La persona en cuestión es Luciano Di Tella, que estudió agronomía y ecología en Inglaterra, que fue productor agropecuario en el NOA, que durante 15 años se dedicó al desarrollo de la industria del GNC en Argentina y Bolivia, que fue presidente de Apymel, que pertenece a la Universidad Torcuato Di Tella desde su creación, y que entre 2008 y 2014 se desempeñó como subsecretario de Economías Regionales en el Ministerio de Agricultura. En 2001, además, fundó Yatasto, una empresa láctea ubicada en Navarro, provincia de Buenos Aires.

También en Navarro funciona Oikos, otra Pyme de su creación y sobre la cual trata esta nota.

Lo primero que dice Di Tella es que Oikos es “una prueba de concepto”, término que se refiere a una metodología usada en ingeniería de punta para probar nuevas tecnologías. Se trata de una prueba piloto que demuestra que la idea o concepto o plan de negocios es factible; en este caso Oikos es una Pyme asociada a una cooperativa de trabajo de personas que reciben el programa Potenciar Trabajo.

-¿Es decir que una parte de los sueldos de quienes trabajan la paga el Estado y otra parte usted?

-Así es. El estado paga el salario social y Oikos paga otro tanto y un plus. El objetivo es poder reincorporar trabajadores al sistema productivo del cual fueron expulsados.

-Oikos tiene una base filosófica con algunas preguntas del tipo, ¿cómo evitamos que la desigualdad siga creciendo? y ¿Cómo frenamos el cambio climático (CC)? ¿De qué forma se vincula este emprendimiento con estos temas?

-Creo que el cambio climático y la desigualdad son las dos cuestiones más relevantes de la actualidad, o por lo menos las que más me interesan.  La única manera de frenar el cambio climático es con una descarbonización acelerada, que se puede lograr con una electrificación de la matriz productiva basada en recursos renovables y una reducción drástica de nuestros consumos de proteínas animales. Y de esto se trata Oikos.

-Otro tema que usted menciona mucho es que la industria alimenticia tira mucha comida. ¿Por qué se desperdicia tanto? 

-El desperdicio de comida es un tema dramático, es un problema de los sistemas de producción, de la legislación, de los hábitos de consumo y del diseño de las cadenas de abastecimiento. Usar la frase “fecha de vencimiento “en vez de “consumir preferentemente antes de” cuesta varios miles de millones en Argentina solamente. Pero todo esto empieza a ser cuestionado, estudiado y debe ser revisado porque es ridículo seguir desperdiciando comida cuando hay tanto debate acerca de cómo se produce y de cómo haremos para alimentar al mundo.

-¿Cuántas personas trabajan en Oikos? ¿Por qué la mayoría mujeres?

-Actualmente 7 personas, pero esperamos llegar a 30 personas en 6 meses. La inclusión plena de las mujeres en el sistema productivo es otro de los desafíos actuales y la necesidad de desarrollar sistemas laborales que permitan compatibilizar esa inclusión con la maternidad y la crianza de los hijos.

-¿Por qué decidió elaborar alimentos de base vegetal?

-Porque son saludables, tienen una baja huella de carbono y porque en Argentina, a pesar de producir vegetales diversos todo el año y de buena calidad, el consumo es bajo y sobre todo de “pesadas” (papa, cebolla y zanahoria), con un poco de tomate y lechuga. Es necesario incentivar el consumo de mayor cantidad y variedad de vegetales. También por una cuestión ambiental, como dije antes.

-¿Qué producen y venden hoy en Oikos?

-Una línea de ensaladas, tartas, tortillas, hamburguesas, pastas basadas en vegetales y ya contamos con una serie de opciones veganas. Nuestros productos se comercializan frescos y frizados y por ahora vendemos solo en el partido de Navarro pero esperamos comenzar a distribuir en Buenos Aires en poco tiempo. 

-¿Hay algún producto novedoso?

-Estamos lanzando una línea de manteca de maní en baldes para uso gastronómico o para  repostería industrial. Nuestra idea es que debería ser posible producir comida basada en vegetales comprados directo en las quintas para que sea más sana, fresca y barata que la que podés cocinar en tu casa. En definitiva, lo nuestro es una versión criolla de la categoría food service, comidas elaboradas, frescas o frizadas para “ terminar” en tu casa,  categoría que  explotó durante la pandemia.

