Resulta extraño que Arturo Videla, un funcionario que ha mantenido hasta aquí, luego de varios meses en el cargo, un decidido perfil bajo y que por ahora le escapaba a las reuniones con los productores de leche, haya llegado hasta un tambo. Mucho más llamativo es que lo hayan acompañado hasta el lugar tantos funcionarios y políticos, que tampoco suelen dicen ni “mu” frente a las recurrentes crisis lecheras y los reclamos de los productores.

Estaban junto a Videla el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo; Juan Arias, de Vialidad Provincial; la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Alicia Fregonese, y los intendentes de Nogoyá, Viale y Macía, Rafael Cavagna, Carlos Weiss y Juan Diego Conti. Un lujo.

¿Qué sucedió para tan inédito despliegue? “Todo el mundo en Entre Ríos habla de la crisis de la lechería,  pero nadie podría convocar a tantos funcionarios”, reflexionó un veterano dirigente agropecuario que al parecer tenía la justa. Es que el dueño del establecimiento Caraguatá, donde se realizó esta concurrida reunión, es Pedro Brandi, un empresario que -además de estos intereses agropecuarios- siempre ha tallado fuerte en el negocio de la obra pública y la construcción.

Es un viejo conocido del poder, que trató a los funcionarios con la amabilidad que quizás no hubieran tenido otros tamberos. Una crónica del diario La Nación contó el asunto con mayor justicia que la gacetilla oficial. La nota reveló que “Un tambero reunió a funcionarios para que vean el mal estado de una ruta”.

Brandi es un bastante más que un simple tambero: Ingeniero civil recibido en la Universidad Católica Argentina, es accionista de varias empresas, como la minera Cefas SA,  la pretroquímica Comodoro Rivadavia SA, una fábrica de cemento en Chubut, firmas en Paraguay, etcétera. También fue accionista, director y presidente de Decavial SA desde 1985 hasta 1999. Esa firma fue investigada luego por la justicia por irregularidades en algunas obras realizadas en la Patagonia, cuando ya había pasado a manos del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Brandi, que ocupó además un montón de cargos dirigenciales en el sector de los peajes y la construcción, tiene un singular afecto por su firma agropecuaria Caraguatá, que maneja en Nogoyá cinco tambos con 2.200 vacas en ordeñe que producen unos 65.000 litros diarios de leche. Cuenta La Nación que la firma tiene “35 años de vida, trabajan 70 personas en forma directa, de las cuales 26 viven en el campo”.

Bienvenido sea que el poderoso empresario haya podido reunir a semejante nivel de funcionarios y dirigentes para plantear los problemas del sector, en especial la urgente necesidad de que se repare la llamada Ruta de la Producción, la Provincial 31 que une las localidades de Maciá y Viale. “Con el mismo fin de dar sustentabilidad a la producción, proteger la ruralidad y que haya arraigo en la región, les pedimos a las autoridades presentes que nos acompañen con infraestructura pública de urgencia: concretamente mejorar los caminos e invertir en el deficitario suministro eléctrico”, dijo el propio Brandi.

La gacetilla del MInisterio de Agricultura no dice nada demasiado preciso sobre el reclamo de Brandi para que se hagan estas obras. Más bien, argumenta que la visita de Videla y Bahillo al lugar se debió a la inauguración el año pasado en esa empresa de “galpones de cama caliente” para las vacas lecheras. En ese punto, solo se hizo referencia a que Brandi explicó a los delegados de los respectivos gobiernos: “Seguimos invirtiendo porque creemos que el cambio está en vender leche de calidad, pero necesitamos también contar con la infraestructura para tener mejores caminos y poder transportar los insumos y los productos de la lechería”.

“Me molesta especialmente. Se pueden juntar todos los tamberos de Nogoyá y hasta del sur de Entre Ríos y no consiguen la visita de un concejal para ver el problema in situ”, protestó el dirigente rural, seguro de que Brandi logró lo que logró solo por su histórica asociación con el negocio de la obra pública, en especial en la Patagonia.

Se llama “camino de la producción” y queda en Entre Ríos: Pero es un ripio que hace 15 años no es mantenido y recibe memes porque cuando llueve parece una hidrovía

Como sea, celebremos que el reclamo por el pésimo estado de esta ruta haya llegado a los funcionarios. Bichos de Campo abordó hace poco tiempo la situación crítica de esa ruta productiva, un viejo ripio que se inunda ante cada lluvia y del cual dependen cerca de 1.400 productores, de los cuales hay 180 tamberos, y 100 apicultores. También enhebra su trazado 35 escuelas rurales y 2200 viviendas familiares.

