Ese beneficio a las petroleras que produjeran y refinaran más se creó a través del decreto 2014/2008, firmado por la propia Cristina Kirchner el 25 de noviembre de 2008, junto a Sergio Massa, Carlos Fernández y Julio De Vido. La medida creó un programa llamado “Petróleo Plus” que fue derogado en 2015 y otro llamado “Refinerías Plus”, que perduró hasta nuestros días y fue la excusa para otorgar ahora este exención fiscal inédita, que deja a YPF Agro en mucha mejor condición para exportar granos que a las cerealeras tradicionales.

En una medida insólita, el gobierno descontará retenciones a las petroleras que exporten productos agroindustriales: YPF será la gran beneficiada

Curiosamente la Mesa de Enlace, tras conocerse esta medida a favor de las petroleras, se apuró a denunciar que se trataba de “un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas”. Pero lo que los ruralistas desconocían es que ellos también están en condiciones de reclamar beneficios tanto o más millonarios que los que obtuvieron los extractores de hidrocarburos.

De hecho, fuentes extra-planetarias dijeron a Bichos de Campo que tanto Alberto como Cristina -en un intento por recuperar el voto rural y torcer la voluntad electoral de la mayoría de los argentinos antes del 14 de noviembre- están analizando seriamente devolver miles de millones de pesos a los productores agropecuarios, en un programa pendiente de ejecución también desde fines de 2008 y que -como el Refinería Plus- jamás fue derogado.

La Comisión de Enlace alertó que el “incentivo manifiesto a las petroleras rompe toda condición de igualdad con las empresas agroindustriales”

Un mes después de haber sancionado la iniciativa a favor de las petroleras, en rigor, Cristina firmó otro decreto de necesidad y urgencia, el DNU 2315/2008, en el cual se crearon los Programas “Trigo Plus” y “Maíz Plus”, que estaban destinados a incentivar la siembra, cosecha y comercialización de ambos granos. Fue el 30 de diciembre de 2008. Además de Cristina firmaron Sergio Massa, Carlos Fernández y Debora Giorgi. Es decir, funcionarios que son parte de la actual gestión de gobierno.

¿Qué disponía ese plan de estímulo a los productores agrícolas?

• En principio definía un Volumen de Producción Base de 13 millones de toneladas para el Programa “Trigo Plus” y de 15 millones de toneladas para el Programa “Maíz Plus”.
• Luego establecía que habría un  incentivo fiscal para los productores individuales de ambos granos que consistiría en “un monto que se determinará por cada 1 millón de toneladas de Producción Plus distribuido entre todos los productores en proporción a su participación en dicho incremento, en función de lo declarado como producción base”.
• Esa cifra de incentivo fiscal que iba a determinar el Poder Ejecutivo si el agro excedía la llamada Producción Base de trigo y maíz iba a poder ser aplicada por los productores “como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o, en su caso del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.

Eso era lo que definía a grandes trazos la generosa medida dictada por Cristina, en términos muy semejantes a la que ahora se invocó para favorecer a las petroleras, en especial a YPF.

El decreto en cuestión jamás fue derogado. Por el contrario, los diversos organismos que debían instrumentar la generosa medida a favor de los productores se apuraron a reglamentar la orden impartida por la ex presidente (ahora vice) a los pocos días: la ex ONCCA y la AFIP sacaron resoluciones reglamentarias el 9 de enero de 2009. Luego, en diciembre de 2009, hasta el propio Congreso Nacional declaró la “validez” del DNU firmado por Cristina un año antes.

Con la firma de Ricardo Echegaray, la AFIP incluso que “a los fines de lo dispuesto la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) remitirá a esta Administración Federal la nómina de los sujetos beneficiarios y el monto real del incentivo fiscal de cada productor”. Solo había que hacer los cálculos y ya: el crédito fiscal para los agricultores permitiría descontar elevados montos del pago de Ganancias y del Monotributo, como ahora la petrolera estatal podrá utilizar su crédito fiscal para descontar de retenciones.

