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]]>Desde el punto de vista productivo no pareciera a simple vista que haya problemas. Pero David González Mencia, director de la agencia de medios Productiva Comunicación & Marketing (C&M) de Paraguay, aclaró que “las cuestiones negativas están ligadas a la falta de respeto a la propiedad privada. No hay seguridad jurídica a la hora de producir”.
“El productor o los inversores que siguen la parte agropecuaria tienen inconvenientes en este sentido: hoy estás sembrando y mañana te ocupan la tierra un grupo de campesinos que tienen vinculo con ciertos partidos políticos o grupos radicales. Ese es el gran riesgo que veo en la producción agropecuaria de Paraguay”, agregó el periodista.
Mirá la entrevista completa a David González:
De acuerdo a González, más allá de que hay cierta estabilidad económica y que se puede producir, se corre riesgo debido a la inseguridad jurídica. “Inclusive inseguridad física tenemos, como pasó hace poco, cuando asesinaron a un productor dentro de su cosechadora, en su propio campo, cuando trillaba el maíz. Situaciones como esta deben considerarse como una cuestión a tener en cuenta a la hora de tratar de darle un rótulo a Paraguay”, remarcó el periodista a Bichos de Campo.
Este problema de inseguridad rural, que encabeza las denuncias de los gremios de los productores en Paraguay, se da justo al inicio de una campaña que ya de por si venía bastante complicada por la prolongada sequía que atraviesan en el país.
“Comenzamos a sembrar en septiembre adelantando los tiempos por la sequía. Recién ahora terminamos de sembrar la campaña 2020/2021, y paralelamente a esa condición ambiental difícil que vivimos tenemos la situación de inseguridad reinante en el campo. A cada inicio de zafra tenemos estos episodios que exponen al productor a arriesgarse en su propio campo”, se lamentó.
Acerca de la relación entre el Gobierno y los gremios agropecuarios, González explicó que “hay un buen diálogo pero a la hora de manifestar esa voluntad para trasmitir mayor seguridad en el campo existe un desfasaje importante. Entendemos que estos grupos radicales tienen un respaldo importante y que tal vez estén ligados a acuerdos políticos con el Gobierno, el cual necesita asegurarse la gobernabilidad; es ahí donde pierde el productor en no poder tener seguridad en su actividad cotidiana”.
¿Y la presión impositiva es una preocupación en Paraguay? González expresó que “la sociedad ajena a la producción siempre pensó que la carga impositiva era baja. Sin embargo el propio ministerio de Hacienda, publicó la verdadera carga impositiva del sector productivo, donde encontramos un 22% de presión tributaria, lo que representa un punto importante a favor del agro. Antes no se tenía esa información o se ocultaba, y entonces el sector era flanco de acusaciones de parte de sectores radicales que alegaban que este no aportaba nada; hoy vemos que entre los principales 500 contribuyentes una gran cantidad de empresas están ligadas al agro”.
Consultado acerca de si Paraguay tenía, al igual que en Argentina, derechos a la exportación, González manifestó que “hay grupos políticos de izquierda que se embanderan en tratar de ser populistas y presentan en el Congreso diferentes propuestas para establecer un gravamen a las exportaciones, pero hasta hoy en día no tenemos ninguna ley concreta. De todos modos, proyectos de este tipo se renuevan anualmente”.
González aclaró que “a diferencia de países como Argentina o Uruguay, que tienen salida directa al mar, Paraguay es un país mediterráneo, ya que no posee costas marítimas, lo que le acarrea un costo logístico bastante elevado a la hora de competir; entonces, muchos de los actores de la cadena de valor consideran que Paraguay ya tiene un impuesto incluido dentro del costo de producción. Si se le sumara un nuevo gravamen a la exportación para muchos ya no sería posible producir, porque quedarían por debajo del punto de equilibrio”.
En relación a las ayudas estatales para el agro ante situaciones de emergencia como sequía, incendios o inundaciones, el periodista dijo que las mismas “son insuficientes”.
“En relación a la sequía, solo tenemos un seguro agrícola para micro productores vinculados a programas de agricultura familiar campesina que son minifundios, pero los productores que tienen un cierto nivel de tecnificación quedan a merced de lo que el sector privado les pueda ofrecer. Esta temporada también tuvimos incendios forestales importantes y 300 mil hectáreas quedaron hechas cenizas por este prolongado periodo de sequía”, explicó.
