“La Ley de Emergencia congeló el mínimo no imponible para los aportes patronales a las Economías Regionales en 17.000 pesos, que rigen desde febrero de 2019”, alertó Domínguez. Luego apuntó que ese congelamiento duraría hasta diciembre de 2020 y que entre ambas puntas habría “una inflación esperada que no bajará del 100%”.

“Esto implica que en los hechos más trabajadores dejarán de estar incluidos en el beneficio (de desgravación de aportes patronales), y que los que lo están paguen más”, apuntó el experto. Así, el freno alcanza a muy diversas actividades, como la producción de frutas, algodón, tambos, arroz, yerba, vino, entre otros sectores.

El artículo 22 de la Ley 27541, mal llamada “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Publica”, dice literalmente: “Los empleadores comprendidos en los decretos 1.067 del 22 de noviembre de 2018, 128 del 14 de febrero de 2019 y 688 del 4 de octubre de 2019 y su modificatorio, con los requisitos y condiciones previstos en esas normas, deberán considerar que la suma a la que se refiere el primer párrafo de este artículo es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de 17.509,20 pesos, la que no sufrirá actualización alguna”.

En febrero pasado, y con vigencia desde marzo, el ex presidente Macri había dispuestos una suba del mínimo no imponible que ahora se congela para un total de 44 actividades productivas regionales, tal como ya les había concedido a los sectores textil, calzado, marroquinería y curtiembres. El Mínimo No Imponible por debajo del cual ,os empresarios no pagaban aportes por sus empleados se elevó de 7.004 pesos a los mencionados 17.500 pesos. Eso implicaba que para todos los sectores beneficiados pagarían cargas solo por la diferencia entre el sueldo del trabajador y ese tope.

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De acuerdo con un comunicado oficial de ese momento, la medida beneficiaría a 24.000 empresas que emplean a más de 250.000 trabajadores en todas las provincias del país. El costo fiscal de esta medida sería de aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales.

Las economías regionales, que en buena medida están nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tiene otro flanco delicado en la nueva Ley de Emergencia Económica. Desde esa entidad incluso se reclamó “exceptuar” al sector de la suba de retenciones contemplada es ese mamotreto legal, pero no han tenido todavía respuesta del gobierno.

“Productos tales como arroz, maní, legumbres, frutas finas, yerba, tabaco, miel, entre otros, deben contar con un trato impositivo diferencial que incentive a los productores a encarar una planificación de trabajo a corto y mediano plazo”, señalaron desde CAME. También advirtieron que el nivel de rentabilidad en estas economías regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive, los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.

“El impacto fiscal de la suba de retenciones a las Economías Regionales es insignificante para el Estado y, a su vez, muy representativo para el interior productivo que genera miles de empleos en mano de obra intensiva”, explicaron desde la entidad, donde calculan que el aporte al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares, aplicando las tasas de entre 3 y 4 pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.

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No se puede decir que “el campo la sacó barata” porque estamos hablando de retenciones, que siempre son dolorosas, y porque esos 400 millones de dólares de más que los productores ceden al Estado puede significar que muchísimas explotaciones ingresen en zona de pérdida. Pero el otro escenario, el de máxima, era bastante peor e implicaba la transferencia de unos 1.300 millones de dólares.

Augusto había planteado un aumento de las retencionesl 30% para la soja y al 12% al maíz y al trigo, que es la que finalmente se conoció el sábado. En el escenario más temido y que por ahora no se concretó, establecía el 35% para soja, el 20% para el trigo y el 15% para el maíz, como venían analizando distintos analistas.

Como finalmente, y por ahora, el esquema que quedó es el menos oneroso, el aporte de estos granos en materia de retenciones para la campaña 2019/20 pasaría de los 4.600 millones de dólares que iban a pagarse hasta el viernes pasado (con retenciones de 24.7% para la soja y de solo 6,7% para trigo y maíz) a unos 5.000 millones. En el peor escenario, que por ahora se evitó, el “aporte” hubiera llegado a 5.900 millones.

No se puede suspirar de alivio ni nada parecido, porque en el análisis de la BCCBA también se apunta que el dinero que el Fisco, cualquiera sea el signo del gobierno a cargo, le ha venido sacando al agro sumó 84.000 millones de dólares desde que el tributo se reimplantó en 2002, luego de la gran crisis de 2001. Y acá no hay ideología que valga ni nada parecido. Es plata. Y es una lógica que se repite.

Según esta gráfico preparado por la BCCBA, con claridad el gobierno de Cristina Kichner fue el que más dinero recaudó por esta vía, con un total de 54.000 millones de dólares en sus dos períodos. En esto tienen que ver no solo las altas alícuotas (llegaron al 35% en la soja) sino también y especialmente los altos precios internacionales de los granos. La baja de esos precios, más que la baja de la presión fiscal, explican por qué la recaudación por retenciones se redujo a 17.000 millones de dólares en los cuatro años de Mauricio Macri.

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“Estamos en contra de las retenciones, pero el tema es el contexto”, aclaró Iannizotto al abrir una jornada realizada por Coninagro en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), y en la que los cooperativistas recibieron a varios de los candidatos a la presidencia de la Nación, incluyendo a Mauricio Macri.

El dirigente agropecuario subrayó que “si hay una situación de pobreza y de emergencia social, en la cual hay abandono de campos, más del 50% de jóvenes no tienen trabajo y el 32% de la población está bajo la línea de pobreza, con qué cara el campo no se va a parar con una mirada solidaria frente a esta situación”.

Iannizzotto, por otro lado, sostuvo que “el desarrollo del país lo debe marcar la política, no la economía”, y consideró que “los sectores gremiales debemos marcar la unidad de dónde y cómo vamos hacia el desarrollo”.

Luego de quejarse porque “en la política hay mucha banalidad”, el dirigente cooperativista indicó que en el caso de Coninagro “estamos transitando por el camino de aportar ideas. Ya no se acepta un punto de partida donde esté la imposibilidad de escucharnos y la imposición de ideas. Se aceptan los disensos pero en el marco de una construcción de consensos”, afirmó,

Para eso, consideró que “un pacto social económico es imprescindible” en el nuevo periodo de gobierno, y opinó que “las autoridades son las que deben dar el paso”.

Según la mirada de Iannizzotto, ese “es el gran déficit: las autoridades y los dirigentes políticos tienen que proponernos no una mirada sectorial sino una integral que abrace a todos”.

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