Nunca tan claro que, como en aquel caso de las petroleras y su plan Refinerías Plus, el Poder Ejecutivo contrajo un compromiso con los productores de ambos cereales. También en esta caso han pasado los años y todo deberá ser recalculado. Pero la informatización y la acumulación de datos de cada uno de los chacareros en la AFIP ha mejorado mucho, e incluso ahora se dispone de un Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) que permite definir con exactitud cuánto produjo cada uno de los beneficiarios en las últimas campañas. De allí a definir cuál será el crédito fiscal de cada productor hay un periquete.

Nunca nadie derogó estos decretos y resoluciones. Por el contrario, el Congreso ratificó la vigencia de los Programas Trigo Plus y Maíz Plus, en los términos fijados por Cristina. Por eso es injusto el apresurado pronunciamiento de la Mesa de Enlace criticando la aplicación del programa Refinerías Plus para la sacrificada industria petrolera. Desconocían los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias que el gobierno formado por la vicepresidente Kirchner y su presidente Fernández está estudiando muy seriamente cumplir con aquella promesa que hizo 13 años atrás a los productores de granos.

Y sí, es cierto por más que le pese a los desestabilizadores dirigentes del campo: Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, están dispuestos a honrar esta deuda del Poder Ejecutivo con el sector al igual que lo hicieron con las petroleras. Porque para ellos no hay hijos y entenados.

Solamente falta calcular los montos del crédito fiscal que corresponderá a los productores, que promete acumular una suma multimillonaria. ¿Por qué? Pues porque las cosechas de trigo y maíz -más allá de un año accidentado por la sequía o por las intervenciones de Guillermo Moreno- han crecido mucho respecto de las Producciones Base fijadas en 2008 como el objetivo a superar.

En el caso del maíz se iba a establecer una suma de crédito fiscal por cada  millón de toneladas que superase las 15 millones de toneladas de cosecha. Pues bien, hay que calcular el beneficio por más o menos 45 millones de toneladas, ya que el propio Ministerio de Agricultura calcula que ahora la cosecha llega a 60 millones.

En el caso del trigo, le Producción Base fijada en 2008 había sido de 13 millones de toneladas. También en esta caso el crédito fiscal será abundante, pues la cosecha podría llegar este verano a 21 millones de toneladas.

Los contadores especializados en agro creen que, en base al exitoso crecimiento de las cosechas propiciado por los programas Trigo  Plus y Maíz Plus, será tanto el crédito fiscal que tendrán disponible los productores a partir de ahora, que no deberían pagar Ganancias por al menos 417 años seguidos. la recaudación se resentirá un poco, pero a Cristina no parece importarle demasiado eso, pues está empeñada en cumplir con su palabra. Como debe ser.

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Con esta nueva normativa, que le da marco legal al sector por los próximos 10 años, al achicarse el negocio se pone en riesgo el funcionamiento de muchas empresas pymes nacidas en los últimos 15 años. La producción de biocombustibles fue quizás la última industria que se creó en la Argentina. Surgió en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner al calor de la ley 26.093 y se tradujo en el desembolso de inversiones millonarias.

Alejandro Abad, presidente de Cepreb, la Cámara de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles, dijo que “el lado positivo” de contar con una nueva ley es “que da marco regulatorio para que exista el sector por 10 años”. Pero de inmediato aclaró que “la parte negativa es que hay un retroceso importante en los volúmenes (de producción) y eso hará que la plantas produzcan al 50% o lo que es peor, que gran cantidad de ellas cierren”.

Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:

El empresario explicó que en el país se instalaron 26 pymes productoras de biodiésel, algunas cerca de los puertos pero otras -por el incentivo fiscal que dio la ley- en provincias periféricas con la intención de mejorar su desarrollo industrial. Hay fábricas en las provincias de San Luis o La Pampa que “son mucho más vulnerables y no pueden tener el mismo nivel de eficiencia por los costos logísticos”.

Abad no pierde las esperanzas de una corrección en este camino de achicamiento. “Ojalá haya un camino por el cual a través de reglamentaciones se puede subir el corte, que no solo es un tema es un desarrollo de estas 26 empresas sino por el cumplimiento de compromisos (asumidos por el país) en cambio climático, energías renovables. Cuando el mundo hace pasos hacia adelante nosotros hacemos pasos atrás”, explicó.