-¿Oikos es rentable?

-En septiembre del año pasado alcanzamos el punto de equilibrio.

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El pasado 1 de septiembre entró en vigencia el decreto 514/2021, que estableció la compatibilización del trabajo rural registrado con la recepción de planes sociales bajo las modalidades de trabajo temporario, trabajo permanente discontinuo o trabajo de temporada.

De esa manera, a partir de ese mes los trabajadores temporarios del agro argentino podían ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que eso derive en la desactivación, por parte de la Anses, del cobro de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.

Ya están disponibles los datos de empleo del mes de septiembre pasado y los números correspondientes al sector agropecuario no son alentadores, pues durante ese mes se registraron 319.348 trabajadores en el sector, una cifra menor a los 321.097 ocupados en septiembre de 2019.

Los datos correspondientes a septiembre de 2020 no son comparables porque, debido a las restricciones logísticas implementadas durante ese año, se hizo por demás difícil –y en algunos casos directamente imposible– el tránsito de trabajadores temporarios entre una jurisdicción y otra.

Antes del decreto 514, las personas que eran dadas de alta en un empleo dejaban de percibir los planes sociales. Por eso se esperaba que la flexibilización de la medida generase una mayor oferta de personas dispuestas a realizar labores en el agro. Pero eso no sucedió.

Entre las hipótesis detrás de ese fenómeno puede incluirse el hecho de que el decreto 514 estableció la flexibilización por un período de dos años, lo que introdujo un factor de riesgo respecto de la situación presente a partir del tercer año. Adicionalmente, además de los planes nacionales, en muchas provincias se implementan beneficios sociales que se desactivan cuando el beneficiario es dado de alta en un empleo.

Otra hipótesis posible es que los integrantes del sector al cual está dirigida la medida, beneficiarios de planes sociales sin ninguna ocupación formal, considerasen –en el actual contexto inflacionario– que no vale la pena el esfuerzo realizado para el ingreso por obtener debido al decreciente valor del peso argentino (en otra palabras: el valor del trabajo está cada más pauperizado en la Argentina).

Finalmente, no puede descartarse el hecho de que un sector de la población considere a los planes sociales como un derecho adquirido –una suerte de ingreso mínimo asegurado permanente– y que complemente el mismo con “changas” sin considerar la posibilidad de regresar al mercado formal de trabajo ni siquiera en términos temporales.

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Lo explicó bien el periodista especializado Ismael Bermúdez en una nota del diario Clarín: “Como un incentivo a la formalización, los trabajadores temporarios o de trabajo permanente discontinuo del sector agropecuario registrados ante la Seguridad Social comenzarán a cobrar desde noviembre las asignaciones familiares, con el complemento que duplica esos valores. Así el salario familiar por hijo de 5.063 pesos mensuales será de 10.126 pesos por mes para esos trabajadores rurales”.

¿Medida electoral? Como sea, con esta decisión de la ANSES este grupo de trabajadores rurales quedará en igualdad de condiciones con los trabajadores formales de ingresos familiares más bajos (hasta 78.454 pesos) y con los  monotributistas de las categorías A, B y C.

La Resolución 200/2021de la ANSES establece el siguiente anexo con los rangos y montos de Asignaciones Familiares para los casos contemplados por el Decreto N° 514/2021:

Aquel decreto establecía que “los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme a la Ley 26.727, y para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744, percibirán las Asignaciones Familiares (…) que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)”.

“A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”, recordó la circular de la ANSES.

Interpretando la letra fría de esta normativa, Bermúdez recordó que “actualmente, si no están registrados, esos trabajadores cobran la AUH (5.063 pesos por hijo) y eventualmente la Tarjeta Alimentaria. De esta manera, si son formalizados por sus empleadores siguen percibiendo el beneficio, con el valor incrementado”.

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Desde el presente mes de septiembre se estableció el régimen de compatibilización del trabajo rural registrado con la recepción de planes sociales bajo las modalidades de trabajo temporario, trabajo permanente discontinuo o trabajo de temporada.

Desde el miércoles los trabajadores temporales del campo deberían poder cobrar su salario sin perder por eso los planes sociales

Pero a partir de la resolución conjunta 8/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinó que, en el marco del nuevo régimen, las prestaciones dinerarias de los planes sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, podrán ser consideradas a cuenta del salario de los trabajadores a partir del sexto mes de iniciada la relación laboral con prestación efectiva de tareas.

