Se trata del denominado “consenso fiscal”, que será anunciado la semana que viene, a partir del cual se habilitarán topes máximos para que las provincias determinen las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para las diferentes actividades productivas.

El proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.

Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que soporta la mayor carga impositiva.

Una vez lanzada la iniciativa, la misma deberá ser aprobada en el Congreso, algo que el año pasado recibió el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés), quienes seguramente volverán a validar el proyecto en 2022.

Diputados radicales que responden a los gobernadores de Jujuy y Corrientes votaron junto a los kirchneristas a favor de liberar a las provincias para que suban Ingresos Brutos

El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.

En lo que respecta a la actividad agropecuaria, más allá de las alícuotas propias de la actividad, el hecho de aumentar la presión tributaria sobre los diferentes bienes y servicios requeridos por el sector impacta de manera directa en los costos de producción.

El proyecto de “consenso fiscal”, que fue comunicado esta semana por Fernández de manera personal a un grupo gobernadores afines, no deberá ser validado por el gobiernos de San Luis y La Pampa porque, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción de Ingresos Brutos hasta su completa eliminación), cuentan con plena libertad para fijar alícuotas del impuesto en cuestión.

“Esto no significa que las provincias deben aplicar esas alícuotas; incluso pueden aplicar alícuotas menores si así lo desean. Simplemente lo que se hizo fue armonizar los topes máximos”, explicó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en referencia al proyecto que será anunciado la semana que viene.

La funcionaria remarcó que el proyecto en sí mismo “no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”.

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El hecho lo descubrió Guillermo García, vicepresidente de Ciara-CEC, la entidad que agrupa a las industrias que integran el sector que genera la mayor parte las divisas que recibe la economía argentina, y decidió –con un toque de humor– compartir tan particular situación en redes sociales.

El gráfico en cuestión, presentado durante una charla ofrecida por Diego Coatz, director Ejecutivo y Economista Jefe de la UIA, llama mucho la atención a primera vista, porque aparece el agro con una presión tributaria sustancialmente inferior a la del transporte, el comercio y la industria. ¿Se trata de un gráfico que hace referencia a Canadá? ¿Quizás Australia? No, está referido a la Argentina.

El misterio se acaba cuando se lee la “letra chica” del gráfico en cuestión, dado que allí se da cuenta de que el cálculo no incluye derechos de exportación. Un gran olvido.

Adicionalmente, el gráfico está elaborado con datos del año 2019, cuando la presión tributaria vigente por entonces en el agro era mucho menor a la presente a partir de 2020 con la gestión de Alberto Fernández.

“Si estamos arriba de la curva de 45 grados, es que se aporta más a la recaudación que al PBI. La industria es un sector grande y con mucha presión tributaria formal”, afirmó Coatz durante su conferencia, aunque sin aclarar en ningún momento que el cálculo estaba hecho con datos del año 2019 y que no consideraba el impacto de los “pesadísimos” derechos de exportación.

Pero con esos datos tan convenientemente presentados, Coatz aseguró inmediatamente que, por supuesto, la industria debería ser prioridad al momento de diseñar un plan de estímulo o promoción. Obviamente

De la presentación de la Jornada de UIA ayer… me sorprendio…pero el detalle esta en las notas al pie…

Es para que lo vea FADA @DavidMiazzo pic.twitter.com/tAi1RNVvJA

— Guillermo Garcia (@GG56114) December 2, 2021

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Fernández, en una entrevista al programa Telefe Noticias, blanqueó: “Estamos pidiendo la facultad para aumentar tres puntos las retenciones”, al hablar sobre una serie de medidas económicas para mejorar la recaudación.

“Pero he dicho en campaña que vamos a tomar las medidas en conjunto; aspiro a que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del diálogo social, y la gente del campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa”, agregó, como para alivianar el anuncio de lo que se viene.