Como yapa a esta reunión en el establecimiento de Brandi, Videla tuvo que sentarse luego con dirigentes de la Mesa de Enlace provincial, quienes le plantearon el duro momento que vive la actividad por el desafasaje entre los costos de producción y los precios que cobran actualmente los productores.

Según la gacetilla oficial, la reunión fue amable. Norberto Ferrari, de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), aseguró que allí “trabajamos desde una serie de petitorios para discutir y analizar junto al director de Lechería, con el objetivo de poder afianzar a las políticas para el desarrollo de la lechería a largo plazo. Fue una reunión muy nutritiva y próximamente vamos a seguir trabajando temas que ya venimos dialogando en consenso con la Mesa de Enlace”.

También hubo voces díscolas. El tambero Fabio Schneider, de la filial Crespo de Federación Agraria, recordó que en Entre Ríos “desde la década del 80 hasta hoy de 5 mil productores hemos quedado 800, ya que un productor cada tres días y medio deja el tambo”.

Según este dirigente, “durante décadas no se lo tuvo en cuenta, se lo está marginando porque no hay una política clara para mantener el arraigo del productor y su familia en las zonas rurales y facilitarles unas cosas mínimas y básicas, que son hoy tener conectividad y transitabilidad los 365 días del año. El productor tambero necesita del camino imperiosamente, el tambo es una actividad que se realiza con lluvia, sin lluvia, eso implica un desgaste físico, personal y emocional”, explicó.

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Así, hace no más de tres meses, surgió Mujeres CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), que ya cuenta con 110 participantes, Se trata de un espacio para debatir los problemas de la ruralidad y la búsqueda de soluciones desde una mirada de género, pero no con la intención de profundizar una supuesta grieta entre hombres y mujeres sino para aportar al fortalecimiento de la dirigencia y de la entidad. 

Mariana Martínez, ganadera de Nogoyá, es una de las que promueve ese espacio dentro de CRA, una entidad donde dominan los dirigentes varones. Explicó el cambio que se dio de una generación a la otra respecto del rol de la mujer en la comunidad agropecuaria. “Hace unos cuantos años ya empezamos a hacer más ruido de lo que le permitieron en la generación de mi madre. A nuestras mamas les dijeron que fueron criadas para ser esposas de alguien, pero nosotras (fuimos criadas) para ser nosotras, y si queremos, esposas de alguien”, graficó.

Escuchá la charla con Mariana Martínez:

Este movimiento de Mujeres CRA, por lo pronto, ya participó de una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y con varias funcionarias de esa cartera, como la jefa de Gabinete, Diana Guillén, y la presidente del INTA, Susana Mirassou. Días antes, la primera dama Fabiola Yañez se había reunido con Basterra con el fin de difundir la campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos” (foto).

Respecto del encuentro con el ministro, Martínez contó: “Nos querían llevar la charla para el lado de la cuestión de género, nos hablaban de si éramos conscientes -por ejemplo- de que a las mujeres que quieren comercializar sus productos se las destrata. Pero nosotras no nos sentimos de esa manera. Nosotras trabajamos con los muchachos, no sin ellos. Construimos a la par, porque si no cinchamos juntos, nos tapa el agua”. 

Mariana Martínez sostuvo que el espacio al que pertenece quiere ayudar a que el sector agropecuario y su representación gremial funcione mejor, que están para aportar con las características propias de su género. “Entendemos que somos diferentes hombres y mujeres. Eso es maravilloso, y en los equipos de trabajo mixtos es donde más florecemos. El punto no está en la posibilidad de construir juntos algo mejor y fortalecer al sector”, expresó. 

Para graficar cómo ve la inclusión explicó que “para el Día del Veterinario generamos un videíto con una chica hipoacúsica dando el saludo en lenguaje de señas. Eso es la inclusión, no hablar con la e”, determinó. 

Dijo Martinez que entre otros objetivos la intención de este espacio femenino dentro de CRA es también mostrar situaciones de solidaridad, porque muchas veces en el campo “no hay conectividad, caminos, salud, y todo eso nos atraviesa. Sin conectividad no podes sacar el DTE (documento para el tránsito de animales), pero nuestros hijos tampoco pueden tomar clases. Todo eso nos atraviesa como familia rural y prometieron trabajar en eso”. 

El espacio Mujeres CRA es reciente, pero nació con empuje y ganas. Por eso Martínez afirmó que “no podemos quedarnos en los dolores viejos y nuevos. Busquemos gente en la que uno se pueda apoyar y vayamos para adelante”. 

