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]]>Eso dijeron en un comunicado de prensa las organizaciones que conforman un espacio denominado “El Otro Campo”, que son filo oficialistas aunque muestran de modo constante sus discrepancias con algunas políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trata de la suma de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Somos Tierra) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
El próximo 30 de abril se vence la concesión del dragado y balizamiento del Paraná, el tercer río más navegable del mundo, que había sido privatizado por 15 años durante el gobierno de Carlos Menem y luego se extendió por 25 años con una discutida prórroga otorgada por Cristina.
Según estas organizaciones, “estamos en un momento bisagra donde poder transformar la estructura productiva depende fuertemente de políticas de Estado, y es ahí donde recuperar la Hidrovía es parte de la reconstrucción de la soberanía nacional para transformar el modelo del cual somos rehenes”.
“Es ahora cuando se deben tomar decisiones firmes en pos de promover la soberanía alimentaria en la Argentina: queremos un Río Paraná bajo control estatal y no en manos de los mismos grupos concentrados de siempre que acumulan multimillonarias ganancias mientras la pobreza sigue aumentando en el pueblo”.
En sintonía, por otro lado, la denominada Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional elaboró un proyecto de ley para la creación de una empresa nacional de dragado como Sociedad del Estado, con el objetivo de devolver el control al Estado del dragado y balizamiento de las aguas fluviales argentinas.
El proyecto de ley que crea Enadrag SE plantea como objetivos “la recuperación por parte del Estado de los peajes, un mayor control sobre el comercio exterior, navegabilidad previsible, independencia logística, y la posibilidad de sustituir importaciones, y resguardar a los trabajadores del sector e impulsar la industria naval argentina”.
La Mesa de trabajo por la Recuperación Nacional es una agrupación política que congrega militantes gremiales y políticos. En diálogo con Télam, uno de los miembros de la mesa, Enrique Aurelli, sostuvo que “con una mirada transversal la mesa trabaja para recuperar la soberanía popular en cuanto a las decisiones y el manejo de los recursos estratégicos: recuperar el control soberano de los recursos”.
“La Argentina tiene una oportunidad histórica de volver a administrar sus vías navegables, impulsar su industria naval, y recuperar el control del tráfico del comercio exterior. Devolverlo a la esfera pública como eje del desarrollo”, indicó Aurelli.
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]]>“Somos más de 30.000 pequeños y medianos productores que poseemos más de la mitad de las más de 400.000 cerdas madres de que dispone la Argentina. No somos de subsistencia, sino de ‘resistencia’ a las sucesivas políticas orientadas a profundizar la concentración económica y expulsión de los de menor escala”, indica la propuesta firmada por la Federación Nacional Campesina (FNC), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas Sin Tierra (MNCI-ST).
Es algo exagerada la cifra de 30 mil productores, ya que desde el propio Estado se ha difundido una cifra mucho más moderada, de entre 6 y 8 mil establecimientos dedicados a la producción de cerdos en el país. Pero hay algo cierto: hay algunos miles de pequeños y medianos criadores.
La ventaja comparativa de Argentina para producir carne porcina –dicen estas organizaciones- está en la oferta de granos baratos y en la existencia de productores familiares y técnicos con gran experiencia en este tipo de producción.
Para poner en marcha esa potencialidad, estas organizaciones proponen crear un Programa Nacional de la Producción Porcina (PNPP) “con el propósito de incrementar la producción destinada a cubrir la demanda de China”. Deberá ser coordinado por el Estado y contar con participación activa de productores, técnicos e investigadores.
Otra de las propuestas es estructurar un Ente Argentino para la Comercialización de la Carne Porcina (EACCP) para “generar las condiciones logísticas, financieras y técnicas para impulsar la producción y exportación, hacer acuerdos comerciales con otros países y hacerse cargo de la comercialización exterior del producto”.
Uno de los principales argumentos para la producción en criaderos de menor escala es el bajo impacto ambiental, así como el bajo costo de mantenimiento de los cerdos. En rigor, se plantea llevar adelante un pastoreo a base de “cosechas perdidas”, producciones frutihortícolas rechazadas y balanceado mezclado con insumos que garanticen su calidad nutricional.
En cuanto a los residuos generados por los sector, este plan afirma que serán distribuidos en las parcelas agrícolas, evitando el gasto en fertilizantes y mecanismos de esparcimiento de efluentes.
El proyecto supone además poner a trabajar a mano de obra ociosa: “Se requiere de 1 trabajador cada 25 o 30 madres. En cambio las mega granjas solo requieren 1 trabajador cada 100 madres, lo que logran haciendo fuertes inversiones de capital en mecanización, alto gasto de energía fósil, insumos farmacológicos, uso de alimentos que podrían ser usados por humanos y estrés animal por hacinamiento”.
¿Qué piden estas organizaciones para lograr que su propuesta sea efectiva? Financiamiento en infraestructura, capacitaciones, creación de cooperativas de comercialización, impulso a Pymes, apoyo a instituciones de respaldo técnico científico y un precio mínimo garantizado en el valor del maíz.
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