Lo reveló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, quien encabezó la segunda reunión del año de la Comisión Asesora que regula el régimen de promoción forestal establecido por la Ley 25.080.

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“Podemos decir que estamos literalmente al día con el Régimen de Promoción de la Ley 25.080. Actualmente se encuentran en la próxima resolución de pagos, expedientes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, algo impensado unos años atrás, donde el atraso era promedio de 5 años”, señaló Bernaudo.

Luego precisó que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos de este año. Ese era el monto de deuda histórica, más o menos, que arrastraba el Estado por los planes forestales.

Es decir que gracias al aporte compulsivo impuesto a los conductores que pagan su seguro automotor, el sector público logró ponerse al día con uno de los sectores productivos con más posibilidades de desarrollo en el país. Siempre se dice que la Argentina tiene potencial para tener 5 millones de hectáreas de bosques implantados, pero desde hace más de 20 años de vigencia de la ley forestal está estancada esa superficie en 1,3 millones de hectáreas. En buena medida ese fracaso se debe a los atrasos en los pagos a las nuevas forestaciones.

El comunicado oficial que dio cuenta de esta buena noticia para los forestadores dice que “el Seguro Verde es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguro para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.

Mediante este acuerdo, que fue motorizado a princpio de 2018 por el ex empresario Nicolás Larrahague, a quien Mauricio Macri puso al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial, esas empresas aseguradoras afirman destinar el 1% de cada póliza de seguro de auto, motos y camiones que emiten hacia el sector forestal. Las compañías de seguros afirman que ese dinero se lo hacen ahorrar al cliente al dejar de emitir las facturas en papel y digitalizar las operaciones. Pero en rigor no hay constancia de nada de eso y lo más probable es que el aporte -que no está reglamentado por ley o por resolución alguna- termine siendo cargado a las facturas.

El sistema, en rigor, está basado en una Resolución conjunta entre Seguros y Agroindustria que solamente dispone la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y seguros (Prosas), el cual tendría como objetivo hacer frente a los pagos derivados de la Ley 25.080 pero además podría “destinar el 10%de sus recursos al desarrollo de actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina”. Nada dice esa norma de cómo se generan esos recursos.

Recién en octubre de 2018, en una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros define que los montos surgirán del 1% de todas las pólizas emitidas, aunque solo de aquellas compañías que acepten firmar un acuerdo voluntario. El mecanismo no prevé una consulta a quien asegura su auto y paga el seguro, quien finalmente así termina subsidiando a otro actor económico privado, con intervención previa del Estado.

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Lo grave es que no hay modo alguno de controlar hoy el flujo de esos aportes en las páginas de los organismos que intervienen en este proceso. En la Dirección Forestal ni se menciona el Seguro Verde. Y en la página web de este programa en la Superintendencia de Seguros tampoco se encuentran datos exactos sobre tal volumen de flujo de fondos, estimado en unos 650 millones de pesos anuales,

“Sitio en mantenimiento. Este sitio no está disponible momentáneamente, volvé a intentar más tarde. Muchas gracias”, contesta la página de Presidencia sobre el Seguro Verde si uno hace click en el botón que ofrece “Informes de gestión”.

Es decir que, detrás de un fin loable como es el de impulsar la forestación, cohabita un programa público-privado que ofrece muy poca transparencia sobre la administración de fondos que finalmente salen de los bolsillos de los conductores de automóviles, por más que las empresas aseguradoras afirmen que se trata de un ahorro.

Como sea, la noticia era que el sector forestal está de parabienes con la cancelación de una deuda histórica. En la reunión de la cadena, Bernaudo informó que en lo que va del año se pudo ejecutar más de 350 millones de pesos en pagos de subsidios a las nuevas forestaciones y avisó que “próximamente entrará una nueva resolución de pagos por alrededor de 170 millones de pesos, también financiada por el acuerdo Seguro Verde”.

Contra lo que apuntamos en Bichos de Campo, en el comunicado oficial que da cuenta de esta buena noticia se subrayó además “el nivel de transparencia como eje de la gestión. En esta línea, se revalorizó el regreso de la Comisión Asesora, un ámbito que permite discutir y resolver cuestiones inherentes a la aplicación de la Ley 25.080, con el acompañamiento de técnicos, empresas, productores, representantes de las provincias y personas vinculadas al sector que suman ideas, opiniones y fortalecen así el régimen de promoción”.

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Dice Noticias que la empresa Puerto Larrahague SA cobró en las últimas semanas 4.018.970,20 pesos por viejos planes de forestación al amparo de la vieja Ley 25.080 de Bosques Cultivados, prorrogada ya en dos ocasiones y que distribuye susbidios entre los (se supone que pequeños y medianos)
forestadores. En realidad, si uno pone el número de CUIT de esa sociedad en un buscador interno de la página de la Dirección Forestal sabrá que ese firma cobró mucho más dinero del que se da cuenta ahora: hay resoluciones de pago desde 2005.