Días atrás, voceros oficiales habían instalado la idea de que se iba a conciliar con el sector un esquema de retenciones que premiara el agregado de valor, con alicuotas menores para los productos más elaborados. Esto da a pensar que la suba de retenciones al 33% que se propone para la soja, sería solamente para el poroto y no para el aceite y los derivados. Sería este el regreso de los “diferenciales históricos” de que gozaba la industria aceitera, y que eliminó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

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Storni relató que, cuando comenzaron, una década atrás, “la Argentina estaba prácticamente sola en el mercado en los meses de septiembre, octubre. Había una ventana muy atractiva con muy buenos precios, donde no tenía mucha competencia”.

Pero de inmediato aclaró: “Hoy Argentina no está sola en el mercado de arándanos, y compite contra Perú que se acerca a ser el principal exportador mundial, y con Chile aunque en este caso no compita en directo con Argentina, además de Sudáfrica y otros países que crecen y están mucho tiempo en el mercado, como es el caso de México y Marruecos”.

Mirá el reportaje completo a Adolfo Storni:

Storni dice que la competencia en el mercado mundial del arándano en contraestación se intensificó mucho por mérito de los otros países (en especial Perú, que hasta 2012 no producía la fruta) y por probleas internos propios de la Argentina. “Muchos años el tipo de cambio estuvo sobrevaluado, hubo falta de acuerdos de libre comercio, la presión tributaria, las retenciones, la conflictividad laboral, con problemas serios para competir en una actividad de mano de obra intensiva contra otros países productores que tienen valores mucho más bajos. Y luego están los errores de los productores”, describió.

Ver: Contrato de exclusividad: Una empresa argentina producirá arándanos de diseño australiano pensando en el mercado global

Acerca de cómo mejorar la actividad, el empresario dijo que “Argentina tiene mucho que hacer a nivel producción, desde la elección de correctas variedades, hasta desarrollar productos que puedan viajar y estar 30 días en un contenedor hasta llegar a destino.”

Sucede que, según explicó Storni, hay una reconversión del negocio de arándanos que es forzada por las nuevas circunstancias. En rigor, ahora hay países competidores que tienen mucho más volumen y menores costos, y en consecuencia hay que reconvertir las 2.700 hectáreas cultivadas hacia variedades que puedan ingresar al mercado en otra época del año, pero además para pelear por nichos de calidad.

“Por el tipo de clima y suelo, Argentina y Uruguay tienen muy buen sabor y color de las frutas, y esto se da también en cítricos y frutas de pepitas. Pero también es cierto que hay mucha competencia. Estamos en una transición que, en el mercado de arándanos, apunta a la búsqueda de productos que duran más, y que el medio de transporte, que nació como vía aérea, vire hacia el contenedor (que se envía por barco). El 90% de los volúmenes exportados de Chile, Perú y Sudáfrica se hace en contenedores. Para hacer esto, Argentina debe cambiar variedades y trabajar con frutas de mejor calidad, y eso se logra con diferencial en campo y empaque”, afirmó el productor.

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“Hoy el ingreso de los argentinos es menor que hace ocho años atrás y para una salida es muy necesario contar con la fuerza del agro. Sin el campo no hay salida pero solo con el campo no alcanza”, rubricó el ex ministro de Economía entre 2003 y 2005.

Aquí la entrevista completa con el candidato:

En cuanto a la presión tributaria, Lavagna apuntó que “en estos ochos años aumentó en ocho puntos, lo que significa 40 mil millones de dólares anuales que salieron de la gestión privada para pasar a la pública. El Estado se apropió de esos fondos”, informó.

Yendo a las retenciones, el tema que está siempre al tope de la agenda agropecuaria, Lavagna explicó que según su visión “hay dos maneras: la postura demagógica de decir que las van a eliminar, como hizo el gobierno actual. O bien, una propuesta más realista en el marco de una reforma tributaria integral que baje la presión que ahoga la economía”.

Lo ideal, según el economista, es que “este impuesto grosero y bruto, que son las retenciones, se vaya transformando en un impuesto a las ganancias”.

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“Estamos de acuerdo con la medida porque es un claro mensaje hacia lo que planteamos de modo constante, en función de bajar la presión impositiva para recuperar rentabilidad y obtener competitividad. Y se abre una gran oportunidad en la medida en que avance el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE)”, evaluó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Came.

