Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y referente de Cambiemos en esta discusión, señaló que luego de la media sanción del proyecto anexo al del Presupuesto, “los inmuebles rurales siguen exentos del pago de (el impuesto a los) Bienes Personales, cualquiera sea su destino y afectación”.

En pocos días, de este modo, el agro logró abortar una amenaza concreta de importancia. En el proyecto original impulsado por el oficialismo y sus aliados (varios gobernadores peronistas), se eliminaba la exención vigente hasta ahora sobre los inmuebles rurales y se obligaba a los productores a pagar 0,75% de su valor fiscal como Bienes Personales por los campos valuados en más de 20 millones de pesos (la inmensa mayoría). 

En una primera instancia, ante el malestar visible que esta medida provocó entre los productores (que ya venían de digerir la reimposición de retenciones a la exportación), Cambiemos aceptó reducir esa alícuota de 0,75% al 0,25% vigente para las sociedades anónimas propietarias de campos. Pero como la resistencia rural siguió luego buscó diferentes opciones, como permitir a los productores de carne y hueso utilizar ese pago de Bienes Personales para cancelar luego el pago de Ganancias. 

Finalmente nada de eso prosperó y los inmuebles rurales en manos de productores no tributarán Bienes Personales y se evitará la doble o triple imposición (provincias ya cobran tributos inmobiliarios) sobre los campos en producción. Esto, que parece un privilegio, no lo es tanto, pues los industriales o las Pymes no tributan Bienes Personales sobre sus bienes productivos. 

Los diputados opositores Marco Lavagna (Frente Renovador) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) fueron dos aliados importates del agro para torcer finalmente la historia y mantener la excepción. Fueron ellso quienes en el debate solicitaron a Laspina que quitara del dictamen que llegó al recinto la nueva imposición a los inmuebles rurales.

Todo este debate se produjo en el marco de una mayor para la aprobación del Persupuesto 2019. El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el apoyo de algunos peronistas referenciados en gobernadores, consiguió ese objetivo en horas de esta madrugada, luego de una jornada cargada de tensón política y con incidentes frente al Palacio Legsialtivo.

Finalmente se envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2019 y las leyes económicas complementarias. Para conseguir la aprobación del Presupuesto, el oficialismo contó con el apoyo de una veintena de integrantes del interbloque peronista Argentina Federal, y de diputados referenciados en algunos gobernadores no peronistas, además de los tres diputados de Evolución. Asi, consiguió 138 votos a favor del proyecto, contra 103 que sumaron kirchneristas, massistas, izquierdistas y otros peronistas; en tanto que se registraron ocho abstenciones y siete ausencias.

Las tres leyes económicas complementarias (revalúo de Ganancias por inflación, reforma del impuesto a los Bienes Personales y adenda fiscal) reunieron entre 130 y 140 votos a favor y fueron aprobadas luego de que el kirchnerismo se retirara del recinto tras la aprobación del presupuesto.

En el último capítulo de la sesión, el bloque radical, con el apoyo de la mayoría del interbloque Cambiemos, fracasó en su intento de aprobar el proyecto que obliga a los jueces y demás integrantes del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, ante la negativa de algunos diputados opositores a abordar la votación sin mayor debate.

El proyecto de Presupuesto de Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar de $40,10 en promedio para el año y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,5% y, además del “déficit cero” en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.

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Cuentan la Fundación Barbecheando y otras fuentes que el anteproyecto de ley con dictamen refleja unas pocas correcciones en los artículos que eran cuestionados por los productores. Vamos por partes:

En materia de Bienes Personales, tema que está siendo reformado por otra ley enviada por el Gobierno, hay una prédica generalizada a que el agro no debe ser el pato de la boda y que los campos productivos deben seguir de alguna manera exentos de ese tributo. Todo muy bonito: pero el texto sigue redactado como para que los dueños de los campos productivos comiencen a tributar un 0,25% de su valuación fiscal a partir del año que viene. 

El titular de la Comisión de Presupuesto y voz cantante de Cambiemos, el diputado Luciano Laspina, evaluó que “el campo es un sector que ha puesto el hombro en todos estos años, que este año aceptó una suba del 12% adicional de las retenciones, que ya paga en el medio de una de las sequía más grande que ha sufrido en las últimas décadas” y adelantó que, probablemente, en el recinto solicite “revisar la cuestión de los bienes rurales para que los diputados contemplen alguna modificación al dictamen aprobado en comisión”.

