Hay un gris inmenso cuando se aborda este asunto incómodo para los dirigentes rurales. Representantes de las cuatro entidades tradicionales del agro o de otras cámaras del sector agroalimentario suelen ocupar sillas dentro de varios organismos vinculados al Ministerio de Agricultura y a otras carteras del Estado Nacional. Pero la gran mayoría de ellos no presentó su declaración juradas como sí deben hacerlo todos los funcionarios públicos de rango o los que están expuestos políticamente.

Se pueden consultar las declaraciones aquí

¿Deben hacerlo o no deben hacerlo? En una primera mirada, desde el sentido común, claramente deberían estar incluidos entre los sujetos comprendidos por el artículo 2 de la Ley 26.857 que regula la ética en el ejercicio de la función pública. Pero no lo están de modo explícito. Suena contradictorio, pues representan intereses del sector privado dentro del Estado y por lo tanto deberían estar sometidos a los mismos controles que los empleados públicos. O a más, por su condición de visitantes.

Carlos Iannizzotto es el mejor ejemplo de esta contrariedad. El presidente de Coninagro forma parte como vocal del Consejo Directivo del INAES (Instituto Nacional para la Economía Social) en representación de las cooperativas agropecuarias. Es decir, tiene influencia directa sobre las decisiones de ese organismo. Elegido por sus pares para ocupar este cargo desde comienzos del año, todavía no ha presentado su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción, un trámite que debe realizarse antes del 30 de septiembre de cada año.

Fuentes del organismo han dicho a Bichos de Campo que debería haberlo hecho, porque -ante la ambigüedad de la regla- el uso y costumbre deja la potestad de decidir a la oficina de personal de cada organismo. Es el jefe de personal el que define quién declara y quien no lo hace. En el INAES contestaron que allí consideran que todos los vocales deberían presentar su declaración de patrimonio. Iannizzoto debería haberlo hecho.

Salta a la vista: Debería ser el presidente de Coninagro el primero en mostrar la transparencia que en general los ruralistas reclaman de los políticos, pero no siempre muestran.

El lunes 17 de febrero de 2020, en un acto presidido por el fallecido Mario Cafiero, el instituto que atiende a cooperativas y mutuales anunció -con presencia de Iannizzotto- un innovador sistema de financiamiento en el que las mutuales atenderían las necesidades crediticias de las cooperativas productivas. Se puso como ejemplo de ese operativo a San Cristóbal Caja Mutual, que financiaría mediante ese esquema a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), una de las principales bodegas del país.

Poco tiempo después, y ya con Iannizzotto designado en el directorio del organismo, el INAES firmó un acuerdo con Fecovita. Se anunció que se beneficiará a 5 mil productores de esa cooperativa, con un aporte concreto de 10 millones de pesos para subsidiar las tasas de interés. El operativo permitiría asignar créditos a lasa cooperativas vitivinícola por entre 75 y 100 millones de pesos. De allí proviene Iannizzotto.

Nadie insinúa aquí nada. Pero queda claro que hay una colisión de intereses suficiente como para que se reclame al ruralista funcionario que presente su declaración de bienes. Sobre todo, además, porque forma parte de una Mesa de Enlace que exige en todo momento mejores cualidades éticas de la clase dirigente.

Y sobre todo porque la presencia de representantes del sector agropecuario en organismos del Estado se multiplica.

En el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hay un consejo directivo que tiene una amplia representación de los sectores privados. En la actualidad forman parte del mismo Liliana Monterroso por las Facultades de Ciencias Agrarias; Alejandro Conci, por AACREA; Pablo Pailolle, por la Federación Agraria; y Santos Zuberhbuler, por la Sociedad Rural Argentina. Todo ellos presentaron, como corresponde a las exigencias del organismo, su declaración ante la OA correspondiente a 2019.

Pero en ese mismo consejo figuran, como representante de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Humberto Luis José Occhi, de quien no surge registro de presentación. Tampoco expuso sus bienes el ingeniero Sergio Melgarejo, que actúa como representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En las antípodas aparece el representante de Coninagro: el correntino Nicolás Carlino  (foto) no solo presentó su declaración ante la OA por el ejercicio 2019 sino que ya cubrió el trámite para el año 2020.