El caso habilita un debate necesario sobre los límites éticos que no debieran sobrepasar los funcionarios públicos, más allá que en este caso puntual el joven empresario forestal devenido a funcionario macrista fue exonerado de toda culpa y cargo por la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, otra funcionaria que a esta altura -por su clara adhesión al partido de gobierno- debería preguntarse si está ocupando el lugar correcto.

El 10 de diciembre de 2018, a través de una resolución originada en el expediente EX-2018-1970610-APN- , la Oficina Anticorrupción definió que “no se ha comprobado que el contador Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones sobre conflictos de intereses de las cuale esta Oficina es autoridad de aplicación (Capítulo V de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188)”.

¿Cómo llegó la OA a esa conclusión? Pues porque el funcionario, designado en enero de 2019 por el secretario de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, “ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado (puntualmente en los directorios de EL MOCONA SA, PUERTO LAHARRAGUE SA (la empresa que ahora cobró planes), LAHARRAGUE CHODORGE SA, MIRASOLES SA y en la ASOCIACIÓN FORESTAL ARGENTINA)”, afirma la resolución.

“Tampoco se ha acreditado que, en el ejercicio de su gestión, haya intervenido en cuestiones particularmente relacionadas con dicha dichas empresas ni con aquellas en las que posee participación societaria”, indicó la norma publicada en diciembre pasado.

Cuando el periodista de Noticias, Nicolás Carrillo, le pregunta a Laharrague por las nuevas órdenes de pago a favor de la forestadora de su familia, se produjo el siguiente diálogo, por lo menos curioso:

-¿Pero usted es quien dirige las partidas de dinero?

-Quien paga es la Tesorería General de la Nación. Yo no firmo las resoluciones. Lo hace el secretario (en referencia a Guillermo Bernaudo, de quien depende ese área). Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley Forestal. Después se entrega una remesa a la Secretaría de Agricultura para que la tesorería pague.

En su momento, Bernaudo informó a la Oficina Anticorrupción que el director del área forestal se había “excusado” de “intervenir en los expedientes EX-2018-2163845-APN-DGD#MA y EX-2018-07175316-APN-DDYME#MA”, que suponían beneficios para las empresas de su familia, como el subsidio que acaba de cobrar.

Por su lado, la firma que recibió subsidios informaba hasta octubre de 2017 (tres meses antes de la asunción del funcionario) que Nicolás todavía era su vicepresidente. Recién por escritura 115 del 9 de marzo de 2018 “protocolizó las Actas de Asamblea y de Directorio por las que se aprobó la renuncia del director titular Nicolás Laharrague y se designó en su reemplazo a Pablo León Laharrague”. Esto se publicó en el Boletín Oficial 5 de abril de 2018.

Lamentablemente resulta imposible chequear esta información de otro modo porque el mencionado funcionario no ha completado todavía el trámite de presentar su declaración oficial de bienes, de la cual debería surgir qué relación mantiene con las empresas de su familia.

Hace un año, en soledad, aquella nota de Bichos de Campo daba cuenta de la relación de Laharrague con las cuatro firmas investigadas por la OA y sobre todo de su participación como directivo de la AFOA al menos hasta septiembre de 2017, antes incluso de que se conociera que Etchevehere sería el nuevo secretario de Agroindustria. En aquel entonces, Laharrague participó como directivo empresario en la primera reunión de la Mesa Forestal junto al Presidente Macri.

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A partir de esa y otras reuniones, el Gobierno nacional puso en marcha un sistema que constituye una virtual privatización de la financiación de las nuevas forestaciones promovidas por la Ley 25.080. Es que los recursos necesarios ya no serán parte del Presupuesto Nacional sino que se creó un “bono verde” que, sin resolución ni mecanismo que asegure transparencia en el manejo de esos fondos, comenzaron a cobrar las empresas de seguros a todos los particulares que contraten una póliza para su automotor.

Los montos a recaudar (algunos los estiman en 1.000 millones de pesos anuales) surgen de un 1% adicionado a todas las facturas emitidas por las empresas de seguros a sus clientes, sin su consentimiento expreso. El dinero debería llegar a manos de quienes realicen nuevas plantaciones mediante un circuito financiero bastante gris hasta el momento, pero que fue anunciado pro el propio Macri, es gestionado por el mencionado Laharrague y cuenta con aval de la Asociación Forestal Argentina.

De cómo se manejan estos fondos, suponemos, hablarán los grandes medios de comunicación dentro de algunos meses.

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