En una extensa sesión este jueves, y luego de discutir la propuesta prohibicionista del oficialismo, se analizaron otras dos alternativas que proponían límites más moderados para el uso de estos insumos. Finalmente, con cinco votos a favor se definió una zona de exclusión total de 50 metros, una de amortiguamiento de 150 metros donde se permitirá la aplicación de productos biológicos, y 800 metros más para el uso exclusivo de productos banda verde y azul, siempre que las aplicaciones se hagan bajo estrictos controles municipales.

En diciembre del año pasado Bichos de Campo abordó la polémica que rodeaba la actualización de la ordenanza 3600/03 para la aplicación de fitosanitarios en Rafaela. Hasta ese momento, tanto productores como técnicos coincidían en la necesidad de renovar la normativa que fijaba un límite agronómico de 200 metros. Sin embargo, nadie imaginó que el oficialismo presentaría una iniciativa para establecer una zona de exclusión de 1000 metros y una de amortiguamiento de otros 1000.

Mirá la propuesta oficialista acá:

“En un momento como el que estamos viviendo, pasar de 200 metros a 2.000 es dejar improductivo prácticamente al distrito de Rafaela”, había declarado en su momento a este medio la titular de la Sociedad Rural de esa localidad, Norma Bessone.

De nuestro archivo: En Rafaela piden 2 kilómetros de distancia para los agroquímicos: Para Norma Bessone, titular de la rural, el distrito quedaría así “virtualmente improductivo”

¿Qué estaba en juego? Según señaló la periodista local Elida Thiery, nada menos que el destino de 4358 hectáreas -el 26% del distrito-, el sostenimiento de casi 26 productores de 15 establecimientos, siete tambos –incluidos los de la experimental del INTA de esa zona- con 49 familias empleadas y 408 empresas proveedoras del sector, además de profesionales y actividades anexas a la producción agropecuaria.

Fue por este motivo que se presentaron dos proyectos alternativos al impulsado por la concejala justicialista Brenda Vimo. Uno fue el de Lisandro Mársico, del Partido Demócrata Progresista, que propuso mantener el límite periurbano de 200 metros y sumarle otros 300 metros para las aplicaciones terrestres de productos banda verde (clase toxicológica IV), y excepcionalmente banda azul (clase toxicológica III) si no se pudieran reemplazar por otros.

Además propuso prohibir la aplicación en esa zona de productos banda amarilla y roja, de fitosanitarios volátiles, y dentro de los 1000 metros desde plantas urbanas, escuelas, cursos de agua y asentamientos poblacionales la utilización del 2.4.D en su formulación isobutílica.

Por último este proyecto agregaba que en un plazo de 12 meses, los productores linderos al ejido urbano deberían colocar una cortina forestal a modo de barrera. Para eso se contaría con la asistencia del INTA y del Municipio, el cual se encargaría de donar las especies.

La segunda alternativa presentada fue la de Leandro Viotti, de la UCR, que definió un área de exclusión de 50 metros, en la que no se podría aplicar ningún fitosanitario. A ella le seguiría un “cinturón agroecológico” de 150 metros en donde sólo se podrían aplicar productos orgánicos. Dicha franja podría ampliarse a los 250 metros en 2025, si se obtiene un dictamen conjunto del Consejo Ambiental y del Instituto de Desarrollo Sustentable.

Finalmente se propuso un tercer cordón de 800 metros donde podrían realizarse aplicaciones restringidas y fiscalizadas de productos biológicos, banda verde y excepcionalmente banda azul.  Al igual que en el caso anterior se prohíbe el uso del 2.4 D esterisobutílico.

Un dato importante es que las tres propuestas coincidieron en la prohibición de las aplicaciones aéreas, en la obligatoriedad del uso de receta agronómica  y del control de un profesional, en la negativa al tránsito de pulverizadoras dentro de la ciudad y en la disposición correcta de los envases de fitosanitarios.

Previo a la sesión que se realizó ayer en el Consejo Municipal, que inició de mañana y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, se realizaron algunos encuentros informales entre concejales y familias involucradas en la producción en el periurbano. Sin embargo de los mismos nunca participó el oficialismo, ni tampoco se invitó a los referentes regionales y locales del INTA para obtener una mirada científica del asunto.

“Nos debemos debates más serios”: La Sociedad Rural de Rafaela afirma que a la polémica sobre agroquímicos le faltan evidencias científicas

Durante el debate el justicialismo apeló a golpes bajos y a afirmaciones sin demasiada evidencia, como el aumento de internaciones por cáncer en el hospital local, sin dar detalles de los causales de las enfermedades ni de los diagnósticos. Tal es así que sus concejales ni siquiera cosecharon el apoyo del intendente Luis Castellano ni de otros funcionarios del ejecutivo, que terminaron por apelar al silencio.

Luego de varias horas de intercambio ininterrumpido se dio paso a la votación, que le otorgó el visto bueno al proyecto radical con cinco votos afirmativos, tres en contra y una abstención –la del Partido Demócrata Progresista-, frente a los seis negativos y tres afirmativos que obtuvo el del oficialismo.

Fotos: Vía País.

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A primer a vista, el debate se produce como debería ser: los concejales de los principales partidos políticos están dejando la grieta de lado para encarar la discusión con objetividad y por eso prometen para antes del 10 de diciembre una nueva ordenanza “que seguramente no dejará conforme a nadie”, según anticipan María Condino (UCR) y Juan Ariel Risso (Frente de Todos).