El titular de Cepreb destacó que la política con esta ley terminó favoreciendo a las empresas petroleras, que ahora tendrán una porción mayor del mercado de combustibles en perjuicio también de otras industrias que se desarrollaron de la mano de las de biocombustibles.

“Con la ley anterior se desarrollaron 26 empresas y las que proveían materias primas para esas industrias, como el metilato de sodio; se dio salida al metanol que produce YPF; se establecieron empresas que procesan subproductos como la glicerina. Era un mercado virtuoso de industrialización y cuesta creer que se desande ese camino”, lamentó el empresario.

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La situación de congelar los precios del biodiésel que se debe utilizar obligatoriamente para mezclar el gasoil lleva más de 11 meses. Según los damnificados, debido a esto “la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el Gobierno Nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción”.

La parálisis alcanza a las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero), muchas de las cuales no trabajan desde hace más de 5 meses. Las cámaras hablan de “un estado de situación terminal”.

Las cámaras productoras de este biocombustible basado en la soja creen que al no actualizar los precios como marca la ley el gobierno de Alberto Fernández está jugando a favor de las petroleras.

Las pymes de biodiésel ofrecen reducir transitoriamente el corte obligatorio del gasoil para poder mantener la actividad: “Que nos permitan al menos cubrir los costos”, reclamó Tomás Lorda

“Luego de las declaraciones del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, en las que le solicita, sin medias tintas, al presidente de la Nación que privilegie a las empresas y provincias petroleras por sobre las productoras de biocombustible, se aclara el sentido de las inacciones que, desde hace un año, viene ejerciendo el gobierno nacional”, sostuvieron.

Y añadieron: “Queda más que en evidencia quiénes son los privilegiados con la decisión de dejar fundir a las empresas pymes del biodiesel de todo el país, y nuevamente ganan los poderosos de siempre, constituyendo un falso progresismo”.

Las fábricas de biodiésel agregaron que la situación es “absolutamente conocida” por el secretario de Energía Darío Martínez, y por los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. “Por lo tanto, no queda más que pensar que lo que buscan es el cierre de las empresas y la caída del régimen de biocombustibles, acatando así lo que dictan los petroleros”.

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En definitiva, les permiten a las petroleras incrementar ingresos y les congelan algunos insumos como los biocombustibles. Como tantas otras veces queda a las claras quienes tienen poder de lobby y quienes son la prioridad para las autoridades nacionales. 

Con respecto al aumento en los combustibles, el ingeniero Matías Lestani quien es el responsable de los estudios económicos de CRA, dijo que “cuando se multiplica ese aumento en el precio, donde produce un cambio de 2,6 pesos por litro, llegás a los 7.200 millones de pesos adicionales que el sector va a aportar” al negocio petrolero. 

Escuchá las cuentas que hace Lestani:

Pero además de las empresas de hidrocarburos, se beneficia el Estado por la carga impositiva de los combustibles, que también aumenta 4,5% pues viene incluida en el precio. “En cada boleta hay 36% de impuestos. Hay un 21% de IVA e impuestos a los combustibles líquidos que representan 2.650 millones de pesos aportados por el sector”, aclaró el analista de CRA. 

Según Lestani, en este contexto hay un “desbalance” entre los aumentos que va soportando el sector y los que tiene el sector petrolero, ya que “tiene al barril criollo como herramienta anticíclica, lo que a los consumidores les cuesta 4,3 millones de dólares por día”.

Frente a esta ayuda, el sector rural dispone del “fondo de emergencia agropecuaria agropecuaria, que es el único anticíclico del agro y que está fijado en 500 millones de pesos (dsde 2009), lo que significan 6 millones de dólares oficiales”. Si esa cotización se tomara al valor blue serían apenas 3,8 millones de dólares para atender emergencias climáticas como las que se vienen en un año en el que la seca parece que va a pegar duro. 

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Manuel Ron es el titular de la empresa Bio4, ubicada en Río Cuarto, al sur de Córdoba, en la zona núcleo maicera. Cuenta que la pandemia les pegó fuerte. La caída en el consumo de naftas debido a las restricciones a los movimientos de personas hizo en los últimos meses se reduzca la operatoria. 

“Hoy estamos trabajando al 70% de la capacidad instalada. Hay una capacidad ociosa importante. Algunos le encontraron la vuelta produciendo alcohol para el Covid, pero la producción para el carburante bajó fuertemente”, explicó el empresario. 

