¿Y esto que quiere decir? Que los trabajadoresdel agro argentino podrán ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que por ello la ANSES les dé de baja los subsidios sociales que cobran, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.

A pesar de que se habían presentado en el Congreso numerosas iniciativas para resolver esta problemática de la incompatibilidad que existía hasta ahora, la presión de las cámaras empresarias y los serios problemas para encontrar mano de obra disponible en las provincias agilizó el trámite y Alberto Fernández terminó por nuclear dichas propuestas en un decreto presidencial.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Dicha medida plantea una solución a la falta de mano de obra rural para actividades zafreras, provocada por el temor de los cosecheros de tomar trabajo registrado. Hasta ahora, si axceptaban ser contratados de modo legal por una empresa privada se les suspendían beneficios como la AUH.

¿Pero se podrán superponer los ingresos desde el 1° de septiembre, como dice el decreto? Marcos Williams Prim, director nacional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), indicó a Bichos de Campo que desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial se encuentran trabajando junto al Ministerio de Trabajado para hacer operativa la medida.

“Estamos trabajando a contrarreloj desde ese día para ajustar los detalles relacionados al ANSES, a la AFIP y al Ministerio en sí, principalmente para compatibilizar los sistemas informáticos que son los que permiten dar de alta un trabajador y hacer realidad la continuidad de los planes”, dijo.

Por otro lado explicó que desde las distintas delegaciones de RENATRE se ha iniciado un trabajo con las provincias y municipios para que se acojan a la nueva mecánica, de modo que quien acepte trabajar en el campo no pierda subsidios de índole provincial. “Estamos difundiendo todo esto porque lo importante, entre otras cosas, es que tanto el trabajador como los productores rurales sepan que pueden a partir de ahora contratar en blanco a las personas y que no se perderán los planes si los regularizan”.

En ese sentido, Pablo Vernengo, del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –una de las entidades que más trabajó sobre esta problemática- señaló a Bichos de Campo que planean realizar “una comunicación masiva a través de radios locales para informar a los trabajadores golondrina que está este beneficio. Hay trabajadores que no están enterados y no lo podrán usar en la próxima cosecha”.

“Tenemos que difundir esto que se ha logrado a pedido de CAME. Esperemos por el bien de todos que se llegue con la fecha porque están en juego las próximas cosechas del período 2021/2022”, agregó el director de esa entidad.

El decreto, que entrará en vigencia pasado mañana, tendrá en principio una vigencia de dos años.

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La excepción contempla a los programas nacionales  de asignación universal por hijo y por embarazo, siempre y cuando la remuneración percibida por el trabajador no supere dos salarios mínimos por mes (una cifra que en la actualidad es de 58.320 pesos).

La iniciativa pretende resolver un inconveniente presente en muchas producciones regionales que requieren trabajadores temporarios, quienes no aceptan “blanquearse” al realizar tareas estacionales para no perder los ingresos percibidos por planes sociales.

Por eso, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) vienen reclamando a legisladores de los diferentes bloques que instrumenten un régimen orientado a solucionar el problema.

Del Valle Giménez aseguró a Bichos de Campo que “el proyecto tiene fuerte adhesión de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio”.

“Hay consenso favorable para que en la primera semana de junio tenga dictamen y tratamiento en el Senado”, afirmó la legisladora, quien además dijo que “ya tuve conversaciones con los diputados (de las comisiones correspondientes) y están trabajando en la misma línea”.

La ley tendría una duración de dos años, plazo en el que se espera haya una reactivación de la economía que no haga necesario el pago de subsidios sociales.

Escuchá la entrevista completa a Nora del Valle Giménez:

Desde la CAME se ilusionan con que la futura normativa resuelva el problema. En ese sentido, Pablo Vernengo, directivo de la entidad, dijo a Bichos de Campo que “para nosotros es sumamente importante, porque estamos hablando de 625.000 puestos de trabajo que requieren las economías regionales para levantar la cosecha”.

