“Estas economías buscan poner en valor la tradición y los saberes locales mediante productos exportables con marca territorial”, resume Constanza Mozzoni, coordinadora del Programa de Comunidades en el Parque Nacional El Impenetrable. “Son productos creados a partir de un ecosistema completo y funcional y que se traducen en ingresos para los vecinos”.

En el marco de “Emprendedores por Naturaleza”, la producción de harina de algarroba resurge como un producto comestible que muestra la importancia de conservar el monte en pie ya que, además de ser un producto arraigado en la cultura local, posee un gran valor nutricional y por eso es muy valorado para alimentar los animales domésticos.

Pero no solo es importante para el ganado: años atrás los vecinos colectaban las chauchas de algarrobo (Prosopis alba) para producir distintos alimentos (patay, bolanchao) y bebidas, como la conocida aloja y el arrope, sin embargo con el tiempo estas costumbres empezaron a perderse con el implícito riesgo de ir empobreciendo la cultura local.

¿Cómo se elabora el patay? Miguel Reinoso y su familia producen ese pan de harina de algarroba en Aimogasta, y buscan que prenda en las nuevas generaciones

“La primera colecta fue el año pasado, en 2020: empezamos a relevar el interés de los vecinos en junio sabiendo que la cosecha es en noviembre o diciembre”, cuenta Constanza. “Lo que tiene la algarroba es que no todos los años da buen fruto porque el clima influye mucho (si llueve o no, si hay heladas tardías) pero como el año pasado fue bueno los vecinos se entusiasmaron y en total se sumaron 23 familias de los parajes cercanos al Parque Nacional El Impenetrable y fue muy interesantes porque era la primera vez que cosechaban chauchas para vender”.

La venta de las chauchas (lograron juntar unos 2.500 kilos) se realizó al Molinos Cerrillos de Salta y este año planean llegar a cosechar a 10.000 kilos, ya que se han sumado varias familias más al ver que era una propuesta seria y factible, que les representaría un importante aumento de sus ingresos en los últimos 2 meses del año que es cuando se realiza la cosecha (y que en este 2021 ya está por comenzar).

“Otro de los objetivos es lograr las habilitaciones necesarias para vender en otras provincias, principalmente en Chaco, para fortalecer la marca territorial y darles valor a los productos locales”, explica Constanza.

A mediano plazo, “tenemos planeado montar una pequeña planta de procesado de algarroba para crear puestos de trabajo en territorio; el propósito de las acciones es darle valor al monte en pie y que sean los vecinos quienes se conviertan en sus guardianes”, añade.

Constanza cuenta que todo el proceso fue intenso y que aprendieron mucho, por ejemplo sobre el proceso de la colecta, el secado al sol y el envasado. Además, luego tuvieron que embolsar las chauchas, volver a clasificarlas y pesarlas, tarea que se realizó con la ayuda de los vecinos que participaron. Para cerrar las bolsas armaron un equipo específico, mientras otro equipo aseguraba la disponibilidad de camionetas y trailers, los permisos necesarios, y hacía averiguaciones sobre el estado de los caminos.

“Fue una gran, gran experiencia para todos”, se entusiasma Constanza. “El traspaso de la mercadería culminó con un asado debajo de un algarrobo en un santuario del Gauchito Gil. Porque de esto se trata las economías locales restaurativas, acciones donde toda la comunidad se involucra para aprovechar las oportunidades de producir y tener una opción de emprendimiento económico a futuro”.

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En este contexto la conservación privada, que es la voluntad de un propietario de destinar una porción de su territorio a la conservación de la biodiversidad, es clave.

“Lo ideal para que estos paisajes sean realmente sustentables es que la proporción de producción y de naturaleza sea 50-50”, expresa Gustavo Aparicio, naturalista y director de conservación de la Fundación  Hábitat & Desarrollo. “En nuestro país podríamos empezar por establecer que al menos el 20 o 30% de cada unidad productiva permanezca silvestre; ese es el enfoque necesario para fortalecer la conservación voluntaria como una de las mejores estrategias de conservación basada en áreas”.

