“Planteamos este observatorio en dos pasos. Uno inicial, donde era importante convocar a todas las entidades y organismos científicos y tecnológicos con vinculación directa con la provincia, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), y es en esa etapa en la que queremos consolidar un bagaje de documentos e información científico- técnica, para luego abrir el segundo paso, que es el de dar debate con las entidades, las asociaciones profesionales y representantes de la sociedad en su conjunto”, explicó Rodríguez.

El funcionario destacó que apuntan, en primer lugar a “que la provincia pueda generar recomendaciones en el uso de agroquímicos a los municipios. Hoy hay prácticamente 70 normativas específicas en los municipios, pero hay otros 65 que no tienen y a veces dos linderos tienen normativas distintas”. Al mismo tiempo, adelantó: “Si vemos que hay suficiente consenso como para ir a una normativa en común más adelante, vamos a apuntar a eso”.

Escuchá el reportaje completo realizado a Javier Rodríguez:

En ese sentido, el Ministro remarcó: “Primero hay que generar recomendaciones de cara a los municipios, a los productores y a aquellos que deben controlar, porque no sólo hay que hablar de normativas sino también de los mecanismos de control, ya que si no se puede verificar qué se está haciendo, no tiene sentido”.

Consultado acerca de las políticas de financiamiento llevadas adelante en lo que va de su gestión, Rodríguez contó que lanzaron líneas a través del Banco Provincia, que “son la puerta de entrada de pequeñas y medianas empresas que ahora pueden tramitar créditos con tasas fija en pesos del 28,5%. La verdad es que cuando hablamos con los productores uno de los temas de preocupación es el financiamiento y, por suerte, con gran esfuerzo, podemos brindar esa tasa para capital de trabajo a un año”.

La financiación del Provincia ya se hizo concreta en el caso del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas, el cual, a partir del 1 de julio reemplazará al de Liniers en Mataderos. Según explicó Rodríguez, “el MAG ya cuenta con el crédito necesario para el desarrollo del área vinculada a la comercialización de hacienda”.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense resaltó la importancia de que el sector público apoye al agro: “Es en función de la necesidad de cada actividad y tipo de productores, algunos, necesitan asistencia técnica, otros mejores caminos y otros mejor financiación, un punto flojo al menos en los últimos años de la gestión de Cambiemos”. Por ejemplo, en breve, comenzarán a convocar a las Mesas de Competitividad de las diferentes cadenas productivas, porque “preocupa lo que está pasando con la lechería más que nada”, y aseguró que apuntarán a frenar la desaparición de tambos.

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Este proceso de revisión de la legislación vigente se había iniciado a fines de noviembre de 2017, ni bien asumió el cargo Luis Miguel Etchevehere, con el dictado de la Resolución 381/2017. En total, luego de cuatro meses de trabajo y y un mes más de revisión, se anularon la módica suma de 612 normas.

“Esto permitirá agilizar y ahorrar tiempo a la actividad agroindustrial”, destacaron desde la cartera agropecuaria.

Lo importante es que esta misma semana comenzaron a conocerse los listados de resoluciones que ya no tienen sentido, y que muestran que muchas veces los proyectos oficiales son debatidos y escritos, y que se dictan normativas que luego, o por el cambio de contexto o por el cambio de ministros, nunca se aplican.

La Resolución 126 que se publicó en el Boletín Oficial incluye un anexo con nueve páginas de resoluciones derogadas que corresponden directamente al Ministerio de Agroindustria. Allí podemos encontrar varios ejemplos de resoluciones “abrogadas”: 1) La 120 de marzo de 2011 que creaba el Programa Agricultura Inteligente (AI). 2) La 570 de julio de 2011, que creaba el Programa Nacional de Prácticas. 3) La 421 de agosto de 1990 que creaba la “Comisión Nacional Asesora de Cosecha Gruesa”. 4) La 70 de diciembre de 2005 que creaba el “Programa Nacional de soja” 5) La 90 de marzo de 2006 que creaba la Mesa Nacional de Papa. 6) La 496 de noviembre de 2008 que creaba el Programa de Desarrollo de Economías Regionales. 7) La 334 de mayo de 2012 que creaba el Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER). 8) La 460 de noviembre de 2010 que creaba el Programa para Elaboradores de Vinos.

Y así podríamos seguir. Pero los ejemplos dan cuenta efectiva de la gran cantidad de tinta que se gasta en el Estado escribiendo resoluciones que luego no llegan a aplicarse.

Este jueves también se publican los listados de normas viciadas que encontraron los funcionarios del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dos organismos descentralizados.

Según informó Agroindustria, “la derogación normativa comprende registros estatales existentes, comisiones nacionales y asesoras, diversos programas, foros que han sido remplazados por las mesas de competitividad y otras normas, que ya no debían aplicarse a la agricultura, pesca, ganadería y a la actividad vitivinícola”.

Lo más interesante, luego de la limpieza, es que la nueva resolución firmada por Etchevehere establece que las nuevas normas que dicte de aquí en adelante el Ministerio y que impongan cargas a los productores y ciudadanos, tendrán fecha de vencimiento de no más de cuatro años. “Al llegar a este período y luego de una instancia de evaluación, podrán ser prorrogadas por otros cuatro”, se indicó.

Es decir, que se obliga a un mecanismo de revisión que dura lo mismo que un gobierno, de modo de no seguir acumulando tanta basura burocrática bajo la alfombra.

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