“Este año estamos todavía teniendo grandes impedimentos para conseguir personal. Hay productores, como por caso los citrícolas, que en algunos casos les quedó hasta el 30% de la cosecha sin levantar en un país donde hay gente que pasa hambre”, advirtió.

Vernengo dijo que el problema arrancó en 2013 y que recién año pudieron acceder a la vía legislativa para obtener una respuesta que no pudieron encontrar en el Poder Ejecutivo. “La solución podría ser inmediata, dado que, por ejemplo, con el personal doméstico mediante un decreto resolvieron que pueden percibir su salario más la asignación universal por hijo o embarazo”, argumentó Vernengo.

Escuchá la entrevista completa a Pablo Vernengo:

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“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”, señaló un comunicado del sector de Economías Regionales de la CAME, que agrupa a entidades de base de toda las geografía nacional.

CAME recordó que ya había advertido de esta situación a principios de enero pasado, antes del inicio de la cosecha estival, pero nadie en el Gobierno le llevó el apunte. Este es un tema crónico que los políticos kirchneristas suelen negarse a debatir, porque la proporción de la población con planes sociales ha crecido geométricamente durante las sucesivas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y en muchos casos se han eternizado como único recurso estatal para enfrentar el crecimiento de los niveles de pobreza.

Pero la CAME, en base a los daños que esta problemática está provocando entre sus economías regionales asociadas, decidió no esconder la basura bajo la alfombra y expuso el problema con toda crudeza.

“Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el ‘blanqueo’ implica la baja automática de los beneficios”, indicó el comunicado. Por eso falta mano de obra o solo se consigue personal contratado en negro. Pero hay muchas empresas, en especial las que trabajan con mercados de exportación, que no pueden permitirse contratan mano de obra de modo irregular.

Según esta descarnada descripción realizada pro CAME, el “Plan Empalme” jamás funcionó. Se trata de un mecanismo ideado por la ANSES para dar de baja los beneficios sociales en caso de que la persona consiga un empleo temporal en alguna actividad zafrera. Los tiempos burocráticos del Estado conspiran contra su buen funcionamiento. “Tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, explicó la CAME.

Además, muchas veces los trabajadores se niegan a trabajar en blanco para o perder otros planes sociales, muchas veces provinciales. Uno de los casos más frecuentes son los subsidios por “invalidez”, que también se han generalizado en muchas regiones.

“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del sector de  Economías Regionales de la CAME. Rodríguez proviene de Salta, donde la actividad tabacalera es una de las más afectadas por esta situación.

Es la primera vez que una entidad del agro propone concretamente que se acepte la superposición del beneficio social con un empleo formal. En esta lógica, los productores podrían conseguir personal suficiente y bien registrado que no correría el riesgo de perder sus subsidios.

Desde la situación actual, en cambio, el Estado igual asume el costo de pagar los planes sociales, aún cuando hay trabajo disponible que muy pocos deciden tomar.

“Las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos”, señaló el comunicado, drástico en este punto.

Para exponer esta y otras necesidades, CAME ya reclamó en enero una audiencia “con carácter urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. “Pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”, se remarcó.

“Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez, que admitió sin dilaciones que “actualmente los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado”.

CAME recordó que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre 45% y 75% de lso costos, según la actividad.

Desde la militancia política que se niega a abordar esta discusión, suele replicarse que los productores podrían conseguir mano de obra fácilmente si aumentan los salarios pagados. De todos modos, es un argumento falaz, porque el precio de la fruta u otros productos del agro no siempre permiten pagar salarios mucho mayores. De hecho, el Estado suele intervenir en el asunto y convalida las escalas salariales actuales. Las remuneraciones mínimas son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), donde intervienen las entidades rurales, el gremio de trabajadores rurales y el propio Ministerio de Trabajo.

Con respecto al nivel salarial, a modo de ejemplo, CAME mostró que en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta 100 pesos el tacho de uva cuando lo acordado eran 50 pesos. Esto debido a la escasez de mano de obra para la vendimia. De ese modo, “un cosechero puede cobrar un jornal de entre 5.000 y 6.000 pesos”, muy por arriba de los mínimos fijados.

“Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha”, remarcó la entidad.

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“Es imprescindible que el Gobierno nacional tome la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones”, declaró la CAME en un comunicado, en el que recordó que “la rentabilidad de los productores pymes se ve afectada por la elevada carga impositiva y la permanente suba de costos”.

Poco para festejar: Muchos productos agroindustriales sufrieron un aumento de retenciones

“La rentabilidad de las economías regionales se está viendo afectada por varios motivos. Los combustibles aumentaron un 15% entre agosto y diciembre pasado, los insumos registran subas por encima de la inflación, acompañando en muchos casos el dólar “Bolsa”, y la brecha cambiaria -en torno al 90%- dificulta cualquier proyecto productivo a mediano y largo plazo”, precisó la organización de tercer grado.

El último día de 2020, mediante un  decreto, el gobierno modificó más de 4.500 posiciones arancelarias. CAME saludó esa medida que era largamente reclamada. Pero aclaró: “Si bien en algunos productos se bajaron los derechos de exportación, en otros el impuesto registró un aumento, poniendo en jaque la rentabilidad de la producción primaria en los diferentes complejos”.

Uno de estos casos, a modo de ejemplo, es el vino, donde la retención a la exportación quedó en 4,5% (una nueva alícuota creada en esta ocasión), cuando se trata de un producto industrializado cuya materia prima, la uva, paga 0%. Una irracionalidad por la que ya han empezado a reclamar políticos de fuste de las provincias cordilleranas.

Una estrategia de desarrollo que impulse exportaciones con valor agregado, no debería tener ningún tipo de impuestos sobre las exportaciones

El vino debería tener arancel 0% como lo expresa el decreto que fija para esas mercaderías.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 4, 2021

La CAME citó otro ejemplo difícil de explicar. La medida estableció una eliminación de la alícuota en el caso del jugo de manzana y, al mismo tiempo, una suba al 4,5% para el jugo de pera.

“No entendemos el criterio que se adoptó para bajar las retenciones en unos productos y subirlas en otros”, advirtió Pablo Vernengo, director ejecutivo del área de economías regionales de la entidad, que también apuntó contra la baja de los derechos de exportación a la semilla del arroz cuando se han mantenido las retenciones al arroz elaborado.

“Los productores necesitan rentabilidad para poder dar un salto cualitativo y transformar materias primas en productos finales. Para esto es imprescindible reducir la carga impositiva y eliminar los costos de intermediación que encarecen los precios de los alimentos tanto en el mercado doméstico como el externo”, agregó Vernengo.

Un informe realizado por CAME muestra que las economías regionales tienen potencial para duplicar a mediano y largo plazo el valor de sus exportaciones, pasando de los actuales 7.200 millones de dólares por año a más de 14.000 millones de dólares. Entre los diversos complejos productivos que se destacan por tener un gran potencial de crecimiento en exportaciones se cuentan, entre otros, legumbres, cítricos, olivícola, apícola, maní, arroz, peras, manzanas, uvas, lácteos, yerba, carnes, madera y vinos.

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Festejan, por un lado, que se hayan bajado a cero las retenciones para peras y manzanas o cítricos dulces. Pero no entienden por qué se aumentaron las retenciones a las exportaciones de jugo de pera, se mantuvieron las alícuotas de la leche o polvo (que sigue tributando más que la minería) o aumentaron los derechos del tabaco, lo que le resta ingresos a los productores que dan trabajo en el norte donde no abunda el empleo privado y sí la pobreza.

Poco para festejar: Muchos productos agroindustriales sufrieron un aumento de retenciones

De esto habló Bichos de Campo con Pablo Vernengo, el director ejecutivo de Economías Regionales en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien dijo que están haciendo un relevamiento con sus más de 400 entidades asociadas para saber qué pasó en cada sector, para presentar luego a las autoridades una propuesta de política integral para estas actividades.

