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]]>El presidente, al justificar en un reportaje radial las intervenciones del gobierno en las exportaciones de maíz, que han desencadenado en una convocatoria a un paro agropecuario de tres días la semana próxima, dijo textualmente: “Los productores argentinos producen en pesos argentinos. No han tenido aumentos en las tarifas de la luz y el gas. Y han tenido aumentos muy bajos en combustibles”.
Con ese argumento, que es exactamente el mismo que utilizaba la actual vicepresidenta en aquellos días calientes de 2008 para justificar la imposición de retenciones móviles, Alberto pareció justificar las últimas decisiones de su administración en materia de intervención en los mercados agrícolas. El 30 de diciembre pasado, sorpresivamente, el Ministerio de Agricultura decidió prohibir con un recurso administrativo nuevas exportaciones de maíz para el primer bimestre de 2021. El argumento es que quedaba poco maíz disponible para atender a quienes utilizan ese grano en el mercado interno.
En declaraciones a Radio con Vos, en el programa de Ernesto Tenembaum, el presidente reclamó primero comprensión frente al problema que surge ante la suba de los precios internacionales de los commodities, que favorecen a la Argentina por un mayor flujo de divisas a la economía, pero a la vez suponen una presión a los precios internos de muchos alimentos. Lo que está en discusión, en el fondo, es qué mecanismos institucionales tiene el país para hacer frente a esta presión.
“La situación es muy delicada”, dijo el presidente. Y planteó que “todos tenemos que hacer un esfuerzo”.
“No puedo seguir funcionando en una economía normal porque no estamos en una economía normal. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en Argentina. Estamos en una situación de emergencia y hay que pensar en los que menos tienen”, dijo el mandatario, que apreció justificar esta intervención al mercado agrícola, aunque en tiempos de campaña electoral había dicho a las entidades rurales que “había aprendido la lección de 2008” y no pensaba repetir las experiencias del pasado.
“No entiendo por qué a los argentinos nos quieren cobrar el maíz a los mismos precios que en otros países, por qué me tienen que hacer pagar el maíz al mismo precio que en el resto del mundo”, se preguntó Fernández, dejando en evidencia que no aprendió demasiado de las disputas del pasado ni conoce demasiado del negocio agrícola. “El mundo demanda carne, producen en pesos, pero, ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?”, insistió.
El maíz, junto a los otros granos básicos como el trigo o la soja, tienen precios de referencia globales (como sucede con el petróleo). Por lo tanto, la Argentina es tomadora de esos valores en dólares. Luego, para aliviar el impacto de estas subas como las que se están produciendo en el mercado de Chicago (CME Group) puede aplicar algunos mecanismos de “desacople”. En rigor, además de permitir recaudar parte de la renta agrícola, las retenciones son uno de esos recursos para abaratar el precio de esos granos en el mercado interno.
Lo que se cuestiona desde las entidades rurales, además de esa presión fiscal adicional que no es común en otros países productores, es que tanto el gobierno de Cristina como ahora el de Alberto toman medidas adicionales prohibiendo las exportaciones, lo que distorsiona de modo arbitrario los precios del mercado, afectando a los productores y beneficiando a ciertos intermediarios. Por esta razón, tres entidades rurales (CRA, SRA y FAA) han lanzado un paro agropecuario de tres días, desde el próximo lunes.
Alberto agrega un ingrediente adicional a este debate, como hacía Cristina en 2008, cuando el campo enfrentó al gobierno por tres largos meses, debido a la imposición de retenciones móviles que ponían un techo a los ingresos de los productores de granos, pero no contemplaban los costos de producción, que en el caso de la cadena agrícola también suelen estar determinados en dólares.
Pero el presidente ignora que con casi todos los insumos de un productor la moneda que talla fuerte es el dólar. Pasa con la maquinaria, los agroquímicos, las semillas, el combustible, los fertilizantes. Solo la mano de obra y otros costos administrativos son los que se fijan en pesos.
El presidente dijo que las tarifas de luz y gas, que están congeladas en pesos, no habían subido para los productores. Pero en el campo no suele llegar ni electricidad y mucho menos gas. No se utilizan para producir maíz ni soja ni carne. A lo sumo esos insumos energéticos le sirven a los tambos o a los productores de tabaco del norte, que deben secar sus cosechas en hornos alimentados a gas. Cuando hay, porque en muchos casos todavía utilizan estufas a leña.