Otro punto que les juega en contra a los productores paraguayos, al igual que en otras latitudes, es que no gozan de buena valoración social, y González cree que esa imagen negativa hacia el agro “se acentuó con las redes sociales”.
“En los más de doce años que llevo trabajando en comunicación del agro, noto que la gente de ciudad tiene un cierto grado de envidia por lo que el productor ha logrado, considerando las inversiones extranjeras y los colonos que se afincaron dándole un nuevo cáliz a todo el sistema productivo paraguayo. Todo eso ayudó a este mix de acusaciones de lo que genera supuestamente el agro; deforestación, invasión de suelos que corresponden a nativos y que no aporta en materia impositiva”.
Sin embargo, González afirmó que el agro paraguayo, como cadena de valor “representa el 60% de la economía del país. Hay cerca de dos millones de personas que viven directa o indirectamente de la producción de alimentos en el país. Ese aporte impositivo es muy importante aunque en muchos casos se le quiera dar la espalda”.
En la parte ambiental también hay muchas medias verdades para el periodista. “Tanto Paraguay, como Argentina, Uruguay y Brasil son pioneros en siembra directa, que es un sistema conservacionista que ayuda a producir en armonía con el ambiente. Acá se produce en un 95% bajo este sistema; sin embargo se suele pensar que la producción mecanizada extensiva genera un daño ambiental importante, excluyendo aquellos puntos que hacen al buen desempeño, y las cabeceras departamentales del interior del país hicieron crecer ese efecto derrame de cuestionamientos al agro”, concluyó González.
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]]>La entrada El mapa de la presión ambiental: La agricultura y la ganadería no zafan de ciertas culpas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El artículo denominado “Presiones sobre la conservación asociadas al uso de la tierra en las ecorregiones terrestres de la Argentina”, fue publicado en la última edición de la revista científica Ecología Austral, y fue el resultado de un taller financiado por la Fundación Rufford, que se realizó en 2017 en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Participaron más de 25 investigadores e investigadoras de diferentes provincias e instituciones del país, de ámbitos académicos, asociaciones civiles como Fundación Vida Silvestre, y organismos públicos como Parques Nacionales, que a la vez son referentes de las 15 ecorregiones terrestres de la Argentina.
Como resultado del informe se elaboró un mapa donde se identificaron 13 presiones humanas vinculadas con el uso de la tierra que inciden sobre la conservación del ambiente. Es el que sigue:
“Representamos las tres principales presiones por cada ecorregión. Además las agrupamos para analizar qué presiones humanas comparten estas ecorregiones, aunque estén distantes en el territorio”, explicó Sofía Nanni, investigadora del Instituto de Ecología Regional (UNT-CONICET) de Tucumán, quien fue una de las impulsoras de la iniciativa junto a Ignacio Gasparri, de la misma institución.
La agricultura y la ganadería comercial fueron las presiones que más incidieron en todo el país, especialmente en ecorregiones llanas (por ejemplo, Pampa, el Chaco Seco y Húmedo, y Espinal).
Además se identificaron otras presiones más singulares, como en las Selvas Subtropicales (Yungas y Selvas Paranaense), que se agruparon principalmente por la incidencia del aprovechamiento forestal, la ganadería de subsistencia y la cacería.
También se observó que las ecorregiones de Puna y Monte, que son áridas y que abarcan sectores de mayor elevación, se agrupan por la incidencia de la extracción de recursos naturales no renovables y de ganadería de subsistencia.
Los Bosques Patagónicos fueron más particulares en cuanto a sus principales presiones (por invasiones biológicas y fuegos), y por ello no se agruparon con ninguna otra ecorregión.
Como parte del trabajo también se generó una tabla que actualiza la situación de cada ecorregión en cuanto a la superficie transformada y protegida. “No es lo mismo una presión sobre una ecorregión que tiene pocos niveles de superficie transformada, como la Puna o los Bosques andino patagónicos, que otras presiones donde hay grandes áreas transformadas, como Chaco y Pampas”, agregaron Nanni y Gasparri.