“Desde el primer momento dijimos siempre que es un impuesto distorsivo que sirve sólo para desincentivas la producción agropecuaria y más en las economías regionales, donde tenemos que afrontar mayores costos, donde los problemas de rentabilidad son una constante y para recuperarla hay que bajar la presión tributaria”, indicó el directivo de CAME.

Escuchá la entrevista a Pablo Vernengo:

Pero en el tema retenciones y presión tributaria no se acaban los problemas de las economías regionales. “Se requieren políticas integrales”, dijo Vernengo. Por eso desde CAME pretenden sentarse con los funcionarios nacionales para debatir la integralidad del problema.

“La presión tributaria es la que más nos impacta, pero también otros costos como el gasoil o los aumentos de la mano de obra ,que tuvo una paritaria de 32% y la imposición de un bono de fin de año de 10 mil pesos al que las cámaras empresarios dijimos que no, porque no podemos, no porque no queremos. Falta rentabilidad y hay que hacer frente a estas imposiciones y es el Estado el que las impone al sector productivo”, explicó el dirigente.

Ese famoso bono está generando duras críticas en el sector. Un productor citrícola apuntó lo siguiente: “Supongamos el caso de un trabajador que trabajó cosechando en 10 establecimientos diferentes, ¿quién le va a pagar el bono, los 10 o uno sólo?”

Vernengo reiteró que el sector de economías regionales requiere de una política integral que atienda las necesidades de las diferentes realidades productivas ,al tiempo que cuestionó el poco conocimiento sobre estas actividades que tienen los funcionarios.

“En este sector interviene el Ministro de Agricultura, el de Economía, el de Desarrollo Productivo, el de Trabajo, pero poco entienden de cómo funciona”, aseguró.

Vernengo indicó que otra de las medidas que se podrían tomar para ayudar a los productores es la modificación del mínimo no imponible a partir del cual se calculan los aportes patronales. “Está congelado desde diciembre de 2018. El Gobierno para afrontar el Covid tuvo que dar el IFE o los ATP y mientras tanto a nosotros nos aumentan los costos, cuando hay instrumentos para hacer políticas diferenciales para las economías regionales, para el producto o según el nivel de escala productiva”.

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Las economías regionales están pobladas por muchos pequeños y medianos productores, los más vulnerables del sistema productivo. Desde hace tiempo que la tienen que remar contra la corriente y así van quedando fuera del sistema. Eso quedó plasmado en el último censo agropecuario, según el cual en las últimas dos décadas se perdieron 50 mil explotaciones agropecuarias en cada una de las últimas dos décadas.  

Para enfrentar esta crisis, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentaron al gobierno una propuestas de políticas de ayuda para que esas empresas puedan levantar cabeza. Vernengo explicó: “Pedimos acciones que apuntalen la campaña 2020/21, necesitamos de forma inmediata capital de trabajo para recomponer nuestras actividades. Estamos flacos de bolsillos y tenemos que hacer las actividades culturales en el invierno y prepararnos para la primavera-verano que es donde tenemos las mayores actividades”. 

Escuchá la nota completa con Pablo Vernengo:

Vernego dijo que el estudio hecho por la entidad sobre más de 30 complejos productivos indica que “necesitamos disponer de 800 millones de dólares”. Y aclaró: “Lo que si no podemos escuchar son tasas de 24%, ni 18%, ni 12%, sino que la tasa sea 0%, porque este sector viene castigado desde 2011. Desde entonces los costos fueron cada días más altos y perdimos rentabilidad en cada uno de los complejos productivos”. 

El dirigente dijo además que se requiere poner en marcha otra herramienta que a su criterio sería muy útil para estas actividades regionales: “Necesitamos políticas claras para trabajar con los Warrants. Necesitamos una ley para todos los productos transables. Por ejemplo el algodón, que está guardado en galpones y no tiene demanda. El producto cosechado no lo podemos colocar a nadie y estamos desfondeados, porque se gastaron los últimos mangos en la cosecha”, explicó. Allí los Warrants serían una buena opción para financiarse.

Finalmente Vernengo insistió con su reclamo respecto de que se necesita una rebaja de retenciones. Pidió en concreto su eliminación para las economías regionales, que pagan en promedio 5%, aunque hay actividades como el tabaco donde se paga el 12% del valor FOB del producto.