La conservación privada tiene larga data en nuestro país: en 1904 Francisco “perito” Moreno donó 7.500 hectáreas para la creación del actual Parque Nacional Nahuel Huapi; en 1937 Martín Tornquist cedió a la provincia de Buenos Aires 3.228 hectáreas en las Sierras de la Ventana, para preservar la belleza paisajística de esa zona; en 1950 la provincia de Entre Ríos aceptó la donación de Enrique Berduc de 600 hectáreas próximas a la ciudad de Paraná para fundar una escuela conservando el monte nativo.

Ya más cerca de la actualidad, en 1998, la pareja danesa de botánicos Troels Pedersen y Nina Sinding, donaron sus dos estancias (1.700 hectáreas) para la creación del PN Mburucuyá. Y en 2018 otra pareja de conservacionistas extranjeros, Douglas Tompkins y Kristine McDivitt, donaron 158.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá.

“En 1993 la Fundación Hábitat y Desarrollo creó la Red Hábitat de Reservas, vinculándose primero a productores agropecuarios del norte santafesino, a la Universidad Nacional del Litoral y a empresas forestales de la cuenca del río Uruguay”, detalla Aparicio. “Actualmente poseemos una reserva propia en Misiones (Tenondé) y se encuentra en tratativas para adquirir una propiedad en la meseta de Somuncurá (Río Negro); además administramos las Reservas Asociadas Cañadón del Duraznillo y Monte Loayza, en la provincia de Santa Cruz, propiedad de estancia La Madrugada”.

A la vez, otras organizaciones ambientales también poseen programas de reservas privada, como la Fundación Félix de Azara y la Fundación Pro Yungas. Desde 1995 la Asociación Aves Argentinas administra la reserva privada El Bagual, en Formosa, propiedad de la empresa Alparamis.

“La conservación voluntaria en la Argentina ha sido principalmente un compromiso personal y familiar de muchos propietarios rurales motivados por el genuino interés de preservar espacios silvestres en sus predios, a los que no llaman reservas pero que son espacios silvestres protegidos de hecho”, reflexiona Aparicio.

“Afortunadamente en la última década se consolidó la Red Argentina de Reservas Naturales que le dio envergadura a este movimiento sobre el cual diez años atrás había todavía mucha desconfianza; además la Red ayudó a visibilizar que la mitad de las provincias no contemplaban a las reservas privadas en sus legislaciones, por lo cual no podían recibir ningún reconocimiento ni auxilio estatal. Actualmente la cantidad de provincias que incluye la figura de reserva privada se incrementó, aunque todavía falta mucho por hacer”.

Con respecto a esto de la desconfianza, el naturalista menciona que durante mucho tiempo se escuchaban frases como “lo hacen para lavar dinero” o se asociaba a la idea de que las reservas privadas sólo podían servir como apoyo a las reservas estatales, funcionando como áreas de amortiguación pero que no eran herramientas serias de conservación. “Al interior del movimiento de conservación voluntaria todavía existe cierta desconfianza entre los propietarios familiares y las empresas, por lo cual generalmente no integran espacios comunes”.

“En Latinoamérica existen redes nacionales de reservas privadas desde hace dos o tres décadas. La Argentina vino a sumarse a un movimiento ya existente que tiene mucho impulso en países como Colombia, Nicaragua, Chile o Costa Rica”, destaca.

“Algo notable al observar las áreas protegidas de otros países, es que incluyen reservas comunitarias protegidas por pueblos indígenas o comunidades locales. Esto es común en lugares como la Orinoquia, el Amazonas, el Chaco o las selvas centroamericanas y es un fenómeno que aquí no ocurre todavía”.

Según el especialista, entre las medidas más valoradas por los propietarios se destaca el apoyo técnico para la elaboración de planes de manejo y la presencia de guardaparques provinciales que recorran las áreas para controlar la caza furtiva. A la vez, como en la mayoría de las reservas privadas hay gente viviendo, cuentan con límites definidos y caminos, están en mejor situación que las reservas provinciales en cuanto a `control y vigilancia`, que suele ser el rol principal para el cual se contrata a un guardaparque.