Díaz Beltrán explicó que “en la Came representamos a 1.491 entidades gremiales y empresarias de diferentes rubros y en todo el país. Entendemos que tenemos una representatividad pyme muy importante, y no cabe ninguna duda de que todas estas pymes soportaron mucho la inestabilidad macroeconómica”.

“La presión impositiva, las altas tasas y la falta de créditos, son variables que venimos soportando y necesitamos que se acomoden para hacer funcionar las economías regionales, que son el primer eslabón del motor que genera la actividad en el comercio, en la industria y en el consumo en sociedad”, se explayó.

Escuchá el reportaje completo a Gerardo Díaz Beltrán:

En cuanto a la agenda de temas pendientes, Díaz Beltrán remarcó que “para que haya rentabilidad y competitividad, debemos discutir una reforma impositiva y una nueva ley de empleo en Argentina. Tenemos que trabajar sobre el costo laboral, y no solamente sobre el salarial. Y debemos fortalecer a las pymes, las cuales viven del consumo interno en un 90%”.

Para el directivo de la Came, “hay mucho trabajo por hacer de simetría con países regionales, pero también tenemos una oportunidad con el acuerdo Mercosur- UE. También tenemos que poder discutir el logro de un sistema financiero que contenga a las pymes, y no que las combata, pero para eso hay que dejar de lado mezquindades, tanto lado del Estado como del lado financiero y empresario”.

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Las economías regionales y las Pymes vienen reclamando fuerte por el impacto distorsivo que sobre sus negocios tuvieron las retenciones de 3 o 4 pesos por dólar exportado que se aplican desde septiembre de 2018. En algún sector del gobierno tenían listo un decreto que nunca se firmó, y que preveía bajar de la alícuota más alta a la más baja para ese tipo de sectores. Ahora la fórmula elegida parece ser otra.

“Se eliminan los derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida sólo es aplicable para exportadores de menos de 50 millones de dólares por año”, dice el informe oficial que da cuenta de las medidas adoptadas por el gobierno dentro de un nuevo paquete económico.

Cómo se aplicará esta medida es una incógnita todavía. Lo que queda claro que es no será de inmediato, ya que habrá que comprobar el aumento de las exportaciones de 2019 contra las del año pasado antes de poder acceder al beneficio. Por lo tanto, se presume que esta eliminación no podrá hacerse efectiva en lo que queda de este periodo de gobierno de Mauricio Macri.

Para peor, el ministro Nicolás Dujovne sembró todavía más dudas que aclaraciones sobre esta mecanismo, ya que declaró que las retenciones se eliminarán sobre “el incremental” de las exportaciones logrado por las Pymes respecto del año pasado, y no sobre todas las exportaciones. Si se lee bien esto, quiere decir que si una Pyme exportó un 10% más en 2019, habría una supuesta eliminación de los derechos de exportación sobre ese porcentaje adicional y no sobre el conjunto de los embarques.

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Desde el arranque, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se refirió al tema de las retenciones y utilizó el mismo relato que el presidente Mauricio Macri. Destacó que el oficialismo las considera “un mal impuesto” y que si hubo que volver a aplicarlas fue a causa de la emergencia económica del país, Dicen los macristas que a diferencia de otras épocas estas nuevas retenciones (de 3 o 4 pesos por dólar exportado) se cobran a todas las actividad, lo cual tampoco resulta muy realista . En definitiva, mal de muchos, consuelo de pocos y de tontos.

Ya contamos en Bichos de Campo qué dijo otro postulante posible a la Presidencia, el ex ministro de economía Roberto Lavagna. Ahora, la frutilla del postre la puso el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Gobierna una provincia agropecuaria y periférica, donde conviven con la ganadería y la soja actividades regionales como el tabaco, los cítricos y el poroto.

En una de los pasillos de Expoagro por donde transitan los productores agropecuarios, Urutubey fue consultado por periodistas de Canal Rural y sin mayor preocupación sostuvo: “La Argentina debe eliminar ya las retenciones al valor agregado, porque no es todo lo mismo”.