Es decir: si un trabajador temporario, por ejemplo, permanece realizando tareas durante ocho meses, en los dos últimos el empleador podrá deducir el monto de los planes sociales del salario percibido en ese período por el trabajador, el cual, si bien cobrará menos que en los primeros seis meses, tendrá asegurado un ingreso por un lapso mayor al habitual.

En los fundamentos de la medida se explica que “se entiende conveniente promover la contratación de los trabajadores y trabajadoras” por medio de “la progresiva integración en el salario de las prestaciones dinerarias abonadas por dichos planes y programas sociales y de empleo en los casos que la prestación efectiva de tareas se desarrolle de manera continua durante un período superior a los seis meses de duración”.

La resolución conjunta 8/2021 establece que las “prestaciones dinerarias se considerarán integrantes de la remuneración a todos los efectos, incluso para la evaluación del cumplimiento de las normas legales o convencionales que establecen las retribuciones mínimas” establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Sin embargo, aclara que el empleador estará obligado a abonar los aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social que correspondan sobre el total de la remuneración.

Por otra parte, la resolución conjunta 8/2021 aclara que el monto de “la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con Discapacidad y/o Prenatal al que tengan derecho los trabajadores y las trabajadoras contratados o contratadas” en el régimen de compatibilidad “en ningún caso podrá ser inferior al monto equivalente al 100% del valor general de la Asignación Universal por Hijo e Hijo con Discapacidad y/o Embarazo para Protección Social, según corresponda”.

El empleo temporario en el ámbito agropecuario suele incrementarse en el primer cuatrimestre de cada año para luego descender de manera significativa durante el período invernal.

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¿Y esto que quiere decir? Que los trabajadoresdel agro argentino podrán ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que por ello la ANSES les dé de baja los subsidios sociales que cobran, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.

A pesar de que se habían presentado en el Congreso numerosas iniciativas para resolver esta problemática de la incompatibilidad que existía hasta ahora, la presión de las cámaras empresarias y los serios problemas para encontrar mano de obra disponible en las provincias agilizó el trámite y Alberto Fernández terminó por nuclear dichas propuestas en un decreto presidencial.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Dicha medida plantea una solución a la falta de mano de obra rural para actividades zafreras, provocada por el temor de los cosecheros de tomar trabajo registrado. Hasta ahora, si axceptaban ser contratados de modo legal por una empresa privada se les suspendían beneficios como la AUH.

¿Pero se podrán superponer los ingresos desde el 1° de septiembre, como dice el decreto? Marcos Williams Prim, director nacional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), indicó a Bichos de Campo que desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial se encuentran trabajando junto al Ministerio de Trabajado para hacer operativa la medida.

“Estamos trabajando a contrarreloj desde ese día para ajustar los detalles relacionados al ANSES, a la AFIP y al Ministerio en sí, principalmente para compatibilizar los sistemas informáticos que son los que permiten dar de alta un trabajador y hacer realidad la continuidad de los planes”, dijo.

Por otro lado explicó que desde las distintas delegaciones de RENATRE se ha iniciado un trabajo con las provincias y municipios para que se acojan a la nueva mecánica, de modo que quien acepte trabajar en el campo no pierda subsidios de índole provincial. “Estamos difundiendo todo esto porque lo importante, entre otras cosas, es que tanto el trabajador como los productores rurales sepan que pueden a partir de ahora contratar en blanco a las personas y que no se perderán los planes si los regularizan”.

En ese sentido, Pablo Vernengo, del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –una de las entidades que más trabajó sobre esta problemática- señaló a Bichos de Campo que planean realizar “una comunicación masiva a través de radios locales para informar a los trabajadores golondrina que está este beneficio. Hay trabajadores que no están enterados y no lo podrán usar en la próxima cosecha”.

“Tenemos que difundir esto que se ha logrado a pedido de CAME. Esperemos por el bien de todos que se llegue con la fecha porque están en juego las próximas cosechas del período 2021/2022”, agregó el director de esa entidad.

El decreto, que entrará en vigencia pasado mañana, tendrá en principio una vigencia de dos años.

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Por ahora se sabe que esta compatibilidad abarcará los principales planes sociales lanzados en los últimos años por el Gobierno (como la AUH o Argentina Trabaja), que esta compatibilidad se aplicará a partir del 1° de septiembre próximo y que tendrá una vigencia de dos años. Es decir, hasta fines de agosto de 2023.