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Martínez explicó que protestan y reclaman pidiendo soluciones, pero no encuentran respuestas en las autoridades. Por eso, en un comunicado de prensa que desató alborotó, la entidad que lidera pidió directamente la “disolución” de la Dirección de Vialidad Provincial, por no cumplir con sus funciones.

“El Gobernador (Gustavo Bordet) lo consideró un exabrupto”, señaló el  productor. Pero es que la política entrerriana no parece acostumbrada a que se le reclame ni que cumpla con provisión de los servicios más esenciales ni el achique del gasto público, y hasta lo considera una desubicación. Mientras pierde de vista que están esquilmando a los que generan la plata que financia buena parte de los gastos del estado.

Escuchá la entrevista con Raul Martínez:

Con bastante más de 70 años sobre el lomo, Martínez se siente, como tantos de sus pares, el ´hijo de la pavota´: “Hemos llegado a un límite. Hace muchos años que venimos peleando y peleando, pidiendo y pidiendo que nos arreglen los caminos, y cuando logramos que nos den una audiencia nos prometen cosas, nos venimos contentos, esperando que se cumpla la promesa. Pero terminamos siempre en la misma respuesta: se quedan en promesas, quizás hacen algo con una máquina, pero desaparecen y todo queda en el olvido”, resumió. 

En la charla radial, el productor explicó que este año debe pagar 260 pesos por hectárea de impuesto inmobiliario, el que contempla la tasa para el arreglo de los caminos rurales. Como tiene 230 hectáreas, debería desembolsar casi 60 pesos. 

En realidad, según completó después, la situación es peor. En el 2011 pagaba 12.500 pesos en concepto de impuesto inmobiliario y ahora el monto llega a 68.600 pesos por cuota, unos 275 mil pesos anuales. Esto es que el tributo que antes era de 55 pesos por hectárea, en menos de diez años se elevó a 1.193 pesos. Significa un incremento de más del 2.000% para caminos que han venido deteriorándose en vez de mejorar.

“Le perdimos la credibilidad a la Dirección de Vialidad Provincial. No creemos que puedan revertir esto. Nos da la impresión que no hay interés y nosotros estamos cada vez peor, pues los caminos son obsoletos totalmente”, enfatizó el presidente de la rural de Nogoyá.

Según este relato, cada vez que llueve se repiten las imágenes y abuindan los videos en redes sociales de productores que hacen malabares para ingresar insumos o sacar la producción, como si fueran héroes o  ciudadanos la Argentina todavía ni se había definido como una Nación. Detrás de cada lluvia se repiten las Imágenes de camiones y maquinaria encajada, volcadas o de camionetas rotas.

“Ya pasé los 70 años, vivo y trabajo en el campo y la desesperanzo me llevó a decir esto. Toda la vida me gané mi sustento, y jamás, jamás, le pedí nada al Estado. Siempre le puse. Incluso el 90% del resultado de mi producción va para el Estado. Y esto le pasa a todos los productores de la región: hace 12 año que trabajo gratis y no pude reponer un poste del alambrado”, se quejó el productor, visiblemente cansado de la situación. 

Martínez está decepcionado pero también muy enojado. Se siente prisionero del mal estado de los caminos pero en realidad está preso de la falta de respuestas de la política.

“Estoy preso. Me caen 10 milímetros y estoy preso, porque no puedo ir al pueblo a comprar nada. A veces me ha tocado venir a lomo de caballo. No vamos contra nadie, queremos que nos arreglen los caminos. Cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros la de pagar los impuestos y el Estado el de arreglar los caminos”, remarcó.

Lo que pone en escena Martínez desde Nogoyá se repite  en diferentes provincias. Por caso en Buenos Aires, una encuesta que el año pasado hizo Carbap arrojó como resultado que el 60% de la red vial terciaria se encuentra en mal estado. Es también consecuencia del mal manejo que hace la política de los recursos que aportan los ciudadanos que esperan el servicio correspondiente a cambio.

No es mucho pedir.

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Con esta sentida descripción comienza una carta que los directivos de la Sociedad Rural de Nogoya le enviaron al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamando soluciones imperiosas por el mal estado de los caminos rurales en toda la provincia y en especial en ese distrito.

Allí, cuentan los productores, “hace unos 20 o 30 años atrás contábamos con varios ripios en los caminos troncales, que hoy han desaparecido; con puentes Bailey que fueron colocados provisoriamente y hoy se caen a pedazos; con  alcantarillas rotas o tapadas que hacen que el agua circule por la calle, socavándola”.

Los ruralistas de Nogoyá le remarcaron a Bordet que la Dirección Provincial de Vialidad  no hace su tarea a pesar de que el gobernador “prometió, destine el 30% del impuesto inmobiliario” que recauda del sector a esa repartición. “No sabemos a qué destina los recursos que dice invertir, porque en los caminos estamos seguros que no”, ironizaron con tristeza.