“Después discutamos las retenciones vinculadas a las exportaciones de materia prima,pero es insostenible que la Argentina cobre retenciones al valor agregado, porque lesiona el trabajo y el desarrollo social del país y por eso es urgente hacerlo”, indicó el salteño.

De esa frase se desprende que para Urtubey que el productor resigne ingresos no daña el tejido social del interior, la generación de trabajo ni el desarrollo productivo.

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El extenso análisis arroja como resultado general que el regreso de las retenciones (a niveles del 28% para la soja y sus derivados y del 10% para los cereales), “tendrá impactos significativos sobre las principales cadenas de valor agroindustriales”, en varios aspectos.

La imagen de Drácula que regresa a por sus víctimas parece ser la adecuada. Con los colmillos nuevamente clavados en el cuello de la cadena agrícola, según el trabajo, sumando esta campaña agrícola 2018/19 y la que viene 2019/20 la recaudación por retenciones aumentaría nada menos que 92% (se añaden 5.445 millones de dólares) en comparación con lo que se hubiese recaudado bajo el esquema previo.

Ver el documento Cambios en Derechos de Exportación: Efectos sobre las Campañas Agrícolas 2018/2019 y 2019/2020 

“Esto convierte al Estado en el actor con la mayor participación en el valor agregado generado por estas cadenas”, dice la crítica de esta película de terror. Satisfecho de tanto chupar sangre, nuestro Drácula criollo estaría en mejores condiciones de cerrar bien sus cuentas. 

Pero el regreso de las retenciones, como contrapartida, “tendrá impactos negativos sobre el área sembrada, la inversión por hectárea, la producción, la molienda y las exportaciones” del sector agrícola. La Bolsa de Cereales, en este punto, alertó que “la reducción del área sembrada en la campaña 2019/20 podría alcanzar el millón de hectáreas”. Es lo que sucede cuando el famoso vampiro aprieta mucho: se pierde fuerza, flaquean los músculos. 

“Para la suma de las campañas 2018/19 y 2019/20, el Producto Bruto Agroindustrial sufriría una disminución de 2.762 millones de dólares. En otras palabras, como consecuencia de los cambios, la economía argentina resignaría 0,2% y 0,4% de crecimiento durante los años 2019 y 2020”, evaluó el equipo de economistas de la Bolsa de Cereales. Solo por el achicamiento de las exportaciones ingresarían menos divisas, unos 2.239 millones de dólares menos en los dos periodos.

“Los resultados del documento se encuentran en línea con los resultados usuales en la literatura: los impuestos a la exportación redundan en pérdidas de eficiencia, reducción de los saldos exportables y contracción de la frontera agrícola. En ese marco, y a pesar de la urgencia que implican los desequilibrios de las finanzas públicas, es importante tener en cuenta que la inversión y las exportaciones son dos componentes clave de la demanda agregada, pensando en un proceso de crecimiento económico sostenible”, sintetiza el trabajo.

Luego de exponer el daño que la angurria de nuestro Drácula criollo provocará en el sector, la entidad cerealista recomendo algunos remedios para enfrentar al monstruo. No, nada de cruces y mucho menos una estaca de madera clavada en el corazón. Simplemente, “y tal como proponía originalmente la Reforma Tributaria sancionada en 2017, resulta imperioso avanzar en la eliminación de impuestos altamente distorsivos como son los derechos de exportación y los impuestos a los ingresos brutos”.

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En un documento que enviaron a Bichos de Campo, los integrantes del CIEA dijeron que “la política oficial llevada adelante de mega-devaluar la moneda genera una transferencia de ingresos mayúscula hacia ciertos sectores de la actividad económica, en particular los agroexportadores”.

