Hoy esas desprolijidades se notan aún más porque en menos de 20 días vence la concesión del dragado del tramo final de la Hidrovía Paraná- Paraguay, y el gobierno trabaja contra reloj. Se trata de una de las autopistas fluviales más importantes del mundo, por la que Argentina saca el 80% de sus exportaciones. Lo que se debate por estas semanas dentro de la coalición de gobierno, es una posible nacionalización de esa vía.

“La hidrovía es la arteria aorta por la que circula el grueso del comercio exterior argentino, y las ineficiencias de ese sistema las padecen los dadores de carga, es decir los productores, o los importadores e industriales que las reciben”, explicó a Bichos de Campo Ignacio Mántaras, abogado, productor agropecuario y representante de CRA en el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH).

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El principal problema que Mántaras reconoce es que desde que se firmó el primer contrato en 1995, Argentina duplicó su superficie sembrada –y por ende su producción-, y eso no es tenido en cuenta.

“Hay que llevar a escala nacional lo que nos pasa en la escala lote. Aunque tengas un gran rendimiento, no tenemos caminos para sacar la cosecha. El 85% del transporte argentino es por camión”, aseguró.

Lo que ocurre es que en muchos tramos de la hidrovía no están dadas las condiciones para recibir la producción y sacarla por puertos alternativos, y muchos contenedores deben salir directamente desde Buenos Aires. Desde CRA consideran que este debería ser uno de los temas a debatir pero señalan que desde la convocatoria del año pasado, no se han intercambiado documentos en el Consejo.

Mántaras es pesimista y sostiene que por la manera en que se han dado las negociaciones e intercambios, “todo parece muy vertiginoso y ese debate no tendrá tiempo de ser dado”.

-¿Qué le gustaría a CRA que suceda cuando, en algún momento, se pueda discutir toda la vía del Río y su navegabilidad?

-No es sólo discutir vías y políticas portuarias. Hay que replantear toda una logística de acceso a los puertos y discutir los corredores biocéanicos. Córdoba está saliendo por Buenos Aires. Es más caro el flete de Rafaela a Buenos Aires que el de Buenos Aires a Dubai. Hay algo ahí que no está funcionando. El problema de Argentina son los consensos.

Sin embargo hoy la discusión está copada por argumentos en su mayoría ideológicos, principalmente sobre si el Estado debe o no hacerse cargo del dragado de la hidrovía. Frente a esto, Mántaras afirmó que el país y su sector público no están en condiciones de brindar ese servicio.

“El problema no es quién hace las cosas, si el Estado o un privado, sino un tema de controles. Hay que hablar de gobernanza de la hidrovía. Ese es un capítulo pendiente y el Consejo Federal podría consolidar un espacio de control”, agregó.

Recordemos que la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra manejada por la empresa Hidrovía SA, conformada por la empresa nacional Emepa S.A. y la belga Jan de Nul. Ellas se ocupan del dragado del primer tramo del río para asegurar la profundidad necesaria para que la transiten buques de gran calado y del balizamiento de la vía navegable.

-¿Se sintió a nivel del productor los beneficios de la hidrovía?

-Me atrevo a decir que nunca se hubiera podido desarrollar la agricultura en el NOA si no se existiera la hidrovía. Todo el volumen de molienda y procesamiento en el Gran Rosario es emblemático a nivel mundial. Esa es la discusión que tendría que estar dándose hoy.

Foto: Canal Veo

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La aceitera santafesina estaba dentro del grupo de los diez principales exportadores agrícolas, pero en diciembre pasado dejó un tendal de dudas sin pagar por 1.400 millones de dólares, que actualmente siguen el derrotero de un concurso de acreedores en la justicia comercial de Reconquista. Unos 200 millones de esos 1.400 corresponden a créditos impagos con el Banco de la Nación. Por otro lado, hay una deuda importante, de cerca de 100 millones de dólares, que corresponde a las cooperativas de ACA.

“Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”, manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.

Los “progres” que firman esta carta no deben tener demasiado idea del negocio de moler soja, pero sí ttienen ciertas influencias sobre la actual administración política del país. Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.

Cuando Vicentín ha fracasado hasta aquí en los intentos de reabrir sus plantas y todo hace prever que terminará en manos de una empresa multinacional de las que operan en el sector (en rigor, Glencore, que es su socia en Renova se ha hecho cargo de algunos activos), el grupo de dirigentes sociales manifestó que resultaría “insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”.

“El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales”, aseguraron a través de una carta abierta los dirigentes, que pidieron al Gobierno que impulse las medidas necesarias “para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social”.

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“Lo mejor es que el Banco Nación se cobre esa deuda entre otras fórmulas con una herramienta clarísima, como lo han hecho estados como Estados Unidos, Suecia e Italia, que se nacionalice parte o la totalidad de la empresa para seguir adelante, fundamentalmente por los 4.000 puestos de trabajo que tiene Vicentín en toda la provincia”, declaró Del Frade.

En declaraciones a radio Universidad de Santa Fe, el diputado provincial dijo que esa salida “no es una herramienta melancólica, es una herramienta de sentido común”. Sostuvo, en ese sentido, que “puede el Estado con control social llevar adelante una empresa que cuenta con toda la experiencia y toda la sabiduría que tienen los trabajadores”. También remarcó la capacidad de “los técnicos de universidades, con los economistas que tenemos. Sería un buen ejercicio para recuperar (experiencias) que han hecho con empresas norteamericanas, suecas, italianas”.

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El legislador dijo que “Vicentín paga ganancias por el 2% de lo que dice que vende, mientras que un trabajador paga por todo”, y acusó a esa firma de haberse servido “de los Estados, casi en forma boba, y ha generado esta deuda fenomenal de 1.300 millones de dólares y con algo que no se le cree, porque no tiene estrés financiero Vicentín”, denunció.

En eses sentido, Del Frade remarcó que “el año pasado terminó siendo la sexta empresa más importante de la Argentina, con una facturación de 118 mil millones de pesos y con la garantía política que le daba el gobierno de (Mauricio) Macri a nivel nacional y el gobierno de (Miguel) Lifschitz a nivel provincial”.

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