“Estamos modificando una ordenanza que ya tenemos desde 2011 y llegó el momento de cambiarla porque avanzó la tecnología y entonces era necesario encontrar un texto nuevo. En el medio de la redacción surgió un conflicto que terminó en una cautelar presentada por una asociación de vecinos, pero nosotros ya teníamos la intención de cambiar la normativa”, dijo Condino, cuyo partido desde hace 18 años gobierna en Tandil.

La realidad es que gobierne quien gobierne, hay un conflicto en Tandil entre vecinos que denuncian a los aplicadores y los productores que necesitan utilizar agroquímicos en ciertas parcelas de los perirubanos.

-¿Podrá la política aliviar tensiones?

-Bueno, lo que hicimos fue incorporar esas voces en la discusión, tomar sus intenciones, conceptos e ideas pero también las demás. Lo que pasa es que la pandemia no colaboró, tuvimos que hacer mucho zoom y no pudimos hacer grandes asambleas, pero sí hicimos más de 20 reuniones con todos los actores que conforman esta discusión- remarcó la concejal radical.

Mirá la entrevista completa a María Condino:

Condino se refirió al trabajo de la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, conformada por concejales de distintas fuerzas políticas. Y reforzó: “Nos reunimos con todos, hablamos con médicos, con gente que hace agroecología, con productores, con asociaciones vinculadas al medioambiente, con gente del nivel provincial y nacional y hasta con gente de otras ciudades a las que les pasa algo parecido de lo que sucede en Tandil”.

Y aclaró: “No nos vamos a ir a ninguno de los dos extremos y vamos a redactar una ordenanza que sea buena para Tandil, o sea no vamos a copiar el modelo de ordenanza de otra ciudad porque hay ciudades más agrícolas o más ganaderas que otras, y hay diversas producciones. Nosotros medimos la cantidad de hectáreas que puede implicar una exclusión”.

“Lo que probablemente suceda es que, una vez que salga la ordenanza, ambos lados estén enojados con los concejales de todos los bloques pero si eso pasa quiere decir que la ordenanza fue buena”, afirmó la concejal.

Mirá la entrevista completa a Juan Ariel Risso:

Por ahora, en el debate no se establecieron áreas vedadas: las distancias precautorias serán lo último que se establecerá pues el acento de la nueva ordenanza está puesto primero en otros aspectos. Risso explicó que “primero debe estar consensuado todo lo que tiene que ver con el control de salud, con los registros, con saber quién aplica y en qué condiciones lo hace, además de abarcar toda la cuestión tecnológica que va a ser obligatoria. Todo eso es clave”.

“¿Qué seguridad le damos a ese vecino o vecina que vive al filo de, por ejemplo, la circunscripción 1 que tenemos en Tandil y que es la última calle que divide lo urbano de la zona rural? Ahí sabemos que la discusión no pasa solamente por cuántos metros de exclusión sino por la seguridad, al menos hasta que podamos tomar las medidas como corresponde”, planteó el concejal del Frente de Todos de Tandil, quien dijo que la fijación de una posible franja de exclusión quedará para el final.

“Se generan discusiones donde al final preguntan ´Pero ¿Y cuántos metros?´ pero ya sabemos que ahí no está la discusión, sino en que hay que controlar bien y generar los mecanismos tecnológicos que hoy están vigentes para que todo sea más efectivo, y también hay que tener en cuenta una cuestión cultural y de capacitación para el productor que es el que en definitiva toma la decisión en su campo sobre qué hacer y qué no hacer”, concluyó el político tandilense.

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Al veto del glifosato en Paraná, informado por la agencia Télam, se podrían sumar decisiones similares en otras dos importantes ciudades entrerrianas, Concordia y Gualeguaychú. En este último caso, es el pago chico del presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alfredo De Angeli.

El proyecto aprobado en Paraná, presentado por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.

La medida también inhabilita dentro del ejido municipal “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”.

A su vez, prohíbe el descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto.

En los Concejos Deliberantes de Gualeguaychú y Concordia se presentaron iniciativas similares, que apuntan a la prohibición del uso de los fitosanitarios, aunque todavía no fueron tratadas en los recintos respectivos.

En Gualeguaychú, el intendente Martín Piaggio elevó un proyecto de ordenanza que prohíbe, sin excepciones, el uso, aplicación, movimiento, comercialización de agroquímicos en todo el éjido de la ciudad. Para Piaggio, “un municipio libre de glifosato no sólo implica un fuerte compromiso con la vida, la salud y el medio ambiente del presente sino también con las generaciones venideras”.

El proyecto de ordenanza, que será tratado en la próxima sesión del Concejo, se fundamenta en el “principio precautorio”, el cual está incluido en el artículo 4º de la Ley Nacional de presupuestos mínimos ambientales.

En Concordia, el concejal radical Esteban Benítez propuso que se prohíba el glifosato en el éjido de esa ciudad, porque “los efectos nocivos de tal producto ya han sido reconocidos por varios países de la comunidad europea, algunos de ellos lo han prohibido”.

“Lo que espero, en principio, es que se prohíba el uso en la ciudad, sobre todo en parques y jardines si es que lo utilizan, y luego ver quiénes comercializan y a quién le venden”, anticipó el concejal al defender su propuesta.

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