La falta de infraestructura es uno de los grandes problemas de la economía argentina y afecta especialmente a la actividad agropecuaria. Una las cuentas pendientes en esta materia es el mal estado de los caminos rurales. En la última inundación sobraban los videos en las redes sociales de productores que mostraban como esos caminos se habían transformado en pantanos de lodo.

El reclamo de quienes trabajan  en el campo por el mal estado de la red vial terciaria se repite cada año, pero los excesos de lluvias de los últimos ciclos puso más en evidencia el problema cuya causa, al menos en parte, radica en que los fondos para ese fin terminan en cualquier otro lado, según las necesidades de cada intendente.

Hoy muchos productores hacen agricultura de precisión, usan drones para medir la inversión justa en insumo y el estado de los cultivos, inseminan a tiempo fijo y con semen sexado, clonan animales de pedigree. Pero todo eso que se produce con tanta tecnología debe transportarlo luego por caminos que están igual que cuando los colonos llegaron a poblar la pampa.

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Años de desidia respecto de este asunto llevaron al hartazgo de los productores, que están comenzando a pensar qué medidas se pueden tomar. Desde Carbap señalaron que se piensa incluso en iniciar medidas legales contra los intendentes que no le dan el destino correspondiente al dinero que se junta por la tasa vial.

Todavía hay algunas dudas sobre la viabilidad de la iniciativa “judicial”. Algunos consideran incluso que hay jurisprudencia en contra de esa postura y que otra definición en contra daría lugar a desmanejos mayores con el dinero. Pero están los que empujan para que se encare esa vía. El debate formará parte del simposio de caminos que la entidad tendrá el próximo 30 de mayo en Rauch.

Matías de Velazco, presidente de Carbap, dijo al respecto: “Estamos analizando qué responsabilidad le cabe a los intendentes y si podría haber acciones legales en los casos en los que no puedan dar cuenta del destino del dinero y del mal estado de los caminos”.

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El dirigente dijo que hay municipios en los que a los productores ganaderos que no pagan la tasa vial a veces no se les dan las guías para mover hacienda. “Además en los municipios se crean tasas sobre tasas. En Cañuelas, sin ir más lejos, acaban de poner una (tasa) sobre seguridad e higiene en los campos”, indicó el dirigente.

De Velazco dijo que los abogados de la entidad están analizando las alternativas posibles y que el aspecto legal será uno de los ejes principales del simposio de caminos.

Según expertos en la red vial, en la provincia de Buenos Aires hay 120.000 kilómetros entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales. Estos últimos suman 80.000 kilómetros, cerca de dos terceras partes del total.

Los caminos rurales son parte del tendido municipal y las intendencias cobran a famosa “tasa vial” para su mantenimiento, pero mayormente ese dinero tiene otro destino en función de las necesidades políticas de cada caso, según denuncian los productores de muchos partidos.

Ver: “La red vial en la provincia de Buenos Aires”

Pero ese no es único fondo con el que cuentan los partidos de la provincia. Además de la tasa vial reciben dinero para infraestructura que el Gobierno Nacional y provincial coparticipan a través de Fondo Federal Solidario de la Soja, creado por Cristina Fernández en 2008. En aquel momento, en medio del conflicto campo-gobierno, el gobierno nacional decidió coparticipar a las provincias el 30% de la recaudación por retenciones y estas a su vez debían hacer lo mismo con los municipios.

El objetivo de ese fondo era hacer obras de infraestructura, entre las que se encuentran la reparación de los caminos rurales. Pero a juzgar por los resultados ni el dinero de la tasa vial ni el de las retenciones, todos fondos con origen en la producción, regresan hacia el campo.

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Años tan lluviosos como el actual ponen en evidencia el pésimo estado de la infraestructura pública, que en el caso del sector agropecuario se expresa con más claridad en el déficit que existe en materia de caminos rurales.

La situación se volvió este año tan preocupante que desde la Fada (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina) desarrollaron una aplicación que permite relevar el estado de esos caminos. Al respecto, David Miazzo dijo que: “de las 500 alertas que registra ese sistema, el 70% reporta estado malo y sólo el 30% de regular a bueno”.

Ver “Llega la Waze del campo: te cuenta dónde hay caminos inundados”

El economista de Fada explicó que la falta de caminos rurales “impide el arraigo en el campo, la generación de empleo rural y resta competitividad a diferentes actividades”. Entre ellas destacó a la lechería, la cría de pollos y de cerdos. Estas requieren del ingreso y salida constante de insumos y productos.

Miazzo explicó que el país cuenta con 500 mil kilómetros de caminos rurales de los cuales 270 mi están en las provincias pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa). El mantenimiento de la mayor parte de ellos es gestionado por los estados provinciales y municipales. Pero también a veces por consorcios camineros, como los que existen en Córdoba y Chaco, que se hacen cargo de poner el dinero necesario por adelantado para que luego el inspector de turno certifique la obra y el Estado reembolse los fondos si sus cuentas públicas están más o menos en orden.

Para revertir esta situación, el especialista de Fada consideró que hay que trabajar en tres ejes principales:

• En primer lugar los productores deberían mejorar la implementación de las buenas prácticas agrícolas, que implica realizar las rotaciones para retener en el campo los excesos hídricos y manejar la altura de la napa.
• En segundo término se deberían instrumentar “planes viales directores con una buena coordinación y planificación, en la que puedan intervenir la Nación. Pongámonos al menos a planificar los caminos rurales”.
• Finalmente Miazzo consideró que el mantenimiento y su mejora requiere de más fondos. “Lo que paga el campo vía impuestos supera lo que se destina a los caminos rurales”, observó.

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