Mirá el reportaje a Manuel Ron:

Pero el otro gran problema del sector, y que también afecta a los productores de biodiesel, es el congelamiento del precio impuesto desde el gobierno. La producción de biocombustibles está regulada desde que se inició esa actividad, que tiene como principal mercado la venta a las petroleras para el corte obligatorio de las naftas y el gasoil. Por eso es el gobierno el que debe actualizar los valores bajo cierta fórmula. 

“El valor está congelado desde diciembre. Mientras, aumentó el tipo de cambio, el precio del maíz y eso se comió todo el margen: hoy trabajamos a pérdida”, dijo Ron taxativo a Bichos de Campo. 

El precio de venta para la actividad lo fija la Secretaría de Energía. Pero ese proceso que debería ser netamente técnicos, “es netamente político desde marzo de 2019, cuando Gustavo Lopetegui era el secretario del área, veníamos con precios artificiales para paliar la inflación. Llevamos más de un año con una distorsión de precios grande”, relató el empresario que está al frente de una inversión millonaria. Bio4 fue la primera de una serie de plantas que se instalaron para procesar el maíz de la zona y convertirlo en bioetanol.

La situación de congelamiento de los precios se agravó ahora, ya que el gobierno acaba de autorizar una suba del 4,5% en los precios de la nafta y el gasoil que venden las petroleras. El biodiésel y el bioetanol que se usan para cortar esos hidrocarburos al 10% y al 12%, respectivamente, no fueron actualizados.

Esa cuestión, además de generar fuertes pérdidas tiene consecuencias que la Argentina está pagando en otros rubros y que dificultarán el arranque de la economía del país ya que desincentiva inversiones o exige tasas de retorno mayores.  

La falta de previsibilidad en las reglas de juego tiene un alto costo. “Cuando se le ofrece a un inversor (la posibilidad de desembolsar dinero en el país) no lo hace si no tiene una alta tasa de retorno de 3 años, y eso se traduce en precios muy altos y no competitivos. Es el famoso costo argentino”, explicó el empresario de Bio4.

Esta situación de fondo tiene también costos sociales, porque hasta afecta la distribución demográfica, que podría ser mucho más federal y menos concentrada en los grandes centros urbanos. “Después se escucha a los políticos hablar del desarraigo y la cuestión se cae de madura: lo que complica es la falta de inversiones en el interior productivo para que la gente no se tenga que mudar”, afirmó Ron en la entrevista con Bichos de Campo. 

En busca de señales de largo plazo, Ron cree que se podría tranquilamente elevar el corte interno de la nafta con bioetanol, actualmente de 12%, hasta llevarlo al nivel de Brasil, donde llega al 27%. Para eso hace falta la prórroga del marco normativo del sector, que vence en abril de 2021, y que haya reglas de juego claras. 

En contra de estas aspiraciones de quienes producen combustibles renovables, por supuesto, aparece el poderoso lobby petrolero, que no quiere incrementos en el corte de las naftas porque le resta mercados. Ron considera que si se resolvieran estos debates pendientes “hay cabida para más inversiones” en el sector del bioetanol. 

La entrada Las fábricas de bioetanol trabajan a pérdida: Manuel Ron, de Bio4, no sabe si es peor el coronavirus o la indefinición de la política se publicó primero en Bichos de Campo.

A ese problema coyuntural se agrega un condimento más estructural: en abril de 2021 vence el plazo de vigencia de la ley que le dio marco regulatorio en 2006 a la promoción de los biocombustibles y que disparó este tipo de inversiones. Los empresarios del sector no saben cómo van a seguir esas reglas de juego.

Alejandro Abad es el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que nuclea a las pymes productoras de biodiesel para el corte en el mercado doméstico del gasoil (se lo mezcla en una proporción del 10%).

En diálogo con Bichos de Campo, Abad explicó la situación: “Desde principios de diciembre de 2019 no se actualiza el precio. La nueva administración no lo actualizó, el precio está congelado hace 8 meses, esto es previo a la pandemia y muchas otras situaciones. El atraso del precio es del 25%, por lo que se volvió imposible producir y por eso la industria está paralizada”.  

Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:

El precio intreno del biodiésel era, a diciembre de 2019, de 44.100 pesos la tonelada. Desde que arrancó el nuevo gobierno no sólo no fue modificado sino que casi no lograron atención alguna de parte de los funcionarios. “Tuvimos alguna que otra reunión, a cuentagotas, pero con las personas que toman las decisiones respecto de nuestra industria no hemos tenido relación”, se quejó el industrial. “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo parar poder destrabar este tema”, añadió. 

Abad explicó que son 26 las empresas productoras de este insumo, y que están repartidas de forma federal en diferentes provincias. Dan trabajo en forma directa a 3.500 personas y las inversiones realizadas en estos años suman 250 millones de dólares.

Algo hay que hacer con ellas. Una chance es la obligada discusión en el Congreso sobre la vigencia de la ley 26.093 que dio marco normativo a la actividad desde 2006.  “Esa ley tenía 15 años de vigencia pero entró en régimen 4 años más tarde. De cumplirse el plazo en abril, habrán sido 11 años efectivos. Por eso estamos pidiendo una prórroga para permitir una plena vigencia y el recupero de las inversiones. Estamos solicitando los cuatro años adicionales para el cumplimiento del mandato que de hecho en la ley está contemplado a sola discreción del Poder Ejecutivo”, expresó el directivo de las Pymes del biodiésel. 

La entrada El gobierno ignora a las pymes del biodiésel: “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo”, resume Alejandro Abad se publicó primero en Bichos de Campo.

El combustible es vital para la vida de todos los argentinos. Pero sobre todo para la vida de los argentinos que vivimos en el interior de nuestro país.

Cualquier cambio en el precio de cualquiera de las etapas del procesamiento de petróleo afecta a la vida  cotidiana de cada uno de nosotros, y afecta  al costo de la actividad económica hacia dentro de cada una de las empresas industriales, comerciales, de servicio y agropecuarias, que se desarrollan en nuestro interior.

Todos nos preguntamos por qué cuando baja el precio del petróleo en el mundo, en Argentina no baja el precio de la nafta ni del gasoil. Esto tiene algunas explicaciones:

• El precio del combustible tiene casi un 50% de impuestos nacionales y un 5,50% de impuestos provinciales y municipales.
• En el precio del combustible, se incluye una parte que va a las arcas de las provincias petroleras que cobran regalías, porque en la reforma de la Constitución de 1994 la regalías mineras se provincializaron. Así, para la provincia de Neuquén casi el 50% de sus ingresos se generan en regalías mineras y la provincia de Santa Cruz casi el 25% de los ingresos previstos para 2020 se generan por las regalías mineras.

Fruto de la reforma de la Constitución, todas las provincias que no tenemos actividad minera dejamos de percibir coparticipación federal de regalías, que antes de la reforma se coparticipaban.

El Estado Nacional también subsidia el consumo de gas y petróleo. Así en el 2019 se aplicaron casi 4.000 millones de dólares para el consumo.

Pero además, con fondos federales subsidiamos a las empresas petroleras. Así por ejemplo, en el año 2019 el Estado Nacional pagó unos 1.000 millones de dólares de subsidio las empresas de gas y petróleo.

En el mismo periodo, el Estado Nacional recaudo por retenciones agropecuarias 6.700 millones de dólares.

Así el interior agropecuario transfirió, vía Estado Nacional, en forma implícita al sector petrolero y a las provincias petroleras, el equivalente al 30% de las retenciones agropecuarias.

Es llamativo subsidiar a un sector privado que tiene 10 empresas como beneficiarias, que generan poco empleo directo e indirecto, y que sostienen las finanzas provinciales de provincias que están entre las de menor pobreza e indigencia de nuestro país.

Al contrario, las tres provincias de la “Región Centro” (Córdoba, Entre RÍos y Santa Fe), que aportamos casi el 70% de las retenciones agropecuarias, tenemos en conjunto el segundo mayor aglomerado de pobreza y desempleo (después de AMBA). Pero pese a estos datos reales, nuestros representantes siguen interactuando a nivel nacional como si no tuviéramos pobreza.