Está claro que estos representantes en el consejo del INTA deben presentar sus declaraciones. Es una exigencia expresa de la oficina de Personal del instituto frente a la difusa letra de la Ley de Ética pública. Pero los criterios son dispares. Y esa misma oficina no exige el mismo trato para los representantes rurales ante las empresas que dependen del grupo INTA, y que están expuestos cotidianamente a decisiones económicas concretas.

“En el caso de los (empresarios) que solo están en INTEA o la Fundación ArgenInta, no son ‘personal expuesto políticamente’, por lo que no están obligados a presentarla”, explicó una fuente oficial.

En efecto, ninguno de los representantes de las entidades agropecuarias en la Fundación ArgenInta, por la que circulas millones de pesos en una suerte de presupuesto “ágil” y “paralelo” del organismo, presentó declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Es el caso de Oscar Bianchi (SRA), Eliseo Rovetto (Federación Agraria), Eduardo Sancho (Fecovita) y Daniel Lavayén (CRA). Queda claro que ellos no estaban obligados a hacerlo. ¿Deberían?

INTEA, por otro lado, es una empresa del INTA que se ocupa de la comercialización de las tecnologías desarrolladas por los investigadores del organismo. Decide cómo estos desarrollos se transfieren al sector privado.

El presidente del directorio de esa empresa mixta es el mismo Santos Zuberbuhler (foto) y el vice es Elbio Laucirica (Coninagro). Ambos presentaron sus declaraciones correspondientes a 2019, pero desde su rol como consejeros del INTA en ese ejercicio. Pero por su representación actual en dicha sociedad no están obligados a hacerlo en 2020, como el resto de los directores de esa firma.

En el Senasa, también hay representantes de las entidades, aunque en un espacio de menor rango ejecutivo, pues se trata apenas de un consejo consultivo al que las autoridades políticas le llevan muy poco el apunte. Ellos claramente no deberían, según las normas del organismo, a presentar sus declaraciones de bienes para controlar posibles actos de corrupción. No lo hicieron, en rigor.

En este grupo aparecen Marcelo Federici (Coninagro), Luciano Miguens, el hijo (por la SRA); María Marta Rebizo (por Ciara-Cec), Ricardo Burgos (por CRA), Ariel Toselli (por Federación Agraria), Mariano Emilio Pérez (por el sector pesquero); Natalia Tassara y Darinka Anzulovich (por la Copal), y Juan Carlos Aba (por Caprove).

También hay legítimos representantes de intereses privados en el INASE (Instituto Nacional de Semillas), en la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola), etcétera. ¿Deberían ellos o no presentar sus declaraciones de bienes?

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Hicimos lo mismo ahora con el equipo de secretarios y subsecretarios que acompañan a Luis Basterra. No vamos a hacer ninguna valoración especial para no caer en la trampa de la grieta ni nada por el estilo. Solo expondremos datos extraídos de las declaraciones juradas que, a nueve meses de iniciada la gestión, presentaron varios de esos funcionarios ante la Oficina Anticorrupción.

En primera instancia nos sorprendió que ya no hay Toyotas en este nuevo Gabinete de Agricultura. Y que solo tres de los funcionarios declararon por ahora tener un campo productivo, uno en explotación y dos como inversión (se supone que lo alquilan). Decimos por ahora porque hay muchos que no presentaron todavía una declaración sobre sus bienes. Los que no lo hicieron son especialmente los funcionarios de los organismos descentralizados de la cartera agropecuaria.

Pero con los datos disponibles podemos suponer en una primera lectura que el origen de los bienes de la mayoría de quienes escoltan a Basterra ya no están ligado al campo sino más bien a un recorrido por la función pública. El propio ministro es uno de los más “pobres”: fue ministro de la producción de Formosa, luego diputado nacional y vicepresidente del INTA.

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Primero lo importante. Los que no presentaron sus declaraciones juradas hasta la fecha son el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, el sanjuanino Marcelo Alos; el presidente y vicepresidente del Senasa, Carlos Paz y Carlos Milicevic, respectivamente; el presidente del INASE, Manuel Serrano; el director del INIDEP,. Horacio Héctor Padín; el presidente y el vicepresidente del INV, Martín Hinojosa y Hugo Carmona Torres; y los subsecretarios Hernán Rachid y Javier Preciado Patiño.

