El proyecto Manantiales tiene un avance del 95% y lo que resta es aplicar el llamado plan de Desarrollo Agrícola Comunitario. La Comisión Regional del Río Bermejo (Corebe) explicó a las autoridades de la provincia de Jujuy en qué consiste esta etapa, que básicamente trata de que los productores beneficiados se apropien del proyecto. “Es un punto de inflexión necesario que tiene que ver con un cambio cultural en el uso y manejo del agua y también del suelo”, indicó el director de Recursos Hídricos jujeño, Guillermo Sadir.

Quedan 5 meses de trabajo para finalizar un proyecto que se reinició en 2019 (aquí un “muy bien gracias” para la gestión del gobernador Gerardo Morales) y cuya demora condicionaba al menos unas 7.500 hectáreas de buena aptitud productiva (1.500 hectáreas podrán ser desarrolladas y se optimizarán el manejo de otras 6.000). El Proyecto de “drenaje del Área Manantiales” data de la época de Agua y Energía Eléctrica y de la Dirección de Hidráulica de Jujuy del año 1984. Recién comenzaba la democracia.

Desde los años 80, la zona fue estudiada por diversos organismos para dar solución a su problemática: el estancamiento de aguas y la consiguiente salinización y desertificación. De aquellos estudios resultó la construcción de los diques La Ciénaga y Las Maderas. Hasta entonces, se habían realizado las primeras etapas del proyecto, pero en 1984 se detuvo en la quinta, y se produjo la suspensión de la licitación para trabajos de riego y drenaje.

El proyecto se reinició recién en 2019 debido al impulso de la gestión de Morales, y actualmente cuenta con un 95% de avance de obras estructurales. En su etapa final apunta a la asistencia “en ejes específicos para un mayor y mejor aprovechamiento del mega sistema de drenaje y riego y su mantenimiento”. Para eso se necesita comenzar a involucrar a los productores beneficiados.

Para encarar la etapa final, la semana pasada se realizó la presentación de la empresa ganadora de una nueva licitación internacional organizada por la Corebe. “La semana pasada se firmó el contrato con la empresa”, indicó el coordinador técnico de la Corebe, Marcelo Borsellino. El plan de Desarrollo Agrícola beneficiará a los sectores productivos de Pampa Blanca, Puesto Viejo y Aguas Calientes, que involucran directamente a unos 180 productores.

La empresa adjudicada cuenta con un equipo de “especialistas legales-jurídicos y economistas del sector agrario quienes harán un análisis de la situación actual de todos los productores beneficiados con la obra y en base a ello propondrán cuáles son los mejores caminos”, se explicó.

El Plan de Desarrollo Agrícola Comunitario del área de riego de Manantiales abarca tres aspectos fundamentales: jurídico , para evaluar cómo se pueden asociar jurídicamente los productores y armar una figura legal en términos de consorcio; productivo, para brindar una asistencia y asesoramiento del tipo productivo a fin de establecer nuevos mecanismos de comercialización adecuados para mayores beneficios de los productores y mejorar el desarrollo productivo de la zona; y técnico: para el establecimiento de mecanismos apropiados para una buena operación y mantenimiento del sistema a nivel integral.

Pero el proyecto avanzó en su traza gruesa pues esa zona estaba “amenazada por procesos de salinización de suelos, a causa del estancamiento de las aguas, lo que podría culminar en la desertización de las 7.500 hectáreas, de las cuales 2500 están más expuestas”. Para evitar esto se mejoraron cinco canales principales naturales, y se habilitaron canales secundarios y terciarios.  El proyecto Manantiales, en definitivas, sumó 31 nuevos canales de desagües abiertos para las aguas que bajan desde la localidad de El Carmén, que se suman a los 80 ya existentes. También se hicieron 47 nuevas alcantarillas.

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La propuesta menciona la creación un área de Coordinación Nacional de Riego (CNR), que funcionará en la órbita de la Subsecretaria de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y que será la encargada de impulsar el “Plan Nacional de Riego”.

La CNR “intervendrá en la planificación, gestión y evaluación de los recursos hídricos orientados al riego, con una función orientadora y facilitadora, dirigida al aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos hídricos de la República Argentina”.

Ese espacio se encargará de promover el desarrollo sostenible del riego; la gestión participativa de recursos hídricos; la realización de investigaciones para evaluar los recursos existentes, y la promoción del estudio comparado y compatibilización de las normas vigentes entre provincias, entre otras cuestiones.