En el recinto, ¿quedó claro? La discusión sigue abierta. La Fundación Barbecheando evalúa que el objetivo de máxima del sector sería lograr que desaparezca la alícuota en la próxima votación, aunque lo más probable es que el oficialismo acepte tomar ese impuesto a los Bienes Personales a cuenta de Ganancias, como se había dejado deslizar desde el propio Palacio de Hacienda. 

En este proyecto para modificar Bienes Personales (Expte. Nº 6443-D-2018) el dictamen de mayoría mantiene solamente los dos cambios acordados la semana pasada respecto a bienes rurales: Se establece la obligación de tributar cuando la suma patrimonial supere los 2 millones de pesos, osa que sucede con todos los campos. Y en el artículo 4 del proyecto, se estableció una alícuota especial de 0,25 por ciento para este tipo de inmuebles. 

Parece que hay que agradecer porque había comenzado siendo esa alícuota de 0,75%.

Por otro lado, un punto de la Ley de Presupuesto (Expte. Nº 0016-JGM-2018) que había sido cuestionado por las entidades del agro estaba en el artículo 83, que originalmente decía que todas las retenciones iban a poder subir hasta fines de 2020 hasta el 33% en el caso de que el Poder Ejecutivo así lo dispusiera. Frente al pataleo, desde el Gobierno ya se había aclarado que esto iba a limitarse a los productos del complejo sojero y no a toda la economía. Ahora se aceptó colocar un tipo de 30%, y no de 33%, para la soja y derivados y del 12% para el resto de los productos.

Es decir que en este punto al parecer habría que agradecerle al Gobierno de Cambiemos, porque aceptó mantener sin subas durante los próximos dos años el esquema actual de retenciones. 

Hay en el dictamen de la Ley de Presupuesto negociada entre el gobierno nacional y el Fodno Monetario Internacional (FMI) otros asuntos vinculados con el sector agropecuario, sensibles para ciertos sectores y economías regionales: 

• Los diputados Pablo Torello (PRO-Buenos Aires) y Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) solicitaron un refuerzo en el presupuesto del Inta de 400 millones, con el fin de “privilegiar la asistencia y que no se vea resentido nuestro Inta”, moción que fue aceptada por Laspina. También hay que agradecer, porque le reintegran al organismo lo que estaban proyectando sacarle en el proyecto original. 
• También, por pedido del diputado Ezequiel Fernandez Langan (PRO-Buenos Aires) se aceptó un aumento de 500 millones para el presupuesto del Conicet.
• Se aceptó unificar las alícuotas de IVA entre la soja y sus derivados. Los diputados Luis Borsani (UCR-Mendoza), Juan José Bahillo (Justicialista-Entre Ríos) y Atilio Benedetti solicitaron la modificación de alícuota de IVA para los derivados proteicos de harina de soja (principal producto de exportación del país), que hoy tributa el 21%, para que se reduzca al 10,5%, con el argumento de que la medida beneficiaría a la cadena de carne.
  
• El champagne seguirá sin pagar impuestos internos, pero ahora a pedido del diputado Luis Borsani, el sector vitivinícola logró que, después de 14 años de exenciones por decretos, se incluya en el Presupuesto esa exención. “Vamos a incluir un viejo pedido de la industria vitivinícola y vamos a poner la exención al espumante que es hoy día un vino más”, aseguró el mendocino.
• En el renglón de los perdedores habrá que poner a algunas cooperativas importantes del sector agropecuario, como ACA, AFA o Fecovita, ya que el oficialismo no hizo lugar a un pedido de todo el arco opositor, para que cooperativas y mutuales queden exentas del pago del impuesto a las ganancias. Laspina -al cual hay mucho que agradecerle- propuso una modificación sobre este artículo para que solo las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales no tributen. “De alrededor de 1.400 mutuales y cooperativas, más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”, explicó el legislador.

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Los diputados Pablo Torello (PRO), Marco Lavagna (Peronismo Federal) y Luis Contigiani (Socialismo) propusieron establecer el tope de alícuota en 0,25%, moción que fue aceptada por el oficialismo. 

El titular de la Comisión, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) abrió el debate sobre la suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que entre sus cambios incluía la eliminación de una exención a las viviendas rurales. Enseguida, todos los bloques opositores hicieron eco y criticaron la propuesta  impulsada por el justicialista Jorge Franco (Misiones) y la oficialista Alejandra Martínez (UCR-Jujuy)  través del Expediente 6443-D-18).