“Esta información expone que desconocemos la situación de la cobertura vegetal en muchas ecorregiones, salvo en el caso de los bosques, que se monitorea por la Ley de Bosques. “Por ejemplo, los últimos datos disponibles para las Pampas son de 2007. No sabemos cuál fue la superficie transformada desde entonces, aunque podemos inducir que se ha perdido mucho. En cambio sí conocemos las presiones que se ejercen sobre esa ecorregión”, afirmó Eugenia Periago, coordinadora del Programa Manejo y Producción Sustentable investigadora de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
The Nature Conservancy: “El medio ambiente y la agricultura deben volver a casarse”
A su vez, como anexo al trabajo se realizó un diagnóstico breve de las principales presiones que inciden sobre la conservación en cada una de las ecorregiones terrestres de Argentina, actualizando los informes de Situación Ambiental de la Fundación Vida Silvestre, que se discontinuó en los últimos 15 años.
Sebastián Aguiar, investigador del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (FAUBA-CONICET), advirtió que en este período de tiempo la superficie convertida en la región chaqueña ha sido muy grande”. “Del mismo modo, el litio pasó a ser a un recurso estratégico global, agregó Gasparri”. Por esta razón resultaba crítico actualizar la situación ambiental de las ecorregiones del país.
El resultado del informe, que ahora ha sido divulgado por el sitio Sobre la Tierra, de la Facultad de Agronomía (Fauba), indica que se necesitan diferentes estrategias de manejo ante las presiones identificadas, dependiendo de si los factores que las promueven son locales o regionales.
“Los agentes causales relacionados con la agricultura y la ganadería comercial suelen ser nacionales, regionales o globales, como la demanda de soja de China para alimentar sus cerdos. En cambio encontramos otro grupo de ecorregiones donde operan presiones singulares, a una escala más local. Entonces las estrategias para controlarlas deberían ser distintas”, dijo Gasparri.
“Cuando la fuerza conductora es global, como la demanda de algunos commodities agrícolas (como soja) o minerales (como litio), la Argentina sólo podría hacer un plan de adaptación. En otros casos, como la tala selectiva de madera que se usa en mercados de mueblería locales o la cacería de subsistencia, se trata de problemáticas endógenas, que quizás se pueden manejar con políticas o estrategias domésticas”, consideró.
Por otra parte, Aguiar destacó que la planificación de políticas públicas ambientales ocurren a niveles políticos administrativos. Esto significa que muchas veces las decisiones se toman a nivel provincial, como sucede con los ordenamientos territoriales, que sólo tienen en cuenta los límites políticos y no sistemas ecológicos. “Este trabajo muestra la necesidad de hacerlo también a nivel de ecorregiones y atendiendo sus dinámicas socioecológicas particulares”, aseguró.
El informe publicado podría ser tenido en cuenta para diseñar políticas públicas y para explorar, de manera más detallada, los impactos positivos y negativos de las presiones humanas sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía. “Esta revisión y cuantificación pueden ser interpretadas como la agenda de cosas a las que deberíamos prestar más atención”, afirmó Gasparri.
El trabajo cobra importancia en el marco de los convenios internacionales que firma la Argentina, como los objetivos de Aichi para conservación global de la biodiversidad, que establecen proteger 17% de los ecosistemas terrestres tomando las ecorregiones como referencia, entre otros objetivos estratégicos que deberían alcanzarse de aquí a 2020, establecidos por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. “Las tablas que elaboramos indican que estamos muy lejos de alcanzar esas metas”, advirtió Aguiar.
“Además del convenio de biodiversidad, existe una estrategia nacional de biodiversidad que tampoco cumplimos, del mismo modo que sucede con las metas de reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sobre las cuáles debería trabajar la Argentina como parte del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, dijo Periago.
“El análisis del estado ambiental de las ecorregiones, con sus presiones y amenazas puede ayudar a promover una discusión que incida sobre las políticas públicas orientadas a controlar la transformación de ambientes naturales, con prácticas amigables vinculadas con la fauna, la vegetación y las poblaciones locales”, señaló, y agregó que la Ley de Humedales, que actualmente se está discutiendo, puede ser un buen punto de partida. La información también serviría para debatir los potenciales futuros acuerdos comerciales de nuestro país, como los que se podrían establecer con China y la Unión Europea.
Por último, se destacó que la información generada por el equipo de investigadoras e investigadores debería actualizarse de manera periódica, con un monitoreo de las superficies transformadas, para disponer de información año a año sobre la situación ambiental en cada ecorregión.
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