Firmado por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el decreto establece que “es prioritario asegurar la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado mediante la compatibilidad de la percepción de los beneficios de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado en las modalidades de contratación temporarias del sector rural”.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Ahora bien… ¿Cómo se logra esa compatibilidad?

En el articulado del decreto, que seguramente necesitará de resoluciones reglamentarias por parte de las autoridades laborales, se establece que la posibilidad de seguir cobrando los planes sociales que brinda el Estado sumando ese ingreso a los de un trabajo rural registrado, es decir “en blanco” y con todos los papeles, estará vigente solo para trabajadores temporarios. No para trabajadores permanentes en el sector agropecuario.

La definición correcta de los beneficiarios es: “Aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 26.727 y su modificatoria, y las que sean contratadas para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

Esto es, en el primer caso, corresponde aplicar el Régimen de Trabajo Agrario aprobado en 2011, y los artículos hacen referencia a :

• ARTICULO 17. Contrato de trabajo temporario. Habrá contrato de trabajo temporario cuando la relación laboral se origine en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también, las que se realizaren en ferias y remates de hacienda. Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de tareas ocasionales, accidentales o supletorias.
• ARTICULO 18. — Trabajador permanente discontinuo. Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo. Este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones, salvo aquellos expresamente excluidos en la presente ley.

Luego el nuevo decreto define que “los trabajadores y las trabajadoras que sean contratados o contratadas bajo alguna de las modalidades enunciadas percibirán las asignaciones familiares correspondientes”, según los establecido, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, las que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social. A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias que se dicten, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”.

Es decir que los trabajadores rurales deberán cobrar como mínimo el valor de la AUH (actualmente es 4.504 pesos mensuales) si son contratados y cubiertos por el Régimen de Asignaciones Familiares establecido por dicha ley.

“Cuando dejen de estar cubiertos o cubiertas por el régimen general de asignaciones familiares contributivo y/o por lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 592/16, tendrán derecho a la percepción de las asignaciones universales correspondientes al inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificaciones, siempre que reúnan los requisitos pertinentes y se asegurará la continuidad de la cobertura prestacional”.

En este caso se hace referencia a un subsistema no contributivo compuesto por la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, destinados respectivamente a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en el país que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

La nueva normativa además define que los beneficiarios de otros planes sociales, como “Potenciar Trabajo” o “Argentina contra el Hambre”, “podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas” si son contratados para prestar tareas en un establecimiento rural.

En otros casos, el Ministerio de Trabajo deberá todavía “establecer las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas y planes referidos y con programas sociales y de empleo nacionales vigentes o que se instituyan en un futuro, que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social”.

¿Y qué sucede con los planes sociales que dependen de provincias y municipios? No hay nada dicho todavía, porque el decreto de Fernández solo invita a esas jurisdicciones “a adoptar los términos del presente decreto o a dictar medidas de idéntico tenor respecto de la compatibilidad de los Planes y Programas Sociales y de Empleo locales con el trabajo registrado de los trabajadores”. Incluso se invita a adherir a la Ciudad de Buenos Aires, donde no existe el trabajo rural.

El decreto también encomendó al Ministreio de Trabajo y al Renatre (el Registro Nacional de Trabajadores Rurales), “evalúen las modificaciones necesarias a los fines de adecuar la normativa vigente a los objetivos establecidos”.

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Ahora Alberto debe estar pellizcándose porque no lo debe poder creer: la m3edida no fue criticada por nadie y por el contrario fue felicitado por tomarla de los dos costados, por trabajadores y empleadores. Es una gran prueba de que una decisión así se necesitaba, en serio.

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Por un lado, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, expresó la “profunda satisfacción” del gremio por los anuncios. “Hace años que venimos planteando la dificultad o el dilema que enfrentaban los compañeros y compañeras, titulares de planes sociales, de incorporarse a la actividad laboral temporaria y perder ese beneficio si el empleador los registraba”, explicó el gremialista.

Que, luego, exageró un poco al definir la medida como “un claro hecho de justicia social que implementa nuestro presidente y que respaldamos con toda nuestra fuerza”. Justicia social sería que no hubiera necesidad de planes sociales, y que los trabajos rurales sean pagados con salarios dignos.