Todavía tienen tiempo estas personas para completar la requisitoria de la Oficina Anticorrupción. El organismo acaba de informar que “durante 2020 se conocerán las situaciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios correspondientes al período 2019” y que dichas declaraciones pueden presentarse hasta el próximo 30 de septiembre, ya que los plazos habituales se prorrogaron por la situación del Covid-19.

Ver Un año después, Revista Noticias se hace eco de una nota de Bichos sobre el director de Forestación

Luego las declaraciones ya presentadas dicen más o menos lo siguiente:

• El Ministro Luis Eugenio BASTERRA declaró bienes por 1.730.679,14 pesos. Entre ellos destacan una casa en Formosa de 47 metros cuadrádos y parte de otra en Resistencia, que recibió como herencia. Su único auto es un Renault Clio 2014.
• Su jefa de Gabinete, la agrónoma Diana GUILLEN, declaró poseer un patrimonio de 4.261.677,52 pesos, conformado entre otras cosas por una vivienda en La Plata, un VW Suran 2016 y un Corsa 2009. Entre sus bienes destaca el ahorro en dólares del equivalente a medio millón de pesos, en una cuenta corriente.
• El subsecretario de Adminstración del ministerio, el abogado Julio César VITALE, declaró bienes por 1.457.513,31 pesos. Entre ellos un departamento en CABA de 52 metros cuadrados, otra casa en Navarro, un Citroen C4 Long 2016 y una moto Zanella Styler de 2015.
• El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el abogado Julián ECHAZARRETA, es el más adinerado del gabinete agropecuario, ya que declaró bienes por 61.419.876,19 pesos. Entre ellos un departamento en Buenos Aires, una casa en Pinamar, varios lotes y departamentos como inversión, además de dos campos con el mismo objetivo en Río Cuarto. Sus autos son un Mercedes Benz Compressor 1999, una Land Rover de 1997 y hasta un simpático Citroen AZAM que conserva desde su fabricación en 1970. Recordemos que el funcionario proviene de ser ejecutivo de la cooperativa ACA.
• El subsecretario de Agricultura, el contador Delfo BUCHAILLOT, también es un hombre adinerado, con un patrimonio declarado por 23.015.383,40 pesos. Además de su casa en Alejandro Roca, declaró haber comprado en 2015 un campo como inversión en La Colonia, Córdoba. Sus autos son un Audi de 2016 y un Mercedes Benz de 2017.
• El subsecretario de Ganadería, el veterinario José María ROMERO, declaró bienes por 1.758.916,96 pesos, entre ellos una casa en Martínez y un campo de 30.000 metros cuadrados, que estaría bajo su propia explotación, en General Rodriguez. Es de los pocos que tienen una pickup, pero Chevrolet S10 de 2007. Además declaró un VW Gol 2009 y un Peugeot de 2018.
• El subsecretario de Pesca, el abogado santacruceño Carlos Damián LIBERMAN, declaró poseer un patrimonio de 2.331.759,96 pesos. Incluye un departamento en Buenos Aires de 127 metros cuadrados y un KIA Sorrento 2011.
• El secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel GOMEZ, declaró tener bienes por 2.109.702,94, conformados entre otras cosas por dos lotes en Monte Grande y un coche Citroen C3 de 2011.
• La subsecretario de Agricultura Familiar, la socióloga Yanina SETTEMBRINO, no llega al millón por un pelo. Tiene un patrimonio de 997.992,99 pesos, conformado por dos o tres departamentos heredados en la Ciudad de Buenos Aires. No tiene coche.
• El subsecretario de Coordinación Política, Ariel Ernesto MARTÍNEZ, declaró poseer bienes por 3.662.101,88 pesos. En su patrimonio figura una casa en Lomas de Zamora y un Renault Capture 2019.
• La subsecretaria de Fortalecimiento Productivo, María de los Milagros BARBIERI, declaró bienes por 2.407.800,00 pesos. Tiene una vivienda en Villa Elisa y un Peugeot 307 del 2006.
• La presidente del INTA fue una de las pocas funcionarias de organismos descentralizados que cumplió con la Oficina Anticorrupción. La agrónoma Susana MIRASSOU declaró poseer bienes por 3.656.706,63, entre ellos una vivienda en CABA y una casa de descanso en Pilar, además de un Honda City 2014.
• El vice del INTA, el agrónomo Tomás SCHLICHTER declaró bienes por 7.141.662,20, entre ellos una casa de 80 metros cuadrados en Bariloche, otra vivienda en Pinamar, un departamento en CABA y una Nissan kicks 2019.

