en la agenda tratada entre la Coviar y Macri, en esta reunión realizada a instancias del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. En concreto, la cadena del vino insistió en pedir el apoyo oficial para que se apruebe la Ley de Uso de Jugos Naturales en Bebidas Analcohólicas. El mosto, subproducto de la vinificación, no es ni más ni menos que jugo de uva concentrado. Lo que propone esa ley es justamente que las empresas como Coca Cola o Pepsi deban utilizar para endulzar sus bebidas una porción de “jugos naturales” de frutas.

Enterate acá qué es el mosto

“Este proyecto beneficia la salud de todos los argentinos y al mismo tiempo a todas las economías regionales del país. La ley generará 15 mil puestos de trabajo en 13 provincias. Para la vitivinicultura significará mercado para 60.000 toneladas de jugo concentrado (casi 3 millones de quintales), esto es la producción de unas 14.000 hectáreas pertenecientes a 2.000 productores”, indicaba el paper que los bodegueros llevaron a la reunión con el Presidente.

El proyecto de ley (expediente 2316-D-2016) fue presentado por el diputado Luis Borsani (Cambiemos, Mendoza) y tiene apoyo de legisladores de las provincias productoras de jugos de frutas (Mendoza, San Juan, Catamarca, Río Negro, Tucumán, Salta, Entre Ríos). pero hasta ahora ha tropezado con la fuerte resistencia de las provincias azucareras norteñas y también de Córdoba, cuyos productores tienen temor a perder mercado.

En defensa de su tratamiento, la Coviar argumentó que el proyecto de Borsani “recoge antecedentes de anteriores proyectos y logra equilibrar la edulcoración de las bebidas no alcohólicas al otorgarle un piso particular para el azúcar de caña no menor al 75%”.

Fue uno de los temas que ocupó la atención en la reunión con Macri. Pero además se repasó todos los temas que estaban en agenda: un proyecto de Integración de Pequeños Productores; el pedido de aumento en 3 puntos de los reintegros por exportación de productos vitivinícolas; una reducción de la carga impositiva a lo largo del proceso de producción, elaboración y venta de vino; la reforma tributaria;; el Convenio de Corresponsabilidad Gremial; la eliminación del Impuesto interno a los vinos espumantes; la lucha contra la Lobesia botrana; y la promoción de los vinos argentinos en el mundo.

Como ya hizo costumbre con la Mesa de las Carnes, “Macri invitó a las instituciones de Coviar a trabajar en conjunto en los temas planteados para volver a reunirse dentro de dos meses para revisar los avances y favorecer el espacio de desarrollo de la industria”.

“Nos vamos con expectativas muy positivas. Logramos exponer todos los puntos que traíamos y somos conscientes de que nadie puede dar una solución mágica en un lapso de tiempo corto, pero cada una de las autoridades nacionales presentes tomaron nota de nuestros pedidos y, junto al Presidente, nos esperarán dentro de 60 días para ver qué pudimos resolver y cómo avanzar con lo que falta”, destacó el presidente de la Coviar, Ángel Leotta.

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