“En las reservas privadas se emplean agentes de conservación para realizar tareas de mantenimiento de senderos y de infraestructura de uso público, apertura y mantenimiento de cortafuegos, combate de incendios, control de especies exóticas, acompañamiento de investigadores, atención a visitantes o tareas de educación ambiental”, explica Aparicio.  “Para cumplir con estas tareas cada vez es más necesaria la creación de brigadas ambientales que puedan contratarse por 2 o 3 meses para realizar algunas acciones, tal como lo hacen los prestadores de servicios agropecuarios o forestales con personal especializado”.

¿Qué ambientes naturales queremos conservar? Según el naturalista Gustavo Aparicio, no existen lugares “prístinos” y muchos ya fueron modificados por la presencia del hombre

–¿Cuál es el principal problema de la conservación privada en la Argentina?

-Que no es para siempre.

-¿Por qué no?

-Porque depende del pasar económico del propietario y, en caso de fallecimiento, de la voluntad de sus hijos o herederos.

-¿Cómo se puede solucionar esto?

-Podría adoptarse el modelo de Brasil que en 1990 creo las Reservas Particulares de Patrimonio Natural (RPPN) bajo la órbita del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La constitución brasileña de 1988 otorga una función social a la propiedad y en ese contexto se crearon estas reservas privadas, voluntarias, gravadas a perpetuidad. Se declara ante el registro de inmuebles el nuevo estado de la propiedad convertida en Reserva, reciben ayuda impositiva y esa situación no puede ser revertida. Son más de 500 en todo Brasil.

-¿Solo los ricos hacen estas cosas?

-Ya no. Hoy mucha gente vende su departamento y compra un par de hectáreas en lugares con alta biodiversidad para hacer reservas. Son personas que quieren restaurar su relación con la naturaleza y es un movimiento que está creciendo en toda América Latina.

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Los dirigentes rurales del extremo continental más sureño del país, nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), lanzaron una advertencia sobre la posibilidad de que se esconda un gran negociado inmobiliario detrás una acción de filantropía a gran escala para dotar de una mayor extensión de tierras al Parque Nacional Patagonia, creado en 2014 en la meseta del Lago Buenos Aires y sus alrededores.

Un comunicado de FIAS advirtió que en su última sesión del año, este viernes 29, la Legislatura de Santa Cruz se dispone a tratar “un proyecto de ley por el cual la provincia de Santa Cruz cedería a la Nación la jurisdicción de medio millón de hectáreas de tierras productivas y ocupadas para ampliar por diez veces el actual Parque Nacional Patagonia“.

Según la Administración Nacional de Parques Nacionales, el actual parque fue creado por Ley 27.081, sancionada a fines del año 2014 y promulgada en 2015. Posee una superficie de 52.811 hectáreas y se encuentra ubicado en el noroeste de la Provincia de Santa Cruz, protegiendo una importante porción de la Meseta del Lago Buenos Aires, incluida en la ecorregión de la estepa patagónica.

En mayo de este año, sin embargo, la Fundación Flora y Fauna Argentina efectivizó la donación  a Parques Nacionales de otras 34.000 hectáreas de la Estancia El Sauco para su incorporación al parque. La presidenta de esa fundación es Sofía Heinonen Fortabat. La entidad, creada en 2010, se presenta como “una iniciativa de ciudadanos argentinos interesados en la ampliación de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares del país, que a lo largo de estos años ha gestionado financiamiento local y de donantes extranjeros para destinarlos a proyectos de preservación de especies de flora y fauna, promoviendo la educación ambiental y la capacitación en cuestiones asociadas a la defensa y conservación del medio ambiente”. Tiene proyectos además en el Iberá correntino, en el Impenetrable chaqueño y en el Aconquija en Tucumán.

Además de las 34 mil hectáreas ya donadas, la Fundación tiene “otras 85.000 hectáreas que han sido adquiridas y más de 55 000 ha. se encuentran en proceso de adquisición, con el objetivo de ser donadas al estado Nacional para incrementar el territorio de este parque”, informa la entidad.

En este mega proyecto cuajaría la donación de tierras fiscales santacruceñas que ahora critican los ruralistas de esa provincia.