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Dice Noticias que la empresa Puerto Larrahague SA cobró en las últimas semanas 4.018.970,20 pesos por viejos planes de forestación al amparo de la vieja Ley 25.080 de Bosques Cultivados, prorrogada ya en dos ocasiones y que distribuye susbidios entre los (se supone que pequeños y medianos)
forestadores. En realidad, si uno pone el número de CUIT de esa sociedad en un buscador interno de la página de la Dirección Forestal sabrá que ese firma cobró mucho más dinero del que se da cuenta ahora: hay resoluciones de pago desde 2005.

El caso habilita un debate necesario sobre los límites éticos que no debieran sobrepasar los funcionarios públicos, más allá que en este caso puntual el joven empresario forestal devenido a funcionario macrista fue exonerado de toda culpa y cargo por la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, otra funcionaria que a esta altura -por su clara adhesión al partido de gobierno- debería preguntarse si está ocupando el lugar correcto.

El 10 de diciembre de 2018, a través de una resolución originada en el expediente EX-2018-1970610-APN- , la Oficina Anticorrupción definió que “no se ha comprobado que el contador Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones sobre conflictos de intereses de las cuale esta Oficina es autoridad de aplicación (Capítulo V de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188)”.

¿Cómo llegó la OA a esa conclusión? Pues porque el funcionario, designado en enero de 2019 por el secretario de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, “ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado (puntualmente en los directorios de EL MOCONA SA, PUERTO LAHARRAGUE SA (la empresa que ahora cobró planes), LAHARRAGUE CHODORGE SA, MIRASOLES SA y en la ASOCIACIÓN FORESTAL ARGENTINA)”, afirma la resolución.

“Tampoco se ha acreditado que, en el ejercicio de su gestión, haya intervenido en cuestiones particularmente relacionadas con dicha dichas empresas ni con aquellas en las que posee participación societaria”, indicó la norma publicada en diciembre pasado.

Cuando el periodista de Noticias, Nicolás Carrillo, le pregunta a Laharrague por las nuevas órdenes de pago a favor de la forestadora de su familia, se produjo el siguiente diálogo, por lo menos curioso:

-¿Pero usted es quien dirige las partidas de dinero?

-Quien paga es la Tesorería General de la Nación. Yo no firmo las resoluciones. Lo hace el secretario (en referencia a Guillermo Bernaudo, de quien depende ese área). Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley Forestal. Después se entrega una remesa a la Secretaría de Agricultura para que la tesorería pague.

En su momento, Bernaudo informó a la Oficina Anticorrupción que el director del área forestal se había “excusado” de “intervenir en los expedientes EX-2018-2163845-APN-DGD#MA y EX-2018-07175316-APN-DDYME#MA”, que suponían beneficios para las empresas de su familia, como el subsidio que acaba de cobrar.

Por su lado, la firma que recibió subsidios informaba hasta octubre de 2017 (tres meses antes de la asunción del funcionario) que Nicolás todavía era su vicepresidente. Recién por escritura 115 del 9 de marzo de 2018 “protocolizó las Actas de Asamblea y de Directorio por las que se aprobó la renuncia del director titular Nicolás Laharrague y se designó en su reemplazo a Pablo León Laharrague”. Esto se publicó en el Boletín Oficial 5 de abril de 2018.

Lamentablemente resulta imposible chequear esta información de otro modo porque el mencionado funcionario no ha completado todavía el trámite de presentar su declaración oficial de bienes, de la cual debería surgir qué relación mantiene con las empresas de su familia.

Hace un año, en soledad, aquella nota de Bichos de Campo daba cuenta de la relación de Laharrague con las cuatro firmas investigadas por la OA y sobre todo de su participación como directivo de la AFOA al menos hasta septiembre de 2017, antes incluso de que se conociera que Etchevehere sería el nuevo secretario de Agroindustria. En aquel entonces, Laharrague participó como directivo empresario en la primera reunión de la Mesa Forestal junto al Presidente Macri.