Por otro lado, la entidad que más impulsó la posibilidad de que se acumulen los planes sociales con los ingresos de las cosechas, fue la CAME. “El reclamo por la falta de disponibilidad de mano de obra para la realización de tareas temporales por temor a perder los beneficios sociales, fue visibilizado en reiteradas oportunidades por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y sus entidades adheridas”, recordó esa entidad, al saludar la definición presidencial.

“El anuncio se anticipa al inicio de la temporada de cosecha 2021/22 de varios cultivos y se transforma en un guiño positivo no sólo hacia los productores agropecuarios pymes, quienes sentirán alivio frente a una problemática que ya se tradujo en la pérdida de entre un 25% y un 50% de la producción total, sino también hacia los sectores más vulnerables, que tendrán mayor protección social, más oportunidades de poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y, a su vez, podrán percibir mayores ingresos”, evaluó la CAME.

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La principal explicación a la falta de mano de obra en el medio rural era que la gente prefería no tomar ese tipo de trabajos en blanco, por temor luego a perder los ingresos que percibía por los diferentes planes sociales que aplica el gobierno.

Luego de varios meses de acumular evidencias de que este diagnóstico era veraz y certero, Alberto Fernández convirtió lo que era una demanda extendida en el sector agropecuario en un anuncio en clave electoral. El Presidente encabezó este jueves un acto con la localidad de Concordia -que alguna vez fue considerada la ciudad con mayor desocupación del país-, para anunciar que a partir de ahora se aceptará que los beneficiarios de planes sociales acumulen ese ingreso con el que puedan obtener de un trabajo rural registrado.

Desde el empaque de la empresa Argencitrus, Alberto contó que esta medida formará parte de un plan oficial para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales.

“Los trabajadores en el tiempo que no cosechan han tenido el auxilio del Estado para sobrellevar el tiempo en que no trabajan. Y cuando lo recuperaban se enfrentaban al dilema de ‘me quedo con lo seguro que es mi plan o me arriesgo al trabajo sin saber que pasara mañana’. Eso genero intranquilidad en alrededor de 250.000 personas que trabajan en las economías regionales. Se necesitaba resolver el dilema de esta gente”, dijo Fernández durante la conferencia.

Una entidad que agrupa a muchas economías regionales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue una de las primeras en alertar al gobierno sobre el problema de la incompatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural registrado. ¿Qué es lo que ocurría? Muchos trabajadores golondrina prefieren trabajar en negro durante los pocos meses que dura la cosecha, ante el miedo de perder los planes de ayuda económica que reciben del Estado.

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Según cifras de CAME, las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. De acuerdo a la actividad que se realice, los costos de la mano de obra representan entre un 45% y 75% de los costos totales de las empresas.

Tal fue la crisis de incompatibilidad que este año la falta de trabajadores rurales ocasionó la baja de productividad en producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo.

La problemática había dado impulso incluso la presentación de dos proyectos de ley en el Congreso. Uno en la Cámara de Senadores de la mano de la salteña Nora del Valle Giménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales y Pymes, que contemplaba la protección de los programas de asignación universal por hijo y por embarazo (siempre que la remuneración percibida no supere dos salarios mínimos por mes); y otro desde la Cámara Baja con el diputado misionero Héctor “Cacho” Bárbaro con los mismos objetivos.

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“Ahora lo que saben es que lo que el Estado quiere que trabajen pero no quiere decir que estaremos ausentes cuando no tengan el trabajo. Ahora serán compatibles la idea del auxilio con el objetivo de trabajar”, dijo el primer mandatario y agregó: “Argentina necesita que su economía salga al mundo y que esa exportación traiga dólares porque tenemos que cargar con una deuda que nadie ha querido pero que todos tendremos que pagar”.

Habrá que ver la letra chica del decreto para conocer el verdadero alcance de la medida.

Del acto participó también el gobernador de la provincia de Entre Río, Gustavo Bordet, quien afirmó que “el anuncio fue largamente esperado” y que esta iniciativa “mejorará calidad del empleo, el ingreso y la dignidad de cientos de trabajadores”.

“Esto ocurre en Tucumán, Río Negro, Misiones y otras tantas provincias. Esto pone de pie al trabajo registrado”, sostuvo.

