¡Pará, papá! Que eso no sería posible porque hace apenas un año, cuando asumió Alberto Fernández, el Congreso jugó -se podría decir que por primera vez- a favor del campo y le fijó límites al Poder Ejecutivo para modificar a su antojo las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX). Puede bajarlas y retocarlas (de hecho, acaba de hacerlo en el caso de las economías regionales, las automotrices o la actividad minera). Pero para subirlas tiene un límite.

Bichos de Campo recurrió a Andrés Domínguez, un abogado especializado en estas cuestiones y que trabaja como asesor de la Federación Agraria, para entender dónde estamos parados.

-Andrés, hay rumores de suba de retenciones…

-Los he escuchado, sí. Pero respecto a un posible aumento de los DEX a productos agroindustriales hay que recordar que por la que se llamo la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, la ley 27.541 también llamada de Emergencia Económica, se estipuló que los DEX iban a tener un tope máximo de 33% para la soja,(en el caso del poroto ya estamos en ese 33%), y del 15% para todos los demás productos de Argentina, no solo del campo. Ahí entrarían el maíz, el trigo, la carne. También se fijó un tipo de 5% para las economías regionales, aunque no se definió cuáles son.

-¿Es decir que por primera vez el Congreso le dijo al gobierno ‘te dejó subir retenciones, pero hasta acá’?

-En efecto, en esa ley se extendió la delegación de facultades. Esto quiere decir darle un permiso al Poder Ejecutivo para que por un decreto simple  modifique los alícuotas hasta estos topes máximos.

-¿Entonces los rumores chocan contra lo que autorizó el Congreso?

-Respecto a estos rumores (hablan de subir la soja al 40% y los cereales al 20%), lo que puede pasar sin necesidad de ir a una Ley del Congreso, sino por un decreto simple, no por un DNU, es lo siguiente: En el caso de la soja, como ya tenemos el poroto en un máximo de 33%, podría desaparecer nuevamente el diferencial y llevar los subproductos al 33% (hoy el aceite y la harina de soja tributan 31%).

-¿Y en los cereales?

-El mayor riesgo está en que trigo y maíz, que están en 12 puntos, podrían ir a 15% con un simple decreto. También la carne, que está en 9%, podría subir a 15% con un solo decreto.

-Los productos regionales acaban de retocarlos con otro decreto, en muchos casos a la baja. No tendría sentido que vuelvan a subirlos ahora. 

-En el caso de regionales hay una pequeña trampa porque no están definidas cuáles son las economías regionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del maní de Córdoba o de la leche en polvo que hoy tributan más del 5% y que podrían también subir.

-¿Así que Alberto está medio atado de manos?

-El presidente puede hacer solamente esto que te he dicho de acá a fin de año. No puede por si solo imponer aumentos de retenciones mayores. Si se quisiera llevar la soja a 35%, la carne a 18%, o maíz y trigo a 25″, eso no se puede hacer, sería anticonstitucional.

-¿Entonces hay que quedarse tranquilos?

-La regla general en la Argentina, que casi nunca se cumple, es que es el Congreso quien regula las retenciones, es una potestad de los legisladores. Esto viene desde la época en que la Argentina se armó como país y la aduana se nacionalizó. Por eso los DEX son nacionales. Lo que siempre ha pasado es que el Congreso ha delegado  esa facultad al Poder Ejecutivo. Hoy esa delegación esta vigente, con estos límites.

-¿Y es posible que el Ejecutivo no respecte esos límites?

-También la justicia  ha puesto límites recientes. Hay un fallo de 2014 llamado Camaronera, en el que la Corte Suprema dijo que solo el Poder Ejecutivo puede tocar las retenciones en el caso de que exista una delegación, y que si no existe no será valida la modificación. Hay otro fallo menos conocido, que es el fallo Danes de 2019, que declaró inconstitucional el decreto de Macri de septiembre de 2018 (cuando Dujovne puso las alícuotas de 3 y 4 pesos), porque en ese momento no tenia facultades delegadas. Se habían caído. Lo solucionaron rápidamente con una delegación que incluyeron en el Proyecto de Presupuesto 2019, y que después se amplio por la ley de emergencia de Alberto Fernández. Pero el caso Danes decreto la inconstitucionalidad de las retenciones.