Incluso el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof (FPV-PJ-Caba), se quejó porque el proyecto “afectaría a los campos donde el revalúo fue distinto”, y pidió discutir el paquete económico en conjunto y no “en cuotas”.

A continuación, Lavagna arremetió contra el inciso f del proyecto oficial, que elimina la eximición a inmuebles rurales del pago de Bienes Personales. La consideró como “un retroceso importante” ya que implica un doble impacto: el revaluó de los bienes y la suba del impuesto a los bienes personales. “Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria ni cómo promover la producción en los distintos sectores como por ejemplo, el campo, que es al que afecta este artículo”, argumentó el economista.

Por su lado, el macrista Torello pidió rever la alícuota reducida (como se aplicaba anteriormente) de bienes personales, “que es de capital intensivo y baja renta”. Laspina señaló que la exención de los inmuebles rurales refería a ganancia mínima presunta, pero también reconoció que es cierto que las sociedades anónimas tributan 0,25%. “Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que tiene un campo como sociedad anónima y tributa el 0,25 y aquel que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre”, reconoció.

Ante los pedidos de cambios, Laspina accedió a tres modificaciones:

• La alícuota del 0,75% para patrimonio superiores de 20 millones de pesos
• Que se tome como parámetro las valuaciones de 2017 ajustadas por inflación
• Que los bienes rurales tributen de la misma forma que una Sociedad Anónima con tope al 0,25% (alícuota plana)

Hasta estas modificaciones, la intención del gobierno era elevar a 0,75% la alícuota de Bienes Personales para aquellos bienes con una valuación superior a 20 millones de pesos, lo cual implicaba casi todo el universo de campos productivos. Pero el aspecto más criticado era que eso se hacía al tiempo que se eliminaba la exención del pago de Bienes Personales para inmuebles rurales, ya que los productores o dueños de campos arrendados son considerados como sujetos para el impuesto de Ganancia Mínima Presunta, el cual será derogado en 2019.

“El tema es que Ganancia Mínima Presunta es posible cancelarlo como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, mientras que, si se aprueba el proyecto, los propietarios de inmuebles rurales, además de pagar Ganancias, también deberán tributar Bienes Personales”, explicó Marcelo Rodríguez, director de MR Consultores. Luego añadió que “para un campo, por ejemplo, con una valuación de 80 millones de pesos, que son dos millones de dólares con un tipo de cambio de 40 pesos, el monto por pagar de Bienes Personales para el año fiscal 2019, con el nuevo esquema, sería del orden de 600.000 pesos”.

La nueva posición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se logró luego de que varias entidades rurales mostraran los dientes ante la posibilidad de la concreción de este nuevo manotazo fiscal sobre el sector. La Federación Agraria, por caso, emitió un comunicado en el que indica que “quedó demostrado que los productores, con menor presión tributaria, habíamos empezado a recuperarnos. Los números del trigo son un ejemplo muy claro, que cuando bajó la presión tributaria, casi se duplicó la superficie sembrada. Sostenemos entonces, que a más presión tributaria, habrá menos empleo y menos producción”.

Más temprano, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había acusado que “la Comisión de Presupuesto, que preside Luciano Laspina, no permite participar, ni tomar conocimiento de cómo será para los productores agropecuarios, que son los damnificados, este nuevo ajuste que afectará al sector más competitivo de la Argentina”.

“El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país”, indicó esa entidad rural. quejándose luego del “constante cambio de reglas de juego, que va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto”.

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Este artículo, un verdadero “salvoconducto” a las autoridades económicas para que eleven sin pasar por el Congreso el nivel de los derechos de exportación hasta la friolera de un tercio del valor bruto del bien exportado (eso y no otra cosa quiere decir 33%), había puesto en pie de guerra a muchos productores y entidades del sector, a los que ya les había costado digerir el sapo del regreso de las retenciones para todos los productos y servicios exportables. 

A muchos diputados del PRO y sus socios políticos de Cambiemos también les había costado mucho tragar ese mismo sapo. Y por eso comenzaron a  buscar alterativas a la redacción original propuesta por Nicolás Dujovne al controvertido artículo 83 de la ley de leyes. este artículo concedía al Poder Ejecutivo la potestad de “fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible o del valor oficial FOB” hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir un año más allá del final de esta gestión de Mauricio Macri. 