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La excepción contempla a los programas nacionales  de asignación universal por hijo y por embarazo, siempre y cuando la remuneración percibida por el trabajador no supere dos salarios mínimos por mes (una cifra que en la actualidad es de 58.320 pesos).

La iniciativa pretende resolver un inconveniente presente en muchas producciones regionales que requieren trabajadores temporarios, quienes no aceptan “blanquearse” al realizar tareas estacionales para no perder los ingresos percibidos por planes sociales.

Por eso, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) vienen reclamando a legisladores de los diferentes bloques que instrumenten un régimen orientado a solucionar el problema.

Del Valle Giménez aseguró a Bichos de Campo que “el proyecto tiene fuerte adhesión de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio”.

“Hay consenso favorable para que en la primera semana de junio tenga dictamen y tratamiento en el Senado”, afirmó la legisladora, quien además dijo que “ya tuve conversaciones con los diputados (de las comisiones correspondientes) y están trabajando en la misma línea”.

La ley tendría una duración de dos años, plazo en el que se espera haya una reactivación de la economía que no haga necesario el pago de subsidios sociales.

Escuchá la entrevista completa a Nora del Valle Giménez:

Desde la CAME se ilusionan con que la futura normativa resuelva el problema. En ese sentido, Pablo Vernengo, directivo de la entidad, dijo a Bichos de Campo que “para nosotros es sumamente importante, porque estamos hablando de 625.000 puestos de trabajo que requieren las economías regionales para levantar la cosecha”.

“Este año estamos todavía teniendo grandes impedimentos para conseguir personal. Hay productores, como por caso los citrícolas, que en algunos casos les quedó hasta el 30% de la cosecha sin levantar en un país donde hay gente que pasa hambre”, advirtió.

Vernengo dijo que el problema arrancó en 2013 y que recién año pudieron acceder a la vía legislativa para obtener una respuesta que no pudieron encontrar en el Poder Ejecutivo. “La solución podría ser inmediata, dado que, por ejemplo, con el personal doméstico mediante un decreto resolvieron que pueden percibir su salario más la asignación universal por hijo o embarazo”, argumentó Vernengo.

Escuchá la entrevista completa a Pablo Vernengo:

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“Debemos sostener la cultura del trabajo en el agro, armonizando adecuadamente los intereses de los actores que intervienen en este proceso”, señaló la senadora del Frente de Todos de Salta. Un proyecto semejante había sido presentado en la Cámara baja por el diputado peronista de Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro.

El día que el ministro de Agricultura aceptó que hay “gente que no quiere trabajar” por la competencia de los planes sociales

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió en los últimos horas que existe el problema de la incompatibilidad entre planes sociales y empleo registrado en muchas economías. Y prometió hablarlo personalmente con su par de Trabajo, Carlos Moroni.

En el caso del nuevo proyecto de ley ingresado en el Senado, se enfoca en “generar esta armonización con la AUH (Asignación Universal por Hijo), la Asignación por Embarazo y los programas nacionales de protección integral a los sectores vulnerables por el término de dos años”. Es decir que la senadora Giménez propone que el Estado permita la duplicidad de ingresos.

¿Por qué dos años? La senadora (foto) explica que luego de ese período “se espera que ocurrirá una reactivación económica sostenida durante el período de pos-pandemia”.

Giménez agregó en una gacetilla de prensa que de esta manera “el Estado podrá responder eficientemente a las inquietudes tanto de los trabajadores temporarios como de sus empleadores, así como brindar un importante alivio a las economías locales de nuestro interior profundo”, que según diversos testimonios no consiguen suficiente mano de obra para levantar las cosechas, “llegando a perderse entre un 25 y un 50% de la producción total”.

Según un informe elaborado en marzo por CAME, esta situación se presenta en sectores productivos característicos de provincias con importantes índices de pobreza y desempleo, tales como el yerbatero, tabacalero y citrícola, así como en la producción de cerezas, té, olivos y otros.

En el mismo documento se detalla que las producciones regionales emplean alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente a 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha.

“Para lograr una sociedad más justa y equitativa, es indispensable que el Estado preste su apoyo a los más necesitados, avanzando en el pleno reconocimiento de los derechos laborales, brindando seguridad a los trabajadores para no perder los beneficios sociales que les corresponden por ley”, destacó la presidenta de la Comisión de Economías Regionales del Senado en su proyecto para habilitar por dos años la compatibilidad de ingresos.

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