“Los caminos no se arreglarán nunca desde una oficina administrativa y quiénes los transitamos diariamente lo sabemos muy bien. Lo saben nuestros vehículos cuando no resisten más el traqueteo y se rompen. Lo saben los camioneros cuando se quedan encajados. Los muchachos de la trilla cuando no pueden pasar por falta de puentes. Las maestras y enfermeras cuando intentan llegar a sus lugares de trabajo. Los oficiales de las fuerzas de seguridad lo tienen más que claro cuando intentan cuidarnos o impedir alguna desgracia”. Así enumera la entidad rural a los sectores abandonados por la desidia oficial.

La sociedad rural enrolada a FARER y CRA reclamó directamente a Bordet que “disuelva completamente la Dirección de Vialidad de la Provincia. de Entre Ríos, por haber demostrado ser incapaces de desempeñar las tareas para las que fueron convocados, y de este modo poder crear un organismo serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados y comprometidos con su trabajo”.

En el mismo sentido se pronuncio Mariela Gallinger, titular de la delegación de la Federación Agraria de Crespo. “Vialidad Provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia. Es hora de madurar: Los ciudadanos tenemos la necesidad imperiosa de contar con dirigentes y gobernantes que estén preparados y comprometidos con la sociedad”, afirmó.

Gallinger recordó que “las versiones sobre nombramientos, designaciones y aumentos de sueldos en la DPV, conocidas en las últimas semanas, fueron la gota que rebalsó el vaso. Vialidad Provincial no está cumpliendo hace ya muchos años, sin embargo, significa una carga importante para el gasto público de la provincia. Mientras tanto el sector rural en su conjunto no recibe el servicio que debería”.

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“Esto arrancó en 2018, cuando un foro ecologista aprovechó muy bien un vacío legal en la ley de Plaguicidas de 1982, que es una ley muy buena con la que venimos trabajando junto al manual de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). La Justicia terminó dictando distancias desorbitantes en el perímetro de las 1.095 escuelas rurales que tiene la provincia, de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas. El fallo de aplicaciones de fitosanitarios dinamitó la economía entrerriana”, explicó a Bichos de Campo la productora.

Escuchá el reportaje completo a María Guadalupe Vivanco:

Vivanco agregó que “el de Entre Ríos es un fallo irresponsable porque le arruina la vida a todos los productores que están cerca de una escuela. No es que discrimine la producción agrícola solamente, sino que afecta a todas las producciones, sin importar cuál, porque prohíbe todo tipo de aplicaciones a 1.000 y 3.000 metros de establecimientos educativos rurales”.

Ver: Daniel Kindebaluc: “Los productores más chicos, que donaron parte de sus campos para hacer escuelas, ahora son sacados de circulación “

“Los productores no tienen ya nada que perder, porque les cortaron el derecho a trabajar”, se lamentó la dirigente agropecuaria, que aclaró: “Los productos que utilizamos en el campo no son aquellos que se nos ocurre, sino que utilizamos todos los productos que aprueba el Senasa, que es el mismo organismo que autoriza la comida que ponen los argentinos todos los días en su mesa, y eso no es un dato menor”.

“Para que dimensionen, cerca del 25% del área solamente destinada a sembrar granos quedará inutilizada, y no estoy contando a los tambos, a los arroceros, los pecaneros, los citricultores. Porque este fallo polémico no distingue economía. Directamente los productores que tienen explotaciones cercanas a las escuelas, tienen sus producciones abandonadas y en quebranto”, expresó Vivanco.

Vivanco y todo el ruralismo entreriano aguardan ahora que el gobierno entrerriano termine y publique una nueva normativa que supuestamente acortaría las distancias de aplicación de fitosanitarios en el perímetro de escuelas rurales, fijando otras condiciones, para así tratar de conformar a la justicia y aliviar la situación del sector productivo.

“Estamos esperando que salga otro decreto que achique las distancias, y que al mismo tiempo penalice a los 2 o 3 que hicieron las cosas mal, porque la mayoría de los productores entrerrianos trabajan bien. Queremos que se cumplan los controles y que el Estado esté presente”, explicó la dirigente rural.

Luego añadió que “precisamente hace un año luchamos mucho por una nueva ley de Fitosanitarios que actualice esa ley excelente de plaguicidas de 1982. Lo que ocurrió es que el oficialismo tiró por tierra el proyecto cuando incluso había obtenido media sanción. Y ahí fue donde aprovecharon el espacio los ecologistas”, recordó.

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