En la actualidad el uso de paraquat está prohibido en Uruguay solamente en el cultivo de colza a partir de exigencias impuestas por la Unión Europea, principal mercado de exportación de esa oleaginosa empleada para elaborar aceite con destino a biodiésel.

El año pasado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA por sus siglas en portugués) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dispusieron prohibición de uso, importación, elaboración y comercialización de Paraquat en todo el territorio nacional a partir del 1 de agosto de 2021.

Ambas instituciones, por medio de la resolución conjunta 3/20, determinaron cancelar el registro de todos los productos técnicos basados ​​en el ingrediente activo Paraquat, mientras la formulación de los mismos podrá seguir realizándose hasta el 31 de julio de 2021.

En lo que respecta al uso de las existencias del producto, las mismas se podrán usar –dependiendo de los cultivos por tratar– hasta la finalización de la campaña productiva 2020/21, de manera tal que pasarán a estar completamente prohibidos a partir de 2021/22.

Luego de un estudio de reevaluación toxicológica realizado por la Anvisa entre 2008 y 2018, se decidió prohibir el producto –con una transición de tres años– debido a evidencias científicas vinculadas con la enfermedad de Parkinson y su potencial de mutagenicidad en personas que tomaron contacto cercano con el químico.

El Paraquat (nombre comercial del Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo) es un herbicida bipiridílco, no selectivo, de amplio espectro que actúa sobre malezas no lignificadas por contacto.

En la Argentina el Paraquat se encuentra registrado por Senasa para uso en alfalfa, algodón, alpiste, arroz, arveja, banana, caña de azúcar, cereza, ciruela, damasco, durazno, cítricos, girasol, lentejas, maíz, manzana, membrillo, persa, porotos, soja, sorgo, té, trigo, vides y yerba mate.

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La prohibición judicial al uso de varios agroquímicos tendrá vigencia por lo menos hasta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) realice una nueva evaluación toxicológica de los productos. Además del glifosato, que es un herbicida, en la lista están el acaricidad abamectina o avermectina; el fungicida Tiram, el herbicida Paraquat, entre otros.

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La jueza Tolentino de Moura “pretende, además, en lo que se refiere a la Unión, que no conceda nuevos registros de productos que contengan algunos de los ingredientes activos parationa metílica, lactofem, forato, carbofurano, abamectina, quitan, paraquat y glifosato, así como que suspenda los registros de todos los productos que se utilizan de dichas sustancias “, dice el texto judicial.

La jueza suplente determinó que la ANVISA debe realizar la evaluación toxicológica de esos productos de uso masivo en el sector agrícola hasta el 31 de diciembre de este año, bajo pena de que sus funcionarios deban pagar una multa de 10 mil reales diarios si no lo hacen. Hasta entonces, el uso de defensivos agrícolas que contienen esas sustancias quedará suspendido y no pueden ser comercializados o registrados.

El fallo judicial, que seguramente será apelado, ocurre en respuesta a una presentación del Ministerio Público Federal. La fiscalía brasileña pidió la prohibición del glifosato y  sus parientes presentando una serie de artículos científicos que dan cuenta de la presencia de ingredientes teratógenos, cancerígenos y mutagénicos en esos agroquímicos.

Por supuesto, la decisión judicial fue criticada por entidades como la Cámara Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal (Sindiveg), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja) y por empresas como FMC, Monsanto, Syngenta y Taminco.

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“Por medio de la decisión de fls. 286/289, se denegó la anticipación de los efectos de la tutela. El Ministerio Público Federal colisionó artículos científicos que confirmarían las características teratógenas, carcinogénicas y / o mutagénicas de los ingredientes activos objetados “, justifica la jueza en el documento.

Ahora el gobierno federal y sus organismos correspondientes tienen un plazo de 72 horas, a partir del viernes pasado, para manifestarse sobre el caso. Además,la jueza ordenó al Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) que participara del proceso de revisión.

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