Ver Página oficial del CIEA

Los economistas hicieron cuentas en el actual escenario. “Considerando el caso de la soja, la campaña 2018/19 se encarará a un valor del dólar un 115% más alto nominalmente que el que regía al momento de sembrar la 2017/18 (tipo de cambio pasó de $17,5 a $38 por dólar). Considerando el dato USDA, que acaba de prever una cosecha Argentina de 57,5 millones de toneladas, y asumiendo provisoriamente un precio de venta como el actual (precio futuro a mayo/19 de 309 USD/tn), esto implica una masa de dinero adicional del orden de los 365.000 millones de pesos como facturación de la producción (sin contar liquidación de stocks, que con este marco cambiario se supone será muy importante)”.

El documento aclaró que “es cierto que esto es ingreso total de la cosecha y no ganancia, pues muchos costos (claramente no es el caso de los salarios de los obreros rurales que explota el agronegocio) están cuasi-dolarizados. Pero de cualquier forma el margen se agiganta en proporción”.

Los economistas de la UBA, basándose en un estudio del académico Diego Fernández, tomaron como costo preliminar de la nueva siembra de soja unos 420 dólares. También hicieron los cálculos con un rinde promedio de 3 toneladas. Por lo cual concluyeron que “existe un excedente, descontando retenciones, de 266 dólares la hectárea, unos 10.000 pesos promedio al cambio del 31 de agosto”.

De ese modo evaluaron que “un campo sojero de 5.000 hectáreas explotado por administración arroja un ingreso anual, ya descontadas las retenciones actuales e imputando beneficios de economías de escala asociadas a esa envergadura productiva, de aproximadamente 60 millones de pesos”.

Estos cálculos, para los expertos en economía, son suficiente argumento como para apoyar una suba de las retenciones a la soja. “Se impone la necesidad de gravar a la cúpula que controla lo esencial del agronegocio agrícola, recurriendo a la imposición y/o aumento de los derechos de exportación”, afirmaron.

Más allá de los números, esta postura no está libre de contenido ideológico. En efecto, los académicos que son coordinados por Eduardo Azcuy Ameghino, el director del CIEA, apoyan a tono con muchos políticos opositores que “los costos de la crisis recaigan sobre grupos que han sido beneficiarios de las políticas del gobierno”.

“El impuesto aquí juega un doble rol. Por una parte, incrementando la recaudación fiscal y consiguientemente reduciendo el déficit del Estado, tan declamado por el gobierno y el FMI. Cada punto de retenciones a la soja y sus derivados podría aproximarse (si son eficientemente recaudadas) en la más que significativa suma de 6.750 millones de pesos”, estimaron.

Pero el reclamo del CIEA no se quedó allí, ya que también pidieron que se analice reimplantar las retenciones al trigo y al maíz, eliminadas por completo en diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos.

Según los académicos de la UBA, una medida de ese tipo “permitirán limitar el encarecimiento de productos de primerísima necesidad para el consumo y para otras actividades agropecuarias”.

Pero además los expertos de la Facultad de Económicas proponen al gobierno, en este nuevo escenario, diseñar “un sistema de reembolsos” con la propia recaudación por retenciones (que son cobradas a las exportadoras) “para contribuir a modificar de forma progresista la estructura social agraria, que experimenta en las últimas décadas un intenso proceso de concentración productiva”. Es decir, proponen cobrar más retenciones, pero devolver parte de ellas a los productores más chicos.

En ese sentido, recordaron que según cálculos de la ex ONCCA alrededor de entre el 10 y el 15% de los productores registrados dan cuenta del 70% de la producción sojera. “Elevar las retenciones a la soja, por ejemplo a un 45% solamente para estos estratos superiores –es decir de manera segmentada-, permitiría avanzar hacia un escenario menos concentrado, en el que ganen protagonismo como sujetos los productores de base familiar y demás pymes del mundo rural”.

Así concebida, analiza el CIEA, la suba de retenciones “mitigará las ganancias por economías de escala que obtienen los grandes productores (terratenientes capitalistas, gran capital arrendatario y pooles)”, a la vez que aportarían casi 90.000 millones de pesos a la recaudación. 

Todo dicho. Para saber cómo piensa Azcuy Ameghino traemos a la memoria este reportaje que hace algunos meses le hicimos en Bichos de Campo: 

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