“Los complejos agroindustriales regionales exportan por 7.200 millones de dólares. Necesitamos mejorar esa oferta exportadora y para eso hay que mejorar la productividad, tener reglas claras y que la exportación sea un camino viable”, finalizó el dirigente de CAME, quien agregó que finalmente es necesario reactivar la macroeconomía y tener una política cambiaria ordenada.  

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Al presentar los resultados de una encuesta entre sus asociados de todas estas actividades productivas, CAME explicó que el Covid-19 “pegó fuerte” también en ese sector de la economía. Algunos datos son elocuentes: solo un 40% de ellas pudo hacer frente al pago de salarios con recursos propios, el 71% pudo pagar los servicios públicos, pero 30% no pudo hacerlo. Y un 45% de ellas esquivaron algún impuesto.

“En abril los productores tuvieron serios problemas para trabajar con normalidad, comprar insumos, consensuar el valor del dólar, cobrar cheques, exportar, vender, pagar salarios y acceder a los programas oficiales”, enumeró la entidad en un comunicado.

La organización recordó que el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales corresponden a economías regionales. Ese conjunto de empresas, se añadió, invierten alrededor de 4.200 millones de dólares anuales, tomando solo el capital de trabajo, sin considerar amortización.

El informe, elevado al ministro de Agricultura, Luis Basterra, incluye una encuesta, finalizada el 12 de mayo, entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que hubo un 11% de productores que no pudo cosechar/producir y otro 48% que lo hizo parcialmente.

“En conjunto, por la falta de producción y ventas, ese conjunto de productores pymes estará necesitando 812 millones de dólares en capital de trabajo, lo que les permitirá mantener la subsistencia de la explotación agroalimentaria”, precisó la rama de economías regionales de CAME.

Otros resultados de esa encuesta fueron:

• Sólo 53% de los productores relevados contó con todo su personal para cosechar/producir en abril. El 47% restante lo hizo con 75% o menos de su dotación.
• El 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materia primas o insumos, ya sea por dificultades en sí o por retrasos en la entrega. Así, los problemas en el abastecimiento aparecen como un punto de incipiente conflicto. De todos modos, por el momento el 52% pudo trabajar igual.
• Los problemas para fijar el valor del dólar aparecen también como conflictivo para el 29% de los productores, que debió comprar a valor blue, mixto, CCL o MEP. El 56% compró insumos y materia prima al dólar oficial.
• La situación de los exportadores es para prestar atención: al indagarlos sobre las dificultades que les trajeron las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en el marco del COVID-19, sólo el 26% respondió no tener inconvenientes para exportar mientras que el 74% planteó dificultades, principalmente por las demoras en la logística, las complicaciones en la tramitación de autorizaciones y registros y la volatilidad del tipo de cambio que hace difícil fijar el precio. La mayoría de los consultados consideró la caída de la demanda como una dificultad adicional.
• La cadena de pagos fue un problema, pero de menor magnitud que en otros sectores como el comercio o la industria. En abril, el 60% de los productores no tuvo cheques rechazados, mientras que el resto, ya sea en mayor o menor magnitud, sí.
• En el caso de los cheques cubiertos, el 83% de los productores no tuvo problema para afrontar sus obligaciones contraídas. El 17% sí, pero sólo el 8% tuvo más de 50% de no coberturas. Un porcentaje preocupante por sí mismo, pero menos cuando se lo compara con otras actividades de la economía.
• Cubrir las obligaciones impositivas y el pago de servicios estuvo entre las dificultades más mencionadas en el mes. Efectivamente, el 29% de los productores no pudo hacer frente al pago de servicios públicos de abril. Un porcentaje alto pero que, en algunos sectores no agropecuarios, llegó al 80%. Entre los que no pudieron cubrir servicios, las tarifas de luz aparecen como el principal problema para el 50% que las dejó de pagar. Cabe mencionar que en las economías regionales hay muchas producciones que son electrodependientes, como ser la olivicultura, la vitivinicultura y la horticultura, por solo mencionar algunas, las cuales deben recurrir a pozos profundos para poder regar.
• Peor situación se produjo con el pago de impuestos: el 55% de los productores pudo afrontarlos mientras que el 45% restante no. Entre quienes no pudieron, los mayores inconvenientes son en el pago de IVA (23%), contribuciones patronales (19%), impuesto a las ganancias (18%) e impuestos provinciales (18%).
• El 40% de los productores no pudo abonar salarios el mes pasado. Sólo 60% sí. Entre quienes lo abonaron, el 38,9% lo hizo con las ventas realizadas entre marzo y abril y un 37,4% con fondos propios.