La Fundación Barbecheando, que sigue atentamente todos los asuntos vinculados al agro en el Congreso, ahora detectó que en la última reunión de la Comisión de Presupuesto en Diputados “el oficialismo aceptó realizar modificaciones al artículo 83” tan cuestionado por todo el arco productivo pero curiosamente no por la Mesa de Enlace.

Luciano Laspina, el diputado y economista rosarino que preside esa Comisión,  informó que en la nueva propuesta de redacción del Presupuesto 2019 “los productos con alícuota del 12% mantendrán ese tope, y se fije el máximo del 33% para la soja”. Por otro lado, el plazo para que el Ejecutivo tome ese tipo de decisión sin consultar al Legislativo “aún se está negociando”, informó Barbecheando.

Volvieron las retenciones. Y ahora piden permiso para subirlas hasta 33% si hiciera falta

La soja y sus derivados eran, luego del cambio de gobierno, los únicos productos que continuaron tributando retenciones, aunque con un cronograma de reducción que fue alterado varias veces. La última sucedió el mes pasado, junto con la reimplantación de retenciones de hasta 12% para todos los productos de la economía (en realidad ese es el tope, pues se cobran 3 o 4 pesos por dólar exportado).

En ese momento,  la soja estaba tributando 25,5%, pero se redujo a 18% la retención tradicional y se le adicionó la neo-retención de 4 pesos por dólar exportado. Así quedó con una tasa de entre 28 y 30%. Es decir que de modificar el artículo 83 y limitarlo solo a la soja, este producto y sus derivados podrían pagar entre 3 y 5 puntos más de lo que tributan ahora. 

“La resistencia al artículo 83 ha sido manifiesta por parte de distintos actores, tanto por la delegación de funciones que implica como por la posibilidad de elevar significativamente los derechos de los productos que tienen actualmente un 12%, sean o no agropecuarios.  También se cuestiona la extensión de las facultades al primer año del próximo gobierno”, recordó la Fundación Barbecheando en su informe.

Pero Laspina (que milita en el PRO de Santa Fe) reconoció que están trabajando para fijar “un marco que evite la discrecionalidad absoluta”,

Luego detallo los cambios que se prevén: “Se va a establecer que los rubros de exportación alcanzados por el nuevo decreto, con alícuota del 12%, tengan un tope del 12%; con el objetivo de tranquilizar a los sectores productores”, aseguró.

En el caso de esta proyecto de ley, se prevé que la semana próxima se dictamine el proyecto, con la expectativa del oficialismo de que se trate en el recinto el 24 de octubre, para luego pasar al Senado.

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Curiosidades de la historia. El gobierno que soportó la peor protesta agropecuaria fue el de Cristina Kirchner, que quiso imponer retenciones móviles de más de 35% a través de la Resolución 125, y que incluso envió al Congreso un proyecto de ley buscando una ratificación de esa medida. El gobierno de Mauricio Macri, en cambio, no ha recibido grandes críticas, a pesar de que en el proyecto de Presupuesto 2019 pidió al Congreso el aval para elevar si fuera necesario las retenciones hasta un 33%. 

Andrés Domínguez: “Haciendo un análisis objetivo, las retenciones pueden volver a aumentar”

Ni la Sociedad Rural Argentina (SRA), ni la Federación Agraria, ni Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ni Coninagro levantaron la voz contra esa posibilidad y mucho menos analizaron una protesta o nada parecido. Los contextos políticos cambiaron mucho a pesar de que las circunstancias puedan resultar bastante similares. Con el gobierno de Mauricio Macri hay otra sintonía.

En 2008, uno de los sectores que le marcó la cancha a la Mesa de Enlace fue el de los productores autoconvocados. En este caso, tampoco ha habido desde ese nucleamiento bastante inorgánicoa (que se despierta cada tanto) manifestaciones críticas hacia el proyecto de Presupuesto, salvo por un comunicado firmado por varios productores, que está sumando adherentes paso a paso, como diría un técnico de fútbol.