Ver Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

A partir de esa y otras reuniones, el Gobierno nacional puso en marcha un sistema que constituye una virtual privatización de la financiación de las nuevas forestaciones promovidas por la Ley 25.080. Es que los recursos necesarios ya no serán parte del Presupuesto Nacional sino que se creó un “bono verde” que, sin resolución ni mecanismo que asegure transparencia en el manejo de esos fondos, comenzaron a cobrar las empresas de seguros a todos los particulares que contraten una póliza para su automotor.

Los montos a recaudar (algunos los estiman en 1.000 millones de pesos anuales) surgen de un 1% adicionado a todas las facturas emitidas por las empresas de seguros a sus clientes, sin su consentimiento expreso. El dinero debería llegar a manos de quienes realicen nuevas plantaciones mediante un circuito financiero bastante gris hasta el momento, pero que fue anunciado pro el propio Macri, es gestionado por el mencionado Laharrague y cuenta con aval de la Asociación Forestal Argentina.

De cómo se manejan estos fondos, suponemos, hablarán los grandes medios de comunicación dentro de algunos meses.

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Según información a la que accedió Bichos de Campo, el sumario administrativo registrado bajo el expediente reservado 1987/2018, concluyó que existió “un perjuicio fiscal irrogado al organismo de 1.704.836,52 pesos”. Fuentes del INTA confirmaron la novedad e informaron que a fin de 2018 la conducción colegiada del organismo decidió consultar a la Oficina responsable de custodiar la ética y la transparencia dentro del Estado, para que dictamine si es necesario el inicio de la correspondiente causa penal.

Los hechos investigados por la auditoría interna en la Fundación ArgenInta corresponden a los años 2014, 2015 y 2016. La pesquisa fue iniciada a partir de un pedido del ex titular del organismo tecnológico, el formoseño Amadeo Nicora, y ahora que se conocen los resultados fueron derivados a la oficina que conduce Laura Alonso.

Aunque la Gerencia de Asuntos Jurídicos del INTA ya tiene el aval del Consejo Directivo (conformado por representantes del Poder Ejecutivo y de las entidades agropecuarias) para “dar inicio a la denuncia penal respectiva”, se decidió aguardar el dictamen de la OA debido a que el monto de dinero destinado a gastos presuntamente irregulares, de 1,7 millones de pesos según una actualización al 1° de diciembre pasado, no resulta tan oneroso como en tantos otros casos que llegan a la justicia.

El sector Jurídicos del INTA prefirió no dar el detalle de los gastos realizados desde la Fundación ArgeInta que fueron cuestionados por la auditoría interna, pero otras fuentes revelaron que se trataría de una serie de pagos “de campaña” realizados durante la gestión de Francisco “Pancho” Anglesio, que fue candidato a diputado por el kircherismo en Santa Cruz en 2015, aunque fue derrotado en la contienda por otra línea interna.

Actual director de Vialidad de la Provincia, el santacruceño Anglesio fue designado como presidente del INTA en diciembre de 2013 en reemplazo de Carlos Casamiquela, quien por entonces ascendió a ministro de Agricultura en el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner. Eliseo Monti fue el director nacional del INTA en aquella gestión, en tanto que Javier Ortega se desempeñaba como director de la Fundación ArgenInta.

Esa Fundación, junto con INTEA, son entidades dependientes del INTA que fueron creadas en la década de los 90 para dar mayor ejecutividad a ciertos programas del instituto, ya sea de vinculación con empresas privadas o de despliegue dentro del “territorio”.

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El subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, es el funcionario con mayor fortuna dentro del Gabinete del Ministerio de Agroindustria. Hacia fines de 2015 tenía un patrimonio de más de 10 millones de pesos. Curiosamente es él quien debe lidiar con las situaciones de más dramatismo en el agro argentino, pues está a cargo del área que dictamina las emergencias agropecuarias. En el otro extremo, quien sin duda es la más glamorosa entre quienes secundan a Ricardo Buryaile, la secretaria de Mercados Marisa Bircher, se ubicó como la más pobre del equipo, pues es dueña de propiedades que suman apenas unos 450 mil pesos.