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Ese fue el reclamo más común que surgió de una reunión mediante videoconferencia realizada por la Rama Economías Regionales de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que agrupa expresiones productiva de todo el país. Sin bancos, no hay dinero efectivo como para pagarle a las cuadrillas. Ya sea el jornal, el pago semanal o la quincena.

En una circular interna, CAME expresó este nuevo problema derivado de la pandemia del coronavirus y la estrategia oficial de aislamiento social, que incluyó el cierre de las sucursales bancarias.

La entidad, que se ha convertido en la más rpresentativa a la hora de hablar de las economías regionales, ya elevó una nota al ministro de Agricultura, Luis Basterra, planteándole la urgencia por resolver el problema. Al parecer, “ya se están realizando gestiones ante el Banco Central para arribar a alguna solución”, según informó.

Uno de los costados más crueles de esta pandemia tiene que ver con los trabajadores golondrina. Los tucumanos, como todos los años, se fueron a cosechas de otras provincias. Pero los agarró este problema. Están sin plata para volver, muchos no tienen donde dormir ni qué comer. pic.twitter.com/sDOSashmYl

— ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) April 2, 2020

El planteo de la falta de dinero en efectivo para poder pagarles a los trabajadores migrantes o “golondrina” que no tienen cuentas bancarias ni se manejan con transferencias surgió de múltiples geografías que están en plena cosecha o por arrancar con ella: vitivinícolas del cuyo, frutícolas del Alto Valle, los citrícolas de Tucumán y el Litoral, los tabacaleros del norte, los yerbateros en Misiones, etcétera. Son muchas las actividadeas productivas que todavía no se han mecanizado y requieren en cierta época del año de mucha mano de obra.

Por otro lado, en el marco de esta situación tan singular, CAME informó a los dirigentes de las regionales sobre otras acciones que, por fortuna, tuvieorn cauce en el gobierno. Entre estas figurasn el pedido de un certificado único de transporte válido para todo el territorio nacional, la solicitud de desbloqueo de la Ruta Nacional 12 y el pedido a UATRE para que en Río Negro los cosecheros pudieran trabajar con normalidad, salvo los exceptuados por edad o problemas de salud preexistentes.

La entrada Un nuevo frente de conflicto: Falta efectivo para pagarle a quienes le ponen el cuerpo a la cosecha se publicó primero en Bichos de Campo.

¿Y qué dicen estas cartas? Vernengo contó que “le estamos pidiendo al Ejecutivo que informe sobre cuáles serán las economías regionales que deberán pagar el Derecho de Exportación que exige la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva , y que a su vez diferencie el porcentaje para cada una de ellas”. En uno de sus artículos, esa ley aprobada en diciembre obligó al gobierno a que defina los productos de las economías regionales que serán alcanzados por una alícuota máxima del 5%.

Era de esperarse que a partir de los rumores que aseguraban que el Gobierno volvería a aumentar los Derechos de Exportación de los productos agropecuarios, se moviera el avispero de las economías regionales que aún no saben la calificación que el Poder Ejecutivo les dará en el marco del cumplimiento de la tan cuestionada Ley 27.541, que es la misma que habilita mover tres puntos para arriba las retenciones a la soja..

Sucede que en el artículo 52, dice que las economías regionales, aquellas que defina el Poder Ejecutivo, la alícuota no debe superar el 5%. “Lo que pedimos es que estos productos típicos de las economías regionales se encuadren en esta norma”, reclamó el funcionario de CAME.  

