Esta vez es diferente, porque antes era voces aisladas -cada una por su lado- y ahora confluyeron en un alerta más fuerte y sonoro, que de todos modos no sabemos si será escuchado. No le echen más nafta al fuego. O bioetanol. O biodiésel.

Lo cierto es que seis cámaras que nuclean a productores de esos dos biocombustibles advirtieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que sus asociados están “en una situación insostenible” después de “tres años de perjudiciales y sucesivas modificaciones en los procedimientos de determinación de precios (2017 a 2019)”, nueve meses de congelamiento y una caída de la demanda de más del 25% en 2020, debido a la pandemia.

El último tramo ha sido el peor: Los precios de los productos, que deben ser determinados por la autoridad de aplicación, están congelados desde diciembre pasado, mientras todos los costos suben.

Enviaron esta súplica a Guzmán la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, las cámaras Argentina de Biocombustibles, de Bioetanol de Maíz, de Productores de Biocombustibles en Origen, Santafesina de Energías Renovables y el Centro Azucarero Argentino.

Le reclamaron “ la urgente publicación de un precio que compense costos y contemple una utilidad razonable”.

El diagnóstico de situación es malo por donde se lo mire:

• Todas las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno se encuentran paradas por el colapso consecuente del precio fijado en diciembre de 2019.
• Las plantas de bioetanol de caña de azúcar, en plena zafra, registran costos muy por encima del precio congelado, lo que, sumado al elevado costo financiero que origina la estacionalidad para distribuir el abastecimiento en 12 meses, configura un quebranto económico para la actividad.
• Las industrias de bioetanol de maíz operan intermitentemente, agravado por los fuertes aumentos del maíz (+35% desde mayo), materia prima que representa el 60% de sus costos de producción.

El planteo del sector de biocombustibles se fundamenta en que la ley 26.093, sancionada en 2006, creó un Régimen de Promoción que prevé la obligación del Estado de establecer un precio oficial para esos productos, que compense los costos y una utilidad razonable. Esto, según la queja colectiva, “se incumple desde hace varios años, agravándose al extremo desde el congelamiento de diciembre pasado”.

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