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La propuesta parece muy sensata, porque los valores de los alimentos con certificación orgánica –elaborados sin uso de insumos de síntesis química– son mucho más elevados que los producidos de manera convencional, aunque también son mucho más elevados los costos de producción de los mismos, lo que no siempre garantiza una ecuación de rentabilidad para el negocio.
Adicionalmente, las estadísticas muestran que ninguna nación puede vivir de la producción de alimentos orgánicos, ni siquiera la Unión Europa, que es el “paraíso” global en todo lo que tiene que ver con lo orgánico.
Los últimos datos disponibles muestran que apenas un 8,5% del área agrícola total de la Unión Europea (UE-27) se encuentra bajo producción orgánica y que un 67% de la misma recibe subsidios estatales, es decir, necesita asistencia de recursos públicos para ser viable económicamente.
En lo que respecta al rodeo bovino presente en la UE-27, aquel que se encuentra bajo producción orgánica no llega a alcanzar el 6% del stock vacuno total.
Al analizar las importaciones de productos orgánicos de la UE-27, se observa, por ejemplo, que en 2020 las compras de harina de soja orgánica fueron de casi 231.800 toneladas, cuando la Argentina coloca en el mundo más de 28 millones de toneladas de ese producto.
¿Y cuánto compró la UE-27 de porotos de soja orgánicos? Un volumen de 137.300 toneladas en 2020, cuando la Argentina exporta más de 5,0 millones de toneladas de soja.
Argentina se encuentra el puesto 12 del ranking de proveedores de alimentos orgánicos de la Unión Europa y, de hecho, se trata, por lo general, de un negocio lucrativo para las empresas que participan del mismo, pero el país –ningún país– puede vivir de las ventas de productos orgánicos porque sencillamente los valores de los mismos pueden ser asumidos solamente por una minoría de la población.
La mayor parte de la gente del mundo tiene ingresos medios a bajos y necesita alimentos nutritivos, pero a precios accesibles, para lo cual se requiere economías de escala, las cuales no son incompatibles con prácticas agronómicas regenerativas, siempre y cuando, claro, el Estado no se apropie de la mayor parte del valor agregado generado por las empresas agropecuarias.
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]]>Vale la aclaración que la medida no incluye a los productos autodenominados “agroecológicos”, sino a los que se encuentran identificados en su rótulo con el sello “Orgánico Argentina”, lo que implica que fueron validados por una empresa certificadora habilitada por Senasa Además de “Orgánico”, también está permitido el rotulado como “Ecológico”, “Biológico», “Eco” o “Bio”.
La medida rige para todos los productos orgánicos certificados, con excepción del trigo y harina de trigo, maíz, poroto, harina, pellets y aceite de soja y margarinas, los cuales tendrán un rebaja de cinco puntos porcentuales de la alícuota correspondiente a cada posición.
El decreto 852/2021, por medio del cual se instrumentó la decisión, determinó que el beneficio comenzará a regir cuando la Afip y el Ministerio de Agricultura dicten las normas complementarias necesarias para la adecuada implementación de la medida.
En los fundamentos de la medida se indica que “la producción orgánica implica la elaboración de alimentos diferenciados mediante la aplicación de técnicas y prácticas tendientes a la preservación del ambiente y la sustentabilidad de los sistemas productivos”.
Y que dicha producción “genera una mayor utilización de mano de obra respecto de la producción convencional, el restablecimiento de los suelos y una alternativa válida para un país que busca ampliar su oferta exportable de alimentos diferenciados”, motivo por el cual “la demanda de alimentos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo a nivel nacional y se encuentra en crecimiento a nivel internacional”.
Que resulta conveniente, en consecuencia, incentivar la producción y exportación de alimentos diferenciados por su modo de producir, acorde al criterio de fomentar mayor producción de alimentos con valor agregado.
Por ese motivo, se consideró que “resulta procedente reducir al 0% las alícuotas del derecho de exportación para aquellos productos que no afecten a la sostenibilidad fiscal”, mientras que, por otro lado, “para los productos de carácter ecológico, biológico u orgánico sujetos a precios internacionales y con alícuotas más elevadas, corresponde disponer una rebaja en el nivel del tributo aplicable”.
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