“Desde Agricultura nos respondieron que están analizando las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que son cerca de 7.700, porque cada economía regional puede tener distintas características”, agregó.

Vernengo no es nuevo en esto, ya que desde el 2008 está al frente de la rama de economías regionales en la Confederación, y sabe que no es la primera vez que tienen que alzar la voz para que los escuchen: “La posición de CAME sobre las retenciones es clara y fue escuchada. Somos respetuosos del acto democrático frente a una Ley, pero entendemos  que son impuestos distorsivos”, sostuvo.

También comentó que “solicitamos una reunión al ministro Luis Basterra y nos confirmaron que será pronto”, aseguró Vernengo, quien de todos modos consideró que en materia de retenciones Agricultura no tiene poder de resolución. “Lo tiene el Ministerio de Economía”, observó.

Ver Si aumenta de nuevo las retenciones, el gobierno debería cumplir también con una serie de mandatos del Congreso

El representante de las Economías Regionales también criticó lo hecho por el gobierno de Mauricio Macri, el que “a pocos días antes de terminar su mandato para sostener el dólar gastó 1.300 millones de dólares”. Según sus cuentas, esa cifra equivale a “dos años de retenciones -del 10%- que tributarían las economías regionales, porque el 2019 se exportó por 7.500 millones de dólares”, dejando ver que “lo que aportan las economías regionales en materia de retenciones es poco”.

Las actividades agropecuarias del interior representan el 63% de los 250.000 explotaciones agropecuarias de todo el país, según el último Censo Nacional Agropecuario. CAME evaluó que además dan trabajo a cerca de un millón de trabajadores en forma directa, cifra que puede ampliarse a 1,9 millones si se toman en cuenta los puestos indirectos.

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“Además de los costos debidos al Gobierno -retenciones, ingresos brutos y cargas patronales-, la distancia (flete) y falta de logística hacen que la rentabilidad sea de lo más escasa y muchos se ven obligados a dejar sus fincas”, describió Vernengo.

El directivo de CAME citó al último censo agropecuario: “Ahora tenemos datos y vemos que del 2002 a la fecha se ha perdido el 25% de los productores. Esto se va a ir incrementando si no le damos conectividad. Las nuevas generaciones no se van al campo si no tienen Whatsapp”, alertó Vernengo.

Aquí la entrevista completa con el director de la CAME:

“Tengamos en cuenta que de los 250 mil productores que todavía existen, el 63% trabajan dentro de una economía regional y son muy pocas las demandas que la política le soluciona”, se quejó Vernengo. “Solo el 1,4% de las Pymes agropecuarias exportan en forma directa, todo lo demás lo hacenn grandes agroexportadoras”, agregó.

“Desde CAME hemos peleado por imponer la Ley de Góndolas y queremos que se respeta una relación comercial de acuerdo a lo que la Pyme pueda. Tenemos que ser flexibles en esto, queremos el comercio justo”, propuso.

“Nos tenemos que poner a trabajar en un mercado transparente y ahí tenemos que empezar por el Mercado Central, que es una vidriera. Pero también hay 44 mercados sin ningún precio de referencia ni remates para transparentar los precios. Si queremos empezar a beneficiar al consumidor y al productor, nos tenemos que meter con las políticas del Mercado Central”, denunció Vernengo.

Por último, el ejecutivo enumeró prioridades de las economías regionales para corregir de cara a este año que comienza: “Tenemos muchas Pymes por debajo de la linea de flotación y tenemos que articular la reglamentación para todo lo que hace a moratoria impositiva y que les permita respirar un poco”, priorizó.

“Ademas necesitamos que nuestro aparato productivo empieza a funcionar sin capacidad ociosa, hoy estamos por debajo del 50% en general, y para eso necesitamos créditos, no te digo con tasas subsidiadas pero acordes al sistema productivo. No solo para los que presentan carpetas lindas con balances de tres años para atrás”, propuso.

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