La obligación de establecer planes para “segmentar” las retenciones en favor de los chacareros más chicos fue establecida por la Ley de Emergencia Económica que se dictó ni bien asumió Fernández. En el artículo 53 de esa ley, luego de autorizar al gobierno a subir las retenciones, se establecía que “se deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas”. Pero eso sucedió solo parcialmente.

El ministro saliente Basterra implementó durante el primer año de gestión un mecanismo de reintegro de retenciones para pequeños productores de soja, que distribuyó con bastante demora unos 6.000 millones de pesos entre unos 40.000 chacareros, equivalentes a sus ventas de soja de la campaña 2019/20. Pero aunque las retenciones a la soja se mantuvieron en el tope del 33% al año siguiente, el Ministerio de Agricultura no repitió ese mecanismo o alguno semejante, incumpliendo con la obligación que le había fijado el Congreso.

Por eso Rodríguez, que lidera el bloque de Consenso Federal, aprovechó el recambio de Basterra por Domínguez en la cartera nacional para recordar que en abril pasado presentó un proyecto de ley para subsanar esta situación. El dirigente político calculó a grandes trazos que el Gobierno le estaría debiendo unos 12.000 millones de pesos a los pequeños productores de soja por este incumplimiento.

El proyecto de Rodríguez modifica el artículo 53 de la Ley 27.541, en lo referido a la “extensión de la vigencia de los Programas y Políticas de Compensación y Estimulo a los Derechos de Exportación”. Su discusión está pendiente en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación General en Diputados:

“Topo” recordó que Agricultura solo estableció a través del Decreto 786/2020 un Programa de Compensación y Estímulo que duraba solo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y que pagó a los premios las sumas que correspondían al cálculo aplicado (aunque no hay certeza de que hayan cobrado todos los beneficiarios).

Pero el diputado lavagnista subrayó que “s dable mencionar que el artículo 52 de la Ley 27.541 también establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer sus facultades hasta el 31 de diciembre de 2021”.

El gobierno ya sabe cómo devolverá a pequeños chacareros unos 140 millones de dólares de los 5.700 millones que cobrará por retenciones a la soja

“Con las actuales reglas, el Poder Ejecutivo Nacional toma para el  Estado recursos equivalentes a un año entero de compensaciones que deberían estar en manos de pequeños y medianos productores”, explicó, en referencia a que nunca se estableció un nuevo mecanismo para reintegrar a los chacareros al menos una parte de los 3 puntos de retenciones adicionales a la soja que se les descontaron, justo en un año de altísimos precios internacionales.

Por eso, Rodríguez argumentó que su proyecto de ley apunta a corregir este repentino olvido de las autoridades, un planteo que ni siquiera ha sido hecho por las entidades de la Mesa de Enlace.

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En una entrevista con Bichos de Campo, el nuevo secretario (que oficia además como viceministro de Agricultura) se refirió a diferentes cuestiones vinculadas a la política agropecuaria y em particular al comercio de granos. Defendió la idea de que el Estado debe modificar la alícuota de retenciones en función de la situación de los productores, para no asfixiarlos, y también consideró que no son aconsejable las intervenciones del Estado en el mercado, aunque las justificó en algunos casos..

Por otro lado, como histórico defensor de las políticas de segmentación, Solmi anticipó que se están ultimando detalles para hacer efectivo el pago de compensaciones pendientes a los pequeños productores de soja, una suerte de devolución que fue impuesta por ley del Congreso luego de que presidente Alberto Fernández anunciara la suba de los derechos de exportación de soja de 30 a 33% en marzo de 2020.

“Están por cobrar la cuota a los productores que vendieron luego del 30 de septiembre (era la fecha de corte establecida). Hay un cruce de datos importante y cumplido eso se les pagará seguro durante este mes”, dijo Solmi. Se trata de cerca de 4 mil productores pequeños de soja. Hay un listado de unos 37 mil productores pequeños que ya tenían orden de pago pues habían vendido su cosecha antes del 30 de septiembre. De ellos, la mayoría cobró en diciembre, pero hay quejas de varios casos impagos.

Escuchá la entrevista a Jorge Solmi:

La ley de Emergencia Económica que  impuso esta devolución de retenciones para pequeños productores permanece en vigencia, por lo que este esquema -o alguno semejante- debería repetirse mientras dure la suba de retenciones a la soja en el tipo del 33%. Al menos eso es lo que dicen los papeles. 0

Pero respecto de esa posibilidad, Solmi dijo que “tenemos que mirar que va a suceder con la (cosecha) gruesa este año, no está resuelto el cuadro fiscal. Hay una ley ley que autolimita al Poder Ejecutivo en materia de retenciones y que establece una devolución y se cumplirá con esa ley”, prometió.

El funcionario, que proviene del massismo y en el conflicto de 2008 fue un activo opositor a la aplicaicón de la Resolución 125, aclaró cuál es su postura sobre la aplicación de derechos de exportación y qué esquema le parece más conveniente-.

“Nunca me manifesté en contra de las retenciones, no debemos ser dogmáticos respecto de este tema. Hay momentos en que se pueden aplicar y otros no. Por ejemplo en los 90 había derechos de retenciones cero y más de 13 millones de hectáreas hipotecadas y estaban las mujeres en lucha trabajando para que no se rematen los campos”, recordó.

Solmi se mostró a favor de instrumentar un esquema móvil de retenciones aunque lamentó que del tema no se pueda hablar desde el conflicto de 2008. “El problema es que del derecho de retención móvil hoy no se puede hablar, es políticamente erróneo. Pero hay momentos de la economía donde no se puede soportarlas (a las retenciones) y otros sí. Hay que revisar esta cuestión y no deben ser estables en el tiempo, pero hay sectores dogmáticos que obstaculizan esto”.

En tal sentido consideró que los derechos de exportación no deben impedir que el productor invierta, se capitalice y destacó que “en función de eso debe moverse el cuadro fiscal”.

En materia impositiva informó que en el Ministerio de Agricultura se está trabajando en los “puntos finales” del proyecto de ley que impulsó el Consejo Agroindustrial y que fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En tal sentido dijo que “la idea es que el productor tenga la posibilidad de diferir y tener beneficios impositivos por ejemplo en (el impuesto a las ) Ganancias”.

Finalmente se refirió a los tan temidos cierres de exportaciones. A fin de 2020, el propio Ministerio de Agricultura cerró los embarques de maíz y eso generó fuertes críticas y enorme temores de toda la cadena agrícola, debido a los nefastos recuerdos y grandes perjuicios que causaron a los productores cuando la llave de esos registros la tenía Guillermo Moreno a través de los ROE.

“Tenemos tensiones porque en nuestro país la exportación se abastece y compromete la mayor cantidad de productos ni bien termina la campaña. Por eso el trigo ya está jugado, no hay puja o es mínima hasta la cosecha que viene. Esa modalidad genera tensiones y tenemos que tratar de que no sucedan en el futuro. Debemos estar presentes. Hay que parar la pelota, que el sector privado se trate de acomodar. Lo que menos se quiere es tener que imponer la fuerza del Estado para que los privados tengan libre juego”, aclaró el flamante funcionario.

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