“La desmedida ambición de comprar y anular 500.000 hectáreas para aislarlas de por vida tienen el tinte de algo cada vez más argentino: el desprecio y la subestimación del prójimo. Sin tener en cuenta a pobladores, trabajadores y a la comunidad,  y empujados por autoridades nacionales de turno, ONG´s, fundaciones, fondos fiduciarios y sociedades, en conjunto con Parques Nacionales están comprando tierras a algunos felizmente sorprendidos ocupantes y a su vez patoteando a otros ya veteranos productores renuentes de entregar su historia y medio de vida desde hace más de un siglo, bajo la amenaza que en poco tiempo no podrán convivir como vecinos del Parque Patagonia si no le venden sus establecimientos”, dice el comunicado de FIAS.

Como en una buena película de cowboys, lo que los productores santacruceños están denunciando es que, con apoyo del sheriff (el Estado Nacional), hay un grupo de ambiciosos ricachones “patoteando” y “amenazando” a los ocupantes tradicionales de esas tierras. FIAS calculó que hay medio millar de personas que viven y trabajan en esos parajes de ensueño bajo disputa.

“Estos actores (por los supuestos malos de la película) siguen comprando tierras y predios mientras autoritariamente se presiona a ambos bloques políticos provinciales para que un desprolijo e incompleto proyecto sea aprobado en la legislatura antes de fin de año: la excusa es que el o los filántropos extranjeros (nadie aclara bien este punto) exigen que sus dineros destinados a tal ampliación del Parque Patagonia debe formalizarse durante 2017, caso contrario desistirían de su desinteresada donación… ¿O es que se le vencen los beneficios impositivos y por ende ya no le saldría gratis?”, se preguntan los ruralistas.

Luego, la FIAS lanza una serie de críticas al proyecto de creación de una mega área protegida. Dice por ejemplo que eso de “proteger” es en realidad una excusa, pues “van más de 100 años de desarrollo productivo en esa benigna zona y es actualmente fuente de trabajo directo e indirecto de cerca de  500 personas, que conviven y custodian  la flora y la fauna como lo hicieron los pioneros”.

Los productores de Santa Cruz recuerdan que hasta ahora todo han sido promesas y que no se han cumplido con muchas de las cosas prometidas en la ley que dio origen al Parque Nacional Patagonia en 2014. “Hay que pensar en que las localidades cercanas hoy carecen de infraestructura básica como luz, gas de red, conectividad, aeropuerto habilitado. No se conoce ningún plan, ningún acuerdo, protocolo ni documento publicado; tampoco están previstos los fondos, priorizadas las obras, ni presupuestados los recursos”, denunciaron.

Curiosamente, al denunciar un negocio inmobiliario, los dirigentes agropecuarios piden prudencia al gobierno local que está a manos de Alicia Kirchner, mientras critican a las autoridades nacionales del macrismo y en especial al flamante senador de Cambiemos, Eduardo Costa, quien se manifestó a favor del proyecto. “Esto no puede ser un trueque entre el gobierno nacional que presiona y el provincial que cede, por caprichos o negocios vaya a saber de quién. Hablamos de los recursos naturales que son de Santa Cruz, de sus aguas, de recursos arqueológicos que están sin relevar, de generaciones que viven y cuidan esos lugares, de zonas de seguridad y fronteras, de tierras fiscales”, afirmaron los ruralistas, que piden elaborar un nuevo proyecto de consenso.

Desde la Fundación ambientalista, Heinonen criticó la posición de los productores. “Es justo lo contrario a lo que dicen. Sería el negocio inmobiliario más loco que nos podría ocurrir. Si los diputados tienen dudas con respecto a la Fundación y qué intenciones tenemos, lo mejor que puede pasar es que voten esta ley y que las tierras queden definitivamente en manos del Estado Nacional. De esta manera se despejaría toda duda”, argumentó.

En un comunicado, además, Heinonen exlicó que “al contrario de lo que algunos argumentan, no formamos parte de ningún negocio inmobiliario porque no revendemos ni hacemos actividades comerciales. Todo lo contrario, convertimos capitales donados (principalmente desde el exterior, que es donde existe una tradición filantrópica) en patrimonio de todos los argentinos, para éstas y futuras generaciones. Generamos riqueza para todos los ciudadanos a partir de donaciones externas”. Puede leer el escrito entero en este link.

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