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La propuesta además define la creación de un “Registro Nacional de Regantes” que deberá ser actualizado cada dos años. En el mismo “los regantes deberán declarar las hectáreas irrigadas, los sistemas de riego utilizados, el potencial de ampliación de la superficie irrigada, los sistemas de captación de agua utilizados y las perforaciones existentes”.

Para fomentar el desarrollo de actividades de riego, el proyecto prevé  la generación de herramientas crediticias acordes a las necesidades del sector, la eliminación del IVA para proyectos de riego, la amortización acelerada de los equipos de riego a cinco años, la reducción de la tarifa eléctrica y la creación de un cuadro tarifario en cada provincia a partir del cual se aplique un valor diferencial para los usuarios de riego.

Las líneas de crédito serían por cinco años, en pesos, a tasa fija y con una tasa de intreés diferencial “para la adquisición de equipo de riego y equipos de energía renovable para proyectos de riego”.

La CNR impulsará además “toda construcción de obras hidráulicas con fines de desarrollo de riego sostenible, que deberán contemplar un plan de uso y manejo de agua para riego, con sus correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, económico, social y territorial”.

Mirá el proyecto competo acá:

Según la iniciativa, se articulará con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), dependiente del Ministerio de Agricultura, “para evaluar y dar respuesta a las solicitud de los gobiernos provinciales sobre la ejecución de obras públicas orientadas al desarrollo sostenible del riego”.

“La CNR promoverá en articulación con instituciones nacionales y especializadas existentes como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA) y con organismos provinciales, la realización de eventos de capacitación y asistencia técnica que apunten a la eficiencia en el uso de los recursos orientados al riego, el mejor impacto social, ambiental y territorial”, indica el proyecto. La iniciativa se financiaría con erogaciones anuales del Estado nacional.

“Es muy importante la generación de políticas que fomenten el desarrollo sostenible de la superficie bajo riego ya que esto trae aparejado un impacto fiscal positivo para el Estado, permitiendo la intensificación del recurso e incrementa la productividad. A su vez, disminuye el riesgo de sequía atenuando la variabilidad de producción. De esta manera, se aumenta la seguridad de cosecha y con ella, la estabilidad de ingresos públicos y privados”, sostuvo la legisladora en los fundamentos del proyecto.

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Los gobiernos provinciales están presentando los presupuestos para el año próximo en los que se prevén subas en el impuesto inmobiliario rural que generaron críticas de parte de los productores. Ese es el caso de Córdoba donde los productores hicieron oír sus críticas a los incrementos presupuestados para el año que viene.

Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de esa provincia respondió a esas críticas: “Hay miradas diferentes, sobre todo por las responsabilidades de cada uno. Nuestra responsabilidad es velar por el interés general y los que representan al sector agropecuario tienen la de defender al sector. Pero coincidimos en algo, en Córdoba acompañamos al campo y desde hace tiempo prácticamente todos los recursos van a infraestructura como caminos rurales, obras hídricas y la conservación del suelo, con programas como el de Buenas Prácticas Agrícolas”.

“Todo lo que se recauda en inmobiliario rural va al desarrollo del sector y a mejorar sus condiciones”, enfatizó el ministro.

Si se aprueba el Presupuesto 2018 del Ejecutivo provincial, el incremento del inmobiliario rural sería en promedio del 37%, aunque su impacto será diferente según el tamaño de cada campo.

Busso explicó que para 2018 “hemos generado los recursos para atender las obras, con una particularidad que es la segmentación del impuesto”. Esta segmentación implica que algunos van a tener una suba más cercana a la inflación y “los medianos y más grandes van a tener una carga mayor, lo que le da una distinción más equitativa” al esquema dispuesto.

El ministro del agro cordobés explicó que en los campos de hasta 50 hectáreas el incremento sería de 27%, mientras que en los campos de 50 a 200 hectáreas (considerados medianos por el gobierno de Córdoba) el aumento sería de 37%. Finalmente los productores de más de 200 hectáreas tendría un aumento de 42% en el inmobiliario rural en 2018.

Busso agregó que el año próximo se estudiarán cambios en la valuación de los campos. “Desde Nación se determinó que todas las provincias avancen en las valuaciones de propiedades urbanas y rurales. Vamos a trabajar con elementos más justos y habrá que vincular el índice de productividad seguramente”, señaló. Al respecto destacó que las valuaciones fiscales actuales representan de 10 a 15% del valor de mercado de las propiedades rurales y urbanas.

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