-Me imagino que Macri devolvió el dinero mal cobrado a los empresarios…

-No, ja. En Argentina declarar la inconstitucionalidad de una norma no significa que la norma deja de regir. Es decir, si una norma es inconstitucional, solamente se aplica para el caso de la empresa que fue a la justicia. Pasó en este caso de las retenciones de Macri. A las demás empresas a las que les cobraron retenciones desde septiembre de 2018 hasta fin de ese año no se las devolvieron. Cada una de esas empresas debía ir a quejarse a la justicia.

-¿Y es posible que Alberto se arriesgue igual a pesar de los límites que imponen el Congreso y la justicia?

-Podría haber un pequeño riesgo de que suban las retenciones más allá de los limites establecidos en la Ley de Emergencia. Sería inconstitucional, pero no hay  un tribunal en la Argentina que controle la inconstitucionalidad de todas las cosas. Si, supongamos, suben la soja al 35%, tendrían entonces que ir los exportadores de soja a la justicia, o una empresa afectada, a quejarse, esperar el fallo. Recién ahí caería la suba, pero solo para esa empresa. Esto es un poco complicado pero no es un escenario imposible.

-¿Hasta cuándo tiene Alberto estos poderes acotados? 

-Estos límites y la autorización al Poder Ejecutivo están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir este año. ¿Qué pasa después? Las retenciones que se hayan dictado por el Poder Ejecutivo en ese periodo quedan vigentes. Por ejemplo el decreto 1060, que modificó algunas economías regionales. Si no se cambia durante todo este año, no desaparecen la retenciones. Lo que desaparece es el poder que tiene el Ejecutivo de modificarlas. Pero las retenciones quedan vigentes con la última alícuota fijada.

-¿Necesitan actualizar la ley?

-Uno supone que  para fin de año, probablemente con la ley de Presupuesto o alguna otra ley tributaria se renueve la delegación de facultades. Ahí tenemos que estar atentos, porque podría llegar a haber un nuevo tope. Por ejemplo, que el tope del 15% se lleve a 20%.

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El decreto 174/2018 publicado en el Boletín Oficial definió el nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional y confirmó los anticipos respecto de una fuerte reducción de cargos políticos en la cartera agropecuaria, donde se mantendrán las cuatro secretarías preexistentes pero sin siete subsecretarías, casi la mitad de las que tenía.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dirigida por Guillermo Bernaudo, tenía cinco subsecretarías y ahora quedaron sólo tres, ya que la Subsecretaría de Ganadería absorbió a la de Lechería y la de Agricultura, a la de Desarrollo Forestal.

La Secretaría de Mercados Agroindustriales, a cargo de Marisa Bircher, anuló la Subsecretaría de Información y Estadística Pública para dar lugar a una nueva Subsecretaría de Relaciones Agroindustriales Internacionales

La ex Secretaría de Agregado de Valor, a cargo de Andrés Murchison, cambió de denominación: ahora se llama Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y es el área que tuvo el mayor ajuste de cargos: perdió sus dos subsecretarías preexistentes, Alimentos y Bebidas y Bioindustria.

Por último, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, comandada por Santiago Hardie, fusionó dos de sus subsecretarías: la de Agricultura Familiar y la de Desarrollo Territorial.

Además de esos recortes, se anularon dos subsecretarías que dependían directamente del ministro Etchevehere: Prensa y Comunicación Institucional y la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa), que tiene a cargo la lucha contra la informalidad en varias cadenas productivas y ahora pasaría a ser una Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Agricultura.

El decreto también suprimió “los cargos extraescalafonarios con rango y jerarquía de Secretario y Subsecretario” y, en el caso de Agroindustria, la decisión afecta a María “Pilu” Giraudo, que era coordinadora de Políticas Ambientales, y al ex economista de la Sociedad Rural Ernesto Ambrosetti, quien estaba a cargo de la administración del Fondo de Desarrollo Agropecuario (Fondagro).

Según el nuevo organigrama, los organismos descentralizados de la cartera agropecuaria permanecieron sin cambios, salvo por el caso de la Unidad de Cambio Rural (UCAR), que perdió su autonomía y ahora dependería del subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Luciano Miguens.

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