Siete pecados capitales: O siete impactos negativos que las retenciones dejan en la economía del interior

Con 1.800 millones de dólares podríamos subsidiar los aportes patronales y seguro de trabajo de  1 millón de empleos en todo el país, incluidas las provincias petroleras. Hoy con 1.800 millones de dólares sólo sostenemos unos 20.000 empleos directos e indirectos.

El subsidio al petróleo (“Barril Criollo”) va a mantener más alto que en el mundo el precio del combustible, cuando todas nuestras empresas necesitamos bajar costos para poder exportar.

Es llamativo, que se decidan subsidios a este sector concentrado, cuando esto repercute en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos, porque un precio alto del combustible aumenta los costos de logística, lo que aumenta los precios de los productos que pagamos en el interior, todos los habitantes.

Es llamativo que se subsidie a un sector que en todo el mundo está criticado por la demanda de prácticas ambientales menos invasivas del medio ambiente.

En los últimos 10 años,  desde el Estado Nacional transferimos al consumo, los provincias y las empresas 110.000 millones de dólares. Con esto podríamos haber instalado molinos eólicos (40.000 Mw) para producir electricidad de casi nulo impacto ambiental por el equivalente a nuestro consumo anual de electricidad.

En Santa Fe y en las provincias de la Región Centro, donde producimos biodiesel mucho más amigable con el medio ambiente, nuestros representantes no muestran ninguna preocupación por este sector al que las petroleras no compran lo que les obliga la ley. Tampoco dejan que nuestras pymes puedan abastecerse de biodisel, al 100%, para logística y labores.

La entrada El “barril criollo” es un subsidio al petróleo que perjudica a las provincias agropecuarias se publicó primero en Bichos de Campo.

Al igual que varias federaciones de transportistas, desde el palo agropecuario fue Carbap (la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) le que reclamó a viva voz que las petroleras bajen el precio del gasoil. “La competitividad de los productos procedentes de los puntos más distantes de los puertos se ven fuertemente influidos por el precio del gasoil, el cual en nuestro país está por encima de los valores que debería tener”, indicó la entidad agropecuaria.

Según este análisis, desde la aparición del Covid-19, el precio del petróleo cayó a menos de 25 dólares el barril (en la variedad Brent que es referencia para la Argentina). Pero pese a ello, en la Argentina los combustibles no han bajado su precio y, en el caso del gasoil, “se encuentran en torno a un 30% más caro de lo que deberían”, denunció Carbap.

“Instamos a analizar profundamente y rever el valor del gasoil para la producción, ya que el fijar un valor de referencia, hacia adentro del país, tan elevado con respecto al internacional, claramente nos pone en una clara situación de desventaja”, indicó la entidad agropecuaria.

Pero a las pocas horas de conocido ese comunicado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas,desinfló totalmente las chances de una revisión del valor local de los combustibles. “Los precios de los combustibles se van a mantener en los valores actuales”, enfatizó.

“Los combustibles van a mantener el mismo precio, pero estamos estudiando medidas para mantener que la producción no caiga y que no se retiren los equipos”, dijo Kulfas en declaraciones a la señal televisiva TN. Esto da la pauta que la decisión oficial es compensar a las petroleras con un precio diferenciado, más alto que el internacional. Total pagan los consumidores.

Kulfas deslizó que “estamos pensando en un esquema de aquí hasta fin de año, con revisiones cada tres meses, pero tenemos que ir monitoreando cómo se comporta el mercado internacional con los precios”. En ese sentido, el funcionario responsable del área de energía explicó que “la demanda mundial de petróleo cayó 30% como consecuencia de la pandemia y esto es algo que no se producía hace muchísimo tiempo”.

La entrada Baja el petróleo pero no el gasoil: El gobierno no impulsará las rebajas que reclaman los ruralistas se publicó primero en Bichos de Campo.

Frente a este lobby petrolero, que propone revisar la obligatoriedad del corte de naftas y gasoil, la llamada Liga Bioenergética se puso en alerta. Se trata de un bloque formado por las provincias que aportan los biocombustibles a la matriz energética nacional. Surgió de Santa Fe donde están instaladas las plantas que transforman el aceite de soja en biodiésel, pero luego se extendió a Córdoba (donde se hace bioetanol a partir del maíz) y a Tucumán, Salta y Jujuy (que producen el mismo biocombustible a partir de la caña de azúcar).