Un estudio de CREA con datos a 2018 refleja el grado de dolarización que existía en diferentes etapas o eslabones productivos de las actividades pampeanas principales, la agricultura, la ganadería bovina y la lechería. Los porcentajes pueden resultar aún más altos ahora, porque muchos costos se ubican al valor del dólar blue y en otros casos porque el estudio no contemplo ciertos costos, como las tareas agrícolas o la maquinaria agrícola, que se cotizan y facturan en pesos, pero toman la evolución del dólar como referencia permanente.
Empezamos por a lechería, que tiene una alta incidencia del alimento (balanceados), el resultado promedio es que 69% de los costos son en dólares.
En la agricultura, según este oportuno estudio de los CREA para 2018, el cultivo con mayor cantidad de costos en dólares es el girasol, con 72%. El menos dependiente de insumos importados es el sorgo, con 43%. El maíz está dolarizado en 61%.
Finalmente, en ganadería la cría (sobre pasturas naturales) tenía muy pocos costos dolarizados, solo 7%. Pero en el feedlot (debido a la incidencia de los granos) los costos dolarizados llegan a 69%. Por eso los corrales se estuvieron vaciando en los últimos meses y de golpe subió la carne.
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]]>La entrada Productores temen una pesificación de la deuda de Vicentín: En la aceitera hablan de una refundación se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La protesta organizada por el grupo de acreedores “Sumando cabezas”, se realizó el miércoles al mediodía frente al estudio jurídico Baravalle & Granados, que asesora a los síndicos del concurso de acreedores de Vicentin, ubicado en Paraguay al 700, en el microcentro de Rosario.
“El reclamo es de todos los productores, cooperativas y acopiadores que quieren que exista un proceso concursal independiente porque la apertura de concurso fue totalmente irregular y sin balances”, explicó a la agencia Télam Nicolas Galli, vocero de los productores afectados.
En ese sentido, Galli aseguró que muchos productores entienden que “el proceso se está realizando en favor de Vicentin y esto va a quedar reflejado en la estafa que están haciendo para no pagar y poder licuar toda la deuda”.
A su vez, los acreedores pidieron a los síndicos mediante un documento, “la no pesificación de las deudas adquiridas en dólares y granos”. Vicentín dejó de pagar sus pasivos en diciembre de 2019, y entonces llegaban a los 1.350 millones de dólares. El concurso de acreedores se inició en febrero de este año. Desde entonces, la cotización del dólar se disparó.
“Si pesifican, con el ritmo inflacionario que existe y la devaluación, el año que viene la deuda comercial va a quedar reducida al 30% perjudicando a todos los productores”, enfatizó Galli, expresando los temores de ese sector de acreedores. Se sabe que los bancos internacionales son los principales acreedores de Vicentin, con cerca de 500 millones de dólares; que el Banco de la Nación tiene un pasivo por cobrar de 200 millones. Pero entre productores y proveedores comerciales juntan otros 400 millones de dólares de deuda.
“Es una maniobra de la empresa para no afrontar la deuda que tiene con los productores y acopiadores. Es un fraude total”, aseveró este productor damnificado, al agregar que “Vicentin es un actor de mercado muy grande e hizo daños en el corazón productivo del país”.
También explicó que los perjudicamos “si bien no están contabilizados son muchos, pero seguramente son más de 1.000 productores, algunos en pequeña escala y otros a los que se les debe mucho dinero”, indicó Galli.
Desde la compañía concursada, que cambió a sus directores (de la familia a un cuerpo profesional) en las últimas semanas, no dieron señales sobre una posible pesificación del pasivo. Esta semana mantuvieron reuniones con varios de los acreedores tratando de llevarles tranquilidad. Uno de los casos fue con la cooperativa ACA, que tiene un pasivo a su favor de casi 90 millones de dólares.
Mientras se producía la protesta en Rosario, el nuevo directorio de Vicentinse reunió con autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y con la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos. En un comunicado, la empresa informó que se habló de “la importancia de que Vicentín pueda mantener su actividad productiva mientras las distintas partes involucradas buscan una salida ordenada del proceso concursal”.
“Las autoridades de la Bolsa expusieron el impacto que produjo en el sector la situación de Vicentín, pero expresaron también su voluntad de contribuir en la construcción de una solución que atienda las necesidades de todos los que se han visto afectados por la crisis de la empresa”, explicó el comunicado, que incluso llega a hablar de “la reinvención de una Nueva Vicentín, que resurja de este proceso fortalecida, protegiendo los intereses de sus proveedores, trabajadores y agentes financieros que contribuyeron al desarrollo y a la rica historia de la empresa”.
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