“¿Volvemos a 2008?”, se preguntan estos productores. Firman el documento, entre otros,  Armando Zavala (Salto, BA), Raúl Cavot (Tandil,BA), Martín De La Serna (Bragado, BA), María Antonieta Arauz (Pila, Tandil, BA), Maria Antonieta Mac Lean (Pila,Tandil, BA), Dario Rossi (Tinoco, CBA y Campo Gallo SE), Mauricio Servato (Oncativo, CBA), Norma Ballario (Marcos Juarez, CBA),  Sergio Listello (Charata, CH), Carlos Favaron (Charata, CH), Federico R. Garcia (Gral Pinedo, CH), María Inés Putignano (Charata,Ch), Silvio Montenegro ( SF), Miguel Pafundi (Totoras, SF), Pablo Martini (Bandera, SE- CBA), Ricardo Lisandron (Sachayoj, SE) y Marcelo E. Ré (Sachayoj, SE- CBA).

“El pasado 3 de setiembre se aprobó una retención máxima del 12% para todos los productos exportables, salvo la soja. En el proyecto de presupuesto presentado al Congreso, el artículo 83 faculta al Poder Ejecutivo a reimplantar una retención de hasta el 33% del valor imponible o precio oficial FOB en cualquier producto y extiende esta facultad hasta el primer año del próximo gobierno (Diciembre del 2020)”, reconstruyeron la situación.

Según los productores “esto permitiría luego, elevar discrecionalmente derechos de exportación, en cualquier momento y sin necesidad de la aprobación parlamentaria”. 

Los “autoconvocados” indicaron que ven con “suma preocupación” esos artículos en la ley de Presupuesto, por cuanto  el Gobierno “da marcha atrás en la eliminación total de retenciones, impuesto distorsivo si los hay, incumpliendo la principal promesa de campaña del actual gobierno al sector agropecuario”, recordaron.

Volvieron las retenciones. Y ahora piden permiso para subirlas hasta 33% si hiciera falta

En ese sentido, este grupo advirtió que de volver a establecerse “niveles discrecionalmente elevados de retenciones traería nuevamente aparejado futuras crisis al sector agroindustrial, al interior y con ello, al país en su conjunto, pudiendo significar un cuasi retorno al nefasto 2008”.

Como solución alternativa al zarpazo fiscal sobre los productores, estos “autoconvocados” reclamaron que “urge terminar con todos los privilegios existentes, poner a trabajar a todos los actores sociales, especialmente a los  beneficiarios de planes sociales y que el gran esfuerzo económico a realizar por la toda la sociedad sea soportado en partes iguales entre todos los sectores de la economía que aún están en condiciones de hacerlo”.

Empezando por una reducción de los sueldos de la propia política, propusieron.

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Actualmente, como director de Red Consultora, Domínguez analizaba el proyecto oficial de Ley del Presupuesto 2019, que el Ejecutivo envió al Congreso, y descubrió un par de artículos que iban a contramano de aquella promesa electoral y que consagraría el regreso de las retenciones hasta fines de 2020, más allá del gobierno de Mauricio Macri. 

“Haciendo un análisis objetivo de la situación, las retenciones pueden volver a aumentar”, se animó a decir el especialista a Bichos de Campo. “Si se aprueba la Ley de Presupuesto tal como fue enviada, tanto este Gobierno -si es que la crisis no se logra morigerar- o el que asuma en 2019 tiene acceso a elevar hasta el 33% (las retenciones para) cualquier producto exportable, sin necesidad de pasar por el Congreso”, destacó Domínguez al explicar el alcance que podrían tener las facultades extraordinarias reclamadas por el gobierno a los legisladores.

Aquí la entrevista completa con el Director de Red Consultora:

“La pelea, más que por los 3 o 4 pesos establecidos por dólar exportado, deben apuntarse a intentar limitar la delegación de facultades que el Gobierno le pide al Congreso”, advirtió Domínguez.

Luego explicó: “La Constitución es muy clara y dice que para que la delegación sea válida debe tener un plazo y un marco”. Eso fue lo que volvió a reclamar el Gobierno al Congreso en el proyecto de Presupuesto: estirar el plazo hasta 2020 el marco de crisis económica.

“El último plazo estaba vencido en 2010, pero nadie se quejó a finales de 2015 porque se tocaron para bajarlas”, recordó el experto. Ahora, si se aprueba la Ley de Presupuesto como fue enviada, el artículo 83 deja en claro que las retenciones pueden elevarse hasta el 33 % hasta el 2020 y con la posibilidad de eliminar el carácter transitorio de las mismas.

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