Para empezar a frenar la ofensiva de Vaca Muerta, los productores de biocombustibles señalaron que si bien ellos quizás no puedan aportar tantas divisas (el único producto exportable es el biodiésel), lo que sí aseguran es que no se gasten tantas importando gasoil. Fue su principal argumento. Dijeron que gracias al corte se evitaron importaciones por más de 27.000 millones de dólares en los últimos diez años.

Ver Los productores que invirtieron para producir bioetanol se quejan del constante cambio de las reglas de juego

“La industria de los biocombustibles no está subsidiada, al contrario de otras industrias que necesitan que les garanticen mejores precios que los fijados internacionalmente para hacer inversiones en Argentina”, expresó la Liga Bioenergética replicando las insinuaciones de los petroleros que piden un marco especial para realizar inversiones en Vaca Muerta.

El bloque reaccionó ante la supuesta pretensión de los petroleros de obtener permisos del nuevo gobierno para reducir los cortes vigentes del 12% para las naftas y del 10% para el gasoil. En estos momentos, luego de varios meses de desencuentros del sector renovable con el ex secretario de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Lopetegui, hay varias petroleras (en especial YPF) que han discontinuado el corte obligatorio, alegando que no tiene oferta suficiente para llevarlo a cabo. Lo que está en discusión, siempre y en el fondo, es el precio al cual las petroleras deben adquirir el biodiésel y el bioetanol de las empresas que lo producen.

La Liga Bionergética, en este contexto, aseguró que “no se pretende reemplazar” al gasoil o las naftas sino “complementar” la matriz energética, mediante el aporte de “un combustible de origen vegetal, renovable, menos contaminante y de producción nacional”.

Ver Gasoleros ya fue: llega el turno de los “Biodieseleros”

En la agenda está pendiente el debate sobre la conveniencia o no de prorrogar el régimen vigente desde hace más de 10 años para los biocombustibles, y que permitió su desarrollo a través de 54 plantas situadas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), y genera más de 60.000 fuentes de trabajo, directas e indirectas.

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El problema es que este pago adicional dispuesto por Lopetegui para los fabricantes del biocombustible a través de la Resolución 552/19 para sus entregas de septiembre se haría con una concidión: que las empresas pymes “renuncien a todo derecho de reclamo” por los recurrentes atrasos y cambios en las reglas de juego en las que incurrió la propia Secretaría de Energía.

Esta situación, según CEPREB, “no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”.

Ver Claudio Molina explica la errática política actual sobre biodiésel: “Es un verdadero lío normativo; ni en épocas de Moreno y Kicillof fue así”

La mencionada Resolución, publicada en los últimos días, Energía dispuso “una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción de biocombustibles establecido por las leyes 26.093 y 26.334, equivalente al 6% del precio establecido por esta Secretaría de Gobierno de Energía para el mes de agosto, aplicable a la producción entregada al mercado local durante el mes de septiembre de 2019”.

Hasta ahí parecía una retribución justa. Pero a renglón seguido la norma define que “la solicitud de las transferencias que correspondan en los términos de esta resolución deberá estar acompañada de las renuncias de las empresas productoras de petróleo y las provincias concedentes a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional”.

Cobrá y no chilles.

Las Pymes, que venían denunciando un atraso en los precios muy superior a los porcentajes que ahora concede Lopetegui, rechazzaron este convite y lo tildaron de “extorsivo”. Y recordaron todos los motivos que tienen para reclamar, incluso judicialmente. Dijeron que “a la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes conforme lo establece la ley 26.093”. 

Esto es así porque ante la falta de entrega del biocombustible por parte de las firmas Pyme que son adjudicatarias de parte del cupo, las petroleras habrían recurrido a comprar el fluido de las grandes aceiteras exportadoras, que no deberían participar del mercado doméstico.

“Estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los 600.000.000 pesos”, advirtió la cámara del biodiésel, que volvió a pedir al Estado que se respete la legislación vigente. esto es, que las petroleras compren el biodiésel para cortar el gasoil a quienes tienen cupo asignado y que ejerzan las demás funciones que le competen, como fijar los precios de ese corte en tiempo y forma, y con valores razonables que cubran los costos de producción.

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