Son algunas curiosidades que surgen de la revisión de las primeras declaraciones juradas de bienes presentadas por una veintena de funcionarios que, con el rango de secretarios y subsecretarios de Estado, se desempeñan desde fines de 2015 en el viejo edificio de Paseo Colón al 900. Los bienes declarados corresponden al ejercicio 2015 y bien pueden ser tomados como los que poseían estos funcionarios al comenzar el Gobierno de Cambiemos. La declaración 2016 todavía no ha sido presentada por la mayoría de ellos. Cabe aclarar que muchas veces los criterios para determinar el valor real de los bienes no son los mismos y esto puede provocar ciertas confusiones.

Esta es una síntesis apretada de las declaraciones de bienes de todos los integrantes del Gabinete de Agroindustria, en orden decreciente:

1) Hugo Rossi (Coordinación Política) con 10.760.694 pesos

Es propietario de porciones importantes de varios campos productivos en San Miguel del Monte, que mantiene en alquiler. También tiene la tercera parte de una firma llamada Condominio Rossi Hugo y Otros, dedicado justamente a los negocios inmobiliarios en el sector rural. Su coche es modelo 2011.

2) Néstor Roulet (Valor Agregado) con 6.935.286 pesos

El ruralista cordobés suma, a su casa familiar ubicada en Córdoba, un departamento en Buenos Aires y varios campos en su querida Canals y en Tilisalao, en San Luis, además de varios lotes en la villa turística Carlos Paz. Reconoció ser socio en dos empresas: Oleaginosas Centro Sur SA y Roulet Néstor Eduardo y MC.

3) Rodrigo Troncoso (Ganadería) con 4.398.113 pesos

Es uno de los pocos solteros del Gabinete agropecuario. Tiene una casa en San Isidro que adquirió en 2012 y un auto que compró dos años más tarde. Reconoció inversiones en el Consorcio de Propietarios del Barrio Santa Catalina y en Lagoon Pilar SA, una firma dedicada a la “Construcción, Reforma y Reparación de Edificios Residenciales”.

4) Santiago Hardie (Coordinación y Desarrollo Territorial) con 3.996.999 pesos

Declaró un departamento en Buenos Aires de solo 50 metros cuadrados y una casa en su pueblo, Manuel Alberti, que es diez veces más grande. Le gustan los autos: tiene un VW Gol Country de 2004; una RAV4 de 2007; un Corolla de 2012; y un Honda CR-V de 2014. Es socio de Naola SA, una firma financiera con sede en Capital Federal.

5) Rodrigo Bunge (Información y estadística) con 3.756.854 pesos

Otro sanisidrense, ya que tiene una casa de 250 metros cuadrados en ese partido del norte bonaerense. También es hincha de Toyota, pues posee un Corolla modelo 2007 y una RAV4 de 2013. En su declaración admitió tener una participación una empresa ganadera llamada Unión Fabril SA y en otra denominada Cambú SA, dedicada a los negocios inmobiliarios.  Además en 2011 fundó una firma de servicios agrícolas llamas Agro Inversiones y Desarrollos, junto al ex titular de Argentrigo, David Hughes.

6) Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria) con 2.446.151 pesos

El titular de la cartera recién aparece sexto entre los funcionarios con mayores bienes de su área. Asumió su cargo declarando como su propiedad más importante el campo familiar en Formosa, que valorizó en 1,60 millones de pesos, según su valor fiscal. Al parecer le gusta manejarse con efectivo, pues en la caja de ahorro solo tenía 6.500 pesos a fines de 21015. Una rareza es que no declaró tener ningún vehículo ni casas a su nombre.

7) Jesús Silveyra (Mercados Agropecuarios) con 2.254.777 pesos

Este subsecretario declaró un  departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires adquirido en 1999 y un VW Suran del 2013. Una curiosidad es que tenía cuentas bancarias en Uruguay y en Dinamarca.

8) Ricardo “Ricky” Negri (Agricultura) con 2.206.042 pesos

Es evidente que al posible sucesor de Buryaile, en caso de que éste regrese a la arena política, le gusta ahorrar su dinero en ladrillos. Declaró tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, aunque vive en el más grande, que tiene 117 metros cuadrados. Además posee un Corolla del 2008. En agosto de 2015, unos meses antes del cambio de Gobierno, apostó a la Argentina, al adquirir unos 200 mil pesos de Bonar X AA17.

9) Mercedes Nimo (Alimentos) con 1.930.983 pesos

Empleada del Ministerio desde hace mucho tiempo, aunque con un breve paso por la Copal, Nimo posee la mitad de un departamento en San Fernando y también 50% de la casa donde vive en Beccar. Su auto es de 2011.

10) Tomás Gerpe (Pesca) con 1.465.915 pesos

El subsecretario de un área controvertida solo declaró ser dueño de un departamento en Buenos Aires, aunque también admitió tener intereses en varias empresas: Cifideco Argentina SA, Sincelejo SA, Fideicomiso Pilar Bussines Center SA y Oceanika Products SA.

11) Guillermo “Willy” Bernaudo (jefe de gabinete) con 1.433.454 pesos

El jefe de Gabinete es otro de los “productores” reales del Ministerio. Sus principales son una casa de casi 600 metros en La Paz, Entre Ríos, que compró en 1999, y su Amarok modelo 2011. Pero su vínculo con la actividad viene porque forma parte de los socios de dos empresas (La Elena y Las Lomas) y además dispone del 20% de un campo en Olavarría.

12) Mariano Lechardoy (Bioindustria), con 1.253.719 pesos

Colaborador de varias gestiones anteriores en Agroindustria, este funcionario declaró un departamento en la ciudad de Buenos Aires y una modesta casa de veraneo en Ostende, que adquirió en 2009. Además invirtió en una quinta en Carlos Keen.

13) Lucrecia Santinoni (Desarrollo Forestal) con 1.011.875 pesos

La subsecretaria reconoció ser dueña solamente de una casa en Vicente López y de un automóvil modelo 2014.

14) Luis Urriza (Agricultura) con 935.579 pesos

A fines de 2015 tenía 10% de dos casas ubicadas en La Plata y parte de varios campos heredados ubicados en Gualeguaychú. Además le pertenecía 34% de otro campo en Tornquist, en el sur bonaerense. Su coche es un Duster de 2013 y como curiosidad declaró ser dueño de una bóveda valuada en 2.000 pesos. Tiene participación en varias empresas vinculadas a la actividad: la maderera Woodshavings, Agrovial Servicios, la consultora Integra Negocios y Agro Precisión SA.

15) Alejandro Sammartino (Lechería) con 904.507 pesos

El subsecretario era dueño de dos campos en alquiler ubicados en Córdoba, que ingresaron a sus bienes en 2008. Vive en una casa grande ubicada en San Isidro y dispone de un VW Vento de 2010. Declaró además ser socio en Inforcampo SA, la editorial especializada en lechería, y en Palmas del Litin SA, un emprendimiento ganadero junto con sus hermanos.

16) Felipe Crespo (Desarrollo Territorial) con 682.500 pesos

Quien tiene a su cargo los planes de turismo rural, entre otros asuntos, es otro hincha de Toyota, pues posee una camioneta Hilux de 2014 valuada en 650 mil pesos. Curiosamente ese y otro vehículo de 1999 son los únicos bienes que declara, y que representan casi por completo su patrimonio.

17) Fernando Molas (Administración) con 506.669 pesos

El subsecretario técnico y administrativo admitió poseer una vivienda en Capital Federal de solo 34 metros cuadrados y un VW Voyage de 2013, además de un Gol Country de 2004. Tiene además una moto Zanella Styker 150 Cruiser modelo 2014. Claramente llegó al cargo por su afinidad con Hardie, ya que también es socio de su superior en la financiera Naola SA.

18 – Marcelo Rossi (Control Comercial ) con 467.178 pesos

El ex titular de la ONCCA que enfrentó a Guillermo Moreno en 2007 y regresó al organismo una década después comparte en partes iguales con su esposa la propiedad de la casa familiar en La Plata y un lote de terreno en City Bell. Su coche es un Corolla de 2014.

19) Marisa Bircher (Mercados) con 454.331 pesos

La secretaria que debe abrir mercados internacionales viaja por todo el mundo y se aloja en los mejores hoteles. Pero es la más pobre del Gabinete de Agroindustria. Declaró ser sueña solo del departamento donde vive en la ciudad de Buenos Aires, de solo 32 metros cuadrados, y de un coche Peugeot 208 de 2015.

20) Juan Manuel Pomar (Agricultura Familiar), con X pesos.

Recientemente designado en esa Subsecretaría, el dirigente correntino no